En el sur de Venezuela, el oro nace en una de las provincias geológicas más antiguas del planeta y, demasiadas veces, termina absorbido por circuitos de contrabando, lavado regional y ventas opacas a traders, refinerías e intermediarios. Entre ese origen remoto y ese destino turbio se despliega una cadena marcada por sindicatos armados, guerrillas, mandos militares, pistas clandestinas, países de tránsito y un Estado que, según el tramo del negocio, regula, tolera y también participa.

La base de esa riqueza se encuadra en el Escudo Guayanés, el segmento norte del cratón amazónico: una masa de rocas precámbricas que reúne algunas de las formaciones más antiguas de Sudamérica. En Venezuela, buena parte de la mineralización aurifera se encuentra vinculada al rocas del Complejo Metamórfico de Imataca, de unos 3.400 millones de años y a cinturones formados por rocas igneo-metamorficos de edades entre 2 a 2,25 millones de años. Allí el oro aparece asociado a grandes zonas de falla, vetas de cuarzo y depósitos aluvionales. Por eso la extracción combina minería primaria con lavaderos de sedimentos en áreas próximas a ríos y cursos fluviales.

Ese subsuelo milenario fue encapsulado políticamente en 2016, cuando el chavismo creó el Arco Minero del Orinoco, una franja de 111.843,70 km² al sur del país. La iniciativa fue presentada como la gran frontera extractiva de la Venezuela pospetrolera. Diez años después, el saldo no es el de una minería ordenada dentro de un decreto, sino el de una frontera extractiva desbordada, extendida hacia el centro y sur del país en estados como Bolívar y Amazonas.

Sobre el terreno, además, la actividad dista de parecerse a una cadena minera formal. La ONU documentó que amplias zonas del Arco Minero quedaron bajo control de grupos criminales conocidos como “sindicatos”, que deciden quién entra, quién sale, cuánto se paga y quién sobrevive. Sostienen ese dominio mediante extorsión, castigos brutales y corrupción con mandos militares. Según la Oficina de la Alta Comisionada, los mineros entregan entre 10% y 20% de sus ganancias a esos grupos y otro 15% a 30% a los dueños de los molinos. El mismo informe identificó numerosas disputas violentas por el control de explotaciones, con un saldo de unos 149 muertos, además de documentar trabajo infantil, explotación sexual, malaria y contaminación con mercurio.

La opacidad atraviesa toda la cadena. Mientras que el gobierno venezolano aseguró haber extraído 9,5 toneladas en 2025, diversos documentos relevados por Transparencia Venezuela hablaban de metas de 67,3 toneladas anuales para 2023-2024. Esa distancia entre no parece un simple error estadístico sino que revela un sistema extremadamente difícil de auditar.

Una vez fuera de la mina, el metal entra en otra zona gris. La OCDE sostiene que buena parte del oro ilícito venezolano se lava primero dentro de América Latina y el Caribe antes de ingresar a la cadena legal global. En los registros formales más recientes, el Observatorio de Complejidad Económica muestra que Venezuela exportó US$319 millones en oro en 2024, casi todo con destino a Líbano. Pero el historial del negocio apunta a circuitos mucho más opacos. Existen documentos que registran envíos de 20 toneladas a Turquía entre enero y mayo de 2018, mientras que otra investigación reportó ventas por 73 toneladas a Turquía y Emiratos Árabes Unidos ese mismo año.

Alrededor de esos flujos se montó una red todavía más turbia. Una investigación reciente de El País (España) sostiene que parte del oro venezolano salió clandestinamente hacia Turquía, Irán, Rusia y Emiratos Árabes Unidos a cambio de alimentos y combustible. Reuters ya había informado en 2020 que Washington acusaba a la controvertida aerolinea iraní, Mahan Air, de operar vuelos a Venezuela pagados con barras de oro provenientes del Banco Central. Y antes de la fase turca y emiratí, la propia Reuters reveló en enero de 2026 que Venezuela había enviado 113 toneladas a Suiza entre 2013 y 2016, por un valor de US$5.200 millones, para refinar, certificar o monetizar reservas.

El dato más revelador es que, mientras la ruta ilegal se expandía, las reservas oficiales del Banco Central se encogían. Informes de agencias internacionales estiman que el BCV cerró 2025 con 47 toneladas de oro en reservas. En la misma línea, el mencionado diario español habla de un derrumbe desde 366 toneladas en 2013 a poco más de 50 en la actualidad. En otras palabras: un país asentado sobre uno de los cinturones auríferos más ricos de la región, con producción real estimada por distintas fuentes en decenas de toneladas anuales, terminó en una situación en la que el oro sirve menos para fortalecer una reserva soberana que para alimentar un circuito de caja inmediata, sanciones, intermediarios y poder territorial armado.

Ahora esa ruta vuelve a mutar. En marzo de 2026, Estados Unidos autorizó ciertas transacciones con oro de origen venezolano vinculadas a la compañía minera de oro del régimen bolivariano, Minerven, siempre bajo contratos regidos por ley estadounidense. Reuters informó además que Trafigura acordó un esquema de compra anticipada de entre 650 kilos y 1 tonelada de doré producido exclusivamente por minas de Minerven, excluyendo material de terceros y del circuito criminal del Arco Minero. La apuesta oficial es abrir una vía “limpia”, pero esa formalización parcial no responde la pregunta de fondo: qué ocurre con el resto del metal que nace en el Escudo Guayanés, sale de pozos y ríos controlados por redes violentas, cruza fronteras por trochas o aeropuertos, cambia de nacionalidad en países de tránsito y reaparece convertido en oro aparentemente legítimo en alguna bóveda, refinería o mesa de trading.

La historia completa, entonces, no es solo la de un recurso natural. Es la de una cadena de valor invertida. El oro nace en un basamento geológico extraordinario, atraviesa una economía extractiva militarizada y criminal, se lava en nodos regionales, se monetiza en mercados opacos y reaparece del otro lado del sistema con su origen borrado. Esa es, hoy, la verdadera ruta del oro ilegal en Venezuela.

El proyecto Chile-China Express (CCE) que busca unir mediante fibra óptica Valparaíso con Hong Kong detonó la mayor fricción diplomática entre Chile y Estados Unidos estos últimos años.

El Secretario de Estado, Marco Rubio, anunció restricciones de visa contra tres funcionarios del gobierno chileno por haber “comprometido infraestructura crítica y erosionado la seguridad regional”. La reacción no fue improvisada. Fue la expresión concreta del giro doctrinario que atraviesa hoy la política exterior estadounidense en materia de seguridad tecnológica.

La multinacional británica Inchcape Shipping Services (ISS) presentó avances del CCE a Puerto Valparaíso, iniciativa respaldada por el gobierno de Gabriel Boric. La obra contempla un enlace directo entre Valparaíso y Hong Kong con una capacidad anunciada de hasta 144 Tbps y una vida útil estimada en 25 años.

El punto crítico de todas formas no es la capacidad técnica. Es el control estratégico.

Desde 2017, China cuenta con una Ley de Ciberseguridad y una Ley de Inteligencia Nacional que obligan a empresas y ciudadanos a colaborar con los servicios de inteligencia del Estado. En la práctica, cualquier infraestructura operada o gestionada por entidades bajo jurisdicción china podría quedar sujeta a requerimientos de acceso a datos.

Para Washington, esto convierte al CCE en algo más que un proyecto comercial-civil.

La advertencia previa de Washington

Incluso antes de las sanciones, el embajador estadounidense en Santiago, Brandon Judd, expresó públicamente su preocupación tras reunirse con autoridades chilenas, incluida la ministra de Defensa. Argumentó que Chile ya desarrolla el Proyecto Humboldt, que conectará América del Sur con Sidney a lo largo de 14.800 kilómetros.

Desde la óptica estadounidense, el Proyecto Humboldt, con socios occidentales y estándares de seguridad compartidos, cumple la función de integración transpacífica sin introducir riesgos jurídicos asociados a Beijing.

Entonces la pregunta dejó de ser técnica, ¿por qué un segundo cable hacia China?

Durante su última visita a la Isla de Pascua, el presidente Boric respondió que “Chile es y será autónomo en las decisiones que tome”.

La Cancillería convocó al embajador Judd y cuestionó la forma pública del anuncio estadounidense, recordando la densidad histórica de la relación bilateral.

El Gobierno chileno sostiene que no discrimina proyectos por origen nacional y que la infraestructura digital debe evaluarse bajo criterios económicos y técnicos. Pero esa postura choca con la doctrina estratégica hemisférica que hoy guía a Washington.

La arquitectura ya existente y los nuevos corredores del Pacífico

El Cono Sur no parte de cero. En el Atlántico Sur, Argentina y Uruguay concentran múltiples aterrizajes en Las Toninas y Punta del Este, integrados a sistemas como Firmina, Malbec, Tannat y Atlantis-2, que conectan la región con Brasil, Estados Unidos, África y Europa. Esta malla ha consolidado una arquitectura predominantemente occidental, altamente integrada al ecosistema digital norteamericano.

En el Pacífico, Chile ya cuenta con enlaces hacia Estados Unidos y Centroamérica a través de sistemas como Curie, SAm-1 y Mistral, lo que garantiza redundancia y salida estable hacia el principal nodo global de datos. Es decir, la conectividad transpacífica indirecta ya existe y funciona.

La verdadera disputa se concentra en los dos corredores en desarrollo: el Proyecto Humboldt, que unirá Chile con Australia bajo estándares occidentales, y el Chile-China Express, que proyecta una conexión directa con Hong Kong bajo participación china. La diferencia entre ambos no es técnica ni de capacidad, sino de arquitectura de confianza, sentar un precedente para proyectos futuros y alineamiento estratégico.

El corolario Trump a la Doctrina Monroe y el fin de la indiferencia tecnológica

La administración estadounidense considera que los cables submarinos son infraestructura crítica equiparable a bases militares, satélites o redes eléctricas. En ese marco, el CCE no es visto como redundancia saludable sino como otro posible punto de penetración estratégica en el hemisferio occidental por parte de la República Popular China.

El problema no reside únicamente en la fibra óptica por sí sola, sino en los equipos de aterrizaje, los repetidores submarinos, el software de gestión del tráfico y, en el foco de la discusión, el marco jurídico que rige a sus operadores.

Si una empresa puede ser compelida legalmente por su Estado a entregar datos, la infraestructura se vuelve un activo estratégico.

La interconexión de redes implica que el tráfico de Argentina, Uruguay o Brasil se podría eventualmente enrutar por la vía más eficiente en términos de latencia o costo. Si el CCE se integra plenamente a la arquitectura regional, la discusión dejaría de limitarse solo al país trasandino.

Para Washington, permitir que China controle nodos críticos en el Pacífico y Cono Sur sienta un precedente hemisférico.

Redundancia técnica vs. competencia estratégica

Desde una perspectiva puramente tecnocrática, más cables implican mayor resiliencia ante cortes accidentales o sabotajes. Por otro lado, desde una perspectiva geopolítica, más cables implican más actores con capacidad de influencia estructural.

La diferencia entre el Humboldt y el CCE no es solo la ruta. Es la arquitectura de confianza.

El frente interno y la definición de alineamiento

El debate respecto al Chile-China Express también pone a la intemperie una fractura interna sobre el lugar de Chile en el sistema internacional.

La izquierda gobernante defiende la autonomía estratégica y la diversificación de socios, sosteniendo que la infraestructura debe evaluarse bajo criterios económicos y técnicos, sin sesgos geopolíticos.

La derecha por su parte advierte que en la actual competencia tecnológica global la neutralidad es cada vez menos viable. En su lectura, la infraestructura digital forma parte de la arquitectura de seguridad occidental, y el alineamiento claro con ese bloque es condición para preservar cooperación en defensa, acceso a tecnologías críticas y confianza estratégica. La derecha entiende que la neutralidad reduce la exposición inmediata, pero también limita las ganancias estratégicas. En el escenario actual, quien no asume riesgos difícilmente consolide ventajas.

El debate ya no es comercial. Es una definición de pertenencia. Y en un entorno internacional crecientemente polarizado, la indeterminación puede resultar más costosa que la toma de posición.

El conflicto por el Chile-China Express confirma que la infraestructura digital es el nuevo campo de batalla del poder global. El Pacífico Sur dejó de ser periferia estratégica. Es ahora un corredor crítico de datos, inteligencia y soberanía.

El cable no solo conecta Valparaíso con Hong Kong. Conecta (o fractura) dos andamiajes opuestos de poder. Y en esa decisión, Chile no solo define su conectividad, define su alineamiento en la incipiente Guerra Fría tecnológica.

El mandatario comenzó su discurso criticando el funcionamiento actual del bloque y sostuvo que el mismo no cumplió con sus objetivos fundacionales debido a que “no hay mercado común, no hay libre circulación efectiva, no hay coordinación macroeconómica, no hay armonización normativa real”. A esto le sumó la falta de incrementos significativos del comercio intrazona y de apertura al mundo. Como consecuencia de ello, recalca que la existencia de una “burocracia sobredimensionada e ineficaz que se expandió sobre sí misma”.

Siguiendo con las críticas, el presidente señaló que, lejos de crecer, el comercio intrazona, como proporción del comercio total, se encuentra muy por debajo de sus niveles históricos a pesar de que los aranceles externos del Mercosur se encuentren entre los más altos del mundo, “un arancel así no protege el empleo, lo destruye”.

Las críticas del presidente argentino reavivan un debate histórico dentro del Mercosur entre quienes defienden la integración como herramienta de protección y aquellos que impulsan una mayor flexibilización comercial.

En línea con su programa económico, Milei defendió la necesidad de avanzar hacia una mayor apertura comercial, incluyendo la modernización del arancel externo común y la posibilidad de negociar acuerdos de manera más ágil.

En ese marco, Milei utilizó el demorado acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea como ejemplo de las falencias estructurales del bloque. Señaló que, tras más de dos décadas de negociaciones, el tratado continúa sin entrar en vigor debido a trabas políticas y a la falta de flexibilidad interna. “Nuestros países no tienen 10 años más para desperdiciar en discusiones administrativas que no llegan a nada. El acuerdo con la Unión Europea es el monumento a la desidia y a la falta de voluntad política real de integrarnos al mundo«.

Otro de los ejes centrales del discurso estuvo dedicado a Venezuela, el presidente abordó la situación democrática de la región calificando al gobierno de Nicolas Maduro como una “dictadura atroz e inhumana”. Además, respaldó la presión ejercida por los Estado Unidos, extendiendo su apoyo al presidente Trump.

No solo manifestó su apoyo al accionar estadounidense, sino que instó a los demás integrantes del bloque a tomar el mismo camino y “condenar tajantemente a este experimento autoritario”. El presidente exigió la liberación de todos lo presos políticos y, por sobre todas las cosas, por la libertad del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido ilegalmente hace poco más de un año, el pasado 8 de diciembre de 2024.

En materia de soberanía, Milei recalcó el apoyo del Mercosur a los derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes, en línea con una posición histórica de la política exterior argentina frente a más de 200 años de ocupación ilegal británica.

Para finalizar, el presidente se expresó en torno al cambio de rumbo político e ideológico que se está dando en la región, haciendo especial énfasis en la reciente victoria de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales en Chile como muestra clara de la demanda social por economías más abiertas y flexibles. “Este giro político debe ser interpretado como una clara señal para el Mercosur, o el bloque comienza a acompañar esta nueva realidad o quedará atrapado en una inercia que el mundo ya dejó atrás”, sostuvo el presidente en el cierre de su discurso.  

El acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur vuelve a atravesar momentos de incertidumbre luego de que Francia e Italia manifestaran públicamente que no están en condiciones de respaldarlo en el corto plazo. Ante este nuevo obstáculo para la concreción del pacto, la reacción de Brasil fue inmediata: el presidente Lula da Silva advirtió que si el tratado no se firma antes de fin de mes, su país dejará de apoyarlo mientras él permanezca en el cargo.

Las declaraciones del mandatario latinoamericano tuvieron lugar en un momento particularmente sensible, ya que se esperaba que la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajara a Brasil a finales de esta semana para concretar la firma de un acuerdo alcanzado en principio hace un año, tras más de dos décadas de negociaciones entre la UE y el bloque sudamericano formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

“Si no lo hacemos ahora, Brasil no volverá a firmar este acuerdo mientras yo sea presidente”, afirmó Lula durante una reunión de gabinete. Del mismo modo, sostuvo que su país ya realizó todas las concesiones posibles en el marco de la negociación y advirtió que si el rechazo europeo persiste, Brasil adoptará una postura más dura en adelante.

El freno impulsado por Francia, principal opositor a la firma del acuerdo, rápidamente encontró apoyo en Italia. La primera ministra Giorgia Meloni pidió aplazar la aprobación del tratado y sostuvo que sería prematuro firmarlo sin introducir mayores salvaguardas para el sector agrícola europeo. En la misma línea, Polonia y Hungría también expresaron objeciones, dificultando el consenso interno en la Unión Europea. Meses atrás, el canciller alemán Friedrich Merz advirtió que, si no se firma el acuerdo, el bloque se arriesga a poner en juego su credibilidad internacional.

Desde Roma, Meloni señaló ante el Parlamento que el acuerdo debe ser beneficioso para todos los sectores, subrayando la necesidad de contemplar las preocupaciones de los agricultores italianos, que al igual que los franceses, ven con malos ojos el tratado con el Mercosur. Según explicó la mandataria, el acuerdo requiere garantías de reciprocidad en materia agrícola previo a avanzar con la ratificación.

Por su parte, Francia exige condiciones más estrictas para las importaciones provenientes del Mercosur, incluyendo las denominadas “cláusulas espejo”, que obligarían a los productos sudamericanos a cumplir las mismas normas sanitarias y ambientales vigentes dentro de la Unión Europea. En este sentido, París reclama mayores controles sobre el uso de pesticidas, cloro y otros tratamientos químicos en alimentos como carne, frutas y verduras.

“Nadie comprendería que productos tratados con sustancias prohibidas en Francia ingresen a nuestro territorio”, sostuvo la portavoz del gobierno francés, mientras que los defensores del acuerdo en Europa afirman que el pacto no implicaría ningún tipo de flexibilización de los estándares europeos en materia de seguridad alimentaria.

Chile dio este domingo el giro político más marcado hacia la derecha desde hace 35 años. El conservador José Antonio Kast fue elegido presidente tras imponerse en la segunda vuelta electoral frente a la candidata oficialista Jeannette Jara, en una elección signada por la polarización y el descontento con el gobierno saliente.

Con más del 99% de los votos escrutados, Kast obtuvo cerca del 58% de los sufragios, frente a poco más del 41% de Jara, según datos oficiales del Servicio Electoral de Chile. La diferencia llevó a que la candidata del Partido Comunista reconociera rápidamente la derrota y felicitara al ganador, destacando que “la democracia habló fuerte y claro”.

El resultado consolida el ascenso de Kast en su tercer intento presidencial, luego de haber sido derrotado en 2017 por Sebastián Piñera y en 2021 por Gabriel Boric. Tras quedar segundo en la primera vuelta de noviembre, el líder republicano logró capitalizar el respaldo de la derecha tradicional y de sectores libertarios, además de absorber buena parte de los votos del economista antisistema Franco Parisi, que había cosechado cerca del 20% en la instancia inicial.

Un elemento importante de la jornada fue el voto obligatorio, que movilizó a millones de electores históricamente abstencionistas y permitió que Kast tuviera más apoyo, convirtiéndose en el presidente más votado, en términos absolutos, desde el retorno de la democracia. Por otro lado, el triunfo refleja el desgaste del gobierno de Boric y el descontento de numerosos sectores sociales ante la inseguridad, la inmigración irregular y la falta de resultados económicos.

En su primer discurso como presidente electo, Kast habló de un “mandato claro” para impulsar cambios profundos y prometió un “gobierno de emergencia” enfocado en el combate al crimen organizado, el orden público y la recuperación económica. Al mismo tiempo, advirtió que no habrá soluciones inmediatas y pidió paciencia y unidad frente a un escenario fiscal complejo.

Este lunes Kast se reunirá con el presidente Boric en el Palacio de La Moneda para iniciar el traspaso de mando. Con la asunción prevista para el 11 de marzo, Chile se encamina así a una nueva etapa política, marcada por un giro ideológico pronunciado y fuertes demandas de mayor seguridad.

En los albores del siglo XXI, la relación entre poder y tecnología ha alcanzado una profundidad inédita. Si la criptografía representó la primera revolución de la inteligencia —la era de los códigos— y la inteligencia artificial simboliza la segunda —la era de los algoritmos—, la neurotecnología inaugura la tercera: la era de la sinapsis.

La posibilidad de registrar, interpretar o incluso modificar la actividad neuronal introduce una nueva dimensión en los estudios de inteligencia y contrainteligencia. Ya no se trata solo de manipular datos o narrativas, sino de incidir directamente en los procesos mentales de los individuos.

Los debates públicos se concentran en la IA; una revolución silenciosa se despliega en laboratorios militares y corporativos: la convergencia entre neurociencia, biotecnología e ingeniería informática. El objetivo declarado es terapéutico —curar, rehabilitar, mejorar—, pero el potencial de control cognitivo es evidente.

El World Economic Forum advierte que “las interfaces cerebro-máquina plantean dilemas éticos comparables a los de la energía nuclear: su potencial de beneficio se corresponde con un potencial equivalente de abuso”. En este contexto, el cerebro se perfila como infraestructura estratégica, y la mente como nuevo teatro de operaciones.

De Pavlov a MK-Ultra, la genealogía del control mental

La búsqueda por dominar la mente no es nueva. A comienzos del siglo XX, el fisiólogo Iván Pavlov demostró que la conducta podía condicionarse mediante estímulos repetidos. Décadas después, el psicólogo B. F. Skinner desarrolló el “condicionamiento operante”, donde el refuerzo positivo o negativo modificaba patrones de acción. Aquellos experimentos inauguraron una era de optimismo científico en torno al control del comportamiento.

Durante la Guerra Fría, ese interés se convirtió en política de Estado. Entre 1953 y 1973, la CIA llevó adelante el programa MK-Ultra, destinado a explorar drogas, hipnosis y privación sensorial para “romper la voluntad” de prisioneros y obtener información. Documentos desclasificados muestran la amplitud de los ensayos, que incluyeron el uso de LSD y técnicas de manipulación psicológica en civiles y militares.

La clausura oficial de MK-Ultra no significó el fin de la investigación cognitiva aplicada al poder. En los años 90, la neurociencia reemplazó a la psicología conductista como disciplina hegemónica. Con el avance de la resonancia magnética funcional (FMRI) y la electroencefalografía de alta resolución, el cerebro se volvió visible —y por ende, medible y susceptible de intervención—. Lo que comenzó como estudio clínico derivó en un campo emergente: la neuroseguridad, entendida como la protección y el uso estratégico de los datos neuronales.

La carrera por la neurovigilancia

En 2019, la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) anunció el programa Next-Generation Nonsurgical Neurotechnology (N3), destinado a desarrollar interfaces cerebro-computadora no invasivas para comunicación bidireccional entre humanos y máquinas. El proyecto propone que un soldado pueda transmitir órdenes o recibir información táctica mediante impulsos neuronales, sin depender de dispositivos externos.

Simultáneamente, la OTAN reconoce la “guerra cognitiva” (cognitive warfare) como la sexta dimensión del conflicto, junto a tierra, mar, aire, espacio y ciberespacio. Según sus propios documentos, el objetivo ya no es destruir al adversario físico sino “ganar la mente de la población”.

China, por su parte, invierte fuertemente en investigación neurocientífica dual —civil y militar— dentro de su estrategia Military-Civil Fusion. Un informe del South China Morning Post describe experimentos de la PLA (Ejército Popular de Liberación) con interfaces cerebro-máquina capaces de controlar enjambres de drones por pensamiento.

Estas iniciativas configuran una carrera armamentista invisible y silenciosa para el público en general. En lugar de misiles o satélites, los instrumentos son sensores, electrodos, algoritmos y bases de datos de neuroimágenes. La pregunta estratégica es inevitable: ¿quién dominará primero la frontera mental?

El cerebro en el mercado global

El interés militar encuentra un reflejo inmediato en la economía. El mercado global de interfaces BCI (Brain-Computer Interfaces) superará los USD 5.000 millones en 2026, según Grand View Research.

Empresas tales como Neuralink (EE. UU.), buscan restaurar movilidad o visión mediante chips implantados, pero sus prototipos ya demuestran capacidad de transmitir información cerebral a sistemas externos.

En China, compañías como NeuraMatrix y BrainCo comercializan dispositivos de monitorización cognitiva para aulas y entornos laborales. En 2023, varias escuelas chinas fueron cuestionadas por usar diademas EEG que medían la atención de los estudiantes.

La neurotecnología corporativa no pretende alterar el comportamiento, sino medirlo y predecirlo para optimizar productividad y consumo. Esa recopilación masiva de “neurodatos” abre una zona gris entre salud, mercado y vigilancia. El neurocapitalismo convierte la actividad mental en recurso económico: los pensamientos como datos, las emociones como patrimonio de intercambio.

Desde la óptica de la inteligencia, la convergencia entre empresas de IA y neurociencia amplía la capacidad de perfiles psicológicos predictivos. Las campañas de influencia algorítmica podrían evolucionar hacia una “influencia cognitiva personalizada”, basada en biometría cerebral en lugar de historial digital.

Neuroderechos y vacío legal

La UNESCO señala que “la protección de la identidad mental será el principal desafío de los derechos humanos en la próxima década”. Hasta el momento, solo Chile ha avanzado en legislar sobre neuroderechos: la reforma constitucional de 2021 garantiza la integridad mental, la privacidad neuronal y la no discriminación por información cerebral. Otros países de la región —Argentina, México, Colombia— han iniciado debates parlamentarios, pero sin marcos normativos concretos.

En el ámbito internacional, no existe todavía un tratado específico que regule el uso militar o comercial de neurotecnologías. La OECD Principles on Neurotechnology (2024) propone garantías básicas de consentimiento y transparencia, pero su adopción es voluntaria.

La jurista Rafael Yuste —fundadora del movimiento por los neuroderechos— advierte que “sin un marco legal global, las neurotecnologías seguirán el camino de internet: primero innovación, luego abuso, y recién después regulación”.

En este escenario, surge una noción incipiente: el asilo cognitivo. Así como el derecho internacional protege a personas perseguidas por opiniones políticas, debería extenderse a quienes se nieguen a intervenciones neuronales coercitivas. El concepto aún es teórico, pero marca una frontera jurídica y moral decisiva para el siglo XXI.

América Latina entre dependencia y oportunidad cognitiva

América Latina enfrenta la neurorevolución desde una posición ambivalente: posee talento científico relevante, pero carece de infraestructura tecnológica y de marcos legales sólidos. La región se caracteriza por alta penetración de redes sociales, brechas educativas y baja alfabetización digital, factores que la hacen vulnerable a la manipulación informativa y, en un futuro, a la manipulación cognitiva.

Chile marca un precedente con su reforma constitucional, pero el resto de la región aún no ha asumido la discusión de fondo. Investigadores de la Universidad de São Paulo y de la UNAM ya trabajan en interfaces BCI para rehabilitación neuromotora, pero sin protocolos de seguridad de datos claros.

La ausencia de políticas comunes genera riesgo de colonialismo cognitivo: los datos cerebrales podrían procesarse en infraestructuras extranjeras sin protección local. Así, la dependencia tecnológica se traslada al plano neuronal.

Existe una oportunidad estratégica histórica: diseñar una agenda latinoamericana de neuroética y ciencia abierta, que evite repetir la asimetría de la IA. La integración regional en investigación neurocientífica —bajo principios de derechos humanos— podría posicionar a América Latina como actor equilibrante en la disputa por la mente global.

Genealogía de la neurointeligencia

Los tres niveles del poder tecnológico actual —infraestructura, información y cognición— revelan una continuidad histórica. El caso Stuxnet (2010) representó el control de infraestructuras; la desinformación algorítmica (2016-2025) el control de narrativas; la neurotecnología define ahora el control del pensamiento.

Michel Foucault anticipó que el poder moderno ya no actúa solo sobre los cuerpos, sino sobre las almas. El neopoder neuronal confirma esa profecía: la gestión del comportamiento se traslada del disciplinamiento físico a la regulación mental. En términos de inteligencia, esto implica una mutación ontológica del espía: deja de buscar información externa para capturar procesos internos.

La neurointeligencia se convierte en el nuevo campo de competencia entre potencias, donde el “capital mental” puede ser tan valioso como el territorio o la energía. Para la democracia, sin embargo, el reto es otro: preservar la autonomía cognitiva como base de la libertad individual.

La historia enseña que toda innovación en inteligencia amplía el poder del Estado y al mismo tiempo lo vuelve más vulnerable. El desafío actual es controlar y gobernar el avance neurotecnológico. Sin controles democráticos, la mente —último espacio de intimidad— podría convertirse en territorio de vigilancia.

La neurotecnología es la vanguardia de una nueva inteligencia global. Su poder radica en hacer visible lo invisible y predecible lo humano. El cerebro se vuelve dato; el dato, recurso; el recurso, poder. Frente a esta transformación, la única defensa viable es la transparencia: un régimen internacional que considere la mente humana como patrimonio inviolable de la persona. Si el siglo XX se definió por la lucha entre totalitarismo y libertad política, el siglo XXI podría definirse por la lucha entre libertad cognitiva y poder tecnológico.

Por Max L. Van Hauvart Duart.

La Unión Europea dio un paso más hacia la aprobación del acuerdo comercial con el Mercosur tras obtener el apoyo preliminar de sus miembros para un conjunto de salvaguardas destinadas a proteger al sector agrícola europeo. Según trascendidos de la reunión, las delegaciones nacionales respaldaron el esquema de medidas propuesto por la Comisión Europea para mitigar eventuales impactos sobre los productores locales.

El paquete de salvaguardas incluye un mecanismo para suspender temporalmente el acceso preferencial de productos considerados “sensibles” en la Unión Europea ante una caída significativa de precios o un incremento brusco de las importaciones procedentes del Mercosur. La lista contiene 23 categorías, entre ellas carne bovina y porcina, aves de corral, etanol, biodiésel, azúcar, huevos y ron.

La iniciativa apunta a evitar que los productores europeos queden en desventaja frente a competidores sudamericanos cuyos costos son más bajos. Sectores ganaderos de países como Irlanda han manifestado su preocupación sobre la capacidad de competir con la carne argentina o brasileña. Según el esquema aprobado en Bruselas, si el precio de un producto sensible disminuye más de un 10% respecto del promedio del año anterior en uno o más mercados europeos, la Comisión podrá restringir el ingreso del producto amparado por el acuerdo durante un período de hasta cuatro años.

Numerosos especialistas en comercio señalan que estas salvaguardas son más amplias que las contempladas en otros tratados recientes de la UE con Singapur, Vietnam, Japón o Nueva Zelanda. Su inclusión en el acuerdo fue una demanda de gobiernos como los de Francia, Austria, Irlanda y Bélgica, así como organizaciones agrícolas y ambientales que reclamaban garantías frente al eventual impacto en el mercado interno.

Del lado del Mercosur, las salvaguardas son observadas con cautela. Aunque se reconoce que forman parte de la negociación para destrabar la ratificación, analistas en la región advierten que el mecanismo entraña asimetrías y podría obstruir el libre acceso al mercado europeo, en áreas en las que los exportadores sudamericanos tienen ventajas competitivas.

La lógica del espionaje, la vigilancia y la guerra de información ha cambiado totalmente en las últimas dos décadas. Antes eran operaciones clandestinas —intercepciones telefónicas, infiltraciones humanas, descifrado de códigos— pero ahora convive con el uso de algoritmos, redes sociales, perfiles de usuarios, bots y deepfakes. Dentro de la nueva realidad, la noción de “inteligencia” se expande más allá de sus fronteras: no se trata de recopilar datos, sino también de manipular narrativas, configurar audiencias algorítmicamente y activar procesos de influencia automatizada que pueden alterar resultados electorales, polarizar sociedades o socavar la confianza en las instituciones.

Todo esto puede enmarcarse bajo el concepto de “guerra híbrida” u “operaciones de influencia híbridas”, donde los conflictos no se libran únicamente en el campo físico sino en el espacio de la información y la cognición. Como señala un análisis reciente de la OTAN: la “invasión algorítmica” de los sistemas de información plantea una amenaza a la seguridad colectiva del flanco oriental europeo.

En América Latina, este tipo de dinámicas no están exentas para nada: los servicios de inteligencia, los actores políticos y los gigantes tecnológicos se entrecruzan en un escenario donde la frontera entre seguridad, propaganda y tecnología es más difusa que nunca.

Genealogía histórica: del “active measures” al algoritmo

Es necesario conectar el pasado para comprender el presente y remontarse a la historia de la inteligencia de influencia. Durante la Guerra Fría, la KGB soviética y sus «medidas activas» (active measures) desplegaron campañas de desinformación, agentes de influencia y operaciones secretas para debilitar a Occidente. Un libro clásico lo documenta: Dezinformatsia: Active Measures in Soviet Strategy (1984), explica cómo se manipulaban personalidades, medios y narrativas.

Las operaciones funcionaban con métodos manuales: publicar artículos falsos, financiar grupos satélites, infiltrar conferencias, generar rumores. Hoy, la infraestructura técnica permite escalar esas tácticas mil veces: los algoritmos de recomendación de redes sociales, los perfiles de usuarios, los bots y la IA permiten no solo difundir, sino dirigir y segmentar mensajes de influencia hacia audiencias específicas. En este sentido, el paradigma ha pasado del cifrado al algoritmo.

Un estudio reciente lo sintetiza así: «el desplazamiento desde la manipulación del contenido visible (mensajes y narrativas) hacia la manipulación de las estructuras invisibles que lo producen (datos, algoritmos y redes)» es ya una característica clave de la guerra digital. Así, lo que hace treinta años era “comunicación de influencia” hoy es “configuración algorítmica de audiencias”.

¿Qué entendemos por “desinformación algorítmica” y “operaciones de inteligencia híbrida”?

Algunas definiciones a tener en cuenta a la hora de abordar este tema son:

• Desinformación: difusión intencional de información falsa o engañosa con el propósito de manipular, influenciar o causar un efecto adverso.
• Algorítmica: porque el proceso no solo depende del emisor, sino del sistema que selecciona, refuerza y amplifica los mensajes (recomendación, segmentación, micro-targeting).
• Operaciones de inteligencia híbrida: combinan técnicas de inteligencia tradicional (espionaje, contrainteligencia) con tácticas de ciberseguridad, guerra informacional, propaganda digital, manipulación de datos y perfiles de usuarios.

¿Cómo funcionan en la práctica?

• Recopilación masiva de datos de usuarios: intereses, amistades, comportamientos de consumo, tiempos de conexión.
• Segmentación basada en perfiles: identificación de audiencias vulnerables —género, edad, ubicación, tendencias políticas— que puedan ser susceptibles a mensajes de influencia.
• Amplificación algorítmica: uso de bots, cuentas falsas, redes de apoyo, para que el mensaje sea visible, repetido, reforzado y parezca respaldo social.
• Optimización de contenido: mensajes adaptados para cada audiencia, usando IA para probar variaciones, medir respuestas y ajustar.
• Operación combinada: uso de medios tradicionales, redes sociales, ataques de reputación, deepfakes, todo coordinado para crear un ambiente cognitivo hostil, confuso o polarizado.

Un trabajo reciente titulado Algorithmic Warfare: Next Generation Hybrid Warfare Strategy sintetiza este cuadro: «el uso indebido de los algoritmos de recomendación ha sido reconvertido en una herramienta para la acción militar y para obtener ventajas estratégicas.»

Y viene a nosotros la pregunta: ¿por qué resulta especialmente tan peligrosa?

Los algoritmos permiten llegar a miles o incluso millones de personas de manera simultánea, superando ampliamente los métodos tradicionales de difusión. La IA introduce además automatización y velocidad: posibilita generar múltiples variaciones de mensajes, probarlos, ajustarlos y volver a desplegarlos sin necesidad de intervención humana constante. Al mismo tiempo, estas operaciones suelen operar mediante cuentas falsas, redes de amplificación y sin marcas visibles de autoría estatal, lo que dificulta su rastreo. Esto contribuye a la fragmentación del espacio público, ya que distintas audiencias reciben realidades distintas, socavando consensos sociales básicos.

Como resultado, se abre un delicado punto de intersección entre seguridad nacional, derechos civiles y desarrollo tecnológico: la utilización de estas herramientas para intervenir en procesos electorales o manipular políticamente a la ciudadanía representa un riesgo directo para la democracia.

Casos paradigmáticos

El término Firehose of Falsehood describe la estrategia rusa de inundar múltiples canales con mensajes rápidos, repetitivos, inconexos, sin compromiso con la verdad, con el objetivo de confundir al adversario. Estudios muestran que esta estrategia no solo representa propaganda, sino una operación de inteligencia híbrida: manipulación sistemática del entorno de información, que acompaña operaciones cibernéticas y presión política.

Una reciente investigación de Aleksandr Shaman para la ESCP International Politics Society sobre Inteligencia Artificial, señala que las operaciones actuales ya no se limitan a inundar con mensajes, sino que emplean IA generativa para crear contenido, personalizar narrativas, segmentar audiencias y vulnerar la resistencia de la verificación tradicional.

Por ejemplo, en el conflicto entre Rusia y Ucrania, se observa un uso intensivo de redes sociales, bots y algoritmos para manipular percepciones tanto dentro como fuera del país. Diversos trabajos señalan que “hybrid warfare scripts” incluyen micro-targeting de usuarios, bots con perfiles localizados, y contenidos adaptados a la lógica de las plataformas.

Aunque con menos documentación pública que Europa o Estados Unidos, Latinoamérica no está al margen. Países de la región han visto campañas de desinformación vinculadas a actores estatales, privadas o partidos políticos, muchas veces con vínculos indirectos a servicios de inteligencia o estructuras de seguridad. Analistas señalan que la combinación de débil regulación, bajo nivel de alfabetización digital y alta penetración de redes sociales hace a la región vulnerable. Además, el uso de algoritmos y micro-targeting es cada vez más habitual en campañas electorales, lo que abre la puerta a operaciones de influencia híbrida locales o transnacionales.

Actores, alianzas y recursos tecnológicos

Los servicios de inteligencia tradicionales (militares, de seguridad interna, de contrainteligencia) asumen un rol clave: monitoreando flujos de datos, identificando vulnerabilidades informativas y trabajando en conjunto con actores técnicos para desplegar campañas de influencia. Por ejemplo, las estructuras de inteligencia de Rusia, China o Irán emplean unidades dedicadas a la guerra de información, redes de bots, plataformas de difusión y alianzas tecnológicas internacionales.

Las grandes plataformas de redes sociales (TikTok, X, YouTube, etc.) no son solo soportes, sino centrales en la arquitectura algorítmica que permite segmentar audiencias, optimizar contenido e incrementar el alcance. Un informe reciente afirma que “social media recommendation algorithms … can be weaponised by state-sponsored objectives”. (los algoritmos de recomendación de las plataformas sociales pueden ser militarizados para servir a fines promovidos o financiados por Estados).

La línea entre lo estatal y lo privado se vuelve borrosa: empresas de marketing digital, agencias de datos (data brokers), equipos de analítica de redes sociales e incluso grupos de hackers contratados pueden colaborar (o solaparse) con servicios de inteligencia para operaciones de influencia. Este “ecosistema de actores” multiplica los efectos y dificulta la trazabilidad.

Algunas de las tecnologías claves para entender este proceso son:

• Bots y cuentas falsas automatizadas que replican y amplifican mensajes.
• Deepfakes y contenido generado por IA para suplantar identidades, difundir narrativas falsas o sembrar desconfianza.
• Micro-targeting algorítmico que adapta mensajes a perfiles individuales.
• Data mining y análisis de comportamiento en redes sociales.
• Automatización de la repetición y optimización de contenido (test A/B, variaciones).
• Infraestructura de “back-end”: algoritmos de recomendación, publicidad segmentada, machine-learning de optimización de impacto.

Implicancias para la democracia, los derechos civiles y la seguridad

La integridad de los procesos democráticos queda seriamente amenazada cuando campañas de influencia algorítmica pueden cambiar percepciones, polarizar sociedades y vulnerar consensos mínimos. En ese sentido, la desinformación ya no es solo propaganda, sino arma estratégica de inteligencia híbrida. El riesgo es aún mayor en contextos de baja regulación o escasa transparencia de los algoritmos de plataformas.

La manipulación algorítmica implica una intrusión en la experiencia digital de los ciudadanos: perfiles, segmentación, micro-targeting, vulnerabilidad cognitiva. Esto posee implicancias sustanciales para los derechos de privacidad, libertad de expresión y autonomía informativa.

Ralph Thiele, señala que los Estados “estarán cada vez más capacitados no solo para difundir desinformación, sino para manipular los datos y algoritmos que organizan nuestras realidades mediáticas”.

Las operaciones de inteligencia híbrida no se limitan al campo electoral: también pueden emplearse para desestabilizar países, erosionar confianza en instituciones, crear caos informativo previo a acciones militares o cibernéticas. El ámbito de la “seguridad nacional” se expande al terreno cognitivo e informativo.

¿Qué hacer? Estrategias de mitigación y gobernanza

Es urgente que las plataformas de redes sociales y los sistemas de recomendación adopten mayor transparencia, auditoría externa y control regulatorio. Los Estados democráticos deben exigir esquemas de gobernanza de algoritmos, segmentación y publicidad política digital. En Estados Unidos, por ejemplo, la Countering Foreign Propaganda and Disinformation Act (2016) creó un centro para coordinar contramedidas de propaganda extranjera.

La ciudadanía debe ser consciente del funcionamiento de algoritmos, del micro-targeting y de la manipulación informativa. Programas de educación digital, campañas de verificación de hechos y fortalecimiento del periodismo independiente son herramientas esenciales.

Los servicios de inteligencia y las agencias de seguridad que participen en operaciones de influencia deben operar dentro de un marco jurídico claro, con supervisión parlamentaria o judicial, transparencia y rendición de cuentas. Cuando la manipulación informativa pasa a formar parte del arsenal estatal, los riesgos para la democracia aumentan sustancialmente.

Dado que las campañas de influencia cruzan fronteras, requieren cooperación multilateral: intercambio de inteligencia, acuerdos de regulación de plataformas, traza de actores globales de manipulación algorítmica. Un enfoque “whole-of-society” es necesario para hacer frente a las redes híbridas.

¿Y América Latina? Particularidades y desafíos

En América Latina, el terreno de la desinformación algorítmica y las operaciones de inteligencia híbrida presenta características propias que agravan la vulnerabilidad regional. La primera es estructural: la alta penetración de redes sociales y el uso cotidiano de plataformas digitales para la información política convierten a la región en un ecosistema propicio para la manipulación automatizada. En varios países, más del 80 % de la población adulta consume noticias prioritariamente a través de Facebook, WhatsApp o X. Este patrón crea un canal directo entre los emisores de propaganda y los usuarios finales, con escasa mediación periodística o institucional.

A ello se suma la debilidad de los marcos regulatorios. Salvo excepciones puntuales —como la Ley General de Protección de Datos en Brasil o la Ley de Habeas Data en Argentina—, la región carece de políticas robustas sobre privacidad, transparencia algorítmica y publicidad política digital. Esta laguna legal facilita tanto la explotación comercial de los datos personales como su uso con fines de inteligencia o propaganda encubierta. El vacío normativo también genera asimetrías frente a los grandes conglomerados tecnológicos.

Otro elemento determinante es la brecha en la alfabetización digital. Amplios sectores sociales consumen información en entornos digitales sin conocer cómo funcionan los sistemas de recomendación ni los modelos de micro-targeting que seleccionan lo que ven. Esa falta de conciencia algorítmica potencia los efectos de las campañas de influencia, ya que la manipulación pasa inadvertida. Además, la polarización política y la fragilidad de las instituciones democráticas crean el terreno ideal para que la desinformación híbrida refuerce divisiones internas y erosione la confianza en el sistema.

En este contexto, América Latina necesita repensar su seguridad informacional como parte de la seguridad nacional. La defensa de infraestructuras críticas debe ir acompañada por la protección de la esfera cognitiva: educación mediática, verificación independiente, cooperación internacional y creación de observatorios que analicen la manipulación algorítmica. La soberanía digital no depende solo de poseer servidores o cables de fibra óptica, sino de garantizar que la ciudadanía pueda distinguir entre información y operación psicológica.

La combinación de algoritmos, redes sociales, micro-targeting y tácticas de inteligencia híbrida representa un punto de inflexión para la seguridad, la democracia y el poder estatal. Si antes parecía propaganda manual, localizada y lenta, ahora se ha transformado en un dispositivo global, automatizado y segmentado. Los “servicios de inteligencia” del siglo XX, centrados en espías, escuchas y cifrados, hoy se enfrentan a una nueva generación que opera en la “plataforma”, el “perfil”, el “algoritmo”.

Para una democracia que aspire a tener autonomía, transparencia y participación ciudadana, este nuevo modo de guerra exige respuestas igualmente modernas: gobernanza algorítmica, alfabetización digital, sistemas de control civil y cooperación internacional. Si no se actúa, la influencia ya no vendrá sólo de militares, diplomáticos o servicios secretos: también llegará codificada, segmentada, invisible y personalizada para cada ciudadano.

Por Max L. Van Hauvart Duart.

El gobierno de Perú anunció este lunes la ruptura de relaciones diplomáticas con México, tras confirmarse que la ex primera ministra Betsy Chávez se refugió en la embajada mexicana en Lima para solicitar asilo. La medida fue comunicada por el canciller peruano, Hugo de Zela, quien calificó la situación como un “acto hostil” y acusó a México de interferir en los asuntos domésticos del país. Chávez enfrenta un proceso judicial por presunta complicidad en el intento del expresidente Pedro Castillo de disolver el Congreso en diciembre de 2022.

De Zela sostuvo que la decisión está enmarcada en una serie de episodios en los que las autoridades mexicanas habrían tomado una postura pública en torno a la crisis política de Perú, respaldando a Castillo y criticando a las instituciones peruanas. “El gobierno peruano ha decidido hoy romper relaciones diplomáticas con México”, declaró el ministro, señalando que el país centroamericano no atendió los pedidos de Lima para que cesaran las manifestaciones consideradas como injerencias.

Betsy Chávez fue una de las figuras clave durante el breve gobierno de Castillo y enfrenta una acusación fiscal por el delito de rebelión, con un pedido de hasta 25 años de prisión. La investigación se centra en su presunta participación en el fallido intento del expresidente de cerrar el Parlamento justo antes de que se votara una moción de destitución en su contra. Chávez estuvo detenida entre junio y septiembre de 2023, pero continuó bajo proceso judicial. Sus abogados afirmaron que desconocían su paradero en los últimos días, hasta que se confirmó su ingreso a la sede diplomática mexicana.

Desde Ciudad de México, la cancillería lamentó la decisión peruana y defendió el otorgamiento de asilo, afirmando que se actuó “en cumplimiento del derecho internacional” y negando que ello represente una intervención en los asuntos internos del Perú. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ya había expresado en varias ocasiones su apoyo a Castillo, sosteniendo que su destitución representó un golpe político. La familia del exmandatario reside en México desde 2022, también bajo protección diplomática.

La relación entre ambos países estuvo marcada por las reiteradas fricciones desde la caída de Castillo y la asunción de Dina Boluarte, posteriormente reemplazada por José Jerí. Por el momento, no se anunció el retiro de embajadores, pero se prevé la suspensión de canales diplomáticos formales y la revisión de acuerdos bilaterales vigentes.

El gobierno estadounidense habría identificado una serie de objetivos militares en Venezuela que podrían ser atacados si el presidente Donald Trump ordena una operación aérea para desestabilizar al régimen de Nicolás Maduro, según revelaron funcionarios estadounidenses consultados por The Wall Street Journal. Los potenciales blancos incluyen puertos, aeropuertos y otras instalaciones bajo control de las Fuerzas Armadas venezolanas que cumplirían un rol en el tráfico de drogas hacia América del Norte.

Hasta el momento, la campaña estadounidense se había centrado en interceptar embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, en el marco de la ofensiva contra las organizaciones narcotraficantes. La eventual decisión de atacar objetivos dentro del territorio venezolano representaría una escalada significativa.

Funcionarios estadounidenses citados por The Wall Street Journal señalan que el objetivo de la operación sería “enviar un mensaje claro” a Maduro: que debe abandonar el poder. La Casa Blanca sostiene que el gobierno venezolano actúa como un “narcoestado” y acusa a altos mandos civiles y militares de facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

El secretario de Estado, Marco Rubio, defendió públicamente esa postura y se refirió al aparato estatal venezolano como “la Al Qaeda del hemisferio occidental”. En paralelo, aliados republicanos han comenzado a advertir que Maduro debería abandonar el país antes de una posible ofensiva.

En cuanto a los riesgos militares de la operación, las Fuerzas Armadas venezolanas cuentan con sistemas de defensa antiaérea de origen ruso, incluidos S-300, y miles de misiles portátiles Igla-S. No obstante, se desconoce el grado de efectividad de sus sistemas y el nivel de entrenamiento sus fuerzas. En esta línea, Washington ha intensificado vuelos de reconocimiento alrededor del espacio aéreo venezolano para mapear dichas capacidades.

Por otro lado, analistas advierten que incluso si los ataques lograran degradar la infraestructura militar vinculada al narcotráfico, no es seguro que ello provoque la caída de Maduro. La cúpula militar se ha mantenido leal y, para muchos de sus dirigentes, abandonar el poder podría implicar enfrentar procesos judiciales internacionales.

“Creo que Maduro resistirá, al menos por un tiempo”, declaró el almirante retirado James Stavridis. Según su evaluación, solo una presión sostenida sobre la cadena de mando militar podría alterar el equilibrio.

La Casa Blanca no ha confirmado públicamente la orden de ataques, pero su portavoz reiteró que Trump está “dispuesto a utilizar todos los recursos del poder estadounidense para impedir que las drogas inunden nuestra patria”.

Río de Janeiro vivió el martes uno de los episodios más violentos de su historia reciente, cuando una operación policial a gran escala dejó al menos 64 personas muertas, incluidas cuatro agentes, en los complejos de favelas de Penha y Alemão. Según testigos, durante la madrugada del miércoles podían verse más de 40 cuerpos sobre las calles, trasladados por familiares y vecinos en busca de desaparecidos luego de los enfrentamientos.

La redada, que involucró a unos 2.500 agentes, fuerzas especiales, helicópteros, vehículos blindados y drones, fue dirigida contra una facción del Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil. Las fuerzas de seguridad avanzaron antes del amanecer, provocando tiroteos que se extendieron por horas en barrios donde viven cerca de 300.000 personas.

Autoridades estatales afirmaron que se incautaron más de 90 rifles y que al menos 80 sospechosos fueron detenidos. Sin embargo, la escala del operativo y el número de heridos reavivaron críticas históricas hacia este tipo de acciones, cuestionadas por organizaciones de derechos humanos.

El gobernador de Río, Cláudio Castro, defendió la acción policial y describió la situación como una guerra contra el narcotráfico. “Esto ya no es delincuencia común, es narcoterrorismo”, declaró, y afirmó que la operación buscaba frenar la expansión territorial del Comando Vermelho en la región metropolitana y en otras zonas del país.

Más allá de las favelas donde tuvieron lugar los enfrentamientos, varias avenidas, comercios, escuelas y servicios de transporte fueron paralizados ante la posibilidad de represalias. En las inmediaciones del aeropuerto internacional se registraron incendios y bloqueos durante la tarde, lo que generó caos entre residentes y turistas.

El operativo ocurrió a pocos días de que Río sea sede de eventos vinculados a la cumbre climática COP30, incluida la reunión C40 de alcaldes. No es la primera vez que se realizan acciones policiales de este tipo previo a eventos internacionales. En 2016, antes de los Juegos Olímpicos, y en 2024, en la cumbre del G20, fueron registrados operativos similares.

La Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Río anunció que exigirá explicaciones al gobierno del Estado sobre el operativo, que consideró una “transformación de territorios populares en escenarios de guerra”. Desde 2020, la Corte Suprema había limitado las acciones policiales en favelas, aunque esas restricciones fueron levantadas a principios de este año.

Estados Unidos enviará al mar Caribe al portaaviones USS Gerald R. Ford, el buque insignia de su flota y el más grande del mundo, como parte de una nueva fase de su ofensiva contra el narcotráfico en América Latina. La decisión, dispuesta por el secretario de Defensa Pete Hegseth y avalada por el presidente Donald Trump, supone un aumento drástico de la presencia militar estadounidense en la región, en plena escalada con Venezuela.

El Pentágono explicó que la misión tiene como objetivo “detectar, vigilar e interrumpir actividades ilícitas que amenazan la seguridad del hemisferio occidental”. El Gerald Ford viajará acompañado por un grupo de ataque compuesto por el crucero USS Normandy y los destructores USS Thomas Hudner, USS Ramage, USS Carney y USS Roosevelt. En total, el despliegue movilizará a más de 5.000 efectivos y cerca de 90 aeronaves, que operarán bajo la dirección del Comando Sur.

La medida fue anunciada pocas horas después de que bombarderos estratégicos B-1B sobrevolaran el Caribe frente a las costas venezolanas, una maniobra que Caracas calificó como una “provocación”. Desde septiembre, el Pentágono ha ejecutado al menos diez ataques navales contra presuntas embarcaciones de narcotráfico en aguas internacionales, con un saldo de unas cuarenta personas muertas.

Washington sostiene que parte de las embarcaciones destruidas estaban vinculadas al Tren de Aragua, organización criminal venezolana recientemente designada por Estados Unidos como grupo terrorista. No obstante, la intensidad y escala de las operaciones ha sido motivo de numerosas críticas. El envío de un portaaviones nuclear y de aviones F-35 ha sido interpretado como un mensaje político hacia el gobierno de Nicolás Maduro, quien afirma que Washington busca desplazarlo del poder.

En agosto, la administración Trump había duplicado a USD 50 millones la recompensa por información que conduzca a la captura del mandatario venezolano, acusado por EE.UU. de liderar una red de narcotráfico, cargos que Caracas rechaza como parte de una “campaña de desestabilización”.

El USS Gerald R. Ford, en servicio desde 2017, es el portaaviones más avanzado del mundo. Propulsado por dos reactores nucleares, puede alojar más de 75 aeronaves, incluidos cazas F/A-18 Super Hornet y aviones de alerta temprana E-2 Hawkeye. Su presencia en el Caribe marca el mayor despliegue naval estadounidense en América Latina en más de una década.

El candidato Rodrigo Paz Pereira, de 58 años, se consagró este domingo como nuevo presidente de Bolivia al dominar la segunda vuelta electoral con el 54,55% de los votos. Su victoria pone fin a dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS), de Evo Morales, y marca el comienzo de una nueva etapa política en el país andino.

Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y de tendencia liberal moderada, venció por nueve puntos al exmandatario Jorge “Tuto” Quiroga, de la coalición ultraconservadora Libre, que obtuvo el 45,44%. La votación, calificada por las autoridades del tribunal electoral como “tranquila y normal”, se desarrolló sin incidentes. El nuevo mandatario asumirá el 8 de noviembre para el período 2025-2030, en un contexto económico sumamente complejo, marcado por la escasez de combustible, la caída de la producción de gas, el déficit fiscal y la falta de divisas.

El resultado supone el primer balotaje en la historia democrática boliviana y redefine el mapa político del país. Paz, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, nació en el exilio en Santiago de Compostela durante la dictadura militar y realizó sus estudios en Estados Unidos. Su perfil tecnocrático y su discurso moderado lograron captar el apoyo de un electorado desilusionado con el MAS y temeroso del giro «ultraderechista» de Quiroga. En declaraciones previas a la votación, el propio Paz había anticipado que su gestión buscaría “una nueva etapa para la democracia boliviana en el siglo XXI”, centrada en la formalización de la economía, la reducción de impuestos y la eliminación de la burocracia.

En su plataforma de gobierno, el presidente electo propuso un programa de “capitalismo para todos”, con apertura a la inversión privada y un fuerte recorte del gasto público, aunque manteniendo las transferencias sociales hacia los sectores más vulnerables. Su compañero de fórmula, el ex policía Edmand Lara, subrayó que la prioridad será “garantizar el suministro de diésel y gasolina y erradicar la corrupción”. “Se acabaron los colores políticos, hay que trabajar por Bolivia”, afirmó el vicepresidente electo.

El balotaje fue seguido por misiones de observación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea (UE), que destacaron la transparencia del proceso. Desde La Paz, miles de seguidores del PDC celebraron frente al Hotel Presidente mientras esperaban el discurso del mandatario electo, en una jornada que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, calificó como “el día en que se entierra definitivamente al MAS”.

El presidente argentino Javier Milei felicitó a Paz y sostuvo que “Bolivia volverá a ingresar al mundo libre, dejando atrás veinte años del fracasado modelo del socialismo del siglo XXI”. Asimismo, Cancillería argentina publicó un comunicado en el que destacó “la expresión libre y soberana del pueblo boliviano” y manifestó su confianza en que esta nueva etapa “contribuya al fortalecimiento de la convivencia democrática”.

Durante la campaña, Rodrigo Paz prometió reconstruir las relaciones con Chile y Estados Unidos, sin romper los vínculos con China y Rusia, en un intento de darle equilibrio y moderación a la política exterior boliviana. En contraste, su rival Quiroga había planteado una alineación absoluta con Washington e Israel, distanciándose de Cuba, Nicaragua y Venezuela. El giro pragmático de Paz podría inaugurar un nuevo capítulo luego de casi veinte años en los que el MAS de Evo Morales estrechó lazos con Pekín, Moscú y Teherán.

En el siglo XXI, la inteligencia dejó de ser monopolio exclusivo de los Estados. El auge de empresas privadas de seguridad y defensa, capaces de recolectar información sensible, administrar ciberseguridad y proteger infraestructuras críticas, cambió las reglas del juego global. Estados Unidos abrió el camino con contratistas como Blackwater en Irak y Afganistán; Rusia consolidó un modelo con el Grupo Wagner en Siria y África. Hoy, China emerge como un nuevo actor con características propias: una doctrina estatal que integra a empresas privadas en la maquinaria de seguridad nacional y extiende esta influencia más allá de sus fronteras.

América Latina, mientras tanto, aparece como terreno fértil para esta expansión. Carente de marcos regulatorios robustos e institucionales en materia de inteligencia y ciberseguridad, y en muchos casos urgida de financiamiento y tecnología, la región se convierte en un laboratorio donde Beijing puede ensayar su modelo de tercerización con efectos de largo alcance.

En este marco, la premisa propuesta es clara y simple: la presencia de empresas chinas en sectores estratégicos latinoamericanos no solo responde a necesidades económicas, sino que resignifica la noción de soberanía, al trasladar funciones críticas de seguridad e información a compañías que, por mandato legal, están obligadas a responder a los intereses del Estado chino y su brazo político, el Partido Comunista de China con Xin Jinping a la cabeza.

La tercerización y privatización de la inteligencia

El concepto de «tercerización de inteligencia» se refiere a la externalización de determinadas tareas tradicionalmente reservadas a agencias estatales. En sus inicios, implicaba actividades técnicas como traducción de documentos, mantenimiento de sistemas de vigilancia o contratación de expertos en ciberseguridad. Sin embargo, el fenómeno se extendió a operaciones críticas, incluyendo interrogatorios, análisis estratégico y operaciones paramilitares.

En el plano conceptual, es útil distinguir entre PMC (Private Military Companies) y PSC (Private Security Companies). El primer término alude a empresas que ofrecen servicios armados en zonas de conflicto. Ejemplo: Blackwater en Irak. El segundo, hace referencia a firmas centradas en protección de instalaciones y personas, pero que en la práctica también desarrollan labores de inteligencia y análisis.

El problema con este tipo de actores reside en que la opacidad contractual y la dificultad de supervisión generan dilemas sobre derechos humanos, legalidad y soberanía.

En China, este fenómeno adquiere características propias. El libro banco titulado La Defensa Nacional de China en la Nueva Era (2019) establece la doctrina de «civil-military fusion», donde las empresas privadas deben cooperar activamente con la defensa nacional. A ello se suma la Ley de Inteligencia Nacional (2017), que obliga a toda empresa o ciudadano chino a “apoyar, asistir y cooperar” con los servicios de inteligencia, incluso en el extranjero.

De este modo, para el gigante asiático la tercerización de la inteligencia no es un simple negocio de seguridad privada: es una extensión estructural de su política exterior.

La evolución del servicio de inteligencia chino

El actual aparato de inteligencia chino hunde sus inmensas raíces en la guerra revolucionaria y en la estrecha relación inicial con Moscú. Tras 1949, el Partido Comunista construyó redes de contrainteligencia inspiradas en la KGB soviética, orientadas a vigilar enemigos internos y disidencia política, que acrecentó su actividad durante la célebre y temida «Revolución Cultural» de los años 60.

En el año 1983, bajo el liderazgo de Deng Xiaoping, se institucionalizó el Ministerio de Seguridad del Estado (MSS), con el objetivo de integrar las actividades de espionaje exterior, contrainteligencia y protección del régimen.

Fueron las reformas de pro-mercado en los años 80 y 90, donde la inteligencia china se volcó a la obtención de tecnología y conocimientos económicos. El espionaje industrial contra empresas de EE.UU., Japón y Europa se convirtió en un pilar del desarrollo, en paralelo al crecimiento de conglomerados tecnológicos como Huawei y ZTE. Informes del FBI han señalado en reiteradas ocasiones que la transferencia ilegal de tecnología por parte de redes chinas representó “el mayor caso de espionaje económico en la historia moderna”.

En la última década, Beijing consolidó la doctrina de fusión civil-militar, donde empresas privadas deben alinearse con la estrategia nacional. Huawei, Hikvision o Dahua son ejemplos claros: empresas formalmente privadas pero funcionales al control estatal y con fuerte despliegue internacional en regiones como América Latina, África y partes de Asia.

Actualmente, la inteligencia china se proyecta al exterior no sólo a través de embajadas y agregados militares, sino también por medio de compañías que ofrecen servicios de seguridad y tecnología en el extranjero, con capacidad de recolectar datos y monitorear contextos estratégicos.

Los servicios de inteligencia en América Latina: fortalezas y debilidades

A partir de lo anterior, surge una inevitable comparación: mientras China despliega un aparato centralizado y expansivo, los servicios de inteligencia latinoamericanos muestran fragmentación, politización y debilidad institucional.

En gran parte de América Latina, las agencias de inteligencia se desarrollaron bajo regímenes militares entre 1950 y 1980. Esto las convirtió en instrumentos de represión política antes que órganos abocados a la seguridad nacional. Ejemplos notables: la SIDE en Argentina, la DINA en Chile o la Dirección de Seguridad Nacional en Venezuela.

Aunque muchas de estas agencias fueron reformadas en democracia, persisten prácticas de espionaje interno, falta de control parlamentario y escándalos de corrupción.

El déficit en ciberinteligencia

La región carece de capacidades avanzadas en el terreno digital. Muchos países dependen de software importado, como el caso de Pegasus en México. Esto da lugar a vulnerabilidades críticas en la protección de infraestructuras, comunicaciones gubernamentales y bases de datos.

• Colombia: sistema relativamente robusto por cooperación con EE.UU., pero limitado en autonomía.
• Chile y Uruguay: mayor institucionalización, aunque con presupuestos reducidos.
• Venezuela y Nicaragua: inteligencia fuertemente militarizada, dependiente de asistencia rusa, iraní y china.

De este modo, el balance regional evidencia numerosas debilidades, que pueden ser aprovechadas por actores externos para insertarse con facilidad.

Riesgos estratégicos y dilemas para la región

En América Latina, la entrada de empresas chinas tiene lugar en dos frentes complementarios: la infraestructura tecnológica y los servicios de seguridad privada. Huawei, el gigante tecnológico chino, ha firmado convenios con los gobiernos de Ecuador y Venezuela para implementar sistemas de vigilancia digital urbana basados en cámaras con reconocimiento facial y software de análisis de datos.

La China National Electronics Import & Export Corporation (CEIEC) fue sancionada por el Departamento de Estado de EE.UU. en 2020, acusada de proveer sistemas de ciberinteligencia al gobierno venezolano. Asimismo, empresas de seguridad vinculadas a conglomerados chinos ofrecen servicios de “protección corporativa” a proyectos mineros y energéticos, principalmente en Perú y Bolivia, donde compañías de Beijing controlan activos estratégicos.

Con este panorama, el dilema para la región es claro: el acceso a determinadas tecnologías empleadas con fines de seguridad choca con la necesidad de resguardar la soberanía.

Mientras que América Latina enfrenta esta gran expansión con escasos marcos regulatorios, otros actores han aprendido de experiencias pasadas. La Unión Europea endureció su legislación sobre contratación de empresas de seguridad en misiones internacionales, exigiendo transparencia. Asimismo, Estados Unidos mantiene fuertes mecanismos de supervisión sobre contratistas del Pentágono, aunque casos como el de Blackwater han dejado fallas al descubierto.

En el caso de América Latina, la diferencia está en la ausencia de regulaciones, lo que convierte a la región en un “vacío de soberanía” donde actores externos pueden operar con un amplio margen de maniobra.

De cara a un futuro cercano, pueden vislumbrarse tres escenarios:

1. Consolidación del modelo chino: empresas privadas de seguridad y tecnología consolidan un ecosistema híbrido bajo control indirecto de Beijing.
2. Reacción regional: los países latinoamericanos fortalecen marcos regulatorios y crean mecanismos de control y auditoría.
3. Dependencia estructural: la región se vuelve cada vez más dependiente de servicios y tecnología procedente de China, limitando su autonomía estratégica.

En palabras del analista Evan Ellis: “el verdadero poder no está en la presencia militar, sino en quién controla los flujos de información». La tercerización de la inteligencia en América Latina no es solo un fenómeno técnico, sino un desafío político y geopolítico. En un mundo donde la información es poder, la región deberá decidir si acepta este proceso como inevitable o si establece condiciones que garanticen su soberanía.

Por Maximiliano Van Hauvart Duart.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, denunció el domingo que sectores “extremistas de la derecha local” estarían planeando colocar explosivos en la sede de la embajada de Estados Unidos en Caracas, en lo que calificó como una “operación de falsa bandera” para perjudicar al gobierno de Nicolás Maduro. Según Rodríguez, Washington fue alertado por “tres vías distintas” y se reforzó la seguridad en las inmediaciones de la sede diplomática, cerrada desde 2019 cuando Venezuela rompió relaciones con EE.UU.

Rodríguez afirmó que también una embajada europea —cuyo país no identificó— fue informada acerca de los presuntos planes, con el objetivo de advertir a otros representantes diplomáticos sobre lo que consideró “una grave amenaza”. A través de su canal de Telegram, insistió en que se trata de una maniobra para culpar al gobierno venezolano de un atentado y desestabilizar al país. “Hemos reforzado las medidas de seguridad en dicha sede diplomática, que nuestro Gobierno respeta y protege”, aseguró el funcionario.

La denuncia tiene lugar en un contexto de tensiones crecientes entre Caracas y Washington, en el marco de las operaciones militares contra el narcotráfico que Estados Unidos ha estado llevando a cabo en el Caribe. En un discurso por el 250º aniversario de la Armada de EE.UU., Donald Trump elogió la campaña contra los cárteles y sugirió que las acciones podrían extenderse pronto del mar a tierra firme.

La semana pasada, el mandatario estadounidense confirmó un nuevo ataque de las Fuerzas Armadas de su país contra una embarcación sospechosa durante el fin de semana y subrayó que los operativos ya no encuentran ni siquiera “botes de pesca”, atribuyendo el hecho al éxito de la campaña contra los cárteles. En la región, Washington mantiene desplegados al menos ocho buques de guerra, un submarino de propulsión nuclear y más de 4.500 efectivos.

Por su parte, el gobierno bolivariano sostiene que estas operaciones constituyen una “amenaza” que apunta a producir un cambio de régimen en Venezuela. En este marco, Maduro envió una carta al Papa León XIV solicitando su “apoyo para consolidar la paz” en el país y ha ordenado ejercicios militares destinados a “afinar aún más todos los mecanismos de defensa territorial”.

Estados Unidos mató a cuatro personas en un ataque contra un barco que se desplazaba cerca de la costa de Venezuela y que, según Washington, transportaba drogas ilegales con destino a Norteamérica. El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, anunció este viernes que la operación fue dirigida bajo órdenes directas del presidente Trump.

En un mensaje publicado a través de X, Hegseth aseguró que la embarcación fue alcanzada en aguas internacionales y que “transportaba cantidades sustanciales de narcóticos destinados a envenenar a nuestro pueblo”.

El ataque tuvo lugar un día después de que altos funcionarios del gobierno de Trump notificaran al Congreso que Estados Unidos se considera en “un conflicto armado no internacional” contra los cárteles de la droga. Esta notificación incluyó un memorando confidencial y una sesión informativa a puerta cerrada ante el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado.

El documento sostiene que las acciones de contrabando de los cárteles constituyen “un ataque armado contra Estados Unidos” y califica a grupos como el Tren de Aragua como “organizaciones terroristas«, un cambio de estatus que, según la Casa Blanca, permite al presidente actuar bajo sus poderes del Artículo II de la Constitución para responder en defensa propia.

El ataque del viernes es el cuarto de este tipo en pocas semanas. Las tres operaciones previas, realizadas en el Caribe, dejaron un saldo de 17 muertos y generaron una fuerte condena internacional por el uso de misiles y drones contra barcos fuera de aguas estadounidenses. En un video de 40 segundos difundido por Hegseth se observa cómo una serie de proyectiles impacta en una embarcación que estalla al instante. Hegseth defendió la operación alegando que los ataques continuarán “hasta que terminen los ataques contra el pueblo estadounidense”.

El informe del CSIS explica que tanto Pekín como Moscú han intensificado sus vínculos militares en la región mediante actividades de poder blando, programas de educación, entrenamientos conjuntos y diálogos de alto nivel. Según los datos recopilados por el Think Tank, la diplomacia militar china ya supera a la estadounidense en ciertos ámbitos, particularmente en la cantidad de oficiales latinoamericanos matriculados en academias militares de China. Para 2020, esta cifra era cinco veces mayor que la correspondiente a Estados Unidos, un indicador que marca una tendencia consolidada desde 2015.

El estudio destaca que, mientras Washington ha limitado el alcance de sus programas por restricciones presupuestarias, China ha invertido considerables recursos para atraer oficiales latinoamericanos a sus programas, incluso cubriendo viajes en clase ejecutiva y ofreciendo cursos dictados en español.

Para atraer a estudiantes militares extranjeros, los programas chinos de educación militar internacional ofrecen cubrir viajes en clase ejecutiva, hoteles de cinco estrellas y otros gastos mientras los estudiantes residen en China, e imparten cursos en español. Además, brindan más oportunidades a los oficiales de menor rango, a diferencia de la tendencia estadounidense de reclutar selectivamente, principalmente, a oficiales superiores.

En el caso de la Argentina, el CSIS destaca que el país ha participado en todos los principales programas de entrenamiento organizados por el Ejército Popular de Liberación (EPL). Además, ambos países avanzan en marcos de cooperación académica entre la Universidad Nacional de la Defensa (UNDEF) y la Universidad Nacional de Defensa del EPL.

Según el informe, la diplomacia militar china también se ha fortalecido a través de reuniones de alto nivel, como el foro China-LAC de 2022, al que asistieron funcionarios de defensa de 24 países. En el caso de Brasil, se han desarrollado intercambios con las tres ramas de sus fuerzas armadas, en gran medida gracias a la Comisión Conjunta de Intercambio y Cooperación establecida en 2004. Estos espacios han permitido que China refuerce su presencia de manera sostenida y discreta en la región.

En contraste, la aproximación rusa habría sido más visible y a menudo de carácter simbólico, sostiene el informe del CSIS. Moscú ha desplegado buques y aviones de combate en América Latina y el Caribe como gestos de fuerza frente a Estados Unidos, y mantiene vínculos más estrechos con sus aliados históricos, como Cuba, Nicaragua y Venezuela. No obstante, el estudio advierte que, tras la invasión de Ucrania en 2022, Rusia ha encontrado dificultades para sostener sus exportaciones militares y depende cada vez más de intercambios educativos y de actividades de poder blando, como desfiles y ferias de defensa.

Asimismo, el reporte subraya que, si bien actualmente estas iniciativas no representan una amenaza directa a la influencia militar de Estados Unidos en la región, podrían tener consecuencias de largo plazo si no son contrarrestadas. El CSIS advierte que China está ampliando la definición de seguridad hacia ámbitos no tradicionales, como tecnología, cambio climático o salud, lo que le permite expandir discretamente el alcance de su cooperación en defensa bajo un discurso menos confrontativo.

En el caso argentino, a la participación en programas educativos chinos se sumaron intercambios y viajes relacionados a la promoción del caza JF-17, que Pekín ofreció a la Fuerza Aérea antes de que se elija oficialmente al F-16. Aunque esa operación no se concretó, muestra cómo la diplomacia militar se combina con objetivos comerciales y estratégicos, afirma el CSIS. El informe enfatiza que este tipo de aproximación debería ser monitoreada, ya que otorga a China una influencia creciente sobre las futuras generaciones de oficiales.

Washington anunció la aprobación preliminar de una posible venta de doce cazas F-16 Block 70 a Perú por un valor estimado en USD 3.420 millones. La operación, que aún debe ser considerada por el Congreso estadounidense, forma parte de la competencia que el país andino mantiene abierta desde hace tiempo para reemplazar a sus Mirage 2000 y MiG-29, donde también participan el Rafale francés y el Gripen sueco.

El comunicado de la Defense Security Cooperation Agency (DSCA) detalló que la solicitud peruana comprende diez F-16C monoplazas y dos F-16D biplazas, junto con un amplio paquete logístico y de armamento. Entre los equipos incluidos figuran catorce motores F110-GE-129; radares AESA AN/APG-83; sistemas de guerra electrónica Viper Shield; pods de designación AN/AAQ-28 Litening; visores de casco JHMCS II y un lote inicial de misiles aire-aire AMRAAM y Sidewinder. Según Washington, la propuesta busca mejorar la capacidad de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) para defender su espacio aéreo y apoyar operaciones contra el narcotráfico y el terrorismo.

Cabe aclarar que la autorización no implica que la venta esté concretada ni que Lima se haya decidido por el F-16 Block 70. Como ocurre en estos casos, la DSCA notifica al Congreso sobre las condiciones de una posible operación, pero el proceso contractual requiere de negociaciones bilaterales y de la decisión final del gobierno interesado. En este caso, el Ministerio de Defensa peruano aún no ha definido qué caza será seleccionado para renovar su flota, en el marco de un programa que contempla la adquisición de 24 aeronaves en dos etapas, con financiamiento parcial del Banco de la Nación por USD 2.000 millones.

En los últimos meses, los rumores habían señalado una preferencia por el Gripen E/F sueco. El ministro de Defensa de Perú incluso visitó Suecia en agosto para recorrer las instalaciones de Saab en Linköping, donde además de los cazas se ofreció un avión de alerta temprana GlobalEye como parte de un paquete ampliado. Posteriormente, la delegación oficial se trasladó a París para mantener reuniones con el ministro de las Fuerzas Armadas de Francia, lo que confirmó en aquel entonces que el Rafale sigue en carrera.

En tal contexto, la oferta estadounidense busca reforzar la posición del F-16 Block 70 en la competencia, subrayando los beneficios de interoperabilidad con aliados regionales y la duradera relación militar con Washington. El comunicado oficial destacó que la operación no alteraría el equilibrio militar en Sudamérica, sino que contribuiría a la estabilidad regional y a la modernización de las capacidades peruanas.

No obstante, el costo estimado de la operación plantea un desafío considerable. Analistas coinciden en que los más de USD 3.400 millones superarían ampliamente el presupuesto de defensa de Lima, lo que obliga a contemplar eventuales ajustes o financiamiento externo adicional.

En caso de concretarse la compra, Perú se sumaría a Chile y Argentina como operador regional del F-16. La Fuerza Aérea chilena emplea el modelo desde principios de los años 2000, mientras que Argentina está a pocos meses de recibir su primer lote. La eventual llegada de los cazas a Perú consolidaría así al F-16 como el avión de combate más extendido en América del Sur.

El expresidente Jair Bolsonaro encara lo que podrían ser las últimas instancias de su juicio en la Corte Suprema de Brasil, acusado de planear un golpe de Estado para evitar la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de 2022. El proceso judicial, que se desarrolla ante un panel de cinco jueces, ya cuenta con dos votos en su contra: el del magistrado Alexandre de Moraes, y el del exministro de Justicia Flavio Dino. Ambos señalaron al exmandatario como “líder de la organización criminal” que impulsó los disturbios de enero de 2023 en Brasilia, cuando miles de simpatizantes suyos irrumpieron en las sedes de los Tres Poderes.

Los cargos que enfrenta Bolsonaro incluyen la participación en una organización criminal armada, la tentativa de abolir el Estado democrático de derecho, la organización de un golpe y la destrucción de patrimonio gubernamental y cultural. De ser declarado culpable, la pena máxima podría alcanzar los 40 años de prisión, aunque en la práctica se prevé que podría recibir un indulto de un futuro presidente. Mientras tanto, Bolsonaro ya se encuentra inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta 2030.

Este miércoles hubo un giro en las deliberaciones cuando el juez Luiz Fux pidió anular el proceso por “absoluta falta de jurisdicción” del panel que lo lleva adelante, alegando que al dejar la presidencia el caso debería haber sido tratado por tribunales inferiores o por el pleno del Supremo. No obstante, analistas coinciden en que la mayoría del tribunal se inclinará por la condena, ya que los dos jueces restantes fueron designados por Lula.

La causa se apoya en una investigación de la Policía Federal que habría revelado un plan para desconocer los resultados de los comicios y mantener a Jair Bolsonaro en el poder. En paralelo, aliados del exmandatario, como el gobernador de São Paulo, Tarcisio de Freitas, impulsan un proyecto de amnistía en el Congreso, en una maniobra que lo proyecta como un potencial candidato de la coalición bolsonarista de cara a las elecciones de 2026.

La Comisión Europea puso en marcha el 3 de septiembre el proceso de ratificación del acuerdo comercial con el Mercosur, alcanzado en diciembre de 2024 tras dos décadas de negociaciones. El texto ya recibió el aval de los comisarios europeos y ahora será enviado al Consejo y al Parlamento Europeo para su examen en los próximos meses.

El acuerdo busca crear una amplia zona de libre comercio entre la Unión Europea y Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con la eliminación gradual de aranceles para la mayor parte de los productos, aunque algunos bienes agrícolas sensibles permanecerán sujetos a contingencias especiales. Desde Bruselas se espera que los Estados miembros más reticentes terminen por dar su visto bueno, aunque Francia encabeza el grupo de opositores y hasta ahora ha logrado alinear a buena parte de sus fuerzas políticas en rechazo al pacto.

Para Francia la noticia llega en un momento delicado. El gobierno del primer ministro François Bayrou afronta una moción de confianza que podría hacer caer al Ejecutivo, mientras los sindicatos agrícolas continúan ejerciendo presión en rechazo al pacto con el Mercosur.

Consciente de esas resistencias, la Comisión Europea incorporó una declaración adicional en la que se compromete a vigilar las posibles distorsiones de mercado que puedan afectar a los agricultores europeos. El texto prevé la activación de salvaguardias si las importaciones de productos como la carne de vacuno o de ave superan determinados umbrales o provocan caídas abruptas de precios. Sin embargo, estas garantías no serán vinculantes para los países del Mercosur, sino que comprometen únicamente a la propia Comisión Europa, lo que genera dudas en París sobre su eficacia real.

La cuestión agrícola constituye un terreno sumamente sensible, especialmente en Francia, donde los productores temen una competencia desleal frente a los países sudamericanos. La situación interna del gobierno francés, debilitado por la moción de confianza, ha convertido al acuerdo en un tema que concentra el rechazo tanto del oficialismo como de la oposición.

A esta presión se suman otros países como Polonia, cuyo vicepresidente Władysław Kosiniak-Kamysz declaró que busca formar una minoría de bloqueo que impida la ratificación, contando con un eventual apoyo de Italia. Aunque el número de Estados aún no alcanza para detener el proceso, estas maniobras reflejan la tensión política que existe alrededor del pacto.

Con el objetivo de acelerar la entrada en vigor, la Comisión decidió dividir el texto en dos componentes. La parte comercial será sometida al Consejo de la UE y al Parlamento Europeo, lo que permitiría aplicarla más rápidamente, mientras que el componente político deberá pasar por los parlamentos nacionales de los veintisiete Estados miembros. Esta estrategia busca destrabar el acuerdo después de años de retrasos, permitiendo agilizar la implementación de la pata comercial del pacto.

El rpesidente de Estados Unidos informó este martes que sus fuerzas armadas hundieron un barco procedente de Venezuela que presuntamente transportaba narcóticos, causando la muerte de once personas que iban a bordo. El ataque tuvo lugar en aguas internacionales del sur del Caribe, y fue presentado como un golpe contra el Tren de Aragua, banda a la que Washington designó como organización terrorista a comienzos de este año.

“En los últimos minutos, literalmente disparamos contra un barco que transportaba drogas; había mucha droga en ese barco”, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca. Más tarde, en su red social Truth Social, publicó un video en blanco y negro que mostraba a una lancha rápida navegando antes de explotar en llamas. “El ataque resultó en la muerte de 11 terroristas en combate. Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido. Por favor, que esto sirva de aviso a cualquiera que piense en traer drogas a Estados Unidos. ¡CUIDADO!”, escribió el mandatario.

El líder norteamericano aseguró que los tripulantes eran miembros del Tren de Aragua y reiteró sus acusaciones de que el grupo opera bajo el control del presidente venezolano, Nicolás Maduro, una afirmación rechazada por Caracas. El ministro de Comunicaciones del régimen bolivariano, Freddy Ñáñez, sugirió en redes sociales que el video difundido por Trump había sido generado con inteligencia artificial.

Por su parte, el Pentágono no ofreció detalles sobre el tipo de drogas que transportaba la embarcación ni sobre la cantidad incautada. Funcionarios estadounidenses confirmaron que el ataque se enmarca en la ofensiva contra el narcotráfico en el Caribe, donde Washington desplegó recientemente siete buques de guerra y un submarino de ataque rápido con más de 4.500 marineros e infantes de marina. Entre ellos se encuentran el USS San Antonio, el USS Iwo Jima y el USS Fort Lauderdale, además de aeronaves espía P-8 que han sobrevolado aguas internacionales de la zona.

La operación se enmarca en las tensiones entre Washington y Caracas. En las últimas semanas, el gobierno de Trump intensificó la presión contra Maduro, ofreciendo una recompensa de USD 50 millones por su captura por narcotráfico, acusándolo de encabezar el Cartel de los Soles.

El secretario de Estado, Marco Rubio, respaldó la acción a través de un mensaje en X, afirmando que “el ejército estadounidense llevó a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra un barco con drogas que había partido de Venezuela y estaba siendo operado por una organización narcoterrorista designada”.

Desde Caracas, Maduro respondió que Venezuela resistirá cualquier intento de intervención militar estadounidense, mientras niega cualquier acusación proveniente de Washington.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha ordenado el despliegue de 25.000 soldados en la frontera con Venezuela, especialmente en la región del Catatumbo, en respuesta al incremento de tensiones y actividades ilícitas en la zona.

La decisión fue formalizada tras la movilización de 15.000 militares venezolanos hacia la misma frontera, anunciada por el gobierno de Nicolás Maduro pocos días antes. Petro enfatizó que la finalidad principal es combatir el tráfico de drogas y reducir al máximo la actividad de mafias en la región, conocida por ser un corredor estratégico para el narcotráfico y para grupos armados ilegales.

Petro declaró en su cuenta de X que “no es la guerra la que le gana a la mafia, es la coordinación entre los dos Estados quien lo logra”, subrayando la importancia de trabajar en conjunto con Venezuela para frenar las economías ilegales. Asimismo, el presidente colombiano negó la existencia del denominado “Cartel de los soles”, señalado por Estados Unidos como vinculante a mandos militares venezolanos, calificándolo como una excusa política.

El despliegue ocurre en un contexto de creciente tensión política entre Venezuela y Estados Unidos, con el reciente arribo de buques de guerra estadounidenses al Caribe como parte de una operación antidrogas. La Casa Blanca ha advertido que está preparada para utilizar cualquier recurso, incluyendo opciones militares, para combatir el tráfico desde Venezuela y procesar a sus responsables.

Este domingo, los ciudadanos bolivianos acudieron a las urnas para elegir a su próximo presidente en medio de una profunda crisis socioeconómica. Con ocho candidatos y un porcentaje del 18% de nulidad electoral, el escrutinio dio como ganador al senador y ex alcalde de Tarija, Rodrigo Paz Pereira. Tildado de centrista, el candidato del Partido Demócrata Cristiano quedó en primer lugar con el 31% de los votos, en unas elecciones sumamente atomizadas.

El segundo puesto fue para el expresidente de derecha Jorge “Tuto” Quiroga, quien obtuvo el apoyo del 27% de los votantes. Quiroga, candidato del partido Libertad y Democracia, se enfrentará a Paz Pereira en el balotaje a realizarse el 19 de octubre.

Mientras tanto, el gran perdedor de la jornada fue el oficialismo, con el Movimiento Al Socialismo (MAS) obteniendo un 3% y habiendo llegado dividido a las elecciones. El actual presidente Luis Arce, sucesor de Evo Morales, arrastra con este último una disputa de poder dentro del MAS desde hace meses. En medio de este enfrentamiento, la figura de Andrónico Rodríguez se abrió paso como una tercera opción para los seguidores del MAS.

Tras meses de disputas internas, el oficialismo terminó quebrándose y los tres dirigentes llegaron a las elecciones por separado. Luis Arce puso como candidato del MAS al actual ministro de gobierno, Eduardo Castillo, quien obtuvo el 3%. Andrónico, distanciado de los otros dos, se presentó como candidato de Alianza Popular y obtuvo el 8% de los votos, mientras que Evo Morales llamó a sus seguidores a emitir voto nulo, el cual alcanzó el 18%. Esto último indica que el exmandatario aún conserva cierto apoyo entre los votantes.

Sin embargo, los comicios de este domingo representaron el fin de la hegemonía política del MAS y del denominado Socialismo del Siglo XXI en el país andino, al menos por los próximos 5 años. El próximo presidente de Bolivia se definirá en el balotaje que protagonizarán dos candidatos de centro y de derecha, que con sus diferencias, coinciden en los aspectos más fundamentales del rumbo económico que el país necesitaría para salir de la crisis en la que se encuentra.

En una entrevista con Reuters, el mercenario y ex militar estadounidense, aseguró que llegó a un acuerdo con el gobierno haitiano para la implementación de un plan orientado a restaurar el orden en el país. Según explicó Prince, la iniciativa implica que su compañía de seguridad privada, Vectus Global, continúe operando en la isla durante un período de 10 años y asuma un rol en la reconstrucción del aparato recaudador de impuestos.

El fundador de Blackwater espera poder quitarle el control de las carreteras y demás puntos estratégicos a los pandilleros armados que mantienen el país al borde de la anarquía desde hace meses. Y una vez que se estabilice la situación en materia de seguridad, participaría en el armado de un programa para gravar los bienes importados desde República Dominicana.

El plan sería ejecutado por Vectus Global, empresa de la cual Prince es secretario ejecutivo y que opera en Haití desde marzo de este año, colaborando con el gobierno en la lucha contra las bandas criminales. «Para mí, una medida clave del éxito será poder conducir de Puerto Príncipe a Cabo Haitiano en un vehículo de carrocería delgada sin ser detenido por las pandillas» sostuvo el empresario norteamericano en diálogo con periodistas.

Las pandillas criminales proliferan en el país desde hace años, sin embargo, la situación empeoró drásticamente en julio de 2024, cuando numerosas bandas se unieron para ir en contra del Estado haitiano, sobrepasando a las fuerzas gubernamentales. Desde entonces, los pandilleros controlan gran parte del territorio, incluídas zonas cercanas a puertos, carreteras y otros puntos estratégicos para la economía haitiana, que depende mayormente de las importaciones.

En el pasado, los impuestos que se cobraban en la frontera representaban la mitad de los ingresos fiscales del Estado. Por lo tanto, la pérdida de puertos, carreteras y nodos logísticos a manos de las bandas criminales, ha mermado las capacidades estatales.

En este marco, el plan de Eric Prince consiste en neutralizar a las pandillas, recuperar el control de puntos estratégicos para la economía y restaurar el sistema de recaudación de impuestos. Hasta el momento, Vectus Global ha trabajado con el gobierno haitiano mediante el despliegue de drones, pero el nuevo acuerdo implica el envío de cientos de mercenarios, incluyendo francotiradores y especialistas en inteligencia, para combatir a las bandas criminales.

El Gobierno de Costa Rica iniciará este año la construcción de una cárcel de máxima seguridad que albergará a criminales de alta peligrosidad, siguiendo el modelo del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador.

La decisión, anunciada por el Ministro de Justicia, Gerald Campos, responde al aumento de la violencia asociada a las bandas criminales y a la sobrepoblación carcelaria que, según advirtió, amenaza con hacer colapsar el sistema penitenciario. «Si no hacemos esto, el sistema colapsará y corremos el riesgo de conflictos internos, toma de rehenes y disturbios», sostuvo Campos ante legisladores costarricenses.

La propuesta estaba prevista inicialmente para 2026, pero se resolvió acelerarla debido al aumento de los homicidios en 2025 (543 hasta la fecha). Costa Rica, tradicionalmente considerado el país más seguro de Centroamérica, alcanzó en 2023 la tasa de homicidios más alta de toda su historia (17,2 por cada 100.000 habitantes).

El nuevo complejo recibirá el nombre de Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), y tendrá capacidad para 5.100 reclusos, lo que aumentará en un 40 % la capacidad penitenciaria del país. El proyecto, con un presupuesto de USD 35 millones, contará con planos, modelos y tecnología de seguridad desarrollados con la asesoría técnica de El Salvador.

Campos visitó en abril la megacárcel salvadoreña que alberga a 40.000 criminales, y subrayó que la presente iniciativa busca evitar motines, tomas de rehenes y el control del crimen organizado desde adentro de los centros penitenciarios.

Por otro lado, la inseguridad es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía costarricense según encuestas recientes, por lo que se perfila como tema central en la campaña para las elecciones presidenciales de 2026.

Durante la madrugada del lunes, un vuelo de la aerolínea venezolana Conviasa aterrizó en el Aeropuerto Internacional Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra. Testigos afirman que la aeronave, de gran tamaño y con una bandera venezolana, trasladaba a más de 200 ciudadanos de ese país.

Según los testimonios que circularon, los pasajeros estaban organizados en dos grupos: uno vestido con trajes formales y otro con uniformes celestes y mochilas que llevaban la inscripción “el sistema” junto a un logotipo no identificado. La ausencia de información oficial sobre el operativo generó comentarios y especulaciones en redes sociales.

El episodio tuvo lugar a pocos días de las elecciones generales, a celebrarse el 17 de agosto, y en un contexto de tensión política latente debido a los caóticos meses que han precedido a los comicios de este año. A través de WhatsApp y Telegram circularon mensajes advirtiendo sobre la situación y expresando preocupación acerca de una posible injerencia extranjera, aludiendo a la afinidad ideológica entre el Movimiento al Socialismo (MAS) y el gobierno de Venezuela.

En el pasado, actores políticos de la región han acusado al régimen bolivariano de enviar operadores políticos encubiertos para intervenir en la política de otros países latinoamericanos, especialmente en contextos de crisis, mediante la participación coordinada en manifestaciones y la promoción de disturbios.

Por el momento, ni el Ministerio de Gobierno ni la Dirección General de Migración han brindado explicaciones sobre la llegada del vuelo ni sobre el propósito del grupo ingresado al país.

El pasado lunes 28 de julio, fue aprobada oficialmente la Política Nacional de Construcción Naval 2025-2040 (PNCN), tras ser publicada en el Diario Oficial. Junto con la aprobación formal, se presentaron los objetivos estratégicos que persigue dicha política, así como los lineamientos y la visión que orientarán su implementación.

La historia de la humanidad ha demostrado la enorme importancia que tiene para una nación
la capacidad de construir buques que contribuyan a desarrollar su poder marítimo en todos sus
vectores. Esta capacidad requiere de consideraciones conscientes, decisiones activas y de un enfoque
estratégico como país.

Bajo esta premisa, el país trasandino busca darle impulso a su industria naval en el marco de una política a largo plazo cuyos fines abarcan la defensa nacional, la innovación tecnológica y el desarrollo económico. En esta línea, el documento publicado señala la importancia de esta industria no solo para la capacidad comercial y de defensa de los Estados sino también para el desarrollo tecnológico y el crecimiento económico.

Así, la PNCN apunta a convertir al sector de la construcción naval en un vector de la economía chilena, considerando el potencial de esta rama de la industria en la generación de empleos tanto directos como indirectos.

Una industria de construcción naval robusta y desarrollada necesariamente impacta de manera positiva en la economía, pues tiene el potencial de ser una fuente constante de generación de empleos, tanto directos como indirectos. Lo anterior impacta en el desarrollo educativo del país y permite impulsar la investigación científica y tecnológica.

En lo que respecta a la defensa nacional, el documento destaca las capacidades actuales de la industria naval chilena, cuyo principal exponente es la empresa Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR), que encabezó la fabricación del buque científico-antártico Almirante Viel. Sin embargo, afirma que es necesario un mayor desarrollo tecnológico para poder construir embarcaciones más complejas, como buques de combate.

De este modo, la PNCN busca mejorar las capacidades de construcción de ASMAR para satisfacer las necesidades materiales de la Armada chilena, dotando a la fuerza de unidades de superficie que estén equipadas con sistemas que sean mayormente de producción nacional. Además de fortalecer la industria naval chilena y contribuir a las capacidades militares, esto permitiría reducir la dependencia de proveedores extranjeros, en un contexto internacional, afirma el documento, en el que la proliferación de conflictos bélicos podría dificultar la disponibilidad de buques de guerra de segunda mano en el mercado internacional.

El pilar fundamental de esta nueva Política Nacional de Construcción Naval será el diseño e implementación de un Plan Nacional Continuo de Construcción Naval (PNCCN), un programa de desarrollo que abarcará la defensa nacional, la industria y la ciencia y tecnología.

Así, se busca desarrollar la capacidad de producir «unidades complejas de combate, auxiliares, marítimas y de apoyo logístico», con el objetivo de asegurar los medios que necesita la Armada, aumentar la cantidad de embarcaciones fabricadas en el país y promover la innovación y el desarrollo tecnológico en el sector naval.

La aprobación del PNCN representa un paso importante para la consolidación de una visión a largo plazo en torno al mar como el principal activo estratégico de un Estado con más de 4.000 kilómetros de costa. Con esta concepción, el fortalecimiento de la industria naval es una política que articula objetivos de seguridad, proyección internacional, innovación tecnológica y desarrollo económico.

El gobierno estadounidense designó oficialmente al Cártel de los Soles como una organización terrorista transnacional, alegando que opera bajo el auspicio del gobierno de Maduro y en colaboración con otras redes criminales como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa. La decisión fue anunciada por el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro.

Según las autoridades norteamericanas, el Cártel de los Soles facilita operaciones de narcotráfico, lavado de dinero, violencia transnacional e infiltración criminal en territorio estadounidense. La red está integrada por altos mandos de las Fuerzas Armadas de Venezuela y habría evolucionado desde la década de 1990, cuando oficiales cobraban sobornos, hasta convertirse en una estructura que controla rutas de tráfico de cocaína hacia el Caribe, África y Europa.

La portavoz del Departamento de Estado, Mignon Houston, remarcó el compromiso de la administración Trump con la “restauración de la democracia en Venezuela y la liberación de todos los presos políticos”. En ese marco, destacó la figura de María Corina Machado como líder opositora, a quien consideró una figura clave en el proceso de cambio político.

El Secretario de Estado, Marco Rubio, declaró que “Nicolás Maduro no es el presidente de Venezuela. Es el jefe del Cártel de los Soles, una organización narco-terrorista que se ha apoderado de un país”. Adicionalmente el funcionario recordó que Maduro ya fue imputado en 2020 por la justicia estadounidense por conspiración para traficar drogas hacia Estados Unidos, y que el nuevo paso busca cortar los beneficios económicos que el régimen percibe a partir del narcotráfico.

La estructura del Cártel de los Soles, cuyo nombre proviene de las insignias doradas utilizadas por los generales venezolanos, utiliza activos estatales, como aeropuertos e infraestructura portuaria, para transportar drogas, y actúa en coordinación con empresas públicas y privadas para lavar dinero.

Entre las principales figuras de la organización se encuentran Diosdado Cabello, señalado como operador político del grupo; Hugo “el Pollo” Carvajal, exjefe de inteligencia, actualmente bajo custodia en EE.UU. tras declararse culpable de conspiración con las FARC; Tareck El Aissami, detenido por corrupción y uso de recursos de PDVSA para financiar el narcotráfico; y el propio Nicolás Maduro, acusado por fiscales estadounidenses de liderar el cartel.

La medida anunciada contempla la inclusión de los involucrados en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN, por sus siglas en inglés), lo que implica el congelamiento de sus activos y la prohibición de transacciones financieras. Además, la decisión permite al gobierno de EE.UU. utilizar diversas herramientas judiciales, financieras y operativas para atacar la estructura del cártel, tanto dentro como fuera de Venezuela.

Lula participó este lunes en Santiago de Chile de la cumbre progresista Democracia Siempre, que reunió a los mandatarios Gabriel Boric (Chile), Gustavo Petro (Colombia), Yamandú Orsi (Uruguay) y Pedro Sánchez (España). El encuentro busca proyectar una posición común en defensa del multilateralismo y la democracia, que será presentada en septiembre durante la Asamblea General de Naciones Unidas.

En este marco, los líderes afirmaron que la democracia es “el mejor camino posible para garantizar la paz, la cohesión social y las oportunidades para todos”, y llamaron a “condenar las derivas autoritarias”. El presidente brasileño, en particular, insistió en que las elecciones periódicas no son suficientes para preservar las instituciones democráticas y reclamó avanzar en la regulación de las redes sociales ante lo que describió como “una ofensiva antidemocrática”.

No obstante, el mensaje entra en tensión con la situación interna de Brasil, donde el Supremo Tribunal Federal (STF) ha intensificado en los últimos días las medidas judiciales contra el expresidente Jair Bolsonaro, acusado de planear un golpe de Estado tras su derrota electoral en 2022.

El juez Alexandre de Moraes prohibió a Bolsonaro conceder entrevistas por tiempo indefinido, restringió sus interacciones en redes sociales y ordenó que use una tobillera electrónica. La defensa del exmandatario denuncia censura y persecución política, mientras que Bolsonaro, quien el lunes se reunió con legisladores aliados en el Congreso, asegura ser “víctima de una humillación máxima”.

En el plano internacional, algunos líderes se han pronunciado a favor del expresidente. Donald Trump, quien viene enfrentándose mediáticamente con Lula hace semanas, asoció la imposición de aranceles del 50 % a los productos brasileños con lo que calificó como “caza de brujas política” contra su aliado ideológico. El secretario de Estado, Marco Rubio, revocó las visas de Moraes, otros jueces del STF y sus familiares directos.

Asimismo, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, expresó su respaldo a Bolsonaro y criticó las restricciones impuestas, a las que calificó como “herramientas de intimidación política”.

El STF, por su parte, defiende que las medidas son necesarias para proteger el orden democrático, aunque expertos brasileños debaten su legalidad. El profesor de derecho Ivar Hartmann, de la escuela de negocios Insper, sostiene que las entrevistas serían permisibles “si no buscan eludir las restricciones en redes”, pero advierte que la interpretación expansiva de Moraes “abre un precedente delicado”.

El canciller de Alemania sostuvo que la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y el Mercosur constituye una tarea prioritaria. De lo contrario, la imagen del bloque podría verse afectada de cara al futuro, advirtió el mandatario ante la cámara baja del parlamento alemán, durante una sesión que tuvo lugar la semana pasada.

«Si no logramos que un acuerdo negociado durante 25 años entre en vigor, eso afectará a la credibilidad de la UE en todo el mundo de cara a nuevos acuerdos» aseveró Friedrich Merz ante los miembros del Bundestag.

Las negociaciones del Acuerdo UE-Mercosur concluyeron a finales de 2024 tras más de dos décadas de esfuerzos diplomáticos. Actualmente se están realizando las revisiones jurídicas del texto, cerrado el 6 de diciembre del año pasado, y las traducciones en todos los idiomas correspondientes.

La revisión legal y la traducción del texto ya estarían a punto de finalizar, por lo que se espera que la firma tenga lugar antes de fin de año. Sin embargo, las tratativas para avanzar hacia la entrada en vigor del acuerdo estuvieron bajo una fuerte presión política de países como Francia, cuyo sector agrícola rechaza la pata comercial del acuerdo con el Mercosur.

El Acuerdo de Asociación Unión Europea-Mercosur es amplio e involucra diferentes áreas de cooperación entre ambos bloques. Uno de los pilares, es un tratado de libre comercio que busca la reducción progresiva de los aranceles sobre más del 90% de los bienes y servicios, iniciativa a la que los agricultores europeos se han opuesto permanentemente.

Si bien algunos aspectos del Acuerdo de Asociación UE-Mercosur requieren de la ratificación de los parlamentos nacionales de los Estados europeos para entrar en vigor, el tratado de libre comercio podría implementarse de manera provisional con la sola aprobación de los órganos de la Unión Europea. Por este motivo, el acuerdo se ha encontrado con fuertes presiones políticas de cara a su tratamiento legislativo dentro del bloque.

En tanto, Alemania y Brasil parecen estar alineados en su disposición a lograr que el acuerdo avance. A principios de julio, el gobierno brasileño asumió la presidencia pro témpore del Mercosur, tras la cumbre que tuvo lugar en Buenos Aires. En este marco, la firma del acuerdo sería el principal objetivo de Brasilia antes de que finalice su presidencial temporal, a finales de este año.

La semana pasada, el representante de la Delegación de la Unión Europea en Brasil, Jean Pierre Bou, fue consultado sobre las demandas de Francia de reabrir las negociaciones para introducir cláusulas que ofrezcan garantías a sus agricultores. Frente a corresponsales extranjeros, el diplomático europeo afirmó que la fase de negociación ya fue cerrada, y que según la información disponible, no hay intención de reabrirla, a pesar de la insistencia del gobierno de Macron.

En un nuevo episodio de tensiones diplomáticas con un líder sudamericano, el presidente de Estados Unidos amenazó a la segunda economía más grande del continente con la imposición de un arancel del 50%, alegando «prácticas desleales» en la política comercial de Brasil.

En paralelo, Trump exigió el fin del juicio al exmandatario Jair Bolsonaro, acusado de intentar dar un golpe de Estado tras su derrota electoral en 2022. En una carta dirigida al gobierno de Lula, el líder norteamericano se refirió a Bolsonaro como una «víctima de persecución política» y al proceso judicial llevado en su contra como una «caza de brujas».

Bajo el argumento de que los términos de intercambio entre ambos países son «injustos», Trump anunció un arancel del 50% que comenzará a regir a partir del 1 de agosto, y advirtió que la situación puede escalar si Brasil toma represalias.

Por favor comprenda que estos aranceles son necesarios para corregir los muchos años de políticas y barreras arancelarias y no arancelarias de Brasil, que han causado estos insostenibles déficits comerciales contra los Estados Unidos. Este déficit es una gran amenaza para nuestra economía y, de hecho, para nuestra seguridad nacional. Además, debido a los continuos ataques de Brasil a las actividades digitales de las empresas estadounidenses, así como a otras prácticas comerciales desleales, estoy ordenando al Representante Comercial de los Estados Unidos, Jamieson Greer, que inicie de inmediato una investigación según la Sección 301 sobre Brasil.

Por su parte, el presidente brasileño dijo en sus redes sociales que «cualquier aumento arancelario unilateral será abordado a la luz de la Ley Brasileña de Reciprocidad Económica». Adicionalmente, Brasilia citó al representante diplomático de Estados Unidos para que dé explicaciones sobre las declaraciones de Washington.

Finalmente, en la carta enviada a Lula, Trump señaló que si el gobierno brasileño abre sus mercados y elimina barreras arancelarias y no arancelarias, la decisión podría reconsiderarse, añadiendo que las tarifas podrían ser modificadas, «hacia arriba o hacia abajo», dependiendo de las relaciones entre ambos gobiernos.

En un nuevo episodio de tensión diplomática entre Estados Unidos y Colombia, los gobiernos de Donald Trump y Gustavo Petro llamaron a consultas a sus respectivos representantes. El Departamento de Estado, encabezado por Marco Rubio, citó al Encargado de Negocios de la Embajada estadounidense en el país sudamericano, John McNamara.

La vocera del Departamento de Estado, Tammy Bruce, dijo en un comunicado que el máximo representante de Washington en Bogotá fue llamado «para consultas urgentes luego de declaraciones infundadas y reprensibles de los más altos niveles del gobierno de Colombia». Adicionalmente, añadió que Estados Unidos tomará más medidas para dejar clara su «profunda preocupación por el estado actual de la relación bilateral».

Tras la decisión del gobierno de Trump, Gustavo Petro anunció vía X que llamaría a consultas a su Embajador en Washington, Daniel García Peña. «Debe venir a informarnos del desarrollo de la agenda bilateral», escribió el mandatario colombiano en sus redes sociales.

Estados Unidos no dio detalles sobre los motivos puntuales de la decisión, que se suma a una serie de fricciones que vienen deteriorando las relaciones bilaterales de Washington y Bogotá desde hace meses. El primer desencuentro tuvo lugar a finales de enero de este año, cuando Trump y Petro tuvieron un cruce por la deportación de migrantes colombianos en Estados Unidos.

En aquella ocasión, el mandatario norteamericano suspendió temporalmente los servicios consulares después de que Petro se negara a autorizar que aviones militares estadounidenses aterricen en Colombia para devolver a los migrantes a su país de origen. Luego de un ida y vuelta de amenazas entre ambos presidentes, un acuerdo diplomático logró desescalar las tensiones y evitar un enfrentamiento comercial entre los dos países.

El mes pasado, Marco Rubio lanzó duras críticas contra el gobierno de Petro tras el intento de asesinato al senador colombiano y precandidato presidencial Miguel Uribe. Según el Secretario de Estado de Trump, el hecho fue «resultado de la violenta retórica izquierdista proveniente de los niveles más altos del gobierno colombiano».

Esta semana, la fiscalía colombiana abrió una investigación acerca de un presunto complot para derrocar a Petro, con ayuda de políticos locales y estadounidenses. Al respecto, el mandatario latinoamericano aseguró que se trata de «una conspiración con el narcotráfico y, al parecer, la extrema derecha colombiana y estadounidense».

En paralelo a este nuevo cruce entre Washington y Bogotá, el día jueves presentó su renuncia la Canciller del gobierno colombiano, Laura Sarabia. A través de una carta dirigida a Petro, la ex funcionaria explicó los motivos de su decisión:

En los últimos días, se han tomado decisiones que no comparto, y que por coherencia personal y respeto institucional, no puedo acompañar. No se trata de diferencias menores ni de quien tiene la razón. Se trata de un rumbo que, con todo el afecto y respeto que le tengo, ya no me es posible ejecutar.

Una nueva ola de protestas y bloqueos de ruta en Bolivia dejó en la noche de ayer un saldo de tres policías fallecidos. Así lo confirmó el Comando Departamental de la Policía de Potosí, que comunicó la muerte del segundo sargento Jesús Alberto Mamani Morales, perteneciente a una unidad de bomberos, tras una emboscada llevada a cabo contra los uniformados por manifestantes afines a Evo Morales.

Previamente, la fuerza policial del país andino ya había confirmado el deceso de los subtenientes Brayan Jorge Barrozo Rodríguez y Carlos Enrique Apata Tola. El primero murió tras una herida causada por un arma de fuego, mientras que el segundo fue «brutalmente golpeado y su cuerpo abandonado a orillas de un río» según relatan medios locales.

Los hechos tuvieron lugar en el marco de los disturbios causados por los seguidores de Evo Morales, quienes reclaman la habilitación del exmandatario para presentarse como candidato a las elecciones, a la vez que exigen la renuncia de Luis Arce. A comienzos de esta semana, el gobierno presentó una denuncia contra Morales por terrorismo, incitación a actos delictivos y otros delitos. Tras la denuncia presentada contra el expresidente, sus seguidores realizaron nuevos bloqueos de rutas y manifestaciones violentas que dejaron decenas de heridos.

Adicionalmente, los acontecimientos de esta semana forman parte de un ciclo de violencia y caos social que comenzó en 2024, cuando la Fiscalía de la región de Tarija emitió una orden de detención contra Evo Morales por abuso sexual y trata de personas. En aquella ocasión, los partidarios del exmandatario iniciaron una ola de bloqueos de carreteras en defensa del dirigente, quien desde entonces se ha enfrentado política y mediáticamente a su sucesor Luis Arce, reflejando no sólo el descontento social producto de la crisis económica, sino también la ruptura en el seno del Movimiento Al Socialismo (MAS).

La Fiscalía General de Bolivia anunció el día de ayer la apertura de una investigación penal contra el Evo Morales luego de que el gobierno boliviano presentara una denuncia en la que se acusa al exmandatario de numerosos delitos, entre ellos «terrorismo», «instigación pública a delinquir» y «atentados contra la seguridad de los servicios públicos».

La denuncia se basa en un video difundido recientemente por un excolaborador de Morales, en el que se escucha la que presuntamente es la voz del expresidente dándole instrucciones a uno de sus seguidores para cortar rutas en el marco de las protestas que vienen realizando sectores «evistas».

Según el fiscal general Roger Mariaca, el Ministerio Público ha decidido admitir la denuncia y dar inicio formal al proceso de investigación. «Se ha determinado admitir esta denuncia, lo que llama a iniciar una investigación», afirmó Mariaca. El delito de terrorismo, el más grave de los imputados, contempla penas de entre 15 y 20 años de prisión.

Por su parte, Evo Morales negó la veracidad de la grabación y acusó al gobierno de Arce de montar un caso en su contra para desprestigiarlo políticamente. «Están usando falsos perfiles y herramientas de inteligencia artificial para fabricar pruebas», aseguró un senador aliado del líder cocalero.

La apertura de esta nueva causa profundiza la crisis interna del oficialismo boliviano, donde las tensiones entre el presidente Arce y Evo Morales, antiguos aliados dentro del Movimiento al Socialismo (MAS), se han intensificado en los últimos meses. Desde su inicio, esta disputa derivó en manifestaciones, protestas y bloqueos de rutas que han mantenido al país andino en una profunda crisis económica.

Este domingo, se llevaron a cabo en México las primeras elecciones judiciales, luego de la aprobación de una controversial reforma que establece el sufragio popular como mecanismo de designación de los magistrados. La legislación impulsada por el expresidente López Obrador y continuada por su sucesora Claudia Sheinbaum, le permite a la ciudadanía elegir a sus jueces, en un país donde los intereses del narco pesan en las urnas.

En total fueron elegidos 2.600 miembros del poder judicial, y se definieron 881 cargos en la justicia federal, entre ministros de la Suprema Corte, magistrados de un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, magistrados electorales, magistrados de circuito y jueces de distrito. Los resultados estarán disponibles cerca del 15 de junio.

El Instituto Electoral de México estima que entre el 12,57 % y el 13,32 % de los votantes habilitados fueron a votar. De este modo, menos de un cuarto del padrón acudió a las urnas para elegir a sus jueces, en medio de preocupaciones por la futura independencia del poder judicial y la procedencia de algunos candidatos.

En esta línea, la antesala de las elecciones estuvo marcada por la polémica desatada luego de que se diera a conocer que entre las boletas habría personas vinculadas al narcotráfico, como Leopoldo Chávez, quien pasó casi seis años en una prisión estadounidense y se presentó como candidato para juez federal.

Del mismo modo, en el Estado de Nuevo León, se postuló para ocupar el cargo de juez federal Fernando Escamilla, quien asesoraba a los abogados del cartel de los zetas. «¿Ser asesor en derecho internacional o de extradición te da mala reputación pública? No lo creo, ya que es lo único que demuestra que tienes la capacidad y el conocimiento para manejar este tipo de situaciones» declaró en una entrevista el controversial candidato.

A una semana de la votación, una ONG mexicana dedicada a la protección de los derechos humanos, aseguró que se identificaron al menos 20 candidatos que presentan vínculos con el narcotráfico, incluído un abogado defensor que trabajó para el Chapo Guzmán. En consonancia, los críticos de la reforma alegan que se corre el riesgo de eliminar los controles sobre el partido oficialista y permitir que el crimen organizado tenga mayor influencia sobre el poder judicial.

Un sujeto acudió a las oficinas del Servicio General de Identificación Personal (SIGEP) en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para tramitar un nuevo documento. Pero al momento de realizar la solicitud, el sistema detectó irregularidades que alertaron a las autoridades.

Tras efectuar las averiguaciones pertinentes, los funcionarios del SIGEP pudieron verificar que el hombre en cuestión ya tenía tres identidades distintas registradas en el sistema, por lo que fue detenido por la policía y posteriormente trasladado a las oficinas de Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

“Lo más preocupante es determinar si el certificado de nacimiento que presentó corresponde a una persona fallecida o si fue obtenido de manera fraudulenta. Las investigaciones ya están en curso y se han elaborado los informes correspondientes” dijo una fuente policial a los medios locales.

Según reportaron medios bolivianos en el marco de este suceso, hasta el momento se han registrado más de 900 casos de personas con múltiples identidades, de los cuales 193 presentan alertas de Interpol.

El gobierno de Donald Trump anunció esta semana una recompensa de hasta USD 10 millones por información que permita identificar y desarticular las operaciones financieras de Hezbolá en la región de la Triple Frontera (Brasil, Paraguay y Argentina).

Según el comunicado oficial del Departamento de Estado, la organización terrorista obtiene ganancias en la zona a través de numerosas actividades delictivas.

En la Triple Frontera, los financistas y facilitadores de Hezbolá generan ingresos para la organización terrorista mediante actividades ilícitas como el lavado de dinero, narcotráfico, contrabando de carbón y petróleo, comercio ilegal de diamantes, contrabando de bienes —incluidos dinero en efectivo, cigarrillos y productos de lujo—, así como falsificación de documentos y dólares estadounidenses. También obtienen ingresos de actividades comerciales legales en América Latina, como la construcción, importación y exportación de mercancías y la venta de bienes raíces.

De este modo, las autoridades estadounidenses buscan datos que permitan localizar fuentes de ingreso de la organización o mecanismos financieros clave para sus operaciones; donantes o facilitadores financieros; instituciones financieras o casas de cambio que colaboren con el grupo terrorista; empresas bajo control directo o indirecto de Hezbolá; empresas pantalla utilizadas para adquirir tecnología de doble uso; y redes delictivas ligadas a simpatizantes que generen fondos para la organización.

En el marco de la feria internacional de defensa y seguridad LAAD 2025, realizada en Río de Janeiro, la Marina de Brasil firmó junto a la Royal Navy una carta de intención para incorporar los dos buques de asalto anfibio dados de baja por el Reino Unido, según informó el portal oficial de noticias de la Armada brasileña.

El acuerdo se formalizó en el año que marca el bicentenario de las relaciones diplomáticas entre Brasil y el Reino Unido, y la adquisición de buques británicos representa un refuerzo significativo para el poder naval brasileño. Esta clase de buques se destaca por su capacidad para realizar operaciones humanitarias, responder a emergencias y calamidades públicas, así como brindar apoyo a la Defensa Civil y desempeñar su clásico papel de proyección de poder. 

Se trata del HMS Albion y el HMS Bulwark, plataformas que supieron ser la punta de lanza de las fuerzas de desembarco anfibio de la Armada británica. Diseñados para proyectar fuerzas desde el mar hacia tierra mediante el despliegue de tropas y vehículos, pueden transportar hasta 400 marines y una amplia variedad de medios, desde blindados hasta aeronaves de ala rotatoria. Asimismo, cuentan con cubierta inundable para operar lanchas de desembarco y una plataforma para helicópteros medianos o pesados, como el CH-47 Chinook.

Construidos para reemplazar a los buques de la clase Fearless, entraron en servicio en 2003 y 2005. Y en noviembre del año pasado, el ministro de defensa británico anunció que serían dados de baja (una década antes de lo previsto) como parte de una medida destinada a ahorrar dinero en medio de constantes recortes presupuestarios.

Pocos meses luego del anuncio, comenzó a circular extraoficialmente el rumor de que los dos gemelos de la clase Albion podían llegar a ser vendidos a la Marina de Brasil. Finalmente, a comienzos de abril, la Armada brasileña hizo público su deseo de adquirir ambos buques para fortalecer las capacidades de su infantería de marina.

En esta línea, el almirante Edgar Luiz Siqueira Barbosa declaró: «Hemos constatado la necesidad de que los buques de la Armada apoyen a la población durante las diversas calamidades ocurridas debido a catástrofes climáticas, como las inundaciones ocurridas en San Pablo en 2023 y en Rio Grande do Sul en 2024».

El Secretario de Defensa de Trump viajó esta semana al país centroamericano para reafirmar el control estadounidense sobre el Canal de Panamá. Tras arribar el lunes por la noche, se reunió el martes con el presidente José Raúl Mulino. Este último, ha negado en reiteradas ocasiones que Beijing influya en el funcionamiento del canal, e insiste en que es «y seguirá siendo de Panamá».

Luego de mantener conversaciones con el gobierno local, Hegseth prometió fortalecer la cooperación en materia de seguridad con las autoridades panameñas, advirtiendo que Washington no le permitirá a China «utilizar el canal como arma». En esta línea, el funcionario de Trump sostuvo que «las empresas chinas siguen teniendo control sobre la infraestructura crítica en la zona del canal», lo que le daría a Bejing capacidad de realizar actividades de espionaje.

Tras las acusaciones de Donald Trump sobre la influencia china en la ruta interocéanica, la delegación de Beijing en Panamá sostuvo en un comunicado que «China nunca ha estado involucrada en la gestión y operación del Canal de Panamá, ni jamás ha interferido en los asuntos del canal».

Pete Hegseth es el primer Secretario de Defensa en visitar Panamá en décadas, y el segundo funcionario de alto rango que llega al país tras el regreso de Trump a la Casa Blanca. El primero fue Marco Rubio, del Departamento de Estado, quien se reunió con el gobierno panameño en el mes de febrero. En aquella oportunidad, la máxima autoridad diplomática de Washington le dio un ultimátum al presidente Mulino, advirtiéndole que Estados Unidos tomaría las medidas necesarias si Panamá no emprendía «acciones inmediatas para poner fin a la influencia y el control del Partido Comunista Chino sobre el canal».

Tras la presión ejercida por Washington, el mandatario centroamericano resolvió sacar al país de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, a la que Panamá se había adherido en 2017, y ordenó una auditoría para revisar una concesión a 25 años (renovada en 2021) para la operación de puertos en ambos extremos del canal, al conglomerado empresarial chino CK Hutchison Holdings, con sede en Hong Kong. Del mismo modo, se mostró dispuesto a colaborar con la administración Trump en el marco de su política migratoria.

Según informaron medios locales, a mediados de marzo se realizó un encuentro entre el viceministro boliviano de Minerales Tecnológicos, Ismael Charly Rodríguez, y el embajador iraní en Bolivia, Bahram Sharabeddin, junto a representantes del sector minero de ambos países.

Dicha reunión marcó el inicio de las conversaciones entre La Paz y Teherán para alcanzar un acuerdo de cooperación en materia de exploración y explotación de minerales estratégicos. A través de un comunicado, el Ministerio de Minería y Metalurgia del país andino afirmó que ambas partes «intercambiaron ideas y experiencias con miras a la explotación y la industrialización de tierras raras de uso tecnológico en el país por medio de inversiones, cooperación científica y capacitación».

«Estamos trabajando en tres áreas principales: investigación científica conjunta, cooperación técnica especializada y posibles inversiones de empresas iraníes en proyectos bolivianos» declaró Ismael Rodríguez en una conferencia de prensa posterior.

En esta línea, el funcionario del gobierno de Luis Arce explicó que Bolivia cuenta actualmente con dos yacimientos donde se llevan a cabo actividades de exploración y explotación, uno en Cochabamba, que abarca 16.000 hectáreas, y otro en Santa Cruz, con unas 12.000 hectáreas aproximadamente. En ambas locaciones pueden encontrarse elementos como lantano, neodimio y europio.

Las denominadas «tierras raras» constituyen un grupo de 17 elementos químicos considerados estratégicos por su importancia para la tecnología moderna y la transición energética. Se trata de minerales difíciles de encontrar en forma pura y en cantidades económicamente rentables de explotar.

En la noche del martes, el presidente colombiano Gustavo Petro comunicó a través de sus redes sociales que la aeronave seleccionada para reequipar a la Fuerza Aeroespacial Colombiana es el JAS 39 Gripen de fabricación sueca.

«Después de la carta de intención firmada por el gobierno del Reino de Suecia, y de aprobar la defensa aérea estratégica del país como proyecto priorizado informo: Los flota de aviones que se adquirirá, es completamente nueva, ultima tecnología, ya implementada en Brasil, y son de la marca Saab 39 Gripen» afirma el comunicado del mandatario colombiano.

De este modo, los Gripen reemplazarían a los viejos Kfir de fabricación israelí de la aviación colombiana, que de concretarse el acuerdo, será la segunda fuerza en Latinoamérica en operar el emblemático caza sueco, detrás de Brasil.

El ministro de defensa colombiano, Pedro Sánchez, dijo que el gobierno seleccionó al Saab 39 Gripen, «un avión completamente nuevo y equipado con tecnología de vanguardia» luego de más de una década de estudios y evaluaciones para elegir el reemplazo de los aviones Kfir, que llevan más de 30 años en servicio. «El siguiente paso es la formalización contractual para que esta capacidad estratégica esté disponible lo antes posible» afirmó el funcionario de Petro.

Según el comunicado de Petro, la carta de intención firmada junto al gobierno sueco, incluye un esquema de compensación en materia de inversión social, que contempla el establecimiento de una fábrica de paneles solares, la instalación de agua potable en algunas zonas del departamento de Guajira, y la provisión de equipos tecnológicos para uso médico en el hospital San Juan de Dios, en Bogotá.

Bolivia atraviesa una aguda crisis socioeconómica debido a la escasez de combustible y la falta de dólares. A comienzos de esta semana, se realizaron dos marchas para reclamarle acciones al gobierno de Luis Arce, en medio de episodios de convulsión política y el constante aumento de los bienes de consumo básico.

Pobladores de la ciudad de El Alto, se congregaron para marchar hacia La Paz, aglomerándose en las afueras de la sede del Poder Ejecutivo, al grito de «Nos estamos muriendo de hambre». El gobierno resolvió vallar las entradas al edificio de forma preventiva, y los manifestantes arrojaron basura a los policías, quienes respondieron con gases lacrimógenos. También se produjeron protestas en Santa Cruz de la Sierra.

Los ciudadanos de la localidad de El Alto, organizados en torno a las Juntas Vecinales, marcharon a la capital para entregarle al gobierno de Luis Arce una serie de demandas orientadas a paliar los efectos de la crisis económica, signada por el desabastecimiento de combustible y la falta de dólares. Asimismo, le exigieron al Poder Ejecutivo mayor austeridad fiscal y la reducción de los salarios de los funcionarios de mayor jerarquía.

Uno de los dirigentes sociales presentes en la movilización del lunes, Juan Saucedo, manifestó que «no solo es el tema de la canasta familiar, no solo es la escasez de combustible, también exigimos la reducción de sueldos. Lamentablemente, estamos en una situación crítica, por lo tanto, tiene que compartir este dolor y hambre con pueblo». «Estamos sufriendo, estamos muriendo de hambre en El Alto, por eso estamos en las calles» añadió Saucedo.

Entre las exigencias de los manifestantes para afrontar los efectos de la crisis, se incluye un pedido a los miembros del Poder Legislativo para que aprueben una ley que permita la libre importación de combustible, ya que la producción local no es capaz de abastecer la demanda. Sin embargo, la importación también se ve obstaculizada ante la creciente falta de divisas, por lo que el gobierno de Luis Arce dictó medidas destinadas a reducir el consumo de gasolina, mientras los bolivianos hacen largas colas para intentar conseguir combustible, en medio de protestas y medidas de fuerza de movimientos sociales.

Diego Pary, ex representante permanente del Estado Boliviano ante la Organización de las Naciones Unidas, reveló que el país andino perdió temporalmente su derecho a voto en la Asamblea General debido a la recurrente falta de pago de la cuota de membresía.

En esta línea, el ex diplomático boliviano brindó declaraciones sobre su salida y distanciamiento del gobierno de Luis Arce, y entre otras, criticó la falta de compromiso de la administración actual con los espacios de diplomacia multilateral, como la ONU.

Respecto a la pérdida del derecho a voto de Bolivia en la Asamblea General, Pary sostuvo que la situación se debió a una gestión ineficiente por parte del gobierno. “El monto mínimo que debía pagarse hasta diciembre de 2024 era de USD 780 mil, pero no se canceló y, desde el 1 de enero, Bolivia no puede votar” afirmó el ex funcionario de Luis Arce y Evo Morales.

Asimismo, añadió que solamente cuatro países no han pagado su cuota de membresía, Afganistán, debido a su situación interna, Venezuela, con motivo de las sanciones internacionales que recaen sobre el régimen bolivariano, Santo Tomé, un país pequeño, y Bolivia. En tanto, señaló que Haití si ha cumplido con el pago de su cuota, «lo que hace más llamativa nuestra situación» manifestó Pary.

El artículo 19 de la Carta de la ONU establece que «el miembro de las Naciones Unidas que esté en mora en el pago de sus cuotas financieras para los gastos de la organización, no tendrá voto en la Asamblea General, cuando la suma adeudada sea igual o superior al total de las cuotas adeudadas por los dos años anteriores completos.»

Según un documento remitido por el Secretario General de la ONU a la Presidencia de la Asamblea General, el pago mínimo que Bolivia debe efectuar para cumplir con las condiciones necesarias para ejercer su derecho al voto, aún debiendo dinero, es de USD 772 mil.

Este miércoles Trump ordenó suspender un acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela que le otorgaba a Chevron una concesión para extraer hidrocarburos en el país sudamericano. Según el presidente, la decisión se debe a que el régimen bolivariano no ha mostrado avances en materia de reformas electorales y tampoco ha recibido muchos migrantes.

El acuerdo en cuestión había sido firmado en 2022, durante la administración Biden, como parte de un conjunto de medidas orientadas a suavizar las sanciones sobre el gobierno venezolano para incentivar la realización de elecciones libres y democráticas. Pero más tarde, el antecesor de Trump restableció las sanciones debido a la falta de resultados por parte del régimen de Maduro. Sin embargo, la licencia concedida a Chevron había permanecido intacta.

La concesión otorgada a Chevron y otras compañías extranjeras de la industria del petróleo le habían proporcionado al gobierno venezolano una importante fuente de ingresos desde comienzos del 2023. Tanto la producción anual como las exportaciones aumentaron debido a las licencias concedidas por Washington, por lo que la nueva medida de Trump es un duro golpe para Maduro.

«El gobierno de Estados Unidos ha tomado una decisión dañina e inexplicable al anunciar sanciones contra la empresa estadounidense Chevron» sostuvo a través de su cuenta de Telegram la vicepresidente venezolana Delcy Rodríguez. Por su parte, Trump apuntó contra el régimen bolivariano por el incumplimiento de las «condiciones electorales» que demandaba el acuerdo, y dijo que Maduro no está repatriando a sus migrantes al ritmo que se había acordado.

Bolivia entró en una debacle política y económica en la segunda mitad del año pasado, signada por el enfrentamiento entre Evo morales y el gobierno, debido a las órdenes de arresto en contra del expresidente por delitos de abuso sexual y trata de personas, medida que desencadenó la serie de acontecimientos que ocuparon el centro de la agenda pública del país andino durante el 2024. Intentos de asesinato, tomas de cuarteles por parte de manifestantes, bloqueos de rutas prolongados, desabastecimiento de productos de consumo básicos, enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los seguidores de Evo Morales, fueron algunos de los episodios que dieron forma a la coyuntura política actual de Bolivia.

Sin embargo, todos estos acontecimientos derivan de una causa principal: la disputa en el seno del Movimiento Al Socialismo (MÁS) de cara a las elecciones presidenciales de agosto y octubre de este año. La confrontación mediática y política que profundizó la crisis económica del país, no fue una puja entre oficialismo y oposición, ya que los bandos en pugna, personificados en Luis Arce y Evo Morales, pertenecen al mismo partido, y el objeto de la disputa no es otra cosa que la fórmula presidencial que representará al MAS.

En este marco, mientras Evo Morales se enfrenta a la tercera orden de aprehensión en menos de un año (la primera orden fue emitida en octubre pasado), detrás de cámaras el exmandatario mantiene negociaciones con el presidente Luis Arce para conformar una candidatura unida del MAS. Según afirman fuentes locales, los dos dirigentes orquestaron una puesta en escena para «amenazarse» entre ellos y hacerle creer a la ciudadanía que podrían romper las negociaciones, mediante la creación de dos partidos nuevos, llamados «MORENA» y «Nueva Generación Patriótica». Por el momento, el nombre que más estaría resonando para encabezar la candidatura sería Andrónico Rodríguez, dirigente cocalero y actual presidente del Senado boliviano. Mientras tanto, lo que estaría trabando las negociaciones es la definición del vicepresidente.

En un encuentro secreto en la ciudad de Sucre, Evo Morales propuso para acompañar a Andrónico Rodríguez a Eduardo Rodríguez Veltzé, ex presidente interino del país entre 2005 y 2006. A contramano, Arce quiere encabezar la fórmula él mismo, con Andrónico Rodríguez como su vice, bajo el supuesto de que una vez en el poder sería fácil alejar a Rodríguez de Morales. Además, el actual presidente creyó que Evo accedería pensando que si Arce asume y la economía empeora, una eventual renuncia dejaría a Andrónico Rodríguez como presidente, pudiendo convertirlo en un títere suyo.

No obstante, Evo Morales tendría presente que si Rodríguez acepta la vicepresidencia, sería perjudicado por la impopularidad actual de Arce, arriesgándose a una derrota y dejando que la oposición gane fácilmente. Por otro lado, la fórmula Arce-Rodríguez sería una propuesta del presidente para complacer al MAS, ya que el verdadero candidato buscado por Luis Arce sería Manfred Reyes Villa, el alcalde de Cochabamba. Por su parte, Andrónico Rodríguez, la cara del recambio generacional en el MAS, también habría intentado agrandar su lista de opciones, buscando otro partido al que pueda controlar y de esa forma ejercer influencia sobre Arce y Morales, pero esta maniobra no tuvo resultado, y ahora el presidente del Senado debe decidir si irse con uno u otro, y así entre los dos someter al tercero. Un tercer escenario, aunque poco probable, sería que Arce y Morales unan fuerzas para neutralizar a Rodríguez.

En cuanto a la oposición, en esta oportunidad está mucho mejor organizada que el oficialismo, que se encamina a las elecciones partido al medio. De cara a agosto, se conformó el Bloque de Unidad entre el ex presidente Carlos Mesa, el ex presidente Jorge Quiroga, el ex gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho, y el líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina. En los próximos meses se llevará a cabo una encuesta para elegir al candidato que representará a la oposición en octubre. Si bien el candidato opositor tendría muchas probabilidades de ganar debido a la unidad del bloque, un importante factor a tener en cuenta es la alianza «AMAR», encabezada por un pastor de origen boliviano-coreano llamado Chi Hyun Chung, catalogado como populista de extrema derecha. Con una postura en contra de la política tradicional, tendría la capacidad de quitarle votos tanto al MAS como al Bloque de Unidad de la oposición, ocupando el segundo lugar en las encuestas actualmente.

Este jueves, el presidente brasileño aseguró que habrá reciprocidad en caso de que su contraparte norteamericana cumpla su promesa de imponer aranceles a los productos brasileños. «Si él impone aranceles a los productos brasileños, habrá reciprocidad por parte de Brasil al imponer aranceles a los productos estadounidenses, así de simple, no hay ninguna dificultad» declaró el mandatario. Adicionalmente, calificó como un «retroceso para la humanidad» la salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud y el Acuerdo de París sobre el cambio climático.

No obstante, Lula manifestó su intención de fortalecer la cooperación con Washington y aumentar el flujo de intercambios comerciales. En tanto, remarcó que el nuevo presidente debe respetar la soberanía de los otros países, y subrayó que Trump fue elegido para gobernar Estados Unidos, al igual que él fue designado para liderar al Estado brasileño. En este sentido, durante la primera reunión del año de su gabinete, Lula expresó su deseo de que «los estadounidenses continúen siendo los socios históricos de Brasil porque, de nuestra parte, no queremos pelea ni con Venezuela, ni con los estadounidenses, ni con China, ni con la India, ni con Rusia».

Por su parte, Trump, que convirtió a los aranceles en una herramienta geopolítica, incluyó a Brasil en el grupo de países que considera «creadores de aranceles» y a quienes acusa de querer perjudicar a Estados Unidos. «Vamos a imponer aranceles a países que realmente quieren perjudicarnos. China es un tremendo creador de aranceles, India, Brasil y tantos otros países», declaró el presidente durante un evento realizado esta semana.

Esta semana se desató una espiral de violencia en la ciudad de Goma, República Democrática del Congo, a raíz de una nueva ofensiva del grupo rebelde M23, quien ingresó en la ciudad provocando enfrentamientos armados con el ejército congoleño y milicias pro-gubernamentales. En este marco, las fuerzas de paz de la ONU estacionadas en la zona, se vieron involucradas en el conflicto.

Este lunes, el Ejército del país rioplatense informó que dos militares uruguayos miembros de la Misión de Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO) sufrieron heridas leves en Goma, a raíz del avance rebelde. Estos últimos, se habrían hecho con el control del aeropuerto, ubicado junto a la base uruguaya. Previamente, el día sábado, habían resultado heridos otros cuatro uruguayos luego de que un proyectil impactara el blindado en el que viajaban, terminando con la vida del conductor.

El mandatario uruguayo, Luis Lacalle Pou, expresó vía X su «más sentido pésame» por el fallecimiento del soldado Rodolfo Álvarez, de 39 años edad. Por su parte, el general uruguayo Mario Stevenazzi señaló que se trató de un ataque de «enorme precisión», y empleando medios que superan los que tienen las tropas de la ONU en el lugar. Adicionalmente, el Ministro de Defensa mencionó que se trata de la baja número 11 que ha tenido Uruguay en la zona, en los 23 años que lleva formando parte de MONUSCO, y que actualmente hay más de 750 efectivos.

En tanto, el día de ayer circularon en redes imágenes de ciudadanos congoleños ingresando en la base uruguaya, aparentemente buscando refugio en medio de los enfrentamientos. En los impactantes videos viralizados se observa a los cascos azules uruguayos esforzándose por controlar a una multitud que trata de entrar a la base, sosteniendo la puerta mientras los hacen ingresar de a uno para poder revisarlos, en medio del caos y disparos de fondo.

Este fin de semana, Donald Trump tuvo uno de los primeros choques diplomáticos de su segundo mandato presidencial. En el marco de su dura política migratoria, con despliegues militares en la frontera sur y aeronaves de la fuerza aérea estadounidense trasladando inmigrantes ilegales de regreso a sus países de origen, Gustavo Petro desautorizó el aterrizaje de dos vuelos de repatriación de ciudadanos colombianos que residían ilegalmente en Estados Unidos. «No pueden tratar como delincuentes a los migrantes colombianos» fueron las palabras del mandatario, cuyas críticas se suman a las del gobierno brasileño. Este último, informó este domingo que le pedirá explicaciones a Washington por el trato dado a sus ciudadanos durante un vuelo de repatriación.

El accionar de Petro provocó una rápida respuesta del otro lado del continente. Tras ser informado de la situación, Donald Trump se manifestó a través de sus redes sociales y calificó la decisión como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Asegurando que los vuelos trasladaban un gran número de «criminales ilegales», el presidente anunció un paquete de medidas urgentes, que contempla tarifas de emergencia del 25% a todos los productos colombianos (que aumentarán al 50% en el plazo de una semana), prohibiciones de viajes y revocación de visas para funcionarios del gobierno colombiano y sus «aliados», inspecciones más rigurosas a ciudadanos de Colombia, y sanciones financieras y bancarias.

Las contundentes palabras de Trump surtieron efecto rápidamente, y algunas horas más tarde, el gobierno colombiano anunció que Gustavo Petro pondrá el avión presidencial a disposición del «retorno digno de los connacionales». El mismo comunicado, anticipa que Colombia impulsará el abordaje de cuestiones como la cooperación en materia migratoria, durante la próxima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que tendrá lugar el jueves 30 de enero.

Asimismo, el gobierno de Colombia mantiene conversaciones activas con el gobierno de los Estados Unidos, buscando acuerdos que aseguren condiciones mínimas de respeto y trato digno para los compatriotas durante los procesos de deportación, reconociéndolos como sujetos de derecho.

Mientras tanto, un reclamo similar provino de Brasil, quien calificó de «degradante» el trato dado a sus ciudadanos en un vuelo de repatriación, y anticipó que pedirá explicaciones al gobierno de Estados Unidos. Según informó la Cancillería brasileña, los individuos deportados habían sido esposados, lo cual fue considerado una «falta de respeto» y una medida que va en contra de lo dispuesto en el acuerdo bilateral que regula este tipo de traslados. Por su parte, el gobierno de Donald Trump justificó la situación afirmando que se trata de un protocolo de seguridad, y que no dejará de hacerlo.

El avión que transportaba a ciudadanos brasileños con destino a Belo Horizonte debió aterrizar en Manaos por problemas técnicos, y allí fue donde la policía local logró advertir que los pasajeros iban esposados, tras lo cual le pidió a los agentes estadounidenses que retirasen las esposas. Adicionalmente, el presidente Lula Da Silva ordenó que los migrantes repatriados continuaran el viaje en un avión de las Fuerzas Armadas brasileñas.

Esta semana el gobierno de Venezuela cerró de manera temporal su frontera con Brasil debido al inicio de una serie de ejercicios cívico-militares que serán realizados a lo largo de todo el territorio bajo el título «Escudo bolivariano». Se trata del segundo cierre de fronteras en menos de un mes.

En este marco, en la tarde del miércoles se registraron imágenes de efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), operando en la zona de la frontera con Brasil. En los videos que circularon en las redes sociales, se observa al personal militar venezolano traspasar la frontera e ingresar en jurisdicción brasileña, mientras la persona que graba afirma «están prácticamente en el lado brasileño».

Por el momento, el gobierno de Brasil no se ha pronunciado al respecto, mientras miembros de los servicios de inteligencia bolivarianos se desplazan a través de la frontera, aparentemente sin autorización, en el marco de ejercicios militares.

El cambio de proveedor por el que optaron recientemente los importadores chinos de soja, enfrenta algunos obstáculos de momento, ya que numerosos cargamentos de oleaginosas brasileñas que iban a ser exportados al gigante asiático, se encuentran paralizados por no cumplir con requisitos fitosanitarios. Esta situación tiene lugar en medio del fortalecimiento de la posición de Brasil en el mercado internacional de soja, a expensas de los Estados Unidos. Y según informó Reuters, el problema afecta a cinco entidades brasileñas; Terra Roxa, Olam, C.Vale, Cargill y ADM.

Las fuentes consultadas por la agencia de noticias, dijeron que se habían encontrado algunos cargamentos con contaminación química, plagas o insectos. En virtud de esta irregularidad, a comienzos de enero Brasil suspendió los envíos a China de Terra Roxa, Olam Brasil y C.Vale Cooperativa Agroindustrial, firmas que se encuentran entre los mayores proveedores de Pekín. Algunos días más tarde, ya a mediados de este mes, las aduanas chinas suspendieron los envíos de Cargill Agricola SA y ADM do Brasil.

Por el momento no se conoce cuando tiempo durará la suspensión, pero los comerciantes prevén que finalizará a corto plazo. En tanto, la resolución del problema y la reanudación de los envíos de soja, está en manos de las empresas brasileñas, que ahora deben realizar las tareas necesarias para adecuar los cargamentos a los requisitos fitosanitarios.

El regreso de Trump empuja a China a optar por la soja brasileña

Con la llegada de Trump a la Casa Blanca y las perspectivas de un recrudecimiento de la guerra comercial entre Washington y Pekín, los compradores chinos comenzaron a inclinarse por importar soja brasileña en vez de estadounidense. De este modo, optan por oleaginosas a precios más baratos y evitan al riesgo de quedar en el fuego cruzado de una eventual guerra arancelaria entre Estados Unidos y China, que recibe el 60% de toda la soja que se exporta en el mundo. El gran ganador de esta situación venía siendo Brasil, que en el primer trimestre del 2024 aportó el 54% de las importaciones chinas de soja, mientras que los envíos estadounidenses representaron un 38%.

En 2016, las oleaginosas de Estados Unidos constituían el 40% de las importaciones chinas de soja, y las de Brasil un 46%. Para los primeros 11 meses del 2024, el porcentaje estadounidense cayó a 18%, y la participación de la soja brasileña se fue a un 74%, según datos de las aduanas chinas. Esta situación se vió potenciada por las expectativas del regreso de Trump a la presidencia, y este año, los importadores chinos se lanzaron a la compra de oleaginosas brasileñas, con mayor rapidez y volumen, en detrimento de la posición estadounidense en el mercado. Sin embargo, este cambio hacia Brasil se encontró con algunos obstáculos en los primeros días del año, ya que algunas de las principales empresas que exportan soja a China vieron suspendidos sus envíos debido a irregularidades fitosanitarias.

Este miércoles, tuvo lugar en Lisboa la presentación de Embraer Defense Europe, nueva oficina europea de la companía aeronáutica sudamericana, que se enfocará en asuntos de defensa y seguridad. Este suceso marca un hito en la expansión de Embraer en Europa, reforzando su presencia en la región con miras a incrementar las ventas vinculadas al sector militar entre los países de la OTAN y la Unión Europea.

De este modo, las soluciones brindadas por la empresa deberán cumplir con los estándares de la OTAN, adaptándose a las necesidades actuales de las fuerzas armadas europeas. Según informó la companía, Embraer Defense Europe será la punta de lanza de Embraer dentro del ámbito de la defensa en el viejo continente, en el marco de un proyecto a largo plazo.

«Estamos comprometidos a profundizar nuestras relaciones con los socios europeos y de la OTAN, ofreciendo las capacidades más avanzadas y eficientes para satisfacer las necesidades operativas de cada cliente» sostuvo Bosco da Costa junior, Director Ejecutivo de Embraer Defense & Security.

En el último tiempo la companía incrementó sus operaciones en el mercado europeo de manera considerable gracias a la exportación del C-390 Millenium, avión de transporte mediano con características similares al C-130 Hércules de Lockheed Martin, pero con mayor capacidad de carga. Al día de hoy ya son 6 los países europeos que han firmado contratos para la incorporación del avión de carga de Embraer; el primero fue Portugal, luego se sumaron Austria, Hungría, República Checa, Países Bajos, y Suecia recientemente. Asimismo, hace unos días el Ministro de Defensa de Eslovaquia firmó una carta de intención junto a su par brasileño, dando inicio a las negociaciones para la adquisición del C-390 Millenium.

En este marco, Portugal constituyó el punto de desembarco de Embraer en el continente europeo, pasando a ser el primer país, detrás de Brasil, en operar el KC-390, en 2023. Y un año más tarde, se convirtió en el cliente de lanzamiento del nuevo A-29N Super Tucano, última variante del avión de entrenamiento avanzado y ataque ligero de Embraer.

Esta semana tuvo lugar un nuevo episodio en la serie de acontecimientos que se desencadenó en octube, cuando la fiscal de la región de Tarija emitió una orden de aprehensión en contra de Evo Morales bajo acusaciones de abuso sexual y trata de personas. En aquella ocasión, la orden fue anulada por el fiscal general y se trató de desplazar de su cargo a la fiscal Sandra Gutiérrez, quien ordenó inicialmente la detención del exmandatario.

Tras la polémica generada, Evo Morales convocó a sus seguidores para presionar al gobierno e impedir su captura, dando lugar a un enfrentamiento entre el oficialismo y los movimientos sociales e indígenas. Estos últimos adoptaron medidas de fuerza y comenzaron a bloquear rutas, impidiendo la libre circulación de bienes de consumo y paralizando durante casi un mes la economía del país, mientras Evo Morales permanecía atrincherado en Cochabamba.

Este lunes el conflicto se reavivó, luego de que la Fiscalía de Bolivia anunciara que fue presentada una nueva orden de aprehensión contra el expresidente, a raíz de la cual se pedirá la detención preventiva por un plazo de seis meses, en el marco de la investigación por los delitos de estupro y trata de personas. Róger Mariaca, fiscal general del Estado boliviano, declaró durante la noche de ayer que «se está solicitando la medida excepcional de prisión preventiva por seis meses en una cárcel pública».

Este martes, la fiscal Sandra Gutiérrez, quien lleva adelante la causa, señaló que se presentó una imputación formal contra Evo Morales y la señora Idelsa Pozo Saavedra, identificada como la madre de la presunta víctima, por el delito de trata de personas agravado. Según informó la fiscal, los padres de la víctima habrían lucrado a costa la joven a cambio de recibir favores por parte del exmandatario.

Luego de que Argentina denunciara la detención ilegal de un efectivo de la gendarmería nacional que ingresó de manera legítima a Venezuela para visitar a su familia, el portavoz del chavismo, Diosdado Cabello, confirmó el hecho. En la tarde de hoy se llevó a cabo una conferencia de prensa en la que el funcionario chavista se refirió, entre otras cosas, a la situación del gendarme argentino retenido por las fuerzas de seguridad del régimen.

En este sentido, Diosdado Cabello acusó al gendarme de espía, preguntándose qué estaba haciendo en Venezuela y cuál era su tarea, afirmando que la visita a su familia es una fachada y que había ingresado al país para cumplir una misión. «Les hemos dado un golpe duro, gracias a los organismos de seguridad del Estado», aseveró el dirigente chavista, quien encabeza la organización criminal llamada «Cartel de los soles».

La semana pasada, el Congreso peruano aprobó el proyecto de presupuesto remitido por el presidente para el ejercicio fiscal del próximo año. El documento enviado por el Ejecutivo, contemplaba montos destinados a importantes adquisiciones de sistemas de armas, siendo la más novedosa, la partida asignada para la incorporación de 24 cazas para la Fuerza Aérea Peruana (FAP), que necesita reemplazar sus viejos Mirage 2000 y MIG 29 de origen soviético, comprados a inicios de la década de los 80.

De este modo, se otorgó un presupuesto de USD 2.000 millones para la compra de nuevos cazas, monto que se cubrirá mediante endeudamiento interno, permitiendo la ejecución de la Fase 1 del proyecto. Por el momento, el modelo a comprar no se ha definido, y la lista de opciones se limita al Lockheed Martin F-16 Block 70, el Saab Gripen F-39, y el Dassault Rafale. Sea cual sea el caza escogido para equipar a la FAP, implicará un enorme salto cualitativo y colocará a Perú a la vanguardia del poder aéreo en la región.

Con el presupuesto aprobado, ahora el Ministerio de Defensa, encabezado por el ministro Walter Astudillo, podrá negociar con los diversos fabricantes para escoger la oferta más favorable en función de los intereses y circunstancias actuales del país.

Esta mañana se cerró el texto del Acuerdo Mercosur-Unión Europea tras 25 años de negociaciones y permanentes obstáculos. Así lo anunció a través de sus redes sociales la Presidente de la Comisión Europea Úrsula Von der Leyen, en el marco de la Cumbre del Mercosur, realizada en Uruguay esta semana. «El día de hoy marca un hito verdaderamente histórico« aseguró la funcionaria europea junto a los presidentes de los países miembros del Mercosur, Javier Milei, Luis Lacalle Pou, Lula Da Silva y Santiago Peña. De este modo, luego de más de dos décadas, los dos bloques regionales cerraron el texto de un acuerdo de libre comercio, creando un mercado de más de 700 millones de consumidores.

Si bien esto representa un importante logro, aún queda un largo camino por recorrer. Ahora el texto sellado deberá ser revisado y aprobado por el Consejo de la Unión Europea. Posteriormente, el acuerdo alcanzado será votado en el Parlamento europeo, donde requiere de mayoría simple para ser aprobado. En este punto, se espera una fuerte oposición de un grupo de países liderados por Francia, que ya está buscando apoyo para bloquear el acuerdo en Bruselas. Numerosas voces del gobierno francés, incluídos Emmanuel Macron y el ex Primer Ministro Michel Barnier se pronunciaron en contra del pacto de libre comercio en reiteradas ocasiones, y los agricultores franceses vienen expresando su rechazo desde hace años.

Luego de su visita a Argentina el mes pasado, Macron declaró nuevamente que el acuerdo no sería aprobado en los términos actuales, y poco antes del anuncio de Von der Leyen, la ministra de Comercio de Francia, Sophie Primas, aseguró que el tratado solo vincula a la Comisión Europea, no a los Estados miembros.

Tras ser revisado por las instituciones de la Unión Europea, el acuerdo deberá ser ratificado por los parlamentos nacionales de cada uno de los países miembros del bloque para su plena entrada en vigor. Sin embargo, es importante recalcar que se trata de un acuerdo mixto, esto implica que el contenido incluye asuntos que son de competencia exclusiva de la Unión Europea, y temas de competencia compartida con los gobiernos nacionales. En el caso de la reducción de aranceles, una vez aprobada por los órganos de la Unión Europea, entra en vigor para todos los miembros. En virtud de esto, se espera una firme oposición de países como Francia y Polonia, que no ven con buenos ojos la disminución de las barreras arancelarias.

En cuanto a los países del Mercosur, el texto acordado ahora debe ser tratado en los congresos nacionales de los miembros del bloque. De este modo, el acuerdo entrará en vigor a medida que cada país lo vaya ratificando, independientemente de lo que decida el resto de los socios.

Este jueves, Úrsula Von der Leyen aterrizó en Uruguay dispuesta a cerrar el polémico Acuerdo UE-Mercosur luego de 24 años de negociaciones. Una vez llegada al Cono Sur, la Presidente de la Comisión Europea expresó su optimismo en redes sociales, afirmando que «la línea de meta está a la vista, tenemos la posibilidad de crear un mercado de 700 millones de personas».

La funcionaria europea llega a Latinoamérica con motivo de la 65° Cumbre del Mercosur. Luego de una breve escala en Brasil, llegó a Uruguay, donde durante el transcurso de la tarde se encontrará con el presidente Lacalle Pou, quien protagonizará su última cumbre del Mercosur como mandatario uruguayo.

Tras más de dos décadas de negociaciones parecía que el proyecto había llegado a un punto muerto, sumado a la división que generó el acuerdo en el bloque europeo, donde algunos gobiernos rechazaron reiteradamente la iniciativa debido a presiones internas. Este último fue el caso del líder francés Emmanuel Macron, quien a lo largo de su mandato sufrió numerosas protestas de agricultores en contra del pacto UE-Mercosur. Hace algunas semanas, el mandatario estuvo en Argentina, tras lo cual declaró públicamente que el acuerdo no se firmaría en los términos en los que estaba planteado.

Asimismo, en el parlamento europeo, la mayor oposición contra el acuerdo vino de parte de Francia. Sin embargo, el gobierno francés atraviesa actualmente uno de sus momentos de mayor debilidad, tras la moción de censura que hizo caer al Primer Ministro Michel Barnier, quien se opuso categóricamente al Pacto UE-Mercosur. En este sentido, la fragilidad aparente del liderazgo de Macron podría ser una carta a favor de la firma del acuerdo de una vez por todas.

Por otro lado, el optimismo de Von der Leyen en torno a la temática no es nuevo, ya que la funcionaria europea se ha mostrado dispuesta a cerrar el acuerdo en numerosas ocasiones, a pesar de la oposición hacia el interior del bloque.

Durante el fin de semana, los opositores al régimen de Maduro que permanecen resguardados en la Embajada de Argentina, denunciaron que numerosos encapuchados con armas largas rodearon el edificio y bloquearon los accesos, en un episodio similar al ocurrido hace unos meses.

Luego de que el gobierno bolivariano expulsara a los representantes argentinos, las personas que se encontraban asiladas en la Embajada quedaron bajo la protección de Brasil, que se hizo cargo de la custodia del edificio tras las tensiones diplomáticas entre Buenos Aires y Caracas.

En su cuenta de X, uno de los refugiados informó de la situación en la mañana del sábado, pero el hostigamiento continuó durante el domingo, con «patrullas del SEBIN y del DAET, junto a funcionarios encapuchados y armados, rodean y asedian la Residencia de Argentina en Caracas».

En virtud de lo sucedido, la Cancillería argentina sostuvo que «el despliegue de efectivos armados, el cierre de calles alrededor de nuestra Embajada y otras maniobras constituyen una perturbación de la seguridad que debe garantizarse a las sedes diplomáticas de conformidad con el derecho internacional, así como a quienes han solicitado asilo diplomático.»

Del mismo modo, el gobierno de Estados Unidos condenó el hecho, señalándolo como una violación flagrante del derecho internacional, exigiéndole al régimen de Maduro que cumpla con sus obligaciones, poniendo fin a los actos intimidatorios y garantizando salvoconductos para los asilados.

La Armada del país trasandino dió a conocer algunas novedades acerca de las obras previstas en la Base Naval Punta Arenas, que se convertirá en el nuevo hogar de la flota antártica de Chile. Con este objetivo, se construirá nueva infraestructura portuaria para incrementar las capacidades de la Tercera Zona Naval, con asiento en la región de Magallanes, permitiendo que puedan atracar múltiples embarcaciones, y de mayor tamaño.

El proyecto consiste en una dársena integrada con un muelle de 420 metros, dividido en seis sitios de 70 metros, proporcionando las condiciones necesarias para el atraque de las unidades navales chilenas, mejorando de este modo las capacidades de apoyo logístico a las operaciones antárticas. Se espera que los muelles estén listos para 2029.

La necesidad de ampliar las capacidades de las instalaciones responde a la llegada del Buque Rompehielos Almirante Viel, botado en 2022, cuyas dimensiones son considerablemente superiores a las del resto de las unidades, según señaló el Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval.

Se trata de una iniciativa de alta relevancia estratégica, ya que potenciará la presencia chilena en el continente blanco, mejorando las capacidades destinadas al soporte logístico y el abastecimiento de la flota antártica.

Este fin de semana los uruguayos asistieron a las urnas para elegir a su futuro presidente, en un balotaje que enfrentó al oficialista Álvaro Delgado, respaldado por el actual mandatario Lacalle Pou, y al opositor Yamandú Orsi, quien cuenta con la bendición del expresidente Pepe Mujica.

Esta segunda vuelta dió como ganador al segundo, quien obtuvo más del 50% de los votos luego de una participación de casi el 90% del electorado uruguayo. De este modo, el Frente Amplio regresa al poder en Uruguay de la mano de Yamandú Orsi y su futura vicepresidente Carolina Cosse, quienes asumirán sus respectivos cargos en marzo.

En su discurso tras anunciar la victoria, el nuevo presidente electo declaró:

Triunfa, una vez más, el país de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad; voy a ser el presidente que convoque una y otra vez al diálogo nacional para encontrar las mejores soluciones, escuchando muy bien lo que nos dicen los demás

En tanto, Álvaro Delgado, candidato del Partido Nacional, sufrió la derrota con el 48% de los votos.

En la primera vuelta, que tuvo lugar el 27 de octubre, Yamandú Orsi fue el candidato más votado con el 43% de los votos, aunque no había logrado cosechar suficientes votos para evitar un balotaje contra Álvargo Delgado.

En el marco del Congreso Perú Planifica 2050 que tuvo lugar esta semana, la Marina presentó su plan de desarrollo naval, destinado a fortalecer la industria nacional y potenciar sus capacidades marítimas.

Como parte de un proyecto mucho más amplio, a través de la promoción de la industria naval y la consolidación de grandes obras de infraestructura, Perú busca generar un hub marítimo, logístico, industrial y aeroportuario. La construcción del recién inaugurado Puerto de Chancay forma parte de esta visión orientada al desarrollo nacional mediante una estrategia marítima.

En esta línea, el Vicealmirante Oscar Torrico expuso los proyectos a futuro y se refirió a la industria naval como el motor del desarrollo nacional. En tanto, destacó la importancia de la empresa SIMA S.A y señaló que en los últimos años logró consolidar sus capacidades de construcción naval, estando en condiciones de respaldar los ambiciosos proyectos de la Marina de Guerra del Perú de cara a 2050.

El Vicealmirante explicó que hace 18 meses inició la búsqueda de una alianza estratégica internacional mediante la cual SIMA pudiera dotar a la Marina de los buques necesarios para el desempeño de sus tareas. De este modo, luego de analizar una serie de alternativas se escogió a Hyundai Heavy Industries, de Corea del Sur.

A partir de esta asociación, el objetivo es fabricar numerosos buques de guerra en las instalaciones de SIMA Callao, en beneficio no solo de las capacidades marítimas sino también de la economía local, mediante el crecimiento de la inversión privada y el aumento de los puestos de trabajo formales.

De este modo, se presentó un plan de construcciones navales que contempla la fabricación de 23 buques para la Marina de Guerra del Perú, dividido en dos etapas, una de cara a 2030 y otra hacia 2050.

El plan presentado contempla dos buques multipropósito, en referencia a los LPD (Landing Platform Dock) Clase Makassar, el BAP Pisco, que ya se encuentra navegando, y el BAP Paita, cuya entrega está prevista para el mes de enero. Asimismo, se proyecta la construcción de seis fragatas, seis corbetas y dos submarinos, entre las iniciativas más importantes.

Los dos submarinos cuya fabricación está prevista, serán construidos en el marco de la asociación estratégica entre SIMA y Hyundai, en paralelo al proceso de modernización integral de las unidades tipo 209 de la Marina de Guerra.

Actualmente, Perú dispone de seis submarinos tipo 209, de los cuales se buscará modernizar cuatro, mientras que los dos restantes cumplen funciones de entrenamiento y están próximos a su retirada del servicio. La primera unidad en atravesar el proceso de modernización integral fue el BAP Chipana, que este año comenzó sus pruebas en el mar tras haber iniciado su actualización en 2018. A este submarino le seguirán el BAP Angamos, el BAP Pisagua y el BAP Antofagasta. Este último ya se encuentra listo para comenzar el reemplazo de los viejos equipos por los nuevos, habiendo terminado el corte del casco.

A la modernización de las cuatro unidades tipo 209, se le añade la construcción de dos submarinos nuevos gracias al acuerdo entre SIMA y Hyundai. De este modo, de completarse los proyectos según lo previsto, la Marina de Guerra del Perú pasaría a contar con una fuerza submarina de seis unidades modernas y capaces, además de consolidar una industria naval capaz de fabricar submarinos.

El gasto militar no parece ser una prioridad para la presidente Claudia Sheinbaum, ya que el proyecto de presupuesto remitido al Congreso para el ejercicio fiscal del próximo año, prevee una disminución del 40% en los fondos asignados a la Secretaría de la Defensa Nacional.

En el documento elevado al Congreso, se asignan USD 7.500 millones para el gasto en defensa, frente a los USD 12.900 millones de este año, una reducción de casi la mitad del presupuesto actual de las fuerzas armadas.

Esta decisión va en línea con la impronta de la sucesora de López Obrador, quien recientemente estuvo en Río de Janeiro participando de la cumbre del G-20. En una de sus intervenciones, la mandataria mexicana esbozó un discurso con una marcada retórica antibelicista, señalando que en los últimos años el gasto militar se ha incrementado exponencialmente a nivel global.

En México, las Fuerzas Armadas también desempeñan tareas de seguridad interna, en el marco de la guerra contra el narcotráfico, motivo por el cual, la reducción del presupuesto puede tener consecuencias en el orden público.

Sin embargo, el área que sufriría los mayores recortes en caso de aprobarse el proyecto, sería la Administración de la Infraestructura Aeroportuaria, entidad encargada de prestar servicios públicos. Este órgano pasaría de contar con un presupuesto de USD 1.130 millones, a disponer de USD 200 millones en 2025.

Mientras tanto, la partida denominada Funciones de las Fuerzas Armadas, dentro de la cual figura el Programa de la Secretaría de la Defensa Nacional en Apoyo a la Seguridad Pública, experimentaría un recorte del 11%.

El presidente surcoreano Yoon Seok-Yeol visitó Perú en el marco de la edición 2024 del Foro de Cooperación Asia-Pacífico, y aprovechó la ocasión para estrechar los vínculos bilaterales con el país latinoamericano. El fin de semana, los mandatarios de ambos países se reunieron para acordar la ampliación de la cooperación en materia de defensa mediante la firma de un memorándum de entendimiento.

De este modo, se llevó a cabo la firma de una serie de acuerdos vinculados a la industria de la defensa, que convertirán a Perú en el mayor socio sudamericano de Corea del Sur en esta área, posicionándolo sólidamente a nivel regional.

Mar

En virtud de esta asociación estratégica bilateral, SIMA, empresa peruana de construcción naval, y Hyundai Heavy Industries firmaron un memorandum de entendimiento para la construcción conjunta de submarinos, orientado al desarrollo de la industria naval peruana. Este acuerdo permitirá renovar la fuerza de submarinos de la Marina de Guerra del Perú, cuyas unidades se encuentran en proceso de modernización.

En la reunión que sostuvieron Dina Boluarte y Yoon Seok-Yeol, se llevó a cabo la firma de una placa conmemorativa que será colocada en un buque fabricado por una empresa surcoreana en un astillero peruano. En esta línea, está prevista la construcción de un patrullero océanico (OPV) y dos Buques de Apoyo Logístico, en las instalaciones de SIMA, para la Marina de Guerra del Perú.

Aire

Del mismo modo, Korean Aeroespace Industries y SEMAN Perú S.A.C, acordaron la fabricación de componentes del caza KF-21 Boramae, de fabricación surcoreana, y uno de los modelos que habrían sido tenidos en cuenta para la renovación de la aviación de caza de la Fuerza Aérea Peruana (FAP). Este convenio se suma al firmado en julio, para la producción de piezas del caza FA-50.

Este avance en la cooperación bilateral en la industria de defensa permite especular en cuanto a una futura composición de la FAP, mientras se espera a que el Ministerio de Defensa peruano confirme la selección del modelo elegido para la incorporación de 24 cazas prevista en el presupuesto del año próximo. No obstante, la lista de opciones se reduce al Lockheed Martin F-16 Block 70, el Dassault Rafale y el SAAB Grippen.

Tierra

Adicionalmente, se firmó un convenio entre Hyundai Rotem y FAME S.A.C para la incorporación de tanques K2 Black Panther MBT para el Ejército peruano, que desde hace tiempo busca reemplazar sus viejos T-55 de origen soviético. El Acuerdo general de Cooperación sobre Equipo Terrestre firmado por ambas compañias, también contempla la producción conjunta de vehículos blindados a rueda y a oruga.

El interés del sudeste asiático en Perú…

Por otro lado, no solo Corea del Sur está en vías de estechar la cooperación bilateral con Lima a través de la industria de la defensa. Japón también aprovechó la ocasión para acercarse al gobierno peruano, a través de la firma de un memorándum para incrementar la cooperación y los intercambios en materia de defensa, como parte de un entendimiento más amplio que abarca diferentes áreas.

De este modo, ambos países acordaron mejorar la interoperabilidad entre la Marina de Guerra del Perú y la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón mediante ejercicios conjuntos, así como fomentar el diálogo en torno a proyectos que impliquen transferencia de tecnología, en beneficio de la industria de defensa peruana. Asimismo, se buscará aumentar las visitas de delegaciones vinculadas a la defensa, mientras que Japón demostró su interés por establecer un puesto de agregado de defensa en su Embajada en Lima.

De concretarse todas estas iniciativas, Perú podría encaminarse a constituir un importante poder militar en la región, así como un valioso aliado para los países del Pacífico.

El día de ayer comenzaron a llegar a Perú numerosos jefes de Estado para participar del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que tendrá lugar en Lima. De este modo, los mandatarios de Estados Unidos, China, Japón, Canadá, Corea del Sur, Indonesia, y demás países próximos al océano pacífico se encuentran en Sudamérica para estrechar sus vínculos comerciales.

En tanto, el presidente chino Xi Jingping, aprovechó la ocasión para participar de la inauguración del megapuerto de Chancay, obra de infraestructura destinada a mejorar la conectividad marítima entre China y Perú, cuyo financiamiento fue provisto por Beijing. El proyecto, que desde un inicio fue motivo de preocupación para Washington, forma parte de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, y es un paso importante en la expansión comercial y política del gigante asiático en América Latina.

Paralelamente, el mismo día que Xi Jinping y la presidente de Perú inauguraron el Puerto, tuvo lugar un novedoso encuentro del otro lado del continente. En Florida, Donald Trump recibió a Javier Milei, quien se convirtió en el primer mandatario extranjero en dialogar pública y personalmente con el líder republicano luego de su victoria electoral.

China profundiza su expansión comercial en América Latina, a través de la inauguración de una gran obra de infraestructura que permitirá generar ingresos anuales por más de USD 4.000 millones, y aumentará la conectividad marítima entre Perú y el gigante asiático. Mientras tanto, Donald Trump llegará a la Casa Blanca cargado de una impronta anti-China. En esta línea, el republicano designó como Secretario de Estado a Marco Rubio, hijo de migrantes cubanos con un particular concernimiento por el accionar de China al sur del Río Grande. Del mismo modo, el vínculo personal y la afinidad ideológica entre el presidente electo y el mandatario argentino, Javier Milei, es otro importante factor a considerar.

Todos estos elementos llevan a pensar la relevancia que tendrá América Latina en el marco de la competencia global entre China y Estados Unidos, así como los diferentes mecanismos a través de los cuales las potencias pueden incidir en los asuntos regionales para asegurar sus intereses.

China busca lograr influencia política a través de la expansión comercial, y la inauguración del Puerto de Chancay es un gran paso en dicho proceso. Donald Trump, asumirá el mando dispuesto a repeler el avance chino en todos los frentes, su relación con Milei y la particular elección de su Secretario de Estado, son indicios del lugar que podría llegar a tener América Latina en la política exterior de Washington.

De Lima a Río de Janeiro

Una vez finalizada la edición 2024 del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico, es el turno de la cumbre del G-20, que este año será realizada en Brasil, por lo que la mayoría de los líderes que están ahora en Lima viajarán luego a Río para discutir diferentes cuestiones económicas y comerciales.

El G-20 está integrado por Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Arabia Saudita, más la Unión Europea y la Unión Africana. De este modo, constituye un escenario de discusión central, reuniendo a delegaciones de los países más importantes del mundo, cuyos líderes asisten personalmente a las cumbres anuales.

En virtud de estos acontecimientos, durante el mes de noviembre América Latina se convirtió en un centro de discusión multilateral de la política internacional. Este elemento, sumado a los episodios protagonizados el día de ayer por Trump y Xi Jinping, permiten vislumbrar el rol que podría llegar a tener la región en los próximos años, en tanto escenario de disputa entre potencias.

Este jueves, el Presidente de la República Popular China y la Presidente de Perú, Dina Boluarte, inauguraron uno de los puertos de aguas profundas más grandes de América del Sur, parte de la Iniciativa de la Franja y la Ruta.

De este modo, Xi Jinping inició su gira por Latinoamérica inaugurando una colosal obra de infraestructura cuya financiación fue de más de USD 1.300 millones, monto proporcionado por Beijing como parte de su expansión comercial y política en la región.

Además, ambos mandatarios firmaron un pacto para expandir el acuerdo de libre comercio existente, entre China y Perú. En tanto, xi sostuvo que el Puerto de Chancay es el exitoso comienzo de una ruta marítima de la seda del siglo XXI.

China está dispuesta a trabajar con Perú para tomar el proyecto Chancay como punto de partida para forjar un nuevo corredor marítimo-terrestre entre China y América Latina, declaró el mandatario. Adicionalmente, señaló que el proyecto generará ingresos anuales por USD 4.000 millones, y dará lugar a la creación de 8.000 puestos de trabajo.

Xijinping viajó a Sudamérica para participar del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que tendrá lugar en Lima y al que asistirá también Joe Biden. Una vez concluido el evento, se dirigirá a Río de Janeiro para la cumbre del G20, que se realizará la semana próxima.

Mientras la Comisión Europea insiste para que se firme antes de fin de año, el gobierno francés intensifica su postura en contra del acuerdo, por el impacto económico que tendría su implementación en sectores estratégicos, en los términos actuales.

De este modo, Michel Barnier, Primer Ministo de Francia, sostuvo en Bruselas que las condiciones actuales no son aceptables, y no lo serán, advirtiendo que su país no apoyará la conclusión del acuerdo en la forma en la que está planteado.

En la reunión que mantuvo con la Presidente de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, el funcionario de Macrón advirtió sobre el «impacto desastroso» que tendría el acuerdo sobre áreas clave de la economía europea, especialmente la agricultura y la ganadería, puesto que a través de la implementación del Acuerdo Mercosur-UE, incrementaría la importación de materias primas provenientes de Sudamérica, lo cual beneficiaría a los países del cono sur, pero podría perjudicar a los agricultores europeos, que rechazan fervientemente el pacto.

Michel Barnier, presumiblemente presionado por el sector agrícola francés, que se ha manifestado en reiteradas ocasiones, afirmó que el pacto es perjudicial, que no se justifica desde la óptica comercial de la Unión Europea, y que su postura es compartida por otros miembros del bloque, entre los que están Polonia y Austria, que ya han expresado su rechazo. En tanto, Alemania y España estarían impulsando el acuerdo.

En este escenario, Francia buscaría armar un frente que se oponga a la firma del acuerdo, mientras se esperan movilizaciones de sindicatos vinculados al sector agrícola para los próximos días, poniendo al país en pie de guerra contra el pacto Mersocur-UE.

Ya han transcurrido casi 30 días desde el comienzo de los cortes de rutas y caminos por parte de movimientos sociales e indígenas en defensa de Evo Morales, quien fue acusado de abusar y embarazar a una menor de edad mientras era presidente.

En un país que ya estaba inmerso en una crisis social, económica y política, la paralización de la economía mediante la obstrucción del transporte tuvo un impacto profundo. Desde hace semanas, el desabastecimiento de combustible comenzó a afectar a numerosos sectores productivos que le reclamaban al gobierno el despeje de las rutas, a medida que la violencia escalaba, generando episodios como el de hace unas semanas, cuando manifestantes asediaron las unidades militares del Trópico de Cochabamba, ingresando por la fuerza y tomando a uniformados como rehenes.

En el Departamento de Cochabamba, foco de los conflictos y donde Evo Morales permanece atrincherado, transportistas bloquearon una avenida en la noche de ayer, reclamando por la escasez de diésel. Mientras tanto, los avicultores bolivianos señalaron que producto de la falta de combustible, el sector registra pérdidas diarias de USD 700.000, poniendo en riesgo la producción para fin de año. Debido a esto, el presidente de la Asociación Nacional de Avicultores le planteará al presidente Luis Arce la libre importación de combustible.

Si bien las medidas de fuerza de los manifestantes fueron suspendidas momentáneamente, a partir del cuarto intermedio que se acordó el 6 de noviembre, la distribución de combustible aún no se normaliza, y sectores de la economía continúan paralizados.

En este sentido, productores agrícolas señalan que la cadena logística está quebrada, y la situación afecta gravemente a la producción de maíz, cuyo precio se elevó considerablemente, volviendose inalcanzable para los productores de Santa Cruz, según señaló Omar Casto, el presidente de la Asociación Nacional de Aviculores.

La Comisión de Presupuesto del Congreso chileno, rechazó la partida asignada a la jurisdicción defensa, en el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo para el ejercicio fiscal del año próximo.

El proyecto ya había sido objeto de críticas debido al artículo que permite la postergación de fondos destinados a la adquisición y sostenimiento de capacidades, fijados por ley. La medida encendió las alarmas en las fuerzas armadas y sectores de la oposición, ante la preocupación de no contar con los recursos necesarios para la defensa.

En consecuencia, la Comisión de Defensa citó a las autoridades del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas para abordar el asunto en una sesión, luego de la cual los legisladores dejaron el presupuesto pendiente de aprobación, mientras que la presidente de la comisión declaró que no aprobarían la partida ya que el gobierno no habría cumplido sus compromisos.

Finalmente, los parlamentarios rechazaron el proyecto, alegando que el presupuesto ordinario no es suficiente para hacer frente a los gastos de la defensa nacional. En esta línea, el Jefe del Ejército chileno había declarado previamente que en la partida presupuestaria prevista para 2025 no había recursos suficientes para sostener los cupos de tropa profesional y soldados concscriptos que fija la ley.

Este miércoles el gobierno boliviano acusó al exministro Juan Ramón Quintana y los dirigentes Ponciano Santos y Humberto Claros, todos cercanos a Evo Morales, por presuntos delitos de Asociación Delictuosa, Instigación Pública a Delinquir y Terrorismo.

A través de un comunicado, la Procuraduría General del Estado solicitó formalmente que se proceda a la aprehensión de numerosos dirigentes vinculados al ex mandatario, en un nuevo episodio de la escalada de hostilidades entre el gobierno y los movimientos sociales e indígenas.

Los antecedentes de la investigación indican que se habría organizado y alentado a realizar bloqueos y protestas violentas, incluyendo llamados públicos a toma de acciones específicas contra el orden público, tales como bloquear vías de tránsito estratégicas y la toma de rehenes en instalaciones de las Fuerzas Armadas.

El comunicado se refirió a las tomas de cuarteles que tuvieron lugar el fin de semana, cuando manifestantes ingresaron por la fuerza a unidades militares del Trópico de Cochabamba y tomaron como rehenes a los uniformados que se encontraban prestando servicios.

Como si fuera poco, el Ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, anunció el día de hoy la detención de 13 personas acusadas de haber secuestrado a dos policías durante el despeje de un camino que permanecía bloqueado.

Mientras tanto, Evo Morales ordenó la suspensión de los bloqueos que llevan casi un mes, con el objetivo de poder entablar negociaciones con el gobierno de Luis Arce. En consonancia, los evistas anunciaron que suspenderán por un plazo de 72 horas los cortes de rutas y caminos que se han extendido durante 23 días, profundizando la crisis económica que ya podía evidenciarse desde antes del inicio de las manifestaciones.

De este modo, dirigentes sociales señalaron que los bloqueos se detendrán a la espera del diálogo propuesto por el gobierno. En tanto, en el Departamento de Cochabamba, foco del conflicto, los manifestantes ya han comenzado a replegarse en distintos puntos.

Estamos haciendo una pausa con vigilia por 72 horas, por un tema humanitario, queremos ir a llorar a nuestros muertos que nos han ocasionado, queremos ir a curar las heridas de nuestros heridos, queremos ir a defender a nuestros presos en este momento, por eso estamos haciendo esta pausa, queremos ver que la comunidad internacional ahora venga, intermedia en el diálogo que el Gobierno ha dicho.

Evo Morales, que desde hace 24 días está atrincherado en Cochabamba, le exigirá al gobierno la liberación de todos los detenidos durante los despejes de los bloqueos, y la instauración de mesas de diálogo avocadas a temas económicos y sociales. Adicionalmente, solicitó que organismos internacionales oficien de mediadores en las negociaciones.

El pasado viernes, en un nuevo episodio de las hostilidades entre Evo Morales y el gobierno de Luis Arce, movimientos cocaleros asediaron numerosas unidades militares a lo largo del Trópico de Cochabamba pertenecientes a la Novena División de Ejército. Según señalaron los manifestantes, buscaban anticiparse a una eventual represión de las fuerzas policiales y militares a los bloqueos que estaban teniendo lugar en la zona.

Al cabo de unas horas luego de que miles de personas comenzaron a agolparse en las afueras de las bases, se reportó que tres cuarteles habían sido tomados a costa de los uniformados, que en ningún momento recibieron órdenes de defenderse.

En un video que circuló en las redes sociales, un soldado afirma que su base se encontraba en manos de los manifestantes y que él junto al resto del personal y sus familias, habían sido tomados como rehenes.

El Regimiento Cacique Maraza ha sido tomado, nos han cortado el agua, la luz, nos han tomado como rehenes.

Posteriormente, la Cancillería boliviana anunció que tres unidades militares han sido asaltadas por grupos irregulares, tomando como rehenes a más de doscientos efectivos militares.

Transcurridos ya tres días del inicio de los acontecimientos, la situación continúa. Este lunes, un funcionario comunicó a una agencia de noticias que los tres cuarteles seguían tomados.

Mientras que los dirigentes de los movimientos que protagonizaron las tomas aseguran que no hay rehenes, y que los uniformados pueden retirarse de las instalaciones si lo desean, el abogado Omar Durán, militar retirado, declaró que los efectivos están retenidos en el lugar sin poder salir.

Luego de dos décadas importando gas de Bolivia, se anunció la puesta en servicio de la primera etapa de reversión del Gasoducto Norte, que le permitirá a la Argentina abastecer al norte argentino con el gas proveniente de Vaca Muerta.

De este modo, el gasoducto que durante veinte años fue utilizado para importar, ahora le permitirá a la Argentina no solo abastecer el norte y centro del país sino también exportar a Brasil el gas extraído de Vaca Muerta, mediante la obra inaugurada el día de ayer.

Mientras Vaca Muerta aumenta exponencialmente su actividad, la Argentina deja de ser un país importador de gas para convertirse en exportador.

La reversión del gasoducto norte, permitirá transportar gas desde Neuquén, hacia las provincias de Córdoba, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estéro, Salta y Jujuy, gracias al cambio de sentido del flujo de las tuberías y una ampliación de 62 kilómetros. Asimismo, la obra posibilitará exportar a Brasil el gas proveniente del suroeste del país, a través de Bolivia.

El proyecto comenzó el año pasado y demandó una inversión de USD 700 millones para invertir el sentido de inyección de gas en cuatro plantas compresoras ya existentes, y construir un gasoducto de 122 kilómetros en Córdoba.

Como señalaron numerosos medios, esto es posible gracias al boom del gas y el petróleo de Vaca Muerta, que va camino a cerrar su mejor año y espera batir nuevos récords para 2025.

El proyecto de presupuesto 2025 que presentó el gobierno chileno, posterga la asignación del Fondo de Contingencia Estratégico, cotemplado en la Ley 21.174 de Financiamiento de las Capacidades Estratégicas de la Defensa Nacional.

De este modo, por segundo año consecutivo se aplazará la asignación de fondos adicionales para la defensa, generando incertidumbre y privando a los militares de la totalidad de los recursos que les corresponden por ley y que necesitan para el correcto desempeño de sus tareas.

Esta situación ha provocado malestar y preocupación en algunos sectores de la política y las fuerzas armadas del país trasandino. En esta línea, la Presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados de Chile, aseguró que desde la oposición van a rechazarle todo el presupuesto al Ministerio de Defensa, y añadió que «esto ocurre cuando vemos que los países vecinos están invirtiendo grandes sumas para recuperar sus capacidades, nosotros aquí no hacemos lo propio«. En virtud de esta inquietud, la comisión citó a la Ministra de Defensa para que explique el presupuesto asignado a su cartera en el proyecto que presentó el gobierno.

En tanto, el diario chileno La Segunda publicó un artículo llamado «Gobierno posterga por segundo año aportes a las FFAA: diputados lanzan advertencia», que comienza con la siguiente premisa:

Argentina ha anunciado que adquirirá aviones de combate, submarinos y renovará sus blindados; mientras que Perú ratificó la compra de aeronaves nuevas. Y en Chile, en cambio, el Gobierno, por segundo año consecutivo, quiere congelar la entrega de los dineros que reemplazaron la Ley Reservada del Cobre, con los cuales se financian grandes compras y mantención de la operatividad de la maquinaria de guerra.

Ley de Presupuesto 2025

A principios de octubre, el poder ejecutivo presentó ante el Congreso el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal del próximo año. En su artículo 37, autoriza al fisco a postergar durante 2025 la asignación de dos fondos contenidos en la Ley 21.174, que establece un nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa nacional a través de la creación de dos instrumentos de financiación, el Fondo Plurianual para las Capacidades Estratégicas y el Fondo de Contingencia Estratégico. Este último, quedaría sin financiamiento por segundo año consecutivo en virtud del proyecto que presentó al gobierno.

Para comprender esta problemática hay que entender cómo se financia el gasto militar del otro lado de la cordillera…

¿Cómo se financia la defensa en Chile?

Desde la sanción de la Ley 21.174 en el año 2019, la financiación para la defensa en el país trasandino proviene de tres fuentes; el presupuesto ordinario (gasto corriente, remuneraciones, bienes y servicios), el Fondo Pluriananual para las Capacidades Estratégicas de la Defensa y el Fondo de Contingencia Estratégico. Esta normativa reemplaza a la Ley Reservada del Cobre y establece un nuevo método de financiación del gasto militar.

De acuerdo a la ley 21.174, el Fondo Pluriananual para las Capacidades Estratégicas financiará la inversión en material bélico e infraestructura asociada, en base a un programa de financiamiento de inversiones a cuatro años, que permita materializar la planificación del desarrollo de la fuerza derivada de la política de defensa nacional.

Asimismo, el Fondo de Contingencia Estratégico está destinado a financiar el material bélico e infraestructura asociada y sus gastos de sostenimiento para enfrentar situaciones de guerra externa o de crisis internacional. Y también podrá ser usado para financiar material bélico e infraestructura destruidos o severamente dañados a consecuencia de situaciones de catástrofe.

Previo a la sanción de esta normativa, la Ley del Cobre destinaba un 10% de las ganancias de la empresa estatal Codelco a la inversión en defensa, asignando inicialmente un tercio de ese porcentaje a cada fuerza. Cuando el precio del cobre alcanzó un valor muy alto, parte de los fondos asignados al gasto militar no llegaron a utilizarse, quedando un saldo remanente. Esta ley le aportaba cierta previsibilidad al financiamiento de la defensa, ya que parte del presupuesto militar estaba sujeto al dinero que entraba por la venta de un mineral valioso.

Cuando la Ley del Cobre fue derogada y reemplazada por la Ley 21.174, que introdujo un nuevo mecanismo de financiamiento, se diseñó un Programa Cuatrianual de inversiones con el saldo remanente que no se había gastado. De este modo, se le asignó al Fondo Plurianual para las Capacidades Estratégicas un 55% de ese saldo restante, a transferirse anualmente durante 4 años, lo cual se termina este año. En virtud de ello, ese 55% se distribuyó en pagos anuales de USD 488 millones. Ese valor se fijó como el mínimo a partir del cual el Estado debe aportar, tanto durante esos 4 años como a partir del año 5 (el año próximo) una vez que el saldo se haya agotado. Sin embargo, en el proyecto de presupuesto que presentó el gobierno, el Fondo Plurianual para las Capacidades Estratégicas permanece en USD 488 millones, cuando este valor debería ser un punto de partida. En este punto, la ley vigente establece un mínimo, el aporte basal, cuyo monto se establece sobre el promedio de los 6 años anteriores, que algunos estiman en USD 600 millones, bastante superior a los USD 488 millones que dispuso el gobierno, según señala el Think Tank chileno Athena Lab.

Ese fondo de 488 millones de dólares es insuficiente para la realidad que se viene por delante, con la modernización que hay que hacer de los F-16, en el caso del material blindado, los Leopard definitivamente necesitan una inversión y tienen que mantener esas capacidades. Solamente la renovación de la Marina completa sale USD 7000 millones y eso no considera ninguna otra fuerza.

– Richard Kouyoumdjian, vicepresidente de AthenaLab.

Por otro lado, el Fondo de Contingencia Estratégico se conformó inicialmente con un 20% de ese saldo remanente, más aportes que debía hacer el Estado en el presupuesto una vez agotado dicho saldo. Estos aportes deben hacerse a inicios de 2025, pero por segundo año consecutivo el gobierno anunció que postergará la asignación de los fondos, generando incertidumbre en las Fuerzas Armadas y la oposición.

Durante una sesión de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, que tuvo lugar el 15 de Octubre, el Subsecretario de Defensa afirmó que no se asignará dinero al Fondo de Contingencia debido a que no se dispone de los recursos necesarios.

Unos días más tarde, el 28 de octubre, las autoridades militares y de defensa fueron citadas nuevamente en el Congreso para discutir la asignación de los fondos. En esta oportunidad, el General Iturriaga, Comandante en Jefe del Ejército chileno, informó a los legisladores sobre la falta de financiamiento para cubrir los cupos requeridos de soldados conscriptos y tropa profesional. De este modo, el General señaló que hay recursos para disponer de 1600 efectivos de tropa profesional, frente a los 7.000 que autoriza la ley. En cuanto a los conscriptos, la ley fija la cifra de 12.500, pero sólo se financia el 50%. Por este motivo, la Comisión de Defensa decidió de manera unánime dejar pendiente de aprobación la partida presupuestaria del Ministerio de Defensa.

Numerosas voces sostienen que esta situación da cuenta de la preocupación que surgió al momento de derogar la Ley del Cobre, cuando se temía que la incorporación de estos fondos al presupuesto ordinario los dejaría sometidos al criterio del gobierno de turno, dificultando la capacidad para abordar la defensa con una mirada a largo plazo.

Según informaron medios brasileños, durante la cumbre del G-20 en noviembre, el presidente Macrón se reunirá con su par brasileño para ofrecerle 24 aeronaves de combate Rafale, 36 obuses Caesar autopropulsados, 50 helicópteros Airbus H145 y un submarino Scorpenne adicional a los cuatro que encargó el gobierno brasileño en 2008.

Con este amplio paquete de armamento, Francia irá por la revancha ofreciéndole una vez más el caza Dassault Rafale a la Fuerza Aérea Brasileña (FAB). Actualmente, la columna vertebral de la FAB son los 36 SAAB F-39 Gripen (suecos).

A principios de la década de los 2000, comenzó a gestarse el proyecto FX-2 con el objetivo de modernizar la flota de aviones de combate de la FAB. En este marco, fueron contempladas una serie de alternativas entre las cuales estaban el Rafale y el F-39 Gripen. Este último fue el elegido, dejando al caza francés en segundo lugar. Sin embargo, Lula había acordado con el entonces presidente de Francia la compra de los Rafale, pero luego de controversias y demoras en las negociaciones, en 2013, con Dilma Rouseff en el gobierno, se optó por la opción sueca.

Según informaron fuentes francesas, Macron ofrecería los rafale como sustituto de los cazas ligeros AMX de fabricación ítalo-brasileña, cuyo tiempo de servicio está llegando a su fin.

Macron no pierde las esperanzas…

En marzo de este año, el presidente de Francia viajó a Brasil y participó junto a Lula Da Silva de la ceremonia de lanzamiento al mar del Tonelero S-42, submarino Clase Riachuelo de la Armada Brasileña. Este modelo está basado en el Scorpene de Naval Group, y fue desarrollado en Brasil bajo licencia y mediante transferencia de tecnología. Luego de aquella ocasión Macron se refirió a la posibilidad de relanzar la discusión sobre el caza Rafale, en el marco de la cooperación en defensa entre ambos países. Adicionalmente, mencionó que Francia y Brasil están colaborando para desarrollar una versión nuclear de la Clase Riachuelo. Para un proyecto de estas características, el país europeo es un socio clave a los ojos de Brasil, lo cual le genera a Francia un escenario favorable para ofrecer sus productos.

En esta línea, Macron aprovecharía el G-20 para proponerle a la Marina Brasileña la ampliación del contrato del Programa de Submarinos (PROSUB), añadiéndole una quinta unidad a los cuatro buques Clase Riachuelo que encargó Brasilia originalmente, y que ya han sido entregados.

Entre ayer y hoy movimientos cocaleros comenzaron a rodear cuarteles buscando ingresar de manera violenta. En Chaparé, un regimiento cayó en manos de los manifestantes y los efectivos que allí se encontraban fueron tomados como rehenes. De este modo, las personas que ingresaron tienen ahora en su poder todo el armamento que había en la base.

Mientras tanto, numerosas unidades militares a lo largo del Trópico de Cochabamba están autoacuarteladas y sin órdenes de defenderse en caso de un ingreso violento por parte de los miles de manifestantes que rodean los cuarteles.

Hace unos instantes, el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas bolivianas emitió un comunicado en el cual insta a los agresores a deponer su accionar y retirarse de manera pacífica, sin dar ninguna orden a los efectivos para que se defiendan en caso de que sea necesario.

Esta respuesta simbólica de la máxima autoridad militar del país, deja a los uniformados que están acuartelados en las bases sin herramientas legales para proceder en caso de un ingreso forzoso de los manifestantes.

Pronunciamiento de Arce

Transcurridas un par de horas, el presidente Luis Arce se pronunció vía X responsabilizando a Evo Morales por la toma de tres cuarteles en Cochabamba, y señaló que los individuos que entraron por la fuerza a las instalaciones tienen en su poder las armas que allí se encontraban.

Denunciamos ante pueblo boliviano y la comunidad internacional que grupos armados afines a Evo Morales han tomado por asalto tres unidades militares en el Trópico de Cochabamba, reteniendo como rehenes a militares y a sus familias, y amenazando sus vidas, siendo que ellos no intervienen en ningún operativo, solo están resguardando sus unidades. Asimismo, denunciamos que han tomado el lugar donde se encuentra el armamento militar en estas unidades, lo que se constituye en un acto criminal absolutamente condenable.

En virtud de lo ocurrido, el mandatario se refirió a la actual situación política y social que atraviesa el país desde hace semanas con motivo de los bloqueos, y aseguró que el gobierno continuará llevando a cabo acciones orientadas a asegurar el derecho a transitar libremente y el acceso a alimentos, combustible y medicinas.

Sin embargo, no se están tomando medidas concretas para disuadir a los manifestantes que ingresan a los cuarteles por la fuerza.

Aumenta el número de cuarteles tomados

Según denunció Arce, hasta el momento serían tres las unidades militares que han sido tomadas por seguidores de Evo Morales, quienes ingresaron a las bases, presuntamente, a modo preventivo para evitar que el Ejército reprima los bloqueos que están teniendo lugar en la zona.

Pocas horas después de que circularan imágenes de los efectivos del Regimiento Cacique Juan Maraza como rehenes de los manifestantes, se reportó la toma de la Base Naval de Puerto Villarroel.

En medio del enfrentamiento político entre Evo Morales y el presidente Luis Arce, movimientos cocaleros tomaron el día de ayer la base de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural y los cuarteles de la Novena División de Ejército, situados en el Departamento de Cochabamba.

El líder de los manifestantes señaló que tomaron las instalaciones para impedir la intervención policial y militar en los bloqueos, que comenzaron hace tres semanas y continúan al día de hoy, mientras la crisis económica se agrava y la violencia aumenta.

La Novena División ha sido tomada porque ha resguardado a las movilidades que han sido utilizadas (en el intento de) asesinato del hermano Evo Morales. Decirles que hemos activado nuestro comité de autodefensa para no permitir que maten a nuestros hermanos

En esta línea, el dirigente cocalero señaló que los cuarteles se hallan tomados por miles de evistas.

Manifestantes tienen a los militares de rehenes

En las últimas horas circularon imágenes de la Unidad Militar Regimiento Cacique Juan Maraza en Villa Tunari, donde aproximadamente 2.000 personas coparon las instalaciones y tomaron de rehenes a los uniformados que se encontraban en la base. En un video publicado se muestra a efectivos militares formados en fila uno al lado del otro, con las manos atrás del cuerpo (lo que sugeriría que están atados) y rodeados por manifestantes con palos, mientras el jefe de la unidad le pide al gobierno que no actúe sobre los bloqueos ya que está en juego la vida de sus soldados.

La zona donde están sucediendo los acontecimientos, fue donde tuvo lugar el presunto atentado a Evo Morales el domingo pasado, cuando el expresidente denunció que el auto en el que se trasladaba fue interceptado por encapuchados armados a bordo de dos vehículos que luego de atacarlo ingresaron a un cuartel de la Novena División de Ejército. Acto seguido, pobladores se acercaron a las instalaciones militares exigiendo explicaciones a los uniformados.

Posteriormente, el Ministro de Gobierno desestimó la versión de Evo Morales y aseguró que el exmandatario fue quien abrió fuego en un primer momento contra la policía, luego de negarse a frenar en un control de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural.

Pedidos de Evacuación

El día de ayer, los familiares de los efectivos de la Novena División de Ejército le solicitaron desesperadamente al gobierno nacional que evacúe a sus seres queridos. Cabe aclarar que en las instalaciones no solo hay uniformados sino también sus familias.

En virtud de lo anterior, el padre de la esposa de un militar, expresó: me comuniqué con mi hija y me indica que todo sigue igual, no los dejan hacer nada. La mayoría son niños y cada familia está compuesta por dos a tres niños y son cinco a seis familias. Están resguardadas en la zona de sanidad. Todo el cuartel está cercado por los cocaleros.

Represento al resto de los padres de hijos y de yernos que están ahí dentro, oficiales e instructores. Por favor, señor Presidente, diputados y senadores, tengan en cuenta a las familias que están ahí, antes de tomar una decisión, declaró uno de los familiares, mientras el gobierno evalúa cómo intervenir.

Este miércoles el máximo tribunal de la justicia mexicana informó que ocho de sus miembros, incluída la presidente, presentaron sus renuncias con motivo de la controversial reforma judicial impulsada por López Obrador. No obstante, su salida no se haría efectiva hasta agosto del próximo año, luego de que sean elegidos sus reemplazos.

La reforma en cuestión, establece que los jueces sean elegidos mediante elecciones, al igual que un diputado o un presidente. Esto convierte a México en el único país del mundo cuyos magistrados serán seleccionados a través del voto popular. De este modo, los detractores de la reforma insisten en que la medida fulminará la independencia de la justicia, quedando sometida al sufragio popular, en un país donde los narcos saben como imponer su voluntad en las urnas.

La gran mayoría de los miembros de la Corte Suprema de Justicia declinaron presentarse a elecciones el próximo año para conservar sus puestos, y presentaron su renuncia, en medio de la disputa entre el Poder Judicial y la nueva presidente Claudia Sheinbaum. Esta última, que continúa a fondo con la iniciativa promovida por su antecesor, enfrentó públicamente al máximo tribunal, advirtiéndole que presentar un recurso para invalidad la elección de jueces sería inconstitucional.

La reforma promulgada por el expresidente López Obrador, y firmemente defendida por su sucesora, generó tensiones diplomáticas con socios clave y numerosas manifestaciones callejeras en rechazo a la medida y en defensa de la independencia del Poder Judicial.

La aprobación de la reforma en el Senado mexicano, el miércoles 11 de septiembre tras un largo e intenso debate, provocó una huelga de empleados judiciales, y el rechazo de los dos principales socios comerciales del país, Estados Unidos y Canadá.

Si todo continúa de acuerdo a lo planeado por el gobierno, en junio de 2025 serán elegidos más de 6.500 jueces mediante voto popular, politizando el sistema judicial y volviéndolo vulnerable a la influencia del crimen organizado, según sostiene la oposición.

El Ministro de Gobierno boliviano, Eduardo Del Castillo, anunció esta tarde el comienzo de un nuevo proceso penal en contra de Evo Morales, en el que se lo acusa de haber disparado contra efectivos policiales.

Se trata del tiroteo que tuvo lugar ayer, a partir del cual el líder cocalero denunció que militares y policías llevaron a cabo un intento de atentado en su contra, exigiendo al gobierno de Luis Arce que se responsabilice y tome cartas en el asunto.

Posteriormente, desde el entorno de Evo Morales se sostuvo que los autos en los que viajaban los presuntos agresores ingresaron a un cuartel, al que horas más tarde llegó un grupo de evistas exigiendo explicaciones a los uniformados.

Sin embargo, Del Castillo afirmó esta tarde que miembros de la policía boliviana fueron atacados previamente por el equipo de seguridad del expresidente, lo que habría desatado la persecución que llevó a Morales a denunciar un intento de magnicidio.

De este modo, el Ministro de Gobierno informó que la comitiva del exmandatario se negó a detenerse en un punto de control policial instalado en una carretera del Trópico de Cochabamba, desmintiendo la versión de Morales.

La Policía boliviana les pide que reduzcan la velocidad, se identifican como efectivos del orden, sin embargo, imprimen mayor velocidad, sacan armas de fuego en contra de la humanidad y la integridad de la Policía, realizan disparos de fuego desde un vehículo en contra de la vida de los efectivos de la Policía boliviana y en contra de los vehículos que estaban siendo utilizados en materia de lucha contra el narcotráfico.

Adicionalmente, se informó que un efectivo policial fue atropellado por uno de los autos del convoy que transportaba a Evo Morales.

Mientras tanto, continúan los bloqueos que mantienen aislado al Departamento de Cochabamba y general desabastecimiento de alimentos y combustibles a lo largo de todo el país. En consonancia, las tensiones entre el gobierno y los colectivos que apoyan a Evo Morales se profundizan, y la violencia escala a medida que las fuerzas de seguridad intentan desarticular los cortes de rutas.

Este domingo se llevaron a cabo elecciones presidenciales del otro lado del Río de la Plata, que dieron como ganador al candidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi, con el 43% de los votos. Si bien sacó una diferencia contundente respecto a sus competidores, no alcanzó el 50% requerido para ser elegido presidente en primera vuelta.

De este modo, el 24 de noviembre deberá enfrentarse en una segunda vuelta al candidato apadrinado por el presidente Lacalle Pou, Álvaro Delgado, que en esta ocasión obtuvo poco menos del 30%.

Álvaro Delgado, al igual que el actual jefe de Estado uruguayo, pertenece al Partido Nacional, agrupación de centro-derecha que integra la Coalición Republicana, actualmente a cargo del gobierno.

En tanto,Yamandú Orsi representa al Frente Amplio, coalición de izquierda progresista que cuenta entre sus filas con comunistas, socialistas, socialdemócratas y ex guerrilleros, como el expresidente José «Pepe» Mujica, quien además ayudó a Orsi a obtener la candidatura.

Si bien en esta ocasión la diferencia entre el primero y el segundo candidato fue contundente, Álvaro Delgado, quien quedó detrás de Orsi con el 27%, no pierde las esperanzas de ser electo presidente. En este sentido, el candidato oficialista tuvo un mejor desempeño del que anticipaban las encuestas, y sumando a los socios de la coalición en la que se encuentra el Partido Nacional, supera al Frente Amplio en términos porcentuales.

A excepción del Frente Amplio, todos los partidos que aparecen en el gráfico pertenecen a la Coalición Republicana, sumando sus votos superarían al principal partido opositor en una segunda vuelta.

En las últimas horas circularon en redes imágenes tomadas desde el interior del vehículo en el que viajaba Evo morales, luego de haber recibido numerosos disparos, que dejaron herido al chofer.

Mientras se dirigía a su programa de radio, en el Departamento de Cochabamba, el líder cocalero habría sido emboscado por un grupo de hombres armados y encapuchados que abrieron fuego contra el convoy. Este último habría sido interceptado por dos camionetas al pasar frente a la novena división de Villa Tunari (una unidad militar).

Evo Morales apunta al gobierno

Luego del ataque, el expresidente responsabilizó a las fuerzas militares y policiales:

El intento de asesinato perpetrado esta mañana consistió en un operativo combinado con las fuerzas militares y policiales que fracasó gracias a fuerza y organización de los compañeros y compañeras de los movimientos sociales.

De este modo, llamó al presidente Luis Arce a procesar y destituir de manera inmediata a los Ministros de Gobierno y Defensa.

Adicionalmente, se refirió a las manifestaciones que están llevandose a cabo en todo el país desde hace dos semanas, aludiendo a la derrota de la guerra judicial instaurada para criminalizar y perseguir compañeros y compañeras luego de la marcha para salvar Bolivia. En línea, hoy se cumplen 14 días desde que iniciaron los bloqueos de rutas, con motivo del enfrentamiento entre Evo Morales, acusado de trata de personas, y el gobierno de Luis Arce.

Como consecuencia de las prolongadas manifestaciones, muchos sectores productivos se vieron paralizados y hay desabastecimiento de combustible y alimentos a lo largo de todo el país. Mientras tanto, la violencia escala, con enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad.

Horas más tarde, la Dirección Nacional del Movimiento al Socialismo (MAS), partido al que pertenecen tanto Evo Morales como Luis Arce, publicó un comunicado denunciando el intento de magnicidio.

Según el documento publicado, los vehículos en los que viajaban los agresores habrían ingresado a un cuartel militar luego del ataque, y se acusa al gobierno de haber atentado contra la vida de Evo Morales.

Lidia Patty Mullisaca es una controvertida activista política boliviana, de origen indígena, que mantiene una estrecha relación con el expresidente Evo Morales. Entre 2018 y 2020 ocupó una banca en la Cámara de Diputados de Bolivia, por el Movimiento Al Socialismo (MAS). Y en noviembre de 2020, presentó una denuncia contra los dirigentes opositores Luis Camacho y Jeanine Áñez, por intento de golpe de Estado.

En septiembre del año pasado llegó a La Plata para asumir el cargo de vicecónsul de Bolivia en Argentina, tras un breve y fallido paso por las oficinas diplomáticas de su país en Perú, donde habría sido enviada para expandir la influencia política de Evo Morales, según la oposición boliviana. Asimismo, desde algunos sectores políticos de Bolivia, alertaron a la ciudadanía argentina sobre la llegada de Lidia Patty.

A mediados de 2023, el gobierno peruano rechazó su nombramiento como cónsul de Bolivia. De este modo, el 13 de junio, pocos días luego de haber asumido, la Cancillería boliviana ordenó que regresara al país. Aparentemente, Lidia Patty habría comenzado a ejercer su cargo diplomático sin contar con la admisión del ejecutivo peruano, motivo por el cual, se le pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia que dejara sin efecto su nombramiento.

Sin embargo, al margen de los motivos administrativos, numerosas figuras políticas de Perú cuestionaron la designación de Lidia Patty, a quien señalaron como una agitadora al servicio de Evo Morales.

En esta línea, Lidia Patty había sido designada por la Cancillería Boliviana para ocupar el rol de Cónsul General en Puno, ciudad fronteriza de población indígena en el sur de Perú, que entre diciembre y marzo de 2023 fue el epicentro de protestas en contra del gobierno que dejaron decenas de muertos y heridos.

Dos meses después de aquel episodio, el gobierno boliviano envió a Lidia Patty al lugar, encendiendo las alarmas en sectores políticos de Bolivia y Perú. En aquella oportunidad, una diputada de la oposición boliviana, sostuvo que la presencia de Lidia Patty en territorio peruano era una estrategia para movilizar a comunidades indígenas, promover discursos separatistas y generar un clima de tensión y polarización en la región. Asimismo, afirmó que la nueva cónsul responde a Evo Morales, y que se encontraba en Puno para llevar adelante el proyecto Runasur.

El Proyecto Runasur

Se trata de una iniciativa de Evo Morales para crear una organización que articule movimientos sociales en todo el continente para crear «una América plurinacional”. Uno de los países contemplados en el plan, es Perú, donde el expresidente boliviano se hizo presente en reiteradas ocasiones durante la presidencia de Pedro Castillo. Luego de que este último fuera destituído por un autogolpe de Estado, Dina Boluarte cuestionó la participación de Evo Morales en reuniones con grupos opositores en Puno (región de mayoría indígena), y lo acusó de estar vinculado a las protestas que tuvieron lugar a inicios de 2023, después de la destitución de Castillo.

Durante una ceremonia con colectivos indígenas en Puno, Evo Morales declaró:

Los hermanos indígenas de Puno me decían, queremos ser parte de Runasur. Que bueno sería que el próximo año, acá en Puno, hagamos un gran evento de Runasur orientado a liberar a la región.

Tras ser expulsada de Perú por desestabilización, fue enviada a Argentina…

De este modo, la llegada de Lidia Patty fue motivo de preocupación para el gobierno peruano, que a pocos días de su llegada instó a la Cancillería boliviana a que deje sin efecto su nombramiento.

Pocos meses después de aquel episodio, Lidia Patty fue designada como vicecónsul de Bolivia en la Argentina, donde permanece desde septiembre de 2023.

Luego de su nombramiento, el partido opositor boliviano «Creemos», advirtió en un comunicado que la ciudadanía argentina tenga cuidado con Patty, porque en Perú fue rechazada, debido a que tenía la misión de provocar conflictos para presionar por la liberación del corrupto y golpista expresidente Pedro Castillo.

Según la oposición boliviana, la dirigente habría comenzado a ejercer su rol en Argentina antes de que la Cancillería anunciara el nombramiento, y critican su total falta de aptitudes para el puesto, argumentando que la designación fue un premio por su participación en el marco de la causa contra Luis Camacho y Jeanine Áñez.

El veto brasileño a Venezuela en los BRICS: un golpe devastador para Maduro

La negativa de Brasil al ingreso de Venezuela al bloque puso de manifiesto el profundo aislamiento internacional que enfrenta el régimen de Nicolás Maduro. La decisión, calificada por Caracas como una «agresión» y un «gesto hostil», revela no solo la falta de apoyo de sus vecinos (y supuestos aliados), sino también el creciente desdén hacia un gobierno cuyo carácter autoritario y cuestionadas elecciones han erosionado su legitimidad en el ámbito internacional.

El deterioro de las relaciones Brasil-Venezuela

Tras el regreso de Lula da Silva al poder, existían expectativas de una reanudación de relaciones más amistosas entre Brasil y Venezuela. Sin embargo, la reciente exclusión de Venezuela del BRICS ha evidenciado la falta de confianza que rodea al gobierno de Maduro. Las elecciones del 28 de julio, que fueron ampliamente criticadas por su falta de transparencia y acusaciones de fraude, han contribuido a esta ruptura. El veto de Brasil no solo refleja una desconfianza profunda, sino que también es una muestra de que el régimen de Maduro ha perdido cualquier oportunidad de reconstruir sus lazos diplomáticos en la región.

El embajador brasileño decidió mantener el veto que Bolsonaro había impuesto, lo que evidencia la continuidad de una política exterior que ve a Venezuela como un paria. Asimismo, el hecho de que Maduro no haya podido participar en la foto oficial de la cumbre es un símbolo de su aislamiento y un duro golpe para su imagen internacional.

La postura brasileña: un rechazo contundente

Celso Amorim, asesor especial de Lula, ha sido claro en que la cuestión con Venezuela «no tiene que ver con democracia, sino con un quiebre de confianza». La falta de entrega de las actas del Consejo Nacional Electoral (CNE) por parte de Maduro es solo un ejemplo de cómo el régimen ha socavado su propia credibilidad. Amorim, quien ha estado en contacto directo con Maduro, ha indicado que la confianza en el liderazgo venezolano ha desaparecido, lo que ha llevado a Brasil a tomar una postura más firme y a cuestionar cualquier posibilidad de cooperación.

A pesar de los intentos de Maduro de buscar respaldo internacional, la realidad es que sus aliados, como Rusia y China, han respetado la decisión brasileña, mostrando que incluso en el bloque BRICS, su influencia es limitada y dependiente del apoyo de otros.

La situación se agrava: un futuro incierto para Venezuela

La tensión se intensificó luego de que Caracas revocara la autorización de Brasil para representar a Argentina y gestionar su embajada. Lula ha manifestado su creciente impaciencia con Maduro, lo que ha llevado a pronosticar que, a partir del 10 de enero, Brasil dejará de reconocerlo como presidente. Esto marcará un deterioro aún más pronunciado en las relaciones, que ya se encuentran en un punto crítico.

Durante la cumbre de Kazán, la aprobación de 13 nuevos socios para el BRICS, incluidos Turquía, Indonesia y Bielorrusia, pero excluyendo a Venezuela, es un reflejo de la condena internacional a un gobierno que se aferra al poder a expensas de la democracia y la estabilidad en la región.

Un futuro aislado para la Venezuela de Maduro

El veto brasilero al ingreso de Venezuela en el BRICS es un golpe devastador para el régimen de Maduro, un claro indicativo de su creciente aislamiento y pérdida de credibilidad. A medida que el país lucha contra una crisis económica interminable y enfrenta la desconfianza de sus vecinos, la cumbre de Kazán ha subrayado el fracaso diplomático de un gobierno que parece haber perdido el apoyo internacional. Con un futuro cada vez más incierto, Venezuela se enfrenta a la dura realidad de que sus aspiraciones de integración regional y reconocimiento global están cada vez más lejos.

En el marco de la XVI Cumbre de los BRICS sostuvimos una importante reunión bilateral con el hermano presidente de la República Islámica de Irán, Masoud Pezeshkian, en Kazán, Rusia. Reafirmamos la firme voluntad de seguir fortaleciendo nuestras relaciones de amistad y cooperación mutua en áreas clave, como la agricultura, salud, energía, educación y comercio en favor de nuestros pueblos

Del mismo modo, el mandatario informó que mantuvo un encuentro bilateral con Nicolás Maduro, para «reafirmar la lucha revolucionaria por la unidad y la cooperación» entre ambos países, y apuntó contra los «intereses imperialistas» que según Arce buscan debilitar a sus pueblos.

Esta serie de reuniones bilaterales tuvo lugar la misma semana en la que una diplomática israelí estableció una particular vinculación entre los tres países. Hace unos días, la Embajadora de Israel en Costa Rica habló sobre la proliferación de grupos terroristas en América Latina, y sostuvo que existen «bases» de Hezbollah y grupos pro-iraníes en Bolivia y Venezuela. Posteriormente, el Ministerio de Relaciones Exteriores boliviano rechazó los dichos de la funcionaria.

Sin embargo, el presidente Luis Arce, quien se ausentó de su país en medio de una crisis por los bloqueos de rutas, aprovechó la oportunidad para mostrarse dispuesto a fortalecer sus vínculos con Venezuela e Irán.

Ya han transcurrido 10 días desde que los seguidores de Evo Morales comenzaron a bloquear las rutas en defensa del ex presidente acusado de trata de personas. Al día de hoy, el Departamento de Cochabamba se encuentra aislado del resto del país, y muchas ciudades están desconectadas, impidiendo la circulación de productos de consumo y combustible.

Mientras tanto, la violencia empieza aumentar a medida que el gobierno intenta desarticular los cortes de rutas, y algunos ciudadanos se convocan para enfrentar a los manifestantes que paralizan la economía del país.

Este martes, las fuerzas de seguridad intervinieron en 7 puntos de bloqueo, encontrándose con una fuerte resistencia por parte de los seguidores de Evo Morales, quienes evitaron que la policía pudiera despejar la ruta que conecta a Cochabamba con Santa Cruz de la Sierra. Según se informó, los manifestantes habrían superado a los efectivos policiales, quienes reportaron que un grupo de bloqueadores portaba armas de fuego.

En este marco, el presidente Luis Arce declaró que la policía desbloqueará las carreteras del país gradualmente y advirtió que ningún bloqueo salvará a quienes estén vinculados a la pedofilia, refiriéndose al exmandatario Evo Morales, acusado de haber embarazado a una menor de edad.

Por su parte, una funcionaria aseguró que los manifestantes buscan incitar la violencia con el objetivo de generar caos y presionar al gobierno para acortar el mandato de Arce. Asimismo, apuntó contra el dirigente evitista Juan Ramón Quintana, quien declaró que «este bloqueo se nutre de sangre».

El viernes pasado, durante un operativo policial en La Paz, los efectivos habrían sorprendido a un grupo de manifestantes en posesión de explosivos, dispuestos a bloquear un camino.

Mientras los evitistas se dirigen a la capital, la falta de combustible y alimentos provocada por los bloqueos de rutas comienza a sentirse a lo largo de todo el país. En consonancia, el Secretario de Salud de Cochabamba anunció un plan de contingencia para garantizar el abastecimiento de carne, verduras y otros productos en los hospitales de la ciudad, que se ven perjudicados por las manifestaciones. Paralelamente, en distintos puntos del país se reportan filas de camiones con alimentos varados en las rutas.

En consecuencia, distintos sectores productivos se han pronunciado en contra de las manifestaciones, exigiendo al gobierno que tome medidas al respecto para garantizar la circulación.

De este modo, representantes de constructores, lecheros, floricultores, transportistas, productores de hortalizas, comerciantes avicultores y juntas vecinales, demandan que finalicen los bloqueos que perjudican a la economía.

En esta línea, el Comité Cívico de Cochabamba, una organización que reúne a representantes de diferentes sectores de la economía, señaló que el aparato productivo de la ciudad «está al borde de la quiebra«, y que las medidas de fuerza de los movimientos afines a Evo Morales profundizan la crisis económica.

En este marco, se registra en todo el país desabastecimiento de productos básicos como carne, arroz y verduras, sumado a la escasez de combustible.

Prácticamente en todas las capitales y poblaciones medianas están sin gasolina y diésel, lo que ha reducido notablemente el servicio de transporte público. Además los transportistas se han declarado en emergencia, aseguró el periódico boliviano «El Deber».

En la ciudad de La Paz, capital del país, la violencia escala a medida que los sindicatos de transporte sostienen el paro e impiden la circulación de camiones.

En este marco, el día de hoy circularon imágenes de choferes sindicalizados agrediendo en grupo a un conductor que se habría negado a acatar el paro decretado por los sindicatos.

En el video se observa a un grupo de choferes sosteniendo a un hombre, mientras otro lo golpea con un cinturón repetidas veces.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia se expresó acerca de los dichos de la representante de Jerusalén en Costa Rica, afirmando que se trata de declaraciones irresponsables, infundadas e interesadas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia rechaza las irresponsables, infundadas e interesadas declaraciones realizadas el 21 de octubre por la Embajadora de Israel en Costa Rica, Michal Gur-Aryeh, respecto a la existencia de “bases militares de Irán y Hezbolá en Bolivia”.

La funcionaria israelí apuntó contra Bolivia, Venezuela y Nicaragua, al referirse a la existencia de «bases» de Hezbollah y grupos iraníes en América Latina, provocando la reacción del gobierno encabezado por Luis Arce.

En consonancia, la cancillería boliviana sostuvo que las declaraciones aludidas buscan generar conflicto entre los países latinoamericanos, a los que llamó a no caer en estas provocaciones que pretenden afectar las relaciones de hermandad entre estados y pueblos de la región.

Asimismo, el comunicado reiteró el apoyo del país andino a Palestina en el marco de la guerra en Medio Oriente.

La organización terrorista Hezbollah y otros grupos radicales iraníes tienen bases en Bolivia, Nicaragua y Venezuela, según declaró la diplomática israelí, en diálogo con medios nicaraguenses que trabajan desde el exilio.

Puedo decir que hay también otros países en la región que tienen bases de Irán e Hezbollah, y particular Venezuela y Bolivia.

En línea, señaló que los servicios de inteligencia de Israel han ayudado a muchos países de la región a interceptar y prevenir las actividades de grupos que responden a Teherán, poniendo de ejemplo a Argentina, Brasil, Colombia, Perú y México, países a los que Israel habría prestado asistencia en el último año.

Respecto a Argentina, la funcionaria recordó los atentados terroristas sufridos en los 90, y afirmó que la inteligencia israelí sabe claramente que fueron manejados desde la Embajada de Irán en Buenos Aires.

Adicionalmente, se refirió a los vínculos del terrorismo y el crimen organizado, asegurando que existe en todo el mundo una cooperación muy estrecha entre los grupos terroristas y las organizaciones criminales.

Ellos cooperan muy fluidamente. De hecho no se sabe generalmente cuando termina el crimen organizado y cuando empieza el terrorismo, porque muchos de estos grupos terroristas están muy, muy involucrados en el crimen organizado

En esta línea, la representante de Jerusalén en San José destacó que Hezbollah es uno de los principales traficantes de drogas en Medio Oriente, ya que esto le permite obtener una gran fuente de financiamiento para sus actividades.

Finalmente, la Embajadora señaló que Israel ha invitado a los países democráticos de la región, que quieran conservar su libertad y Estado de derecho, a estrechar vínculos para hacer frente a ese tipo de amenazas. En este sentido, advirtió que el régimen de Ortega, en Nicaragua, eligió a Irán como aliado a pesar de que este último es el mayor promotor del terrorismo en el mundo.

Una magistrada de la justicia mexicana le dió 24 horas al gobierno para bajar la publicación de una controvertida reforma judicial.

En tanto, Claudia Sheinbaum declaró que la orden «jurídicamente no tiene ningún sentido», y se rehusó a dar marcha atrás con la reforma, aseverando que «ni una jueza, ni ocho ministros pueden parar al pueblo mexicano».

No vamos a bajar la publicación. Vamos a hacer una denuncia de esta juez ante el Consejo de la Judicatura. Ya sabemos que el consejo no necesariamente está haciendo su trabajo, pero no queremos que quede impune

La recién llegada a la presidencia se refirió al Consejo de la Judicatura, instancia encargada de velar por el correcto desempeño de los jueces. De este modo, la mandataria expresó que elevará una denuncia ante este órgano, acusando a la jueza que le ordenó el pasado jueves bajar la publicación del Diario Oficial de la Federación (el equivalente al boletín oficial en Argentina).

La reforma judicial en cuestión, contiene numerosos elementos que fueron motivo de controversia. El más polémico, es la disposición que permite a los ciudadanos elegir a todos los jueces de México, incluidos los de la Corte Suprema.

Mientras tanto, el día de ayer los diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), de orientación conservadora, acusaron a la presidente de dar un golpe de Estado. A través de un comunicado, apuntaron contra la reforma judicial por el impacto que tendría en las instituciones, y por constituir un riesgo para el sistema de frenos y contrapesos del gobierno mexicano.

La Suprema Corte debe actuar con celeridad y firmeza para detener lo que consideramos un golpe de Estado disfrazado, que está siendo orquestado por la Presidenta Sheinbaum mediante el incumplimiento constante de las suspensiones otorgadas, reza el comunicado publicado por los diputados del PAN.

La edición 2024 del Cruzeiro do Soul Exercise (CRUZEX) organizado por la fuerza aérea brasileña, se realizará a inicios de noviembre en la Base Aérea de Natal.

Este ejercicio reúne a las principales fuerzas aéreas del continente para adiestrarse de manera conjunta llevando a cabo operaciones combinadas, fortaleciendo la cooperación y el intercambio entre los países más poderosos de la región. La edición de este año contará con la participación de 16 países y alrededor de 50 aeronaves.

Argentina, Chile, Colombia, Estados Unidos, Paraguay, Perú y Portugal enviarán unidades aéreas, mientras que Uruguay, Ecuador, Canadá, y algunos países europeos como Alemania y Francia, asistirán en calidad de observadores.

El CRUZEX se realiza desde hace años con la Fuerza Aérea Brasileña como su anfitrión, proporcionando un espacio de integración en el que los países de la región se adiestran de manera combinada intercambiando experiencias y conocimiento.

La primera edición de este ejercicio tuvo lugar en el año 2002. En aquella ocasión, la Fuerza Aérea Argentina se hizo presente con sus Mirage III.

Este año, Argentina enviará sus entrenadores IA-63 Pampa III, y un KC-130 Hércules. Actualmente la FAA se encuentra en medio de un interludio en el que no hay aviones de combate operativos, mientras se aguarda la llegada del primer lote de los recién adquiridos F-16, los viejos A4-AR permanecen en tierra hasta nuevo aviso.

Mientras tanto, el anfitrión desplegará sus cazabombarderos SAAB F-39 Gripen, cazas F-5 Tiger II, aviones de ataque a tierra Super Tucano, y uno de sus KC-390, fabricado por Embraer.

Asimismo, el ejercicio contará con la presencia de los F-16 de la Fuerza Aérea Chilena, acompañados de un KC-135 Stratotanker.

Se trata de Cindy Vargas, quien habría sido embarazada por el expresidente cuando tenía 15 años de edad, motivo por el cual se está llevando a cabo una investigación judicial en contra de Morales, bajo los delitos de estupro y trata de personas.

El Ministro de Gobierno, Carlos del Castillo, declaró que el día de hoy se abrió una investigación luego de que la joven vinculada al exmandatario se reportara desaparecida, en el medio de la disputa entre Evo Morales y el gobierno boliviano.

En tanto, los bloqueos de rutas iniciados el lunes por los «evistas», van por el cuarto día consecutivo, habiéndose reportado este jueves 10 puntos de bloqueo, nueve de ellos en el Departamento de Cochabamba, y uno en Santa Cruz.

Las manifestaciones convocadas por el Pacto de Unidad (conjunto de organizaciones afines al expresidente), comenzaron luego de que la fiscalía de Tarija, donde se inició la causa contra Evo Morales, amenazara con emitir una orden de captura, agitando aún más la tensión entre el líder indígena y el gobierno de Luis Arce.

El día de ayer, la policía detuvo a varias personas que participaban de los cortes de rutas. Según Del Castillo, uno de los detenidos escondía explosivos, por lo que fue puesto a disposición de la justicia. En tanto, el gobierno acusa a Evo Morales de buscar convulsión, mientras partes del país continúan paralizadas en el marco de un conflicto que lleva varios meses.

Un grupo de 15 países caribeños exigirá al gobierno británico un pago de miles de millones de libras, a modo de reparación por su participación en el esclavismo que se extendió durante cientos de años. En consonancia, la cifra reclamada alcanza las 200.000 millones de libras.

La petición formal tendrá lugar en la próxima cumbre de la Commonwealth, que se llevará a cabo el 21 de octubre en Samoa.

La iniciativa está encabezada por la Primer Ministra de Barbados, Mía Mottley, quien afirmó que las reparaciones por la esclavitud y el colonialismo deberían ser parte de un nuevo reinicio global.

Sin embargo, al ser consultado sobre esta demanda, el portavoz del primer ministro británico afirmó que la compensación no está en la agenda de la reunión de los jefes de Estado de la Commonwealth, desestimando el reclamo.

La posición del Gobierno al respecto no ha cambiado. No pagamos compensación. El Primer Ministro asistirá a la cumbre para discutir los desafíos y oportunidades compartidos que enfrenta la Commonwealth, incluido el impulso del crecimiento en toda nuestra economía.

Mientras tanto, algunos medios británicos critican a Mottley por los vínculos que su país mantiene con China, y por su participación en la Iniciativa de la Franja y la Ruta, alegando que la ONU informó sobre trabajos forzados de miembros de grupos minoritarios.

En la tarde del lunes comenzaron los primeros bloqueos de rutas, con manifestantes dinamitando cerros para cortar el paso en las carreteras, buscando evitar la detención de Evo Morales quien desde hace semanas se enfrenta a una investigación judicial por haber abusado de una menor de edad.

De acuerdo a los medios bolivianos, los bloqueos se concentran principalmente en 4 puntos estratégicos para la comunicación terrestre entre los distintos departamentos. El objetivo sería incomunicar al departamento de Cochabamba, fundamental para la conexión interdepartamental que une a Santa Cruz, al este, con La Paz, al oeste.

Hasta el momento, el gobierno confirmó la detención de 13 personas que participaban de los bloqueos. Mientras tanto, el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos de Bolivia, informó que debido a los cortes se registra una sobredemanda de combustibles en las estaciones de servicio a lo largo de todo el país. De esta forma, si la situación continúa más temprano que tarde se hará sentir en la economía.

Por su parte, el presidente Luis Arce llamó a defender la Constitución ante «los afanes hegemónicos de poderes que buscan perpetuar sus privilegios a costa de nuestras riquezas naturales«.

Un nuevo testimonio que complica a Evo Morales

En medio de la puja entre el gobierno y los manifestantes, una exdirigente de la Confederación de Mujeres Interculturales (asociación política que reúne a mujeres de distintas comunidades indígenas), afirmó ser testigo de que Evo Morales vivía con menores de edad durante su estadía en Argentina como refugiado político.

Se trata de Angélica Ponce, dirigente política proveniente de una comunidad indígena de Bolivia, quien declaró ser testigo de la relación del exmandatario con menores de edad. Asimismo, señaló que hay fracturas hacia el interior de los movimientos cocaleros de Chaparé (municipio del departamento de Cochabamba), ya que algunos rechazan defender al expresidente acusado de trata de personas.

Evo Morales estuvo en Argentina viviendo con menores de edad, soy testigo de aquello, creo que es importante denunciar ante la comunidad internacional de que un tipo de esta talla amenaza la estabilidad boliviana.

Una de las menores que según Ponce convivían con el expresidente, de nombre Noemí, habría sido identificada por la policía boliviana en el año 2020 como la «pareja» de Evo Morales, a partir de fotografías y mensajes encontrados en el celular de la joven durante una incautación.

Evo dice públicamente que todos los que querían una obra le regalaban una niña. En el Trópico de Cochabamba se están rebelando contra Evo Morales, dicen: no podemos ir a defender a un pedófilo, no podemos defender a un violador.

– Angélica Ponce

En tanto, el Ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, instó a la mujer a presentar la información a la policía para iniciar las investigaciones correspondientes.

En la tarde de ayer, campesinos indígenas bloquearon algunos tramos de rutas nacionales bolivianas, en apoyo a Evo Morales, quien podría ser arrestado a raíz de la denuncia que le adjudica haber abusado sexualmente de una menor de edad, quien habría quedado embarazada.

Como anticipó ayer Radar Austral, el sábado tuvo lugar en Cochabamba un acto por el «Día de la Descolonización» del que participaron Evo Morales y diversos dirigentes sociales y sindicales. Ese día, se advirtió que si la fiscalía en la que recayó el caso del expresidente, procedía con la orden de aprehensión, las organizaciones que apoyan al líder indígena bloquearían las rutas de Bolivia.

Dicho y hecho, entre ayer y hoy iniciaron los cortes en defensa del exmandatario, quien se negó a presentarse a declarar ante la fiscalía el pasado jueves. Los bloqueos están concentrados en las rutas que conectan Cochabamba, donde Morales se resguarda bajo el respaldo de sus seguidores, con las ciudades de Sucre y Santa Cruz.

Ponciano Santos, líder sindical que apoya a Morales, advirtió este lunes que «esta tarde, mañana, hasta los próximos días, todo el país estará bloqueado«.

Los manifestantes, liderados por el Pacto de Unidad (aglomeración de organizaciones afines a Evo Morales) exigen que se detenga el proceso judicial, y que se reconozca el Congreso Partidario en el que el expresidente fue nombrado candidato único, para las elecciones generales de 2025.

Cabe recordar que se trata de una disputa en el seno del Movimiento Al Socialismo (MAS), partido al que pertenecen tanto Evo Morales como el actual presidente Luis Arce, por lo que en rigor no se trataría de un enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición.

Esta mañana, en la provincia de Mendoza, el Ministro Petri encabezó la apertura de la XVI Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, un foro internacional creado en 1995 que reúne a altos funcionarios de defensa de los países americanos, para promover el diálogo y la cooperación regional en materia de defensa y seguridad. La ceremonia de apertura contó con la presencia del gobernador Alfredo Cornejo, quien resaltó la importancia del evento para la cooperación regional, en un contexto global cada vez más complejo.

Esta Conferencia se realiza cada dos años, y la última edición tuvo lugar en Brasilia, entre el 25 y el 28 de julio de 2022. En aquella ocasión, durante la ceremonia de clausura los Estados miembros seleccionaron a la Argentina como sede para el 2024, asumiendo de esta manera la presidencia pro témpore, ejercida por el Ministro de Defensa Luis Petri. Asimismo, el Secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, Juan Battaleme se estará desempeñando como secretario general del foro, mientras que la Directora Nacional de Gestión de la Cooperación Internacional para la Defensa, Ana Carolina Podlesker ejercerá el rol de secretaria ejecutiva.

De esta manera, el día de hoy se dió inicio al evento en la localidad mendocina de Guaymallén, que se convierte en el epicentro de la seguridad hemisférica, al albergar la XVI Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, como señalaron medios locales.

Este año asistieron delegaciones de todos los países de la región, a excepción de Cuba, Venezuela y Nicaragua. En tanto, el Ministro de Defensa argentino comenzó su discurso resaltando la necesidad de defender los valores democráticos frente a las autocracias de la región, refiriéndose al régimen bolivariano como un país que «conserva fachada democrática pero encarna una rabiosa autocracia«. Además, agregó que los actores extrahemisféricos que apoyan regímenes no democráticos constituyen una importante amenaza, mencionando a Irán.

Este foro es fundamental para diseñar una arquitectura de defensa adaptada a los desafíos actuales, en un mundo cada vez más complejo, aseguró vía X Luis Petri, quien sostuvo que Argentina propondrá el reconocimiento del terrorismo como una amenaza para la estabilidad de América. En esta línea, el Ministro se refirió a los nuevos desafíos de la defensa:

Grupos criminales transnacionales, narcotráfico, terrorismo y sus redes de apoyo, la pesca ilegal, la minería ilícita, el tráfico de personas y la quema intencional de bosques, así como los desplazamientos forzados por persecución política o falta de desarrollo, representan desafíos complejos para nuestra región

Adicionalmente, habló de los desafíos que representan las nuevas tecnologías como la IA para los sistemas de defensa, ofreciendo grandes potencialidades pero también suponiendo un gran riesgo en manos enemigas.

Asimismo, el Ministro hizo algunos comentarios sobre el proceso de modernización de las Fuerzas Armadas, destacando no solo las recientes adquisiciones y el entrenamiento del personal, sino también el «reposicionamiento estratégico de la Argentina en asuntos mundiales». En consonancia, reiteró el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.

Este sábado, en un nuevo episodio de la disputa entre el líder indígena y el gobierno de Luis Arce, Evo Morales amenazó con bloquear las principales rutas de Bolivia si la fiscalía avanza con su aprehensión para que declare en el caso de «estupro» y trata de personas que está siendo llevado en su contra.

El expresidente cuenta con el apoyo de diversas organizaciones sociales que desde hace semanas se movilizan en contra del gobierno. Hace dos días, en el acto por el «Día de la Descolonización» que tuvo lugar en Cochabamba, advirtieron que si la fiscalía ejecuta la orden de captura, comenzará un bloqueo de las principales rutas nacionales.

La semana pasada, Evo Morales había sido citado para declarar en el marco de la causa, pero alegando que el gobierno de Arce está «forzando un proceso penal», decidió no comparecer este jueves ante la fiscal que lo investiga. Los líderes de los movimientos cocaleros ya habían advertido la semana pasada que «habría convulsión» si el caso continuaba.

El Pacto de Unidad y otras organizaciones sociales no se están equivocando para ir a una gran movilización y que nos respeten, el Gobierno tiene la obligación de respetar al pueblo boliviano

– Evo Morales

Luego de que el expresidente decidiera no presentarse ante la fiscalía de Tarija, Ponciano Santos, dirigente del oficialismo pero afín a Morales, declaró: «Si tocan a Evo tocan al pueblo»

Desde entonces, Evo Morales no ha salido de Cochabamba, donde se resguarda bajo la protección de los movimientos sociales y sindicales.

La semana pasada, la fiscal de Tarija, emitió una orden de aprehensión contra el expresidente por abuso de menores y trata de personas. Horas más tarde, la orden fue anulada y la funcionaria removida de su cargo.

Sin embargo, el Ministerio Público de Bolivia confirmó que este martes el exmandatario fue citado para declarar ante la fiscalía, por los delitos de «estupro, trata y tráfico de personas».

Por su parte, Evo Morales, acusado de haber abusado de una menor de edad mientras era presidente, afirmó que la investigación se debe a un complot en su contra, y que hay instrucciones del gobierno para ordenar su detención en Tarija. Asimismo, ni él ni su equipo de abogados confirmaron si asistirá o no a comparecer ante la fiscalía, y aseguró que el objetivo es «descabezar al movimiento popular boliviano».

En tanto, el Ministro de Justicia, César Siles, declaró que de no acatar la orden de comparecer ante el tribunal, se expedirá el mandamiento de aprehensión contra el exmandatario, citado a declarar a las 16:00 horas del día de hoy.

El gobierno traidor ha desatado una guerra judicial, la criminalización de la protesta social y la persecución a la oposición política para pretender proscribirnos. El objetivo es descabezar al movimiento popular boliviano. Todo es producto de la desesperación del Gobierno que no tiene ninguna respuesta a la crisis y tampoco tiene ninguna posibilidad electoral.

– Evo Morales

Según la denuncia presentada, el expresidente habría embarazado a una menor de 15 años de edad, que en 2016 habría dado a luz a una bebé, registrada dos años más tarde en Yacuiba, una localidad próxima a la frontera con Argentina.

El día de ayer, el mandatario colombiano expresó en sus redes sociales que «había comenzado el golpe», seis horas más tarde, a través de una transmisión denunció que se estaba dando el primer paso de un golpe en su contra, frente a las acusaciones presentadas por la Comisión Nacional Electoral (CNE).

La CNE es la institución que se encarga de garantizar la transparencia y el correcto desarrollo de los procesos electorales. Este organismo, había anunciado que abriría una investigación en contra de Gustavo Petro, por irregularidades en su campaña presidencial de 2022.

La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral decidió por mayoría abrir investigación y formular cargos a la campaña presidencial de primera y segunda vuelta de la coalición representada por los ciudadanos Gustavo Francisco Petro Urrego, Ricardo Roa Barragán, Lucy Aydeeé Mogollón Alfonso (entre otros) al movimiento político Colombia Humana y al partido político Unión Patriótica UP; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales

De acuerdo a la CNE, la campaña de Petro habría superado el límite de financiación permitido. Además, el entonces candidato a presidente no habría declarado ante el órgano electoral, aportes provenientes de la Federación Colombiana de Educadores (FECODE) del partido Polo Democrático Alternativo y de la Unión Sindical Obrera (USO), durante la primera vuelta de la elección. En línea, tanto en la primera como en la segunda, se habría violado el tope establecido para el financiamiento de las campañas electorales, reportando un exceso de aproximadamente USD 400.000 para la segunda vuelta.

Frente a estas acusaciones, Gustavo Petro denunció un golpe de Estado en su contra, afirmando que no se están respetando sus fueros como presidente. Durante una transmisión, se dirigió al pueblo colombiano para defenderse de los cargos presentados, que según el mandatario, están al margen de la ley.

Hoy se ha roto el fuero integral del presidente de colombia, se ha dado el primer paso del golpe de Estado, el Consejo Nacional Electoral ha formulado cargos en mi contra, esto viola nuestra Constitucion y pone en peligro la institucionalidad que represento

En el video publicado, Petro respondió a las acusaciones presentadas punto por punto:

En primer lugar, afirmó que «los presuntos aportes de la USO y la FECODE no fueron a su campaña, sino al partido Colombia Humana.

Luego, sostuvo que los «supuestos pagos» a testigos electorales (que según la CNE, no habrían sido declarados) no corresponden a gastos de campaña, argumentando que estos pagos se realizan después de terminadas las elecciones, y la campaña, legalmente, finaliza con la apertura de las urnas.

En tercer lugar, declaró que todos los gastos de campaña, en concepto de propaganda electoral, habrían sido reportados bajo la normativa correspondiente, como lo habría certificado la auditoría externa contratada por la CNE.

En el cuarto punto, Petro afirmó que los magistrados del CNE «confunden y malinterpretan» los permisos de vuelo, que según el presidente, no necesariamente habrían sido utilizados en el marco de la campaña.

Por último, se refirió al festejo que tuvo lugar luego del cierre de los comicios, argumentando que los gastos de tal evento, que habrían sido considerados por la CNE en su denuncia, no corresponden al período de campaña.

De este modo, Petro señaló que los cargos son infundados y que enfrenta a una autoridad administrativa «capturada por la oposición», y apuntó contra la Comisión de Investigación y Acusación, de la Cámara de Representantes, solicitándole que haga público el expediente de la investigación de la CNE.

Para cerrar su discurso, el mandatario hizo un llamado a las organizaciones populares del país, incitándolas a reunirse en asamblea permanente, y ordenó a las fuerzas de seguridad pública «no levantar una sola arma contra el pueblo».

En lo que muchos analistas señalan como la antesala de las presidenciales de 2026, Lula y Bolsonaro midieron fuerzas a lo largo de más de 5000 ciudades de Brasil. En términos generales, las fuerzas de derecha y centroderecha tuvieron el mejor desempeño. Asimismo, el Partido Liberal de Bolsonaro obtuvo mejores resultados que el Partido de los Trabajadores de Lula.

San Pablo: resultado ajustado y segunda vuelta

El foco político de la jornada estuvo en San Pablo, donde la diferencia entre el primer y el segundo candidato más votado fue mínima, por lo que habrá segunda vuelta. El actual alcalde, Ricardo Nunes (Movimiento Democrático Brasileño), quien cuenta con el apoyo de Bolsonaro, sacó un 29,48% frente al izquierdista Guilherme Boulos, que obtuvo el 29,07%. En aquellas ciudades con 200.000 habitantes o más, para ganar en primera vuelta es necesario obtener el 50%.

De esta forma, menos de un punto de diferencia separó al alcalde paulista del diputado apoyado por el Partido de los Trabajadores (que no presentó candidato propio), resultado que recién se definió con el escrutinio al 99,5%. Pero antes de esto, se asomaba un empate entre tres candidatos, con el inesperado desempeño del novato Pablo Marcal, influencer digital anti-establishment categorizado como de extrema derecha (y comparado con Javier Milei). Este último, se hizo con el 28% de los votos de la capital económica del país, generando una fisura en la derecha, que sumando fuerzas habría superado a la izquierda.

En cuanto a los dos dirigentes que pasaron a segunda vuelta, si bien cada uno cuenta con el respaldo de Lula o Bolsonaro, ni el Partido de los Trabajadores, ni el Partido Liberal tuvieron candidato propio en el distrito paulista. Antes de las elecciones muchos analistas sostuvieron que la ocasión serviría para que los dos expresidentes rivales midieran fuerzas de cara a las presidenciales de 2026, y así tener un pantallazo de las próximas elecciones nacionales a partir de los resultados municipales. Sin embargo, en ciudades como San Pablo, los comicios mostraron un escenario donde la dicotomía Lula-Bolsonaro no tuvo gran impacto. En esta línea, Fortaleza y Cuiabá, en los Estados de Ceará y Matto Grosso, son las únicas capitales en las que habrá segunda vuelta entre el Partido de los Trabajadores y el Partido Liberal.

Los resultados evidenciaron que los asuntos locales tuvieron mayor peso que la disputa a nivel nacional, a pesar de los intentos de los expresidentes de nacionalizar las elecciones municipales.

Río de Janeiro, otra historia…

Muy distinto fue el caso de Río de Janeiro, donde el alcalde Eduardo Paes, aliado de Lula, logró una contundente victoria y se aseguró un cuarto mandato (no consecutivo). Con un 60,47% de los votos, el candidato centrista se impuso a Alexandre Ramagem (30,81%), del Partido Liberal, quien lideró la Agencia de Inteligencia de Brasil durante el gobierno de Bolsonaro. Este resultado fue un duro revés para el expresidente, cuya trayectoria política inició en Río.

En el resultado general de las elecciones, el Partido Social Democrático fue el que obtuvo más victorias, asegurandose 877 alcaldías, seguido por el Movimiento Democrático Brasileño, con 848. En cuando a los partidos de Lula y Bolsonaro, el Partido Liberal logró hacerse con 520 prefeituras, frente a las 247 obtenidas por el Partido de los Trabajadores.

Los partidos de centro, centroderecha y derecha, colocan a sus alcaldes en los principales distritos de Brasil, consolidando un fuerte poder de movilización de votos, mientras que figuras como Pablo Marcal fracturan a la derecha y dificultan los planes de Bolsonaro. Con este panorama, comienza a configurarse el escenario en el que tendrán lugar las elecciones presidenciales de 2026.

Este miércoles la fiscalía departamental de la región de Tarija, en Bolivia, emitió una orden de aprehensión contra el expresidente por trata y tráfico de personas.

Los antecedentes vienen de un informe de inteligencia, de por medio hay una menor, por eso no vamos a dar mayores detalles. El caso habría ocurrido cuando la menor tenía 15 años de edad.

Sin embargo, horas más tarde la fiscal Sandra Gutiérrez denunció que el Ministerio Público la desplazó de su cargo y ordenó frenar el mandamiento de aprehensión contra Evo Morales, quien en los últimos días encabezó protestas en contra del gobierno de Luis Arce.

Las reacciones no tardaron en llegar, el Colegio de Abogados de Tarija repudió la destitución de la funcionaria a través de un comunicado en sus redes sociales.

La fiscal declaró ante los medios que recibió un llamado del Fiscal General, quien le indicó que presentara su renuncia de forma inmediata, a lo cual Gutiérrez se negó, y señaló que al llegar a la fiscalía le negaron el acceso a su oficina «como si fuese delincuente«

Para mi esto es una persecución y lo denuncio públicamente, y también denuncio ante la comunidad internacional al fiscal Juan Lanchipa Ponce y a la directora de género, Alejandra Rocha, quien debería estar defendiendo los derechos de la mujer, y ha venido a deshacer esta orden y parar las investigaciones que estábamos llevando adelante, teníamos un mandamiento de aprehensión contra Evo Morales y otras personas, y lo han dejado sin efecto.

– Sandra Gutiérrez, Fiscal departamental de Tarija

De este modo, la funcionaria aseveró que el hecho constituye un delito de lesa humanidad cometido por Evo Morales Ayma, al implicar trata y tráfico de personas.

Quito atraviesa una grave crisis debido a la presencia simultánea de varios incendios que tuvieron inicio la tarde del 24 de septiembre en la zona de Guápulo. Estos incidentes han dejado al menos 28 heridos, más de 107 familias evacuadas y han causado importantes daños ambientales y materiales.

El Servicio Integrado de Seguridad ECU911 informó que el Cuerpo de Bomberos de Quito movilizó todas sus unidades de apoyo desde distintos sectores para controlar los incendios. El presidente Daniel Noboa también ordenó el despliegue de todo el contingente necesario de las Fuerzas Armadas. Al lugar de los hechos acudieron además tanqueros de la Prefectura de Pichincha, junto con helicópteros y patrulleros de la Policía Nacional y ambulancias del Ministerio de Salud Pública.

Entre las consecuencias de la emergencia se registraron decenas de cierres viales, que incluyeron avenidas principales y túneles. Además, se suspendieron las clases presenciales y se implementó el teletrabajo en las instituciones municipales, así como en diversas entidades públicas y privadas.

La ciudadanía ha sido instada por las autoridades municipales a permanecer en sus hogares y, si es necesario salir, a utilizar mascarillas debido a la alta contaminación del aire provocada por los incendios. El humo ha dificultado la circulación, obligando a los conductores a disminuir la velocidad y a transitar con las luces de parqueo encendidas antes del cierre de las vías. Asimismo, se ha reportado la caída de ceniza en varios sectores de la ciudad.

La ministra de Ambiente y presidenta del Comité de Operaciones de Emergencia (COE Nacional), Inés Manzano, anunció que este martes se suspenderán los racionamientos de energía en la capital, a excepción de las subestaciones de La Floresta, Carolina y Tumbaco debido al peligro por las llamas. Los cortes de luz se aplican diariamente en todo el país debido a la actual crisis energética y continuarán vigentes en el resto del territorio nacional.

Hasta el momento, los bomberos han logrado reducir las líneas de propagación de los incendios, aunque aún no han conseguido extinguirlas por completo, según informó Esteban Cárdenas, comandante del Cuerpo de Bomberos de la ciudad.

 “Estamos todavía con tres frentes, ya no con el nivel de propagación de ayer”, aclaró, señalando que la “situación no está controlada”, aunque se ha logrado “disminuir las líneas de propagación”. 

El gobierno habla de un ataque criminal y terrorista

Inés Manzano, ministra de Ambiente, informó que los incendios en Quito han afectado aproximadamente 36.600 hectáreas y que, según las investigaciones realizadas, han sido provocados. Sin embargo, advirtió que las condiciones que atraviesa el país, como la sequía, los vientos y la alta radiación solar, son propicias para los incendios.

Las autoridades han hecho un llamado a la ciudadanía para que reporten o denuncien cualquier actividad sospechosa, ya que de acuerdo con sus estadísticas 99 % de los incendios forestales en la capital son intencionales.

Por su parte, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, calificó el incendio como un acto criminal y terrorista, y aseguró que se llevará a cabo una investigación para identificar a los responsables.

300 incendios forestales, desde julio

La mañana de este miércoles 25, Carolina Andrade, secretaria de Seguridad, informó que, desde julio hasta el 24 de septiembre, Quito ha enfrentado más de 300 incendios forestales, que han afectado más de 1.800 hectáreas.

«El Concejo y el Alcalde han sido claros, Quito está bajo ataque, hay un rechazo unánime. Las actividades se han desplegado principalmente en Guápulo, Bolaños, Bellavista y González Suárez y Cerro Auqui; además hubo 27 quemas de desechos, la constante en los últimos tres meses», dijo en un canal de televisión nacional. 

Además, la Secretaria de Seguridad confirmó que el Municipio ha presentado 13 denuncias ante la Fiscalía por estos incidentes. Actualmente, hay dos detenidos por los incendios anteriores en El Chiche y Panecillo, cuyos casos están en proceso de instrucción fiscal y tienen fechas programadas para audiencia de juzgamiento.

Momentos de tensión se viven en Bolivia esta última semana, sumado a una grave situación económica, signada por la escasez de combustible y dólares ante la caída de las ventas de gas al exterior y el declive de la producción por falta de inversión.

El país andino redujo las importaciones de combustible que distribuye a precio subsidiado, lo que sumado a la devaluación del peso boliviano, generó una crisis en la cual Evo Morales ve una oportunidad para volver al poder.

Tras el quinto día de movilizaciones en contra el gobierno de Luis Arce, Evo Morales, expresidente y líder del Movimiento al Socialismo (MAS), le dio un ultimátum al primer mandatario para que modifique su gabinete de ministros si quiere terminar su gestión.

El objetivo principal de Morales es conseguir la habilitación para competir en las elecciones de 2025 a pesar de tener una prohibición constitucional. 

A finales del año pasado, un tribunal superior falló en contra del expresidente, argumentando que la Constitución de Bolivia permite únicamente una reelección consecutiva. Sin embargo, el exmandatario afirma que está habilitado para presentarse nuevamente, dado que ya transcurrió un período presidencial desde que abandonó el cargo.

La acción convocada desde el martes pasado a la que denominaron “Para salvar a Bolivia”, comenzó en Caracollo, región de Oruro, y pasó por diversos puntos. El sábado, los seguidores de Evo Morales siguieron su marcha desde Ayo Ayo ingresando el lunes a la Paz, en medio de un clima de tensión y expectativas donde el ex presidente manifestó que se trata de una respuesta al descontento del pueblo hacia el gobierno, que no hace nada para solucionar la crisis. Sin embargo, desde el oficialismo, lo acusaron de intento de golpe de Estado para lograr que Andrónico Rodríguez (actual presidente de la Cámara de Senadores de Bolivia, vicepresidente de las Seis Federaciones Cocaleras del Trópico de Cochabamba y cercano al expresidente), habilite la candidatura de Evo Morales para los comicios del año entrante. 

Por su parte, la Ministro de la Presidencia, María Nela Prada remarco que Evo solo quiere un enfrentamiento entre hermanos bolivianos llevando a una situación de conflictividad, de convulsión, que puede cobrarse vidas. 

Este lunes miles de manifestantes mineros y de sectores indígenas seguidores de Evo Morales se congregaron en la plaza Murillo de La Paz donde el expresidente pronunció un discurso y le dio un plazo de 24 horas al presidente Luis Arce, para que cambie a sus ministros, acusándolos de narcos, corruptos, racistas y facistas, y de haber contratado a un grupo de choque con el fin de humillar al pueblo boliviano, aseveró el expresidente.

Asimismo, acuso al actual gobierno de plantear políticas neoliberales, culpando a uno de sus ministros de haberle pedido a las panificadoras que compren la harina de Estados Unidos y Canadá con 0% de arancel. Exigió que recuperasen la revolución democrática y cultural, se declaró en contra de la eliminación de cuatro ministerios y señaló que las políticas neoliberales implementadas solo hunden la economía. Del mismo modo, afirmó que se equivocó al nombrar a Luis Arce como presidente de Bolivia ya que el propósito era recuperar la democracia y vencer la corrupción. 

Tras la finalización del cabildo de Evo se vivieron momentos de tensión, al registrarse enfrentamientos entre evistas y arcistas, en los que una persona resultó herida.

Ante estos acontecimientos, el Ministro de Defensa, Edmundo Novillo denunció que un grupo violento que formaba parte de la marcha de Morales fue el responsable de los destrozos, lanzando piedras para posteriormente darse a la fuga.

Tras la intervención de la policía departamental en La Paz se recuperaron las avenidas que se encontraban tomadas, y se procedió al arresto de una persona. 

Si bien el actual presidente de Bolivia y Evo Morales pertenecen al mismo partido político, ambos están distanciados desde finales de 2021 por diferencias sobre la administración del Estado y por disputas en torno al liderazgo del partido -MAS – en donde facciones que responden a uno u otro, aun no han logrado ponerse de acuerdo.

Este viernes aterrizó en Santa Cruz (Bolivia), proveniente de Caracas, un Boeing 747 perteneciente a la aerolínea TransAvia Export, de Bielorrusia.

En los últimos días la aeronave comenzó a ser monitoreada por usuarios de internet debido a las inusuales rutas y destinos escogidos, sumado al hecho de que el avión carga con un historial de sanciones por transportar armamento a zonas de conflicto.

La aeronave, registrada como EW-465TQ, partió el jueves de Misnk, capital de Bielorrusia, hacia Djerba, en Túnez, para luego despegar con destino a Venezuela, donde aterrizó el viernes por la tarde. Ese mismo día, voló desde Caracas a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, para retornar el domingo a la capital venezolana, de la que despegó a las pocas horas rumbo a Kano, en el norte de Nigeria.

El trayecto de este avión llama la atención aún más si se tiene en cuenta la sanción que le impuso el gobierno de Estados Unidos en 2021, debido a que su aerolínea, TransAvia, había sido acusada de transportar material bélico a zonas de conflicto.

Adicionalmente, en el marco de las relaciones políticas que mantienen Venezuela y Rusia, a las que se suma Bielorrusia en tanto Estado satélite del Kremlin, Caracas es un destino habitual para la aeronave en cuestión, que a principios de este año, arribó en la capital venezolana para luego dirigirse a Lima. El motivo de esta visita fue el transporte de repuestos para los helicópteros rusos de la Fuerza Aérea Peruana (FAP).

Mientras tanto en Bolivia…

Paralelamente a la estadía del avión en Santa Cruz (Bolivia), fue interceptado en el Aeropuerto Internacional Viru Viru, «un cargamento de casi 200 armas de alto calibre» según informaron las autoridades bolivianas. El operativo fue realizado por agentes de inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, y se incautaron 100 fusiles tipo AK-47 calibre 7.62x39mm, 800 escopetas calibre 12 mayor, cuatro fusiles tipo M-4 calibre 5.56x45mm, dos fusiles tipo SMG calibre 5.56x45mm, cuatro fusiles tipo M-4 calibre 9x19mm y dos fusiles tipo SMG calibre 9x19mm.

El hecho todavía se encuentra en proceso de investigación y aún no se ha determinado cual era el destino del cargamento, que según informaron los agentes, provendría de Turquía.

El ejercicio reunió a Brasil, China y Estados Unidos en esta maniobra multinacional, una premisa un tanto sorpresiva para aquellos que siguen, aunque sea de lejos, los acontecimientos y tensiones internacionales. 

¿Cómo es posible que China y EEUU cooperen en defensa siendo rivales estratégicos?

El Ejercicio Formosa 2024, uno de los más grandes y destacados de América Latina, se lleva a cabo en Brasil y reúne a fuerzas militares de diversas naciones. En esta edición, Estados Unidos y China, en un contexto de cooperación estratégica a pesar de las tensiones geopolíticas entre ambas potencias. Por primera vez, personal del Ejército Popular de Liberación de China (EPL) participa junto con los infantes de marina de Estados Unidos en ejercicios conjuntos en suelo brasileño, marcando un hecho inédito en la región.

Desde 1998, el Ejercicio Formosa ha sido un espacio de integración militar en el que se simulan operaciones anfibias, como ataques a zonas costeras hostiles con munición real. En la edición de este año, 33 infantes de marina chinos y 54 marines estadounidenses colaboraronn junto a unos 3.000 efectivos brasileños, en un escenario diseñado para promover la interoperabilidad entre las fuerzas armadas de los países participantes.

Realismo geopolítico – pragmatismo antes de ideología

En un claro gesto de pragmatismo estratégico, Brasil ha invitado a varias naciones amigas a participar en este ejercicio, alineándose con su política exterior histórica de buscar cooperación y evitar confrontaciones abiertas. El Ministerio de Defensa brasileño ha subrayado que este tipo de ejercicios no solo fortalecen la integración entre las fuerzas armadas, sino que también ofrecen a Brasil la oportunidad de posicionarse como un mediador global. Esto es evidente en la diversidad de los países que participan en las maniobras, entre los que se encuentran Argentina, Francia, Italia, México, Nigeria, Pakistán, la República del Congo y Sudáfrica.

A través de este ejercicio, Brasil pone en evidencia su rol como potencia regional, capaz de actuar como un puente entre potencias globales con intereses opuestos, como Estados Unidos y China. Este enfoque realista y pragmático, propio de su política exterior, le permite a Brasil establecer vínculos con actores que no necesariamente comparten sus valores o ideología, pero con quienes comparte intereses estratégicos.

El comandante de MARFORSOUTH y la Reserva del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, el teniente general Leonard Anderson, destacó la importancia de este ejercicio para reforzar la colaboración bilateral, haciendo hincapié en los 200 años de relación entre Estados Unidos y Brasil. Nuestra colaboración con los marines brasileños en el Ejercicio Formosa subraya la importancia de la cooperación internacional para mantener la seguridad regional, afirmó Anderson.

Por su parte, China ve esta participación como un paso más en la expansión de su cooperación militar con Brasil, algo que ya había tenido precedentes en ejercicios previos como el entrenamiento en la selva amazónica en Manaos en 2015, y la participación china en el Centro Conjunto de Operaciones de Paz en 2017. Según el Ministerio de Defensa chino, esta colaboración militar busca fortalecer la relación con Brasil en áreas como la ciencia militar y la industria de defensa.

A nivel internacional, la cooperación entre Estados Unidos y China en ejercicios militares ha sido casi inexistente desde 2016, cuando participaron en RIMPAC, el mayor ejercicio naval del mundo, antes de que Washington retirara la invitación a Beijing debido a las tensiones en el Mar del Sur de China. Sin embargo, la participación conjunta en Formosa 2024 ofrece una oportunidad rara de interacción directa entre ambas potencias en un entorno controlado y neutral.

El Ejercicio Formosa 2024 no solo subraya el creciente interés de Brasil por consolidar su posición como un actor clave en el sistema internacional, sino que también ejemplifica el enfoque realista de la política internacional, donde el pragmatismo y la cooperación con actores diversos son esenciales para garantizar la estabilidad regional y global. Para Brasil, ser el anfitrión de estas maniobras le permite proyectar su influencia, demostrar su capacidad de mediación y reforzar su rol en la arquitectura de seguridad internacional.

El miércoles 18 de septiembre, Ecuador experimentó un apagón total de 8 horas, desde las 22:00 hasta las 06:00 del jueves 19. El gobierno ecuatoriano anunció esta medida el domingo 15 de septiembre a través de un comunicado oficial, explicando que se llevaría a cabo un mantenimiento preventivo en las instalaciones del Sistema Nacional de Transmisión y en las redes de distribución de energía eléctrica.

Tras el comunicado, la ministra del Interior, Mónica Palencia, anunció la implementación de un toque de queda que acompañaría las 8 horas del apagón nacional. Palencia explicó que esta medida buscaba garantizar que la población permanezca en sus hogares y reducir los niveles de riesgo. Además, se desplegarían operativos de seguridad para prevenir actos delictivos, en respuesta a la crisis de seguridad que atraviesa el país. LINK:(Ecuador reconoce la existencia de un conflicto armado interno (radaraustral.com)

El comunicado ordenado por el presidente Noboa respondía a decisiones preventivas para enfrentar la crisis y asegurar la soberanía energética a mediano plazo. No obstante, el gobierno ecuatoriano no tardó en informar que los cortes eléctricos serán recurrentes, anunciando que, a partir de la próxima semana, de lunes a jueves, habrá apagones programados a nivel nacional desde las 22:00 hasta las 06:00 del día siguiente.

La mañana del miércoles 18, día del primer corte programado, el ministro de Energía, Antonio Goncalves, aclaró que no todo el país experimentaría el apagón de ocho horas. En las áreas donde operan las distribuidoras eléctricas, los racionamientos podrían ser más cortos, con una duración de hasta cuatro horas.

Desde el gobierno de Ecuador señalan que el país atraviesa una sequía histórica que adelantó el estiaje dos meses (el 72% de la generación de energía en el país es hidráulica). Frente a esto, se anunciaron algunas medidas, como la aceleración de proyectos hidroeléctricos, la compra de energía a países vecinos y campañas con incentivos dirigidos a la ciudadanía y al sector privado. 

Sin embargo, más allá de estas soluciones inmediatas, y declaraciones del ministro de Energía sobre posibilidades relacionadas a la geotermia y explotación de gas natural, aún no se ha desarrollado un plan integral concreto que replantee la matriz energética del país, incluyendo la modernización de la infraestructura y la diversificación de fuentes de energía para garantizar la sostenibilidad a largo plazo en un país que cuenta con condiciones naturales suficientes para este fin. 

Es evidente que los cortes programados tienen consecuencias directas. La Cámara de Industrias y Producción estima que cada noche de apagón costará 20 millones de dólares, sin incluir las pérdidas en exportaciones, los daños a la producción y el riesgo de deterioro de la confianza en las empresas nacionales.

Apagones en Ecuador: una situación recurrente

La situación energética es un fantasma que ha acompañado a Ecuador por años, y bajo la administración de Noboa, no es la primera vez que el país queda a oscuras debido a esta irresuelta crisis. 

En abril, el Ministerio de Energía y Minas anunció cortes programados por sectores durante varias semanas consecutivas. Estos finalizaron en mayo, y el 7 de junio, el entonces ministro de Energía declaró que el riesgo de nuevos cortes programados había desaparecido. Nueve días después, varios sectores de la capital quedaron sin luz, sin previo aviso. Posteriormente, el 7 de septiembre, un apagón total afectó al menos a 14 provincias del país. Dos días después, Noboa anunció que el gobierno cubriría el costo de las planillas de electricidad de hasta 180 kilovatios de consumo durante los meses de diciembre, enero y febrero. Link: https://x.com/Presidencia_Ec/status/1833123605187600472

En octubre del año pasado, el expresidente Guillermo Lasso anunció que se comenzaría a racionar la energía eléctrica debido a la peor sequía de los últimos 50 años. En ese momento, se le acusó de falta de prevención o incluso de negligencia.

A lo largo de más de tres décadas, Ecuador ha enfrentado cuatro crisis energéticas bajo distintos mandatarios. Estas comenzaron en 1992 con Sixto Durán-Ballén, se repitieron en 2009 con Rafael Correa, y continuaron con Lasso y Noboa. A pesar del paso del tiempo, los distintos gobiernos y el avance en tecnología y recursos, la solución al problema energético sigue siendo esquiva, mostrando una falta de evolución en las estrategias para abordar esta crisis persistente.

El hecho ocurrió en la ciudad misionera de El Dorado, en la frontera con Paraguay, donde se estaba llevando a cabo un patrullaje fluvial.

Según informó el Ministerio de Seguridad, un grupo de contrabandistas abrió fuego desde Paraguay contra los miembros de la Prefectura que se encontraban en la zona, y si bien no hubo heridos, el guardacostas de frontera GC-195 Guaraní, de la PNA, sufrió daños luego de recibir siete impactos en su casco y dos en la superestructura.

El momento del ataque fue registrado en una filmación en la que se observa a un grupo de masculinos transportando cajas y posteriormente efectuar disparos contra Prefectura.

Luego del incidente, Prefectura se contactó con el Teniente de Fragata Daniel Ayala, de la Armada Paraguaya, e iniciaron tareas de patrullaje conjunto en el área. Adicionalmente se ordenaron peritajes balísticos para analizar el daño recibido por el guardacostas.

Por el momento los atacantes no han sido identificados.

Este incidente pone de relieve la importancia de la cooperación internacional en la seguridad marítima y fluvial, un tema que la Prefectura Naval Argentina ha abordado activamente en su calidad de Autoridad Marítima Argentina en la Organización Marítima Internacional

-Ministerio de Seguridad

De acuerdo al Fiscal venezolano Tarek William Saab, el motivo de la orden de captura anunciada por el Ministerio Público, es el caso del embargo del avión venezolano-iraní en Ezeiza, en 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández.

Este Ministerio Público de República Bolivariana de Venezuela anuncia la asignación de dos fiscales especializados en la materia, quienes adelantan las diligencias pertinentes del caso, y se encuentran tramitando las órdenes de aprehensión contra los siguientes ciudadanos, en base a lo anteriormente dicho: uno, Javier Milei, presidente de la República Argentina; Karina Milei, secretaria general de la Presidencia de la Nación Argentina; y Patricia Bullrich, ministra de seguridad de la nación Argentina

Este anuncio se dió luego de que los fiscales argentinos Carlos Stornelli y José Aguero Iturbe, le exigieran este martes a la Cámara Federal que emitiera un pedido de captura contra Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, por casos de torturas y ejecuciones en Venezuela.

Rápidamente, Cancillería Argentina repudió el accionar del Ministerio Público de Venezuela, y le señalo al régimen que el caso del embargo del avión en 2022, fue resuelto por el Poder Judicial, y no por el Poder Ejecutivo, apelando a la división de poderes.

El mencionado caso fue resuelto por el Poder Judicial, poder independiente sobre el cual el Ejecutivo no puede ni debe tener injerencia alguna, en aplicación de un acuerdo internacional.El Gobierno argentino recuerda al régimen venezolano que en la República Argentina impera la división de poderes y la independencia de los jueces, algo que lamentablemente no ocurre en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro.

Hace unos días, el general Walter Astudillo Chávez, Ministro de Defensa peruano, había adelantado que se proyectaba la compra de 24 aeronaves de combate para el ejercicio fiscal de 2025.

El día de ayer, durante la sesión de la Comisión de Defensa, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso, el ministro reiteró la iniciativa.

En el presupuesto del año 2025, en la ley de endeudamiento, se ha considerado la adquisición de 24 aviones caza de última generación.

Por el momento, los principales candidatos son el Lockheed-Martin F-16V Block 70, de fabricación estadounidense, el SAAB JAS 39 Grippen, de fabricación sueca y el Dassault Rafale F4, producido en Francia. Este último, a pesar de su elevado coste, sería el favorito extraoficialmente, según señalaron medios peruanos. Otra alternativa evaluada fue el KF-21 de fabricación surcoreana, pero algunas fuentes en redes sociales sugieren que por el momento habría sido descartada.

Esta futura compra, cuyo monto aproximado ronda los 3500 millones de dólares, se enmarca en un programa de modernización emprendido por el gobierno que también abarca al Ejército y la Marina de Guerra del Perú. En esta línea, anteriormente Astudillo mencionó que se asignaron partidas presupuestarias para la compra de fusiles de asalto, y para la construcción a largo plazo de 23 buques, encargada a Servicios Industriales de la Marina SA (SIMA) y otras empresas mediante la firma de convenios.

Con esta adquisición, que debió hacerse hace muchos años, se está dando un paso muy importante hacia la modernización de nuestras Fuerzas Armadas.

– Walter Astudillo Chávez

Actualmente, la Fuerza Aérea del Perú (FAP) cuenta con cazas Mirage 2000 adquiridos en los 80′ mediante un contrato con Francia, y Mig-29 y Su-25 comprados a Bielorrusia entre 1996 y 1998, pero de segunda mano, por lo que rondan los 40 años de servicio. De este modo, la modernización de la Aviación de Combate es fundamental para preservar y mejorar las capacidades de la FAP.

En un nuevo episodio de la crisis venezolana, Edmundo González, considerado por EEUU y la Unión Europea (entre otros) como el ganador de las elecciones presidenciales, llegó a Madrid en un avión del Ejército del Aire, de las fuerzas armadas de España. Esto ocurrió en el marco de la ola de represión contra opositores, y luego de que la Fiscalía Venezolana emitiera una orden de captura en su nombre, motivo por el cual se refugió en la Embajada española en Caracas.

Naturalmente, la situación fue aprovechada por el chavismo para retratar al referente opositor como alguien que «huye y abandona a sus votantes.»

Mientras tanto, la líder de la oposición, María Corina Machado, se dirigió a sus seguidores vía X, comunicando la salida de Edmundo Gonzáles, argumentando que su vida, libertad e integridad corrían peligro, por lo que no tuvo otra opción que dejar el país.

Frente a este escenario, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), organismo que ya se ha pronunciado contra Maduro en reiteradas ocasiones, acusó al régimen bolivariano de forzar el exilio de Gonzáles Urrutia. Asimismo, las cancillerías de Ecuador y Chile condenaron nuevamente el accionar del gobierno venezolano, y se solidarizaron con el referente opositor.

«A un mes y diez días de las elecciones presidenciales en Venezuela, el régimen no solamente ha fallado en producir la menor evidencia de resultado electoral, sino que ha forzado el exilio del candidato Edmundo González -quien, teniendo en cuenta lo ocurrido desde la fecha de la elección, es indudable que ganó las mismas- a partir de citaciones no fundamentadas a la Fiscalía y amenazas de encarcelamiento. Es obviamente condenable y repudiable esta acción del régimen autoritario venezolano.» – Comunicado de prensa de la OEA, domingo 8 de septiembre.

Cabe mencionar que este suceso ocurrió en paralelo al hostigamiento a la Embajada argentina en Caracas durante el fin de semana, cuando lo líderes opositores y miles de usuarios de las redes sociales denunciaron la presencia de «encapuchados y agentes policiales» rodeando la residencia durante la madrugada del sábado. Tras este acontecimiento, el gobierno argentino busca la expulsión de Venezuela de los foros regionales, como la CELAC y el Consenso de Brasilia, donde ejercerá presión para aislar al régimen bolivariano.

Ya en España, Edmundo González declaró: “Quería informarles que hoy en horas de la mañana llegué a Madrid. Mi salida a Caracas estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas de no permitir mi salida.»

Durante la noche del viernes y la madrugada sábado circularon videos en las redes sociales en los que se observa a agentes policiales y encapuchados rodeando la Embajada argentina en Caracas, donde se encuentran bajo asilo político 6 opositores al régimen de Maduro. En las imágenes viralizadas, se observa a numerosos patrulleros y policías en las afueras del edificio. Con el paso de las horas el temor de que irrumpieran por la fuerza en la residencia iba en aumento.

Magalli Meda, una de las referentes opositores que encontraron refugio en la Embajada, denunció vía X a las 6:30 am, que se encontraban con la electricidad cortada y «con los accesos a la sede tomados».

Cabe recordar que la Embajada se encuentra bajo custodia de Brasil, luego de que Maduro expulsara a los diplomáticos como represalia al gobierno argentino, quien, al igual que la mayoría de los países de la región, desconoció el resultado de las elecciones.

Por otro lado, durante el día de ayer, la cancillería argentina instó a la Corte Penal Internacional a solicitar una orden de detención contra Maduro y otros miembros del régimen, a lo que el gobierno bolivariano habría respondido con el hostigamiento a la Embajada.

Durante la tarde de hoy, el régimen emitió un comunicado a través del cual revocan el beneplácito otorgado a Brasil para ejercer la representación de los intereses argentinos. Dicho de otro modo, le quitaron la custodia de la Embajada, argumentando que las instalaciones «han sido utilizadas para planificar actividades terroristas e intentos de magnicidio contra el Presidente Constitucional de la República Bolivariana».

En respuesta al comunicado, el gobierno de Brasil declaró que permanecerá custodiando la Embajada, amparándose en las Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares.

Por su parte, Cancillería Argentina rechazó la decisión del gobierno venezolano, y lo instó a respetar la Convención de Viena. Asimismo, agradeció públicamente el compromiso de Brasil para velar por sus intereses.

Mientras tanto, usuarios de las redes sociales continúan reportando la presencia de policias y «encapuchados armados» rodeando la Embajada.

La apertura de Turquía hacia la región de ALC

En los últimos veinte años, en línea con su política exterior multidimensional, Turquía ha llevado a cabo una política de apertura más activa hacia la región con vistas a fortalecer sus relaciones con los países de ALC. En este sentido, se elaboró un «Plan de Acción para América Latina y el Caribe» con la participación de los Embajadores turcos en América Latina. Dicho plan era una hoja de ruta en cuanto a la política de apertura a la región.

Relaciones políticas

En el marco de esta política de apertura, Turquía da prioridad al intercambio de visitas y reuniones de alto nivel para fortalecer las relaciones políticas con los países de la región; a la conclusión de acuerdos de cooperación comercial, económica, militar, cultural y técnica para solidificar el marco legal existente; al establecimiento de consejos empresariales, la participación en ferias, la puesta en marcha de actividades promocionales para incrementar el volumen comercial; y al aumento de la representación diplomática, así como al incremento de la interacción cultural para asegurar una mejor y más precisa representación.

Relaciones económicas

Con un PIB de más de 5,3 billones de dólares, economías en desarrollo como Brasil y México, riqueza en materia recursos naturales y clases de renta media en crecimiento, la región de ALC se ha convertido cada vez más en una zona de oportunidades. En los últimos 10 años se han registrado notables mejoras en la renta per cápita media y el nivel de vida. 

En 2017, el volumen comercial de Turquía superó los 9.200 millones de dólares estadounidenses. Con el fin de proporcionar información fiable y regular al entorno empresarial sobre las oportunidades de la región, también ha aumentado el número de oficinas comerciales turcas. Estas se encuentran en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Perú y Venezuela.

Adicionalmente, Turquía ha firmado Acuerdos de Cooperación Económica y Comercial con 19 países (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela). Las Comisiones Económicas Mixtas basadas en estos acuerdos contribuyen a mejorar las relaciones económicas con aquellos países.

Su representación

Turkish Airlines (THY), empresa turca destacada, amplió su red de vuelos a Bogotá, Caracas, La Habana y Panamá en 2016, destinos que se suman a Buenos Aires y San Pablo. De este modo, THY aspira a seguir desarrollando su red mediante vuelos directos a otras ciudades de la región o a través de acuerdos de código compartido con importantes compañías aéreas regionales. Los vuelos de THY han contribuido significativamente al fortalecimiento de los vínculos con la región de ALC en muchos ámbitos, como la economía, el comercio, el turismo y la cultura.

Cooperación para el desarrollo, y ayuda humanitaria

Además de los proyectos de la Agencia Turca de Cooperación y Coordinación (TIKA), Turquía ha contribuido a la paz, la estabilidad y la prosperidad de la región. En consonancia, ha brindado apoyo a las diversas dimensiones del proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, ha prestado ayuda financiera y técnica durante el reasentamiento de la cuestión fronteriza entre Belice y Guatemala y ha suministrado personal a la Misión de Paz de la OEA en Colombia (MAPP/OEA). Oficiales de seguridad turcos trabajan desde 2004 en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), creada para garantizar la estabilidad y la seguridad en el país, y en la Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití (MINUJUSTH), que sustituyó a la MINUSTAH a partir del 15 de octubre de 2017.

Vínculos interparlamentarios

Con el fin de fortalecer las relaciones interparlamentarias, que es una dimensión importante de su política de apertura, Turquía se propuso establecer relaciones institucionales con organizaciones parlamentarias, así como con parlamentos nacionales de la región. En este sentido, la Gran Asamblea Nacional Turca (TBMM) solicitó el estatus de observador ante el Parlamento Latinoamericano (PARLATINO). Asimismo, estableció contactos con parlamentos regionales como el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), el Foro de Presidentes de los Órganos Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe (FOPREL), la Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA), el Parlamento del MERCOSUR (PARLASUR) y Parlamentarios por las Américas (ParlAmérica). Al día de hoy, continúan las iniciativas para establecer vínculos institucionales con estas organizaciones parlamentarias.

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía

No solo Argentina está modernizando su flota aérea con la adquisición de los F-16; Uruguay también está avanzando en este plano. A principios de julio, el Ministro de Defensa uruguayo, Armando Castaingdebat, anunció que se estaban finalizando los detalles para la compra de seis aviones de ataque A-29 Super Tucano a la compañía brasileña Embraer (Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A.). El funcionario aseguró que las negociaciones estaban muy avanzadas y que esta adquisición se enmarca en un plan de renovación de las Fuerzas Armadas.

Esta modernización por parte de la FAU (Fuerza Aérea Uruguaya) responde a la necesidad de reemplazar los antiguos A-37B Dragonfly, que serán sustituidos por los nuevos A-29 Super Tucano, y además, con la posibilidad de adquirir un lote adicional de cinco unidades más en el futuro.

El Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea Uruguaya, General Luis H. De León, señalo que esta compra obedece a la modernización de su flota ya que desde 1981 no se han adquirido aviones de combate, por lo que solo cuentan con los A-37B Dragonfly de fabricación estadounidense, producidos entre 1963 y 1975 y que tuvieron un papel importante en la Guerra de Vietnam.

Estas aeronaves, cuentan con más de 30 años de vida útil, además de presentar una baja operatividad y una merma significativa en su flota ya que atraviesan sus últimas horas de vuelo, y los únicos reemplazos disponibles son los Pilatus PC-7, de origen suizo, que tienen grandes limitaciones en sus características.

La obtención de estas nuevas aeronaves por parte del Estado uruguayo -asevero De Leon- proporcionará un mejor blindaje respecto de la frontera uruguaya tanto en lo terrestre como en lo marítimo, un control del espacio aéreo, un reconocimiento avanzado y la detección de actividades ilegales. Según Embraer, Uruguay se une a la lista de países sudamericanos que operan estos aviones, incluyendo a Chile, Colombia, Ecuador, Brasil y, más recientemente, Paraguay.

Aunque aún no se ha confirmado oficialmente, se cree que la entrega se concretaría en 2025, incluyendo en la compra equipo de misión, servicios logísticos integrados y un simulador de vuelo. De concretarse de esta forma, la llegada de los Super Tucano a la Fuerza Aérea Uruguaya implicaría una inversión aproximada de 100 millones de dólares, la que podría financiarse en un plazo de 10 a 15 años.

Embraer – Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A.

Fundada en 1969, Embraer fue impulsada por el gobierno brasileño en la década de 1940 en un primer momento para promover el desarrollo tecnológico del país, enfocándose en la producción de aeronaves comerciales. En la década de 1970, el Ministerio de Aeronáutica de Brasil apoyó el crecimiento de Embraer con la intención de fabricar aeronaves de entrenamiento militar. En 2011, se creó la división Embraer Defensa y Seguridad (EDS) con sede en São Paulo, con el objetivo de desempeñar un papel estratégico en el sistema de defensa brasileño. La división se enfoca no solo en el desarrollo, fabricación y modernización de aeronaves militares, sino también en sistemas de defensa terrestre, control de fronteras y tráfico aéreo, sistemas navales y marítimos, sistemas aeroespaciales y ciberseguridad, estableciendo alianzas estratégicas con empresas en áreas tecnológicas militares.

Características del A-29 Super Tucano

Introducido en 2003, el A-29 Super Tucano es un avión de ataque ligero que complementó a la Fuerza Aérea Brasileña en el proyecto SVA (Sistema de Vigilancia Amazónica). Su objetivo era interceptar vuelos ilegales, controlar el contrabando y el tráfico de drogas, siendo adecuado para la región amazónica ya que resiste altas temperaturas, humedad y precipitaciones. Asimismo, ofrece una alta maniobrabilidad, fácil manejo y buen rendimiento en vuelo, y es capaz de operar en pistas cortas, carreteras y caminos de tierra.

En su página web, Embraer proporciona información detallada de esta aeronave en cuanto a tecnología, capacidad y utilidad; un avión de combate a turbohélice, monoplaza, destinado al ataque a tierra, reconocimiento armado y apoyo aéreo cercano para interceptar y destruir aeronaves de bajo rendimiento. Presenta un concepto de mantenimiento simple que proporciona altos niveles de confiabilidad, disponibilidad y resistencia estructural con bajos costos de ciclo de vida.

Con una longitud y envergadura de 11 metros, un peso en vacío de 3,200 kg y hasta 5,400 kg con carga, es capaz de alcanzar una velocidad máxima de 590 km/h y posee una autonomía de hasta 5 horas. Está equipado con una ametralladora interna y puede transportar armas externas como lanzadores de cohetes de 7 x 70 mm, bombas GP MK-82/81, bombas guiadas por láser GBU-58 y GBU-59, lanzadores de bengalas SUU-25, y bombas GP-117, entre otras. También cuenta con un sensor que opera a 15,000 pies de altura con visión nocturna, generando fotos y videos, incluyendo cámaras térmicas, y un sistema de grabación.

El grupo criminal Tren de Aragua podría estar buscando establecerse en territorio uruguayo, lo que ha encendido las alarmas de las autoridades locales. Dicho grupo es oriundo de la cárcel de Tocorón en el estado de Aragua (Venezuela), y es conocido por sus actividades delictivas en varios países de América latina. Han participado en el tráfico de drogas, secuestros, extorsiones, trata de personas y homicidios.

Su posible incursión en Uruguay representa una amenaza significativa para la seguridad nacional. Si bien la policía uruguaya asegura que todavía no han llegado al país, el ministro Martinelli considera vital la toma de medidas contundentes para prevenir la llegada de este grupo criminal como el reforzamiento de las fuerzas de seguridad en zonas fronterizas y puntos clave donde podrían establecerse estas organizaciones delictivas.

En la cumbre de seguridad, Martinelli también destacó que Uruguay está adoptando un enfoque que equilibra la represión del crimen con la prevención, mejorando la capacitación de la policía y empleando tecnologías avanzadas como el sistema Shotspotter para detectar el origen de disparos.

Posible llegada del fentanilo

Por otro lado, es importante hacer énfasis en el impacto potencial que podría tener la introducción del fentanilo en Uruguay, una droga que ya ha sido responsable de numerosas muertes en otros países debido a su alta toxicidad y facilidad de producción.

La llegada de esta sustancia al país no solo representaría un riesgo para la salud pública, sino que también podría alimentar otros delitos relacionados con el narcotráfico ya que se ha convertido en una mercancía altamente lucrativa para las organizaciones criminales, debido a su alta demanda y a la facilidad con la que se puede distribuir.

La dependencia a opioides puede llevar al deterioro de las relaciones familiares, al desempleo, al aumento de la delincuencia menor, como robos para financiar la adicción, y a la marginalización de grandes segmentos de la población. Esto crea un ciclo vicioso de pobreza, desesperanza y criminalidad.

Sin embargo, el fiscal de Estupefacientes de Uruguay, Rodrigo Morosoli, afirma que en Uruguay “no existe ningún mercado de fentanilo” y que los casos encontrados corresponden a “consumo problemático” por parte del detenido.

Para la tranquilidad uruguaya, las investigaciones apuntan a que las ampollas de fentanilo salieron de centros de salud, donde es utilizado para tratar dolores severos, especialmente en pacientes con cáncer.

Los acuerdos comerciales interbloques son un buen caso de estudio para verificar el nivel de mutua determinación existente entre la política nacional y la internacional. Cada actor en una negociación internacional, explica Putnam, enfrenta una mesa de negociación adicional a nivel interno. Por ende, la probabilidad de éxito de la primera depende, por un lado, de que las distintas partes logren llegar a unas condiciones favorables o aceptables para todas ellas (Nivel I), y por otro, de que cada una de esas partes logre, a priori o a posteriori, ‘‘ordenar a la tropa’’ para poder firmar el acuerdo con el apoyo de su coalición doméstica (Nivel II).

Además, este juego de dos niveles puede suponer múltiples rondas de negociaciones, repeticiones, idas y vueltas. El encargado de la negociación podría decidir no ir a la mesa internacional sin antes haber pulido los aspectos más disputados por los diferentes grupos de interés domésticos a los que debe satisfacer. Aún así, la versión final del tratado podría resultar muy diferente a la originalmente discutida, forzando al líder a regresar a la mesa de negociación local y volver a evaluar la ratificación del mismo.

Así las cosas, cada negociador cuenta con un ‘‘conjunto ganador’’ (‘‘win-set’’), es decir, un número de versiones de ese acuerdo internacional que resultan aceptables para sus constituyentes internos (o una mayoría de ellos, o los más importantes) y ‘‘ganan’’ la negociación en el Nivel II (que no tiene por qué ser democrática o por votación, sino que dependerá del sistema político de cada país).

Una negociación exitosa en el Nivel I depende entonces del alineamiento de los respectivos ‘‘conjuntos ganadores’’ de cada negociador. Ahora bien, el tamaño de los respectivos win-sets (es decir, la cantidad de versiones aceptables del acuerdo) también importa.

En primer lugar, porque mientras más grandes, mayores chances de que se solapen, es decir, de que haya posibilidad de acuerdo. En segundo lugar, porque las diferencias de tamaño entre el ‘‘conjunto ganador’’ de un negociador y del otro determinará cuánto provecho le puede sacar cada parte a la negociación: es más fácil obtener concesiones de un negociador que no enfrenta demasiadas presiones internas (o sea, cuenta con un ‘‘win-set’’ más amplio) que de uno que se encuentra prácticamente bloqueado en el Nivel II (o sea, cuenta con un ‘‘win-set’’ estrecho).

Finalmente, el tamaño de esos ‘‘conjuntos ganadores’’ depende no sólo de las preferencias de los distintos actores en el Nivel II, sino también de a) las instituciones que regulan esas negociaciones (qué tan burocrático resulta el proceso de ratificación o con cuánta autonomía cuenta el jefe negociador en relación a sus constituyentes) y b) de la estrategia adoptada en el Nivel I, según las prioridades (mientras más constreñido se muestre el jefe negociador, menor será la probabilidad de acuerdo, pero también menos serán las concesiones que extraerán de él).

En el caso aquí analizado, la complicación del asunto es aún mayor debido a que se pueden enumerar tres mesas de negociación: la doméstica, la internacional, y la supranacional. Por lo tanto, para conseguir la firma del acuerdo comercial, Luis Lacalle Pou debe a) conseguir ‘‘poner la casa en orden’’ y lograr la ratificación interna, b) ponerse de acuerdo con sus pares del MERCOSUR en la propuesta de tratado que se presentará ante la Unión Europea (lo cual a la vez puede requerir una nueva ratificación en el Nivel II), y c) alinear esos dos ‘‘conjuntos ganadores’’, como presidente pro tempore del MERCOSUR, con los de su par en la Unión Europea. Queda claro el motivo por el que lleva tanto tiempo concretar el acuerdo que comenzó a gestarse en 1999.

Cuando parecía que la firma definitiva era inminente, surgió un problema en las negociaciones de Nivel II de Francia que nuevamente puso en suspenso la cuestión. Una protesta de granjeros pidiendo protección del Estado frente a la competencia forzó al Presidente de la République a acudir a Von der Leyen, utilizando el argumento de que los productores sudamericanos no se ven obligados a cumplir con las mismas regulaciones ambientales que los europeos.

El hecho de que los manifestantes bloquearan las calles con sus tractores hizo que la cuestión adquiriera notoriedad en Francia y se politice, lo cual suele ‘‘activar’’ a ciertos grupos previamente poco involucrados en las negociaciones (como los sindicatos) y reducir el win-set del negociador, factor que también menciona Putnam.

Es así que para calmar a esos grupos ruidosos, el Jefe de Estado francés se ve obligado a, por lo menos, fingir estar negociando unos términos más favorables con Bruselas, a pesar de que a nivel bilateral, las autoridades deben saber muy bien que el acuerdo no se verá saboteado por un grupo de granjeros. El riesgo que contempla Von der Leyen, claro está, es que esas protestas no se reactiven y expandan a otros países miembro, situación bajo la cual el balance de poder de las negociaciones europeas se vería radicalmente afectado.

Los países del MERCOSUR también deben estar considerando que esto puede tratarse de una estrategia de Macron, en la cual intenta mostrarse con un win-set más acotado para lograr arrancar mayores concesiones tanto de sus pares europeos como sudamericanos. Tener un miembro tan inflexible (Francia) podría ser una ventaja para la Unión Europea en términos de poder de negociación, ya que podría excusarse en la necesidad de tener la aprobación de Macron para demandar mayor flexibilidad de parte de los países del MERCOSUR a la hora de exigir la libre entrada de sus commodities a Europa. Paradójicamente, en un acuerdo de libre comercio, los granjeros proteccionistas de Francia resultarían una ventaja estratégica.

A pesar de esto, las recientes declaraciones del presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, en las que le pide a la UE que ‘‘se entienda con Francia’’, demuestra que va a ser difícil para Macron seguir trabajando en contra del avance del convenio: ‘‘en el Mercosur estamos listos y estamos dispuestos a firmar. Todo depende de ellos’’.

Lo cierto es que es probable que Macron y Von der Leyen se hayan puesto de acuerdo por razones puramente electorales: frente a una derecha europea mucho más proteccionista, que logra capitalizar el descontento de los productores con la apertura comercial, y las entonces determinantes (ahora pasadas) elecciones del Parlamento Europeo, simplemente no era el momento adecuado para insistir con la concreción del acuerdo.

Luego de tantos años de demora y con un MERCOSUR que pide a gritos una reforma aperturista y flexibilizadora, es poco probable que los grupos proteccionistas franceses y europeos logren salirse con la suya. La presión que pueda ejercer sobre Macron un grupo de lobbistas de Nivel II es inferior, por mucho, a lo que implica ponerse a todos los aliados del bloque europeo en contra. Si bien Macron podría decidir enfrentar a esos sectores, en caso de creer que el acuerdo es conveniente y aprovechando que en unos años abandonará su cargo, en estos momentos la Assemblée nationale se encuentra profundamente dividida, resultado de las elecciones sorpresa de junio y julio.

En conclusión, el acuerdo no está muerto, pero puede que falte un tiempo más para colocarle el broche de oro. Si bien parece estar al alcance de la mano, la inestabilidad política de los tiempos que corren no permiten asegurar que la hazaña vaya a lograrse antes de llegar a los 30 años de negociaciones.

El Centauro II 8×8 es un vehículo blindado de reconocimiento y combate desarrollado por el consorcio italiano Iveco-Oto Melara (CIO). Diseñado para ofrecer una mayor capacidad de supervivencia, movilidad y potencia de fuego en comparación con sus predecesores, el Centauro II representa un paso importante en la evolución de los vehículos de combate terrestres.

Brasil, buscando modernizar sus fuerzas armadas y mantener su capacidad operativa a la vanguardia, ha adoptado el Centauro II para fortalecer su Ejército.

Características Técnicas del Centauro II

El Centauro II destaca por su diseño robusto y versátil, que le permite operar en una variedad de entornos, desde terrenos difíciles hasta misiones de alta intensidad. Entre sus características técnicas más relevantes se encuentran:

1. Movilidad: Equipado con un motor IVECO VECTOR 8V de 720 caballos de fuerza, el Centauro II puede alcanzar velocidades superiores a los 105 km/h. Su configuración de tracción 8×8 proporciona una excelente movilidad en terrenos irregulares, lo cual es crucial para las operaciones en regiones diversas como las que se encuentran en Brasil, incluyendo la Amazonía.
2. Potencia de Fuego: El Centauro II está armado con un cañón de 120 mm de alta presión, similar al que se encuentra en los principales tanques de batalla. Este cañón es capaz de disparar una amplia gama de municiones, desde proyectiles perforantes hasta municiones explosivas, lo que le permite enfrentarse eficazmente a otros vehículos blindados y objetivos fortificados.
3. Protección: Uno de los avances significativos del Centauro II es su mejorado sistema de protección. El vehículo cuenta con un blindaje modular que puede ser ajustado según las necesidades de la misión, además de estar equipado con sistemas de protección activa y pasiva contra amenazas como minas terrestres y dispositivos explosivos improvisados (IEDs).
4. Tecnología y Comunicaciones: El Centauro II incorpora un sistema de gestión de batalla avanzado, que permite la interconexión y el intercambio de información en tiempo real con otras unidades y centros de mando. Este sistema mejora la capacidad de coordinación y respuesta rápida durante las operaciones, aumentando la efectividad general del vehículo en el campo de batalla.

Rol del Centauro II en el Ejército Brasileño

La adopción del Centauro II por parte de Brasil se enmarca en un esfuerzo más amplio de modernización de sus fuerzas terrestres. Este vehículo ha sido seleccionado para cumplir roles clave en las operaciones del Ejército Brasileño, desde el reconocimiento armado hasta la intervención directa en conflictos de alta intensidad.

En el contexto brasileño, el Centauro II ofrece varias ventajas estratégicas. Su movilidad le permite operar eficazmente en terrenos variados, lo que es fundamental en un país con la geografía compleja de Brasil. Además, su potencia de fuego y sistemas de protección avanzados lo convierten en una herramienta indispensable para la defensa territorial y la proyección de fuerza en áreas de difícil acceso.

El Centauro II también cumple una función disuasoria, al demostrar la capacidad de Brasil para desplegar vehículos de combate modernos y altamente efectivos. Esto es particularmente importante en un escenario geopolítico donde Brasil busca mantener una posición de liderazgo en América Latina y proyectar estabilidad regional.

Impacto Estratégico

El Centauro II representa un avance significativo en la capacidad operativa del Ejército Brasileño. Su integración en las fuerzas armadas refuerza la capacidad de Brasil para llevar a cabo operaciones militares complejas en diversos entornos, mejorando tanto la defensa territorial como la capacidad de respuesta en situaciones de conflicto.

Además, la adquisición del Centauro II refuerza la relación estratégica entre Brasil e Italia, facilitando la transferencia de tecnología y potenciando la industria de defensa brasileña. Este vehículo no solo mejora las capacidades tácticas del Ejército, sino que también contribuye a la independencia tecnológica y la autosuficiencia de Brasil en el sector de la defensa.

Las primeras 2 unidades están prontas a llegar a Brasil luego de un altercado aduanero en Alemania. Posteriormente, Brasil incorporará 96 unidades más, finalizando con una línea de ensamblaje por IDV en Sete Lagoas en Minas Gerais. Las entregas van de 2027 a 2038.

Reflexiones finales

El Centauro II es una adición valiosa para el Ejército Brasileño, ofreciendo una combinación equilibrada de movilidad, potencia de fuego y protección. Su incorporación refuerza la capacidad de Brasil para enfrentar los desafíos del siglo XXI, manteniendo su seguridad y su influencia en la región.

En noviembre de este año, durante el G20 en Río de Janeiro, el presidente de Brasil, Lula da Silva, discutirá una “asociación estratégica a largo plazo” con el líder chino, Xi Jinping. Este encuentro resalta el fortalecimiento de las relaciones entre Brasil y China, en un momento en que ambos países celebran 50 años de relaciones diplomáticas.

Fue un 15 de agosto de 1974 cuando se establecieron las relaciones formales entre Brasil y China. Desde entonces ambos países han forjado una colaboración sólida y duradera. En 1993, Brasil se convirtió en el primer país en desarrollo en establecer una alianza estratégica con China, llegando a abarcar hoy en día desde sectores tradicionales hasta áreas emergentes como la economía verde.

Uno de los aspectos más importantes de esta relación es el comercio agrícola. Desde 2018, Brasil se ha consolidado como la principal fuente de importaciones agrícolas para China, exportando más de 58 mil millones de dólares en productos de este tipo. Esto representa casi un cuarto del total de importaciones agrícolas de China, superando a Estados Unidos, que representa casi un 15%.

Durante su reunión en noviembre, Lula y Xi discutirán la posible adhesión de Brasil a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, una estrategia lanzada por Xi Jinping en 2013 que busca, al igual que la antigua Ruta de la Seda, utilizar el comercio como herramienta geopolítica de extensión de influencia alrededor del mundo, desde Latinoamérica hasta Oriente Medio.

Lula ha señalado que Brasil está abierto a unirse a esta iniciativa, pero ha enfatizado que este acercamiento a China no debe interpretarse como un distanciamiento de Estados Unidos, declarando «No quiero pelearme con Estados Unidos. Al contrario, quiero a Estados Unidos de nuestro lado tanto como a China».

Históricamente, Brasil ha mantenido una política exterior equilibrada, buscando relacionarse con todo tipo de países. Después de la Primera Guerra Mundial, Brasil fue uno de los primeros países de América del Sur en alinearse con Estados Unidos, lo que le permitió un rápido desarrollo industrial y tecnológico durante las décadas de 1950 y 1960, llegando a ser la mayor potencia de América del Sur, teniendo a San Pablo con un PBI mayor al argentino.

Hoy, Brasil sigue manteniendo una postura ambigua en el sistema internacional. Por un lado, forma parte de los BRICS, un bloque que incluye a Rusia, India, China y Sudáfrica, y que en agosto del año pasado anunció su expansión (por lo que se pasará a conocer como BRICS+). Por otro lado, Lula ha reiterado su intención de mantener relaciones sólidas con Estados Unidos y sus aliados, como Japón, país que visitará en marzo del próximo año para fortalecer lazos diplomáticos.

Los BRICS tienen un rol importante en esta cuestión si tomamos en consideración el Nuevo Banco de Desarrollo (NBD). Este es un Banco fundado por las naciones integrantes del grupo, y es dirigido actualmente por la expresidenta Dilma Rousseff. Dado que las oficinas centrales del NBD están en Shanghái, tener a Dilma como presidente es importante para afianzar las relaciones con el gigante asiático.

La próxima reunión entre Lula y Xi Jinping en el G20 será un momento clave en las relaciones entre ambos países. Brasil busca mantener un delicado equilibrio en el conflicto que marcará el siglo XXI entre China y Estados Unidos. En los próximos años, la estrategia de Brasil en este equilibrio definirá no solo su rol en la región, sino también su proyección internacional.

El ejercicio combinado Fraterno, se realiza anualmente desde 1978 y consiste en operaciones combinadas mediante una Fuerza binacional que transita bajo amenazas múltiples en un área de operaciones del Atlántico Sur, en cumplimiento de una hipotética misión de paz bajo el mandato de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Tiene como objetivo fortalecer la cooperación y la amistad entre las fuerzas navales participantes. Este ejercicio suele incluir simulaciones de operaciones conjuntas, entrenamientos en técnicas navales, y actividades de intercambio de conocimientos y experiencias.

En esta edición tiene la presencia del Submarino TIKUNA, la Fragata LIBERAL y un helicóptero LYNX pertenecientes a la Marina de Brasil y por su parte, la Armada Argentina va tener presencia con su Destructor ARA SARANDÍ, la Corbeta ARA SPIRO, el Patrullero Oceánico ARA ALMIRANTE ASTORNI, también dos aviones T 34C 1 Turbo Mentor, pertenecientes a la Escuela de Aviación Naval, y un avión Beechcraft B-200 de la Escuadrilla Aeronaval de Vigilancia Marítima de la Armada.

El ejercicio consiste en dos etapas, la primera denominada como fase Antisubmarina donde el objetivo es ejecutar ejercicios básicos antisubmarinos de reconocimiento de apéndices, puesta a punto de tracking sonar, simulación de búsqueda y ataque desde Unidades de superficie y aeronavales, entre otros, a fin de contribuir al adiestramiento de los oficiales con la especialidad armas submarinas y sonaristas del Comando de la Flota de Mar.

Esta primera etapa se extenderá hasta el 15 de agosto, día en que todos los buques ingresarán a la dársena del Puerto General Belgrano, donde realizarán una escala logística de dos días, para volver a zarpar esta vez con rumbo a Ushuaia, dando inicio a la Fase Marítima. Donde tiene como objetivo comunicación, simulación de guerra de superficie, tácticas de búsqueda y rescate (SAR) y guerra electrónica.

El Ministerio de Obras Públicas de Chile anunció más de 488 licitaciones. Entre ellas se destaca mejorar la pista del Aeródromo Teniente Rodolfo Marsh Martin ubicado en la Isla Rey Jorge, en el territorio antártico disputado entre Argentina, Chile y el Reino Unido.

“Esta actividad es muy importante para nosotros porque estamos lanzando el segundo paquete de licitaciones de los proyectos del Ministerio a lo largo de todo Chile y de todas las direcciones” -Jessica López,  ministra de Obras Públicas

Esta licitación, la cual contempla al menos 31 millones de dólares para su realización, no llega sin precedentes. La pista de grava (única en su tipo en la Antártida junto a la de Marambio y Rothera), ya presentaba deterioro con baches, desniveles y averías en las ayudas visuales para las aproximaciones.

Sumado a esto, el aeródromo conecta la base chilena Presidente Eduardo Frei Montalva con Punta Arenas. No solo asiste en situaciones de evacuaciones médicas o en materia logística, sino que también busca desarrollar el turismo en la región mediante vuelos estacionales de verano. En la temporada 2023-24, la aerolínea Aerovías DAP llevó a cabo más de 200 vuelos comerciales entre la ciudad del sur chileno y el continente blanco.

También es necesario recordar que la base antártica chilena más poblada debe contar con la capacidad de recibir los C-130 Hércules y Twin Otter de la Fuerza Aérea Chilena, a la vez que se busca que esta continúe sirviendo de base o stopover para abastecer otros asentamientos antárticos chilenos.

La pulseada Ushuaia – Punta Arenas

Otro de los motivos tácitos que implican este desarrollo infraestructural en la porción antártica reclamada por Chile yace en el interés del país trasandino de competir con la oferta de vuelos del lado argentino, desde los aeropuertos de Ushuaia (potencial) y Río Gallegos (actual).

Por otro lado, la inversión y desarrollo en el continente blanco puede leerse como un refuerzo a futuro de reclamos soberanos en la región, siempre en el marco del Tratado Antártico de 1961. La Isla Rey Jorge es una de muchas que se encuentra dentro del territorio en disputa entre Chile y Argentina. Esto sugiere que, al contar con mayor población (la obra requeriría alrededor de 700 trabajadores), mayor infraestructura y mayor control en general del territorio, se podría sostener un reclamo de soberanía más sólido en un futuro.

Como dijo la ministra de Obras Públicas de Chile en la cita precedente, las licitaciones fueron impulsadas “a lo largo de todo Chile”, por lo que, bajo esta prerrogativa, el gobierno chileno refuerza su postura respecto a la soberanía de la isla y la región.

El anuncio de estas licitaciones refuerza la determinación de Chile de consolidar su presencia en la Antártida, tanto a nivel logístico como en términos de soberanía. Con mejoras significativas en el Aeródromo Teniente Rodolfo Marsh Martin, Chile no solo busca mejorar la infraestructura en la región, sino también fortalecer su posición en la competencia territorial, en un contexto de creciente interés internacional por el continente blanco.

Tiempos de escasez energética se viven en Bolivia, y en el medio de esta situación el mandatario Luis Arce nombró a Alejandro Gallardo como nuevo Ministro de Energía e Hidrocarburos de Bolivia. Esto se dió el lunes, mismo día en el que sindicatos y comerciantes tenían planeado realizar manifestaciones en Cochabamba contra la crisis.

Franklin Molina, su predecesor, fue despedido a razón de su gestión del problema. De hecho, las protestas organizadas para el lunes iban a producirse por el faltante en las bombas de las estaciones de servicio y la falta de divisas.

Últimamente Bolivia sufre de una crisis energética debido a reiteradas caídas en las exportaciones y en la producción de petróleo y gas. Bolivia actualmente importa una significativa parte de sus insumos energéticos, y esto le demanda un aproximado de USD 800 millones anualmente.

Luis Arce ha dicho que afrontará la crisis con suministros enviados desde Rusia. Sumado a esto, también se dijo que la estatal YPFB está invirtiendo muy fuertemente en un nuevo campo de gas recientemente descubierto.

Alejandro Gallardo, al asumir su puesto, dijo lo siguiente: “Estamos buscando reducir la dependencia de los combustibles importados tomando acciones que nos permitan diversificar nuestras opciones”.

El Ejercicio UNITAS 2024 se va a realizar del 2 al 12 de septiembre en aguas territoriales de Chile con la presencia de más de 4.268 personas de 24 países con 19 unidades de mar y 19 aeronaves.

Este volumen de personal y de unidades demuestran el interés de los países de la región y naciones invitadas y tiene como objetivo entrenar, capacitar y fortalecer los vínculos de cooperación entre las armadas de la región. Consiste en entrenar en diversos escenarios marítimos y estandarizar los procedimientos de operar multi nacionalmente.

El ejercicio UNITAS es una actividad anual que organiza la armada de los Estados Unidos que tuvo su primera edición en 1959 y se realiza en el marco del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y es considerado el más antiguo del mundo. En ese momento, en plena guerra fría, se buscaba evitar un desembarco de la antigua Unión Soviética en América.

En esta edición la Armada de los Estados Unidos, confirmó la presencia de tres buques, un submarino nuclear el USS HAMPTON, cuatro Boeing F/A-18 Súper Hornet, un avión de vigilancia y control marítimo Boeing P-8A Poseidón y tres C-130 Hércules.

Por su parte la Armada Argentina envía el Destructor ARA SARANDÍ (D-13) y también como novedad la Royal Navy va tener su participación con el rompehielos HMS PROTECTOR que opera en la en las Islas Malvinas, las Islas Sándwich del sur, las Islas Georgias y en el territorio británico de la Antártida.

Las reacciones que los polémicos acontecimientos han generado en los dirigentes de los países latinoamericanos pueden ser clasificadas en tres tipos: la condena abierta, la dubitación, y el apoyo total.

Dentro del primer grupo se encuentran, en primer lugar, todos aquellos países que lanzaron un comunicado conjunto el día siguiente al acontecimiento expresando “su profunda preocupación por el desarrollo de las elecciones presidenciales de la República Bolivariana de Venezuela” y exigiendo “la revisión completa de los resultados con la presencia de observadores electorales independientes”.

Entre estos países que condenaron abiertamente a Venezuela encontramos a Argentina, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Perú, Panamá, Costa Rica, Guatemala, y República Dominicana. Este grupo de países es el que ha intentado construir junto a los Estados Unidos una resolución en la OEA que condenase los resultados y el procedimiento de la elección. El Salvador y Chile también han sostenido que hubo irregularidades en las elecciones.

En varios de estos casos, sus máximas autoridades han reconocido al candidato opositor Edmundo González Urrutia como el ganador de los comicios y el presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela. Maduro les ha demandado el retiro de sus embajadores y personal diplomático a varios de ellos.

Aunque el grado de dureza ha variado entre los países, la Argentina, con quien Maduro ha decidido polarizar discursivamente, es representativa de este grupo. El Jefe de Estado, Javier Gerardo Milei, no tardó en comunicar por la red social “X” su repudio al fraude realizado por el chavismo, y la Canciller Mondino se expresó con igual franqueza tanto en redes como durante la reunión en la OEA. Ambos han mostrado públicamente su seguridad acerca del triunfo de la oposición.

La Cancillería ha respaldado oficialmente la postura pero también ha dicho seguir “con extrema atención y preocupación los acontecimientos en Venezuela a fin de pronunciarse en forma definitiva”, lo cual parece ser la metodología que la mayoría de estos países confrontativos han adoptado. En este sentido, queda por verse si el CNE publica en tiempo y forma las actas demandadas y si éstas coinciden con las presentadas por la oposición en su sitio web.

Quizás la novedad aquí sea que el gobierno de Chile se encuentre coincidiendo con aquellos gobiernos a los que menos se esperaría verlo asociado. La puja interna en la coalición y el alto grado de institucionalismo probablemente sean explicaciones de porqué se priorizó el respeto a la democracia por sobre el triunfo de un espacio político más ideológicamente afín que el que habría ganado realmente.

Aquellos países latinoamericanos que han apoyado incondicionalmente el nombramiento de Nicolás Maduro como presidente electo han sido Cuba, Nicaragua, Honduras y Bolivia. En todos ellos podemos encontrar el denominador común de la ideología socialista-revolucionaria y la debilidad institucional. Es así que el hecho de que un político ideológicamente afín se mantenga en el poder resulta más importante que la preservación del Estado de Derecho en Venezuela (que ha desaparecido mucho tiempo atrás, y no en esta elección) y el procedimiento democrático.

Finalmente, entre los países dubitativos y que generan mayor incógnita, se encuentran Brasil, México y Colombia. Sus jefes de estado han sido reacios a condenar en términos tan categóricos a Maduro, pero también a reconocer los resultados como verídicos. 

En el caso de Brasil, la alianza histórica entre el PT de Lula y el chavismo no le ha impedido mostrar sus consternaciones y exigir que se respete la norma. Una semana antes de las elecciones había presionado a Maduro por sus dichos sobre los ‘‘baños de sangre’’ y la ‘‘guerra civil fraticida’’ que esperaba al país si él no ganaba. No obstante, la vecindad territorial de ambos estados, al igual que en el caso de Colombia, tiene un peso no menor sobre la decisión de qué tan lejos ir.

Andrés Manuel López Obrador también insiste con que el oficialismo venezolano debe presentar las actas, pero al igual que Petro y Lula, ha sido responsable de bloquear el intento de una ofensiva más fuerte y concertada contra Maduro en la OEA.

La indeterminación que estos tres presidentes mantienen respecto a qué sentencia dar desde sus respectivas instituciones diplomáticas los ha puesto en una posición de neutralidad o intermediario que ha servido hasta ahora como forma de prevenir una completa grieta ideológica latinoamericana alrededor del caso y proveer soluciones rápidas para aquellos diplomáticos y refugiados políticos cuyas circunstancias de repente se volvieron inciertas y peligrosas. 

El logro conjunto entre el Palacio San Martín e Itamaraty de mantener, por un lado, la embajada argentina bajo control (delegado en Brasil) y, por el otro, comenzar a planear la habilitación de un salvoconducto a quienes residían allí hasta el momento de su expulsión del país, lo ejemplifica. Evitar el desamparo y abandono total de esos ciudadanos argentinos era un imperativo, pero no podría haberse logrado sin el Estado Federativo de Brasil funcionando como puente. 

Con el reloj a punto de quedarse sin arena para Maduro, quien tendrá hasta hoy (viernes 9, cumplidos los 12 días) para presentar las actas completas del escrutinio, la pregunta que se impone es cuánto tiempo podrán permanecer en la ambivalencia estos tres presidentes dubitativos.

La autoproclamación de Maduro como presidente reelecto, sin la acreditación legal de su victoria y en contraste con las actas electorales que Corina Machado afirma tener, ha desatado una grave inestabilidad institucional en Venezuela. Esta situación ha provocado violencia en todo el país, con numerosos heridos, detenidos, secuestrados y muertos, aunque aún no se dispone de cifras exactas.

Un aspecto que ha pasado desapercibido, pero que merece atención, es la aparición de grupos armados que han salido a proteger a sus comunidades de la represión de los militares y la policía bolivariana.

¿Quiénes son estos grupos?

Poco se ha discutido sobre las pandillas que han ido en aumento en Venezuela. Estos grupos criminales dominan barrios y expulsan a las fuerzas de seguridad, colocando a los ciudadanos venezolanos en una situación desesperada, aunque están en contra del gobierno actual, se encuentran sometidos a los criminales que controlan sus vidas.

La gran incógnita es el futuro de estas pandillas en el caso de que un nuevo gobierno, liderado por González Urrutia, asuma el poder. ¿Qué influencia política tendría González Urrutia si llegara a la presidencia? ¿Cómo podría evitar el colapso económico, social y la pobreza que afecta al país? ¿Podría controlar la expansión de estos grupos armados para frenar su avance?

Sin embargo, las posibles consecuencias de una reelección de Maduro, no sería menos preocupante y traería aparejada una nueva crisis social que podría llegar a afectar a toda la región. Una nueva oleada migratoria masiva de venezolanos, un éxodo que se repetiría otra vez, y con ello se profundizaría más aun la grave situación económica, política y social que vive el país caribeño de la mano del chavismo.

Ambas situaciones podrían traer aparejado el crecimiento y expansión de estas bandas criminales.

El Tren de Aragua

Este grupo, originario de la prisión de Tocorón, al norte del país y cerca de Caracas, se involucra en actividades como extorsión, trata de personas, prostitución, secuestros y tráfico de drogas no solo a nivel nacional sino también internacional.

Actualmente, dejo de ser un problema solo de Venezuela, para pasar a ser de países como EEUU, Colombia, Perú, Brasil, Ecuador, Chile, Bolivia y en un futuro posible Argentina podría ser parte de este flagelo.

Creada a fines del 2010, esta pandilla se extendió rápidamente aprovechándose de la situación endeble y precaria de las migraciones de venezolanos que escapaban de su país, diferentes células se fueron infiltrando en toda la región.

Uno de los primeros países en sufrir su accionar fue Colombia, con quien Venezuela comparte fronteras y que ha visto en aumento sus niveles de violencia de forma significativa. Pandillas que antes dominaban Medellín o Bogotá fueron eliminadas en guerras intestinas por parte del Tren de Aragua adueñándose de sus territorios. Sin embargo, algunos grupos menores prefirieron unirse y someterse a esta organización para evitar ser sistemáticamente eliminados.

Dejan su marca de violencia no solo contra otros grupos de delincuentes sino contra el común de la población, lo que lleva a alertar a países como Chile donde se registraron crimines violentos y cuyos modos operandi fueron similares a los ejecutados en los países caribeños: abusos, descuartizamiento y asesinato, lo que ellos llaman -hacer picadillos- todos metódicamente registrados y filmados y que eran utilizados para extorsionar a los familiares de las víctimas.

A raíz de este peligro latente, las fronteras de Argentina son un blanco fácil para que estos grupos encubiertos como inmigrantes se infiltren y se establezcan en diferentes puntos estratégicos para desarrollar sus negocios ilegales.

¿Argentina está preparada para enfrentarse a estos tipos de violencia?

No podemos negar que en Argentina la trata de persona es una realidad, pero que lamentablemente nunca se tuvo en consideración un plan efectivo para su lucha. Detrás del tráfico de personas, generalmente se encuentra el tráfico de drogas y con ello crímenes violentos y secuestros. Es importante detenernos a pensar que las fronteras argentinas hoy por hoy son la parte más vulnerable de un país que recién se está rearmando en lo social, político, económico y en la defensa nacional. Tenemos un problema latente y es lo que está pasando en otros países, no son solo problemas locales, sino internacionales.

Generar estrategias de colaboración conjunta entre las fuerzas policiales de la región con el fin minimizar el accionar de estos grupos que se desarrollan a gran velocidad junto con las crisis económicas de cada país y donde el flujo migratorio es constante y variado, es parte de la tarea importante. Nuestro país deberá fortalecer sus fronteras para enfrentarse a estas amenazas. El desafío es grande, pero nos obliga a responder de una manera rápida y contundente siempre que el gobierno tome posturas de fortalecimiento respecto de la seguridad nacional, la actualización de sistemas tecnológicos efectivos y potentes y personal capacitado para responder a estas exigencias.

El pasado miércoles 07 de agosto el mandatario chileno fue más allá en su posición sobre Venezuela y dijo que no duda de que “Maduro intentó llevar adelante el fraude”, y que Chile de ninguna manera reconocerá los resultados difundidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Desde el primer momento, Boric se posicionó contra los resultados expuestos, pero sin hablar de fraude, solo pidiendo que se muestren las actas y que el resultado sea verificado por veedores internacionales no oficialistas.

Lo que no tardó en llegar fue la respuesta del régimen chavista. Yvan Gil, Canciller del gobierno de Maduro, dijo que “se encuentra a la derecha de Javier Milei”.

Estas declaraciones de Boric fueron dadas después de que se reuniera con su par de Brasil, Lula Da Silva, quien se está manejando en una línea muy delgada entre el pedido de veracidad electoral y tratar de no perder el diálogo ni romper relaciones con Maduro.

“No tengo dudas de que intentó llevar adelante un fraude, sino hubiese mostrado las actas” fue la frase textual de Gabriel Boric. La decisión de desconocer los números del CNE no implica reconocer como ganador a Edmundo González Urrutia, como sí lo hicieron Argentina, Uruguay, Ecuador, Panamá, República Dominicana, entre otros, pero si deja solos a los pocos dirigentes que reconocen a Maduro como ganador, caso López Obrador en México y Luis Arce en Bolivia.

Maduro se presento frente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para pedir que periten los números que lo dan como ganador. Esto no es nuevo, ya que en 2015 Maduro desconoció el resultado de las legislativas de ese año que le daban dos tercios de la cámara a su oposición. Y para no quedarse corto, creo un cuerpo legislativo paralelo, la Asamblea Nacional Constituyente.

Durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente (órgano de gobierno de la OEA) celebrada en Washington, el diplomático uruguayo consideró que es “el momento de presentar cargos de imputación contra aquellos más responsables, incluyendo a Maduro”, por el “baño de sangre” que se generó luego de las elecciones presidenciales y que concluyeron con la muerte de 17 manifestantes en el marco de múltiples protestas contra los resultados fraudulentos orquestados desde el gobierno bolivariano.

Pero, ¿a que se refiere el Secretario General? ¿Ante quien se presentan los cargos? ¿Quién llevaría a cabo la aprehensión que solicito Almagro?

En primer lugar para comprender el fondo de la situación se debe tener en cuenta que Venezuela como miembro de la comunidad internacional es un Estado soberano con obligaciones internacionales derivadas de diversos tratados internacionales. En ese sentido, hay un tratado internacional al que se debe prestar especial atención: el Estatuto de Roma. Venezuela lo ratificó el día 7 de junio del 2000, (paradójicamente) durante los inicios del gobierno de Hugo Chavez.

En segundo lugar, el tratado en cuestión constituye una especie de “Código Internacional Penal”, en el que se tipifican 4 actos distintos que constituyen los mas graves contra el derecho internacional, calificados como “crímenes internacionales”. Ente ellos se encuentra el denominado “crimen de lesa humanidad”. En el Estatuto se lo define como todo ataque “generalizado o sistemático contra una población civil”, incluyendo diversas modalidades como la esclavitud, la tortura, la desaparición forzada de personas, entre otras.

Las investigaciones sobre la comisión de los crímenes enumerados del Estatuto de Roma son llevadas adelante por una Fiscalía y juzgadas por una Corte Internacional compuesta por 18 magistrados.

En este sentido, la decisión de Almagro es la secuela de un proceso iniciado el 27 de septiembre de 2018.  Ese día, un grupo de Estados parte del Estatuto (Argentina, Canada, Colombia, Chile, Paraguay, y Perú) solicitaron a la Fiscalía de la Corte, que iniciara investigaciones acerca de crímenes de lesa humanidad perpetrados por las autoridades del gobierno de Venezuela desde el 12 de febrero de 2014.

Finalmente, el 3 de noviembre del año 2021, la Fiscalía anuncio que iniciaría las investigaciones correspondientes, luego de que se haya determinado de que existen fundamentos razonables para creer que se ha cometido un crimen internacional.

Por si fuera poco, el régimen de Maduro utilizó  en reiteradas ocasiones vías recursivas para anular o dilatar el proceso penal en su contra. Su ultimo intento fue el 14 de agosto del 2023, cuando se presentó un recurso de apelación ante la Corte.

La Sala de Apelaciones recibió escritos de la Fiscalía , así como de la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas y observaciones del Panel de Expertos Internacionales Independientes de la Organización de Estados Americanos (OEA). En las audiencias de noviembre del año pasado, se desmontaron todos y cada uno de los argumentos del régimen bolivariano.

El resultado de su intento de dilación fue previsible: el ultimo 1 de marzo,  la Corte denegó el recurso en su totalidad y  se autorizó a la Fiscalía a continuar con el proceso.

Frente al pedido de Luis Almagro surge la incógnita: ¿Qué sucede si la Corte Penal Internacional hace lugar al pedido del Secretario General de la OEA y ordena la detención del mandatario venezolano?

En primer termino ello conllevaría la génesis de obligaciones de los Estados: todo Estado Parte del Estatuto de Roma tienen el deber de cooperar con la CPI, incluyendo el deber de localizar, arrestar y entregar al individuo si este se encuentra en su territorio. (conforme al artículo 59)

De todas formas, la claridad de este procedimiento no necesariamente se traslada a la realidad. En la práctica, arrestar a un jefe de Estado puede ser extremadamente complicado. En casos donde el acusado ejerce un control casi omnipresente sobre el Estado en el que se encuentra, la idea misma de una detención por parte del poder judicial de su país solo se puede pensar en el plano de la fantasía. Por si fuera poco, podemos suponer que naciones aliadas al Estado venezolano como la Federación rusa, China, Honduras o Cuba se negaran  a cumplir con la orden de Tribunal, impidiendo aun mas que se cumpla con la orden de detención.

En conclusión, la posibilidad de que exista finalmente una detención internacional del jefe de Estado de Venezuela, y otros jerarcas de su regimen, puede analizarse y comprenderse bajo la óptica de la teoría del derecho penal internacional….pero se corre el riesgo de que sea impensable en el plano de toda realidad.

En la última cumbre del Mercosur, el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou criticó a Javier Milei por su ausencia, subrayando la importancia de que todos los presidentes estén presentes si el Mercosur es relevante. Esta postura contrasta con sus críticas de 2021 al Mercosur, cuando lo calificó de “lastre” y abogó por que Uruguay realizara sus propios acuerdos de libre comercio fuera del bloque.

Sin embargo, este aparente cambio no es una contradicción, sino una alineación con la histórica política exterior uruguaya de buscar la “flexibilización” del Mercosur para poder firmar tratados bilaterales. Lacalle Pou, adaptando un enfoque pragmático, ahora promueve la integración regional como la vía más viable para alcanzar estos objetivos.

En la última cumbre del Mercosur, el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, criticó a Javier Milei respecto a su ausencia en la misma. Destacó que “si el Mercosur es importante, entonces deberíamos estar todos los presidentes”, sumándose también Lula Da Silva a las mismas.

En 2021 fue el mismo presidente del Partido Nacional, quien cruzó a Alberto Fernández manifestando que el Mercosur era un “lastre” y un “corset”, minimizando las oportunidades de progreso que significa el organismo para su país, y reivindicando la voluntad de Uruguay de llevar a cabo sus propios acuerdos de libre comercio por fuera del Mercosur.

Ahora bien, esto último parecería indicar que durante estos tres años, la postura del presidente uruguayo dio un giro: en primer lugar, desde una postura crítica al ex presidente argentino arremetiendo contra el Mercosur y, actualmente, a criticar la ausencia de Milei en la cumbre resaltando la importancia de la integración regional. La realidad es, que si analizamos la política exterior uruguaya durante su experiencia por el Mercosur, los dichos de Lacalle Pou no representan una contradicción y hasta van alineados a lo que espera Uruguay respecto del mismo.

Para empezar, en los inicios de Uruguay dentro del Mercosur, tanto Jorge Batlle como los presidentes argentino y brasileño en la década del 90 plantearon el organismo como un tratado de integración de libre comercio en pos de las políticas liberales del Consenso de Washington con el fin de incrementar el alcance comercial de la región con las potencias occidentales y entre ellas. Dicha convergencia de intereses no prosperó por mucho tiempo y sumado a la falta de acuerdos logrados por el Mercosur, el presidente Batlle buscó llevar a cabo -de manera unilateral-  un tratado de libre comercio con EEUU.

Dicho intento de tratado de libre comercio fue perseguido durante el final de su gestión y en el primer mandato de Tabaré Vásquez, y se vio imposibilitado de la concreción en la práctica justamente porque EEUU no buscaba interrumpir su vínculo con Argentina y Brasil, en detrimento de firmar un acuerdo bilateral con Uruguay.

Justamente el presidente Vásquez, quien siguió los mismos lineamientos de política exterior de su predecesor (a pesar de llevar un color político diferente), entendía que un país pequeño como Uruguay necesitaba de la complementación de mercados grandes y que el Mercosur no estaba alcanzando logros en los acuerdos extra zona.

El reclamo de Uruguay es denominado como “flexibilización”: no busca resquebrajar la integración regional, sino obtener la potestad de llevar a cabo sus propios acuerdos de libre comercio por fuera del Mercosur (debido a la incapacidad de este de concretarlos).

Esta reivindicación de aperturismo económico es histórica por parte de Uruguay, y tomo mayor relevancia cuando Vásquez, en su segundo mandato, viajó a China para intentar pactar con Xi Jinping un acuerdo bilateral comercial. Dicho acuerdo ha sido el objetivo de Uruguay a conseguir en los últimos 8 años, ya que el país asiático no aceptaría firmar un acuerdo solo con Uruguay, por fuera del bloque Mercosur. Es aquí cuando llega Lacalle Pou, donde adoptó una política económica más ortodoxa y reacia a la integración regional en sus inicios.

Sin embargo, Lacalle Pou, reconociendo que la única manera del país de alcanzar dicho acuerdo es mediante el fortalecimiento del Mercosur (como lo pensó Mujica al principio), debió analizar un cambio de discurso, partiendo de un pragmatismo en sus declaraciones de política exterior, sabiendo las dificultades de mantener una postura hostil como la de 2021.

La idea de reivindicar la integración regional y cruzar al presidente argentino por no asistir a la cumbre sigue con los lineamientos que ha sostenido Uruguay durante los últimos 30 años y a una victoria del realismo pragmático donde el interés nacional es superador de la ideología con la que pueda gobernar un candidato. Si Uruguay no puede concretar esos acuerdos por fuera del Mercosur como quisieron Batlle, Vásquez y los inicios de Lacalle Pou, la apuesta más conveniente es apostar a reforzar la integración regional e impulsar los acuerdos extra zona con economías más grandes por dentro del organismo

El pasado 28 de Julio en Venezuela se llevaron a cabo las elecciones presidenciales, donde competirían el dictador chavista Nicolás Maduro y la oposición encabezada en la campaña por María Corina Machado y en las boletas por Edmundo González. Con clima proclive al conflicto, la dictadura de Maduro llevo a cabo uno de los fraudes más escandalosos de la historia, fraguando números, escondiendo las actas y autoproclamándose ganador sin ningún dato que lo sustentara, y por si fuera poco, además de echar a los veedores que no eran suyos, habló de “baño de sangre” si no ganaban ellos.

A una semana del fraude, la situación parece no mejorar ni un poco de lo que ya hemos visto, con expulsión de diplomáticos extranjeros, detenciones a periodistas internacionales y compatriotas y la brutal represión que se está llevando adelante por orden del propio Maduro y sus esbirros.

La persecución política también azota a los más renombrados opositores, González y Machado. Tanto es así, que en el día de hoy el fiscal del régimen, Terek Williams Saab ordenó abrir una causa e inició una investigación en contra de ambos dirigentes, por una supuesta “instigación a la insurrección”. El texto en el cual se exhiben las causas de la investigación dice lo siguiente: “Al margen de la Constitución y la ley, falsamente anuncian un ganador de las elecciones presidenciales distinto al proclamado por el Consejo Nacional Electoral”.

La Organización de Estados Americanos (OEA) contradice rotundamente lo expuesto por el Consejo Nacional Electoral, no solo porque no ha expuesto ningún acta ni ningún dato certero más que los porcentajes, sino que habla de una manipulación aberrante de los datos.

Maduro y la constante opresión

Todo esto se da en un marco de represión brutal, de desaparecidos y de detenciones irregulares e ilegales a cualquier persona que se manifestase en contra del gobierno. Hasta el día de hoy, al menos 23 personas han perdido la vida en las manifestaciones, y se habla de casi 1000 detenidos de manera irregular. En tanto, Maduro habla de alrededor de 2000 detenidos por “intentar un golpe de Estado”. Según él Foro Penal, la ONG encargada de defender a los presos políticos del país caribeño, casi todas las detenciones se han hecho de manera arbitraria e injusta. El vicepresidente del Foro, Gonzalo Himiob, manifestó que hay una precalificación de delitos sin ninguna investigación previa, lo cual mancha de irregularidad todo el proceso.

El papel de la comunidad internacional frente a la represión

La OEA ha llamado, mediante un comunicado, a la paz entre los manifestantes. Textualmente, Luis Almagro, Secretario General de la OEA, dice que “el pueblo venezolano ha pagado un costo altísimo en hambre, miseria, migración, enfermedades, prisión política, tortura, muerte como ningún otro pueblo del hemisferio en este siglo XXI”. Y añadió: “Que los actores de la comunidad internacional que han sido indulgentes con estos crímenes velen para que no vuelvan a ocurrir. Que haya un profundo significado de paz en las acciones de cada venezolano y venezolana, que no haya lugar para un solo represor ni para un solo reprimido. La ‘paz’ de la represión, el temor, el terror, no es paz”.

Más allá de cualquier tipo de pedido de paz de la OEA o hasta del Papa Francisco, lo cierto es que Maduro lleva más de una semana haciendo diariamente cadena nacional, autoproclamándose presidente electo venezolano, y se da el gusto de perseguir, hostigar y violentar todo tipo de Derechos Humanos de manifestantes y políticos.

La comunidad internacional se debe ver obligada no solo a bregar por la transparencia en toda jornada electoral, sino a exigir y fustigar al oficialismo chavista a mostrar las actas que dicen que Maduro ganó la elección, en tanto, la oposición colgó en internet un sitio donde iban subiendo las actas propias, actas que fueron desmentidas por el oficialismo.

El poder de no decidir

Llevamos una semana y parece como si fuera un año. La incógnita persigue y rodea a todos los países latinoamericanos pero sobre todo a los venezolanos, que, como hace mucho tiempo viene pasando, no se ha respetado su voluntad soberana de elegir a sus gobernantes, y por tanto, que sin acción rápida por parte de los actores involucrados, la sociedad venezolana se tiene garantizada un tiempo la desatención de sus preferencias electorales.

Cuando se habla de energía en estas primeras décadas del siglo XXI, las referencias obligadas continúan siendo el petróleo o el gas natural, ambas suman cerca del 60% de la matriz energética mundial. Sin embargo, en la segunda década del siglo XXI se origina un cambio del paradigma energético que lleva a preguntarse si existe un resurgimiento de los hidrocarburos a partir de recursos no convencionales como shale oil, shale gas, thigt oil y tight gas, contrariamente a lo que se mencionaba respecto a la llegada del pico del petróleo y del gas.

Otro cambio significativo en el contexto global fue la importancia que comenzó a tomar el gas en relación con el petróleo. Al ser el gas natural un hidrocarburo más amigable con el ambiente y de menor costo relativo respecto al petróleo. Este crecimiento del consumo del gas lleva a que algunos autores llamen al siglo XXI como “la era dorada del gas’’. A inicios del siglo XXI los países que ocupan los tres primeros lugares a escala mundial en cuanto a reservas probadas de gas son: Rusia (23,9%) Irán (15,8%) y Qatar (13,5%) que concentran el 53,2% de las reservas mundiales de gas natural y si sumamos los países que ocupan los 15 primeros puestos totalizan el 84,5 % de las reservas. Esta distribución de las reservas muestra dos fenómenos simultáneos, la concentración y la fragmentación.

Dos viejos conocidos

En la segunda década del siglo XXI se producen cambios significativos en relación con el recurso gas. En primer lugar, la incorporación de recursos no convencionales como el shale gas, explotado en Estados Unidos a partir de transformarlos en recursos técnicamente recuperables y económicamente viables, luego de una curva de aprendizaje desarrollada en los últimos diez años, mediante el uso de pozos verticales y horizontales a través de la técnica de fractura hidráulica conocida como fracking.

La puesta en producción de estos recursos origina la denominada “revolución del shale gas” que lleva a Estados Unidos a lograr su autoabastecimiento gasífero, desplazar a Rusia del lugar histórico de primer productor mundial de gas e incidir en el papel de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) como fijador del precio y equilibrador de la oferta de hidrocarburos en el mercado. Estados Unidos no es un país miembro de la OPEP y, por lo tanto, coloca en el mercado su producción -en volumen y precio- acorde a sus intereses. gas”.

AHORA, NOS PREGUNTAMOS:

• ¿Cómo afectarán estos cambios al mercado global de la energía?;
• ¿Cuáles serán las consecuencias sobre las relaciones de poder entre Estados?;
• ¿Dónde se localizarán los espacios ganadores y perdedores?;
• ¿Qué escalas de intercambios predominarán, las regionales o globales?;
• ¿Todas las reservas de hidrocarburos se transformarán en recursos técnicamente recuperables?

Una respuesta a estos interrogantes es la proyección del escenario energético mundial para el 2035 que brinda el informe 2013 de la Agencia Internacional de Energía (AIE). Sostiene que, se caracterizará por un aumento de la demanda de energía que crecerá más de un tercio en el período que va entre 2012 y 2035; China, India y Medio Oriente representan el 60% de dicho aumento por una mejora en su nivel de vida, mientras que la demanda de energía disminuirá en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), aunque con un marcado alejamiento del petróleo y del carbón en beneficio del gas natural.

Contexto en Sudamérica

En este contexto, la región sudamericana representa sólo el 4% de las reservas mundiales, con una ratio producción/reservas de 45,9 años, sumado a un bajo consumo en los principales países que poseen el recurso. A pesar del bajo porcentaje en relación con las reservas globales, esta región es una de las de mayor potencial de producción puesto que sus principales reservas de gas convencional aún no han sido explotadas y a ellas se suman los descubrimientos de hidrocarburos en aguas profundas y ultra -profundas del presal en Brasil (2007), junto a los recursos no convencionales técnicamente recuperables de reciente identificación en varios países de la región (2011-2013).

La Argentina que cuenta con las segundas reservas de shale gas y las cuartas reservas de shale oil a escala global. El inicio del conflicto entre la Argentina y Chile deriva del incumplimiento de contratos firmados entre ambos países que llevó a Chile a invertir en la construcción de gasoductos que le aseguren el suministro de gas desde la Argentina.

La Argentina se comportó como un país gasífero sin serlo. En este sentido, incrementó el consumo para diversos usos, al ser el gas un recurso de uso múltiple (gas para exportación, gas para calefacción, centrales termoeléctricas alimentadas a gas, gas vehicular y como materia prima de la industria petroquímica entre otros usos) y ante la creciente demanda frente a una oferta que se encontraba estancada -por falta de inversiones en exploración- debió abastecer primero al mercado interno. Como consecuencia de esta restricción de la oferta comienzan a surgir problemas en el abastecimiento de gas a Chile.

En este período se pasa de un conflicto bilateral entre la Argentina y Chile -por incumplimiento de contrato- a una situación en la cual los actores implicados se van multiplicando. La búsqueda de alternativas de solución al conflicto lleva a incorporar a otros países de la región como posibles oferentes del recurso, pero sin obtener resultados favorables.

Además, se incorporan luego actores extra regionales como Rusia, China, Irán y Estados Unidos, que actúan ya sea en forma directa a través de inversiones relacionadas con la energía o indirecta mediante la firma de acuerdos económicos con países de la región. Consecuencia de esta situación, en los últimos años la infraestructura de gasoductos construida como elemento permanente que establece lazos que refuerzan los procesos de integración entre la Argentina y Chile se encuentran vacíos, a pesar de los acuerdos firmados.

Es una pregunta a hacerse el por qué en un contexto de reservas abundantes en varios países de la región (Venezuela, Bolivia, Perú), de gasoductos existentes y proyectados, y de contratos bilaterales firmados, no se alcanza una solución como sería lógico esperar?

Solucionar los problemas de abastecimiento de gas a Chile a partir de intercambiar gas por salida al mar en el caso de Chile con Bolivia, o importar el recurso desde Perú. A este enfoque desde la perspectiva de la Geopolítica de la Energía y de la Nueva Geografía Política se suman los conceptos propios de la Economía, la Política, así como de la Sociología que también brindan su aporte para el análisis de la situación de conflicto e incertidumbre entre los Estados de la región sudamericana en relación con el uso de este recurso a lo largo de la cadena de valor, desde la obtención en el yacimiento a la producción, distribución y consumo.

Por último, la relevancia del tema a investigar radica en la necesidad de realizar una reconceptualización sobre la relación que existe entre sistemas naturales y sociales en la cuestión energética, incorporando a la visión económica predominante, una perspectiva geopolítica multiescalar como variable fundamental de análisis.

En cuanto a los beneficios, el conocimiento que aporta esta investigación puede resultar relevante en el proceso de toma de decisiones de los gobiernos involucrados en la cuestión energética sudamericana puesto que, la consideración de esta perspectiva multiescalar permite una acercamiento a la realidad sudamericana en su interacción con las escalas global y local.

Nicolás Maduro, el pasado domingo 29 de Julio, anunció una contundente victoria electoral avalada por un comunicado del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Los datos aportados por el mismo arrojaron una derrota del opositor, Edmundo González Urrutia, por más de siete puntos de diferencia, frente a un contexto previo donde los ánimos esperanzados de una gran mayoría de la sociedad vaticinaban un cambio de gobierno.

Desde la previa a la elección existieron irregularidades. En primer lugar, una gran mayoría de los ciudadanos que emigraron durante la última década (aproximadamente siete millones de venezolanos) no estuvieron habilitados para concurrir a votar. Sólo en la Argentina, por ejemplo, pudieron emitir su sufragio 2.638 habilitados de los más de 220 mil habitantes en nuestro país. Todos ellos, claro está, hubieran supuesto una abrumadora diferencia en contra del régimen, debido a los motivos mismos de su exilio.

Por otro lado, la constante persecución e inhibición a los candidatos opositores. María Corina Machado, quien continúa siendo la voz líder de la disidencia al régimen en Venezuela, fue proscripta y no pudo participar de las elecciones. Tampoco su relevo inmediato, Corina Yoris. Esto no es nuevo: ya desde 2007, con Hugo Chávez de Presidente, las denuncias de censura son moneda corriente: desde inhabilitar a la cadena de televisión más antigua del país (RCTV), el arresto de Leopoldo López, otro líder opositor, en 2014, hasta denuncias de torturas y tratos crueles contra detenidos en protestas según Human Rights Watch.

Éstos objetivos constituían una clara estrategia, de parte del oficialismo, para debilitar a la oposición en vistas a las elecciones: en primer lugar, disminuyendo sus potenciales votantes de manera nominal y, en segundo lugar, eliminando de la lista de opciones a sus líderes más convocantes, buscando, en último lugar, un llamado a la abstención y por ende una victoria electoral.

Ahora bien, ¿por qué el régimen llamaría a elecciones en primer lugar?

Si el propósito del régimen era continuar con el poder mediante la legitimidad del voto, “organizando” una victoria electoral con una muy baja calidad democrática, pero con los niveles mínimos indispensables (por ejemplo, la entrega de las actas en lugar de una mera declaración testimonial), podría haber apostado a una normalización de la situación internacional impulsado por la aceptación de sus socios: China, Irán, Rusia y Cuba, quienes no necesitaron ver las actas para lanzar una felicitación a Nicolás Maduro, pero también, y más importante, de aquellos países que en los últimos días solicitaron “mostrar las actas”: Brasil, México y Colombia, como así también referentes importantes de la región, como Lula da Silva y Cristina Kirchner.

El régimen apostaba, entonces, a una continuidad de la aceptación de sus socios internacionales, con cierta liviandad en las formalidades de calidad democrática, donde la presión internacional, de haber sido exitoso dicho plan, se habría vuelto en contra de las sanciones que enfrenta el régimen: restricciones de visado, congelamiento de activos, compañías privadas con sede en Estados Unidos, prohibición de transacciones comerciales, intervenciones en el Banco Central de Venezuela, entre otras sanciones. Funcionarios de Estados Unidos habían vaticinado una posible flexibilización de dichas sanciones en caso de existir una votación transparente.

Nada de eso ocurrió. El régimen aún no aportó las actas originales, y la oposición logró reunir, en tiempo récord, más del 80% de las mismas, publicándolas en un sitio web para que toda la comunidad internacional pudiera acceder. Así, Venezuela se limitó al apoyo sólo de aquellos países que no tienen interés alguno en la democratización, sino más bien en la profundización del ciclo de gobierno (Rusia, China e Irán).

Esto generó que la presión internacional, aunque aún insuficiente, se tornara en contra de la continuidad del régimen, con cierta ambigüedad en las posturas de Brasil, Colombia y México. En el extremo opuesto de dichas posturas, están los países que ya reconocieron (o están camino) a González Urrutia como presidente: Estados Unidos, Chile, Perú, Argentina y Uruguay. El aislamiento del régimen se institucionalizó con la retirada diplomática en Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay.

Las posibles salidas combinan dos de las variables clave mencionadas previamente: la persistencia y articulación de marchas multitudinarias en todo el territorio nacional, y una presión internacional importante que logre resquebrajar desde adentro al régimen.

Existen diversos ejemplos a lo largo de la historia donde la intensidad de las mismas logró erosionar a diversos regímenes dictatoriales: sin ir más lejos, la Primavera Árabe, donde una serie de protestas en varios países, comenzando en Túnez, lograron el objetivo de la caída de dictaduras: Zine El Abidine Ben Ali en Túnez, Hosni Mubarak en Egipto, y Muamar Gadafi en
Libia.

Recientemente, se hizo pública la intención de Nicolás Maduro de “recibir recomendaciones” en función de regular o prohibir redes sociales digitales como TikTok e Instagram. De implementarse dicha medida, no sólo estaríamos hablando de un ataque a la libertad de expresión de los ciudadanos, sino también de un golpe directo a la búsqueda de generar presión internacional como manifestaciones. El rol de divulgación de dichas redes, sobre información diaria y continua que llega desde el país bolivariano, y que logran visibilizar a nivel internacional la represión en las calles, la multitud de las manifestaciones, los secuestros en vivo, y hasta el asedio transmitido en directo a una Embajada de la República Argentina, han logrado repercutir en la presión internacional. A su vez, tienen gran trascendencia como red de articulación de las grandes manifestaciones.

Si bien es imposible realizar una predicción a futuro, está claro que las recientes elecciones implicaron una erosión importante del régimen y promovieron una nueva ventana de oportunidades para persistir con las protestas y aumentar la presión internacional. Durante los próximos meses se jugará un capítulo clave para los próximos 5 años de período presidencial. Resta ver si Nicolás Maduro puede resistir a las presiones mediante represión y alianzas internacionales, que no son para nada menospreciables, como lo ha hecho hasta ahora.

Cristina Kirchner, en su reciente intervención en el curso “Realidad Política y Electoral de América Latina”, mostró una vez más su habilidad para manipular la narrativa política. Este discurso no fue más que un intento descarado de lavar la imagen del régimen dictatorial de Nicolás Maduro y de posicionarse, de manera hipócrita, como una defensora del capitalismo.

Defendiendo lo Indefendible

En su intervención, Cristina Kirchner trató de justificar el régimen autoritario de Nicolás Maduro, minimizando las atrocidades y violaciones de derechos humanos cometidas bajo su gobierno. «En Venezuela no hay ni diablos ni ángeles,» dijo Kirchner, tratando de equiparar la violencia de la oposición con la brutal represión estatal. Esta declaración no solo muestra una falta de empatía con las víctimas del régimen de Maduro, sino que también intenta desviar la atención de la realidad opresiva que viven los venezolanos.

Además, al referirse al bloqueo económico impuesto a Venezuela, Kirchner evitó mencionar las políticas desastrosas y la corrupción que han llevado al país a una crisis humanitaria sin precedentes. En cambio, se centró en atacar a los Estados Unidos, perpetuando una narrativa de victimización que solo beneficia a las élites corruptas de Venezuela.

El Intento Hipócrita de Presentarse como Pro Capitalista

Hoy nuevamente, Cristina Kirchner trató de presentarse como una defensora del capitalismo, elogiando el modelo chino de desarrollo económico. «China ha surgido sin tirar un solo tiro,» afirmó, alabando el crecimiento económico del país asiático. Sin embargo, omitió mencionar las numerosas atrocidades que China comete internamente para mantener su Leviatán de centralidad absoluta. Es importante recordar que este elogio proviene de una figura que ha implementado políticas económicas desastrosas en Argentina, llevando al país a una crisis financiera recurrente.

Kirchner comparó el modelo de mercado occidental con el modelo de participación estatal en la economía asiática, sugiriendo que el estado debe jugar un papel crucial en la economía. Esta postura es una contradicción directa con su historial de intervencionismo y políticas proteccionistas que han ahogado el crecimiento económico en Argentina.

Manipulación y Contradicciones

Es evidente que el discurso de Cristina Kirchner está lleno de contradicciones y manipulación. Por un lado, critica la «cultura líquida instantánea que no investiga, que no sabe,» pero por otro, utiliza la desinformación y la narrativa sesgada para defender regímenes autoritarios y atacar a sus adversarios políticos. Su intento de presentarse como una figura que defiende la justicia y la paz es simplemente un esfuerzo por distraer a los votantes de sus propios fracasos y errores.

Cristina Kirchner continúa demostrando que su retórica no es más que un juego de apariencias, diseñado para mantener su influencia política mientras sigue defendiendo a aquellos que oprimen y empobrecen a sus pueblos.

El pasado domingo 28 de julio, los venezolanos acudieron a las urnas con la esperanza de ejercer su derecho a elegir al próximo presidente de manera democrática. La contienda se dio principalmente entre el actual dictador chavista, Nicolás Maduro Moros, y Edmundo González Urrutia, candidato de la alianza opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD), quien, por primera vez en más de una década, consolidaba la expectativa de libertad en Venezuela.

Las irregularidades de los comicios comenzaron mucho antes del día de la elección. Un ejemplo de ello es que, aunque alrededor de 21 millones de personas estaban convocadas, de los 5.5 millones de venezolanos elegibles para votar que viven actualmente en el extranjero, solo 69,211 lograron registrarse debido a las diversas dificultades y restricciones impuestas por el régimen. Los ciudadanos enfrentaron barreras legales desmedidas y arbitrarias para inscribirse en el padrón.

Otra irregularidad notable fue la descalificación de la candidatura presidencial de María Corina Machado por parte del Tribunal Supremo de Justicia, que declaró a la líder opositora como inhabilitada para ejercer funciones públicas por un periodo de quince años. Ante esta situación, Machado delegó su candidatura a Corina Yoris, pero el sistema dispuesto por el gobierno de Nicolás Maduro no le permitió inscribirse.

Finalmente, el PUD eligió a Edmundo González como su tercer candidato. A sus 71 años, González es un diplomático con experiencia, pero sin antecedentes en el ámbito político electoral. Su perfil conciliador, junto con el respaldo de María Corina Machado, logró captar la confianza de la gente.

¿Qué sucedió en las elecciones?

Pasadas las 12 de la noche del domingo, el CNE declaro que, con el 80% de las mesas escrutadas, Nicolás Maduro se consolidaba como ganador con el 51.20% de los votos (5.150.092), mientras que Edmundo González obtenía el 44.02% (4.445.978 votos), y el 4.6% restante se distribuía entre otros candidatos. No obstante, hasta el día de la fecha, la autoridad no presenta ni las actas ni los resultados desglosados por mesa, violentando principios electorales

Estos resultados difieren en hasta 30 puntos porcentuales de la mayoría de las encuestas públicas y, especialmente, de los resultados obtenidos directamente por la oposición en los centros de votación. María Corina Machado calificó los resultados como «imposibles», una posición respaldada tanto por la ciudadanía venezolana, que se manifestó de inmediato, como por varios países de la comunidad internacional que no reconocieron el resultado.

El Centro Carter, una de las pocas instituciones independientes autorizadas para monitorear las elecciones en Venezuela, declaró este martes que la elección presidencial «no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática”

La estrategia de la oposición

Dado que era previsible que el proceso electoral en Venezuela careciera de transparencia y libertad, la oposición construyó una plataforma digital alternativa para publicar los resultados de las actas electorales. Esta herramienta permite a los ciudadanos consultar su propia acta mediante su identificación.

Según los datos proporcionados por la oposición, con el 73,20% de las actas, Edmundo González obtuvo 6,275,182 votos, mientras que Nicolás Maduro recibió 2,759,253 votos. La plataforma muestra la victoria de la oposición venezolana por localidad: «Venezuela tiene presidente electo y es Edmundo González Urrutia y todo el mundo lo sabe. Quiero que sepan que esto ha sido algo tan abrumador, tan grande que hemos ganado en todos los sectores del país, en todos los estratos»estableció Machado.

La líder opositora explicó que todas las actas, a medida que se reciben, son verificadas, digitalizadas y cargadas en un portal web robusto. Por otra parte, González afirmó: “Contamos con las actas que demuestran nuestro triunfo categórico e irreversible”.

Frente a las pruebas irrefutables de fraude y a la creciente presión de la comunidad internacional, Maduro presentó este miércoles un recurso contencioso electoral ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, una instancia que ha sido ampliamente demostrada como bajo la influencia del régimen chavista. En su solicitud, pidió que se realice un peritaje para certificar los resultados de las elecciones presidenciales del domingo, mientras descalificó los reclamos como un «intento de golpe de Estado».

El aislamiento diplomático oficial de Maduro

Un número limitado de países, entre ellos Cuba, Nicaragua, Honduras, Bolivia, China y Rusia, optaron por ignorar las irregularidades y reconocer la elección de Maduro. En contraste, la gran mayoría de la comunidad internacional exigió transparencia en la publicación de los resultados. Algunos incluso impugnaron las cifras oficiales y exigieron el respeto a la voluntad popular.

El gobierno de Maduro expulsó al personal diplomático de los países de la región que habían cuestionado los resultados oficiales de las elecciones, incluyendo Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay.

En el caso de embajada argentina en Caracas, la medida afecta también a seis venezolanos asilados opositores perseguidos por el gobierno. Esta acción se enmarca en un contexto más amplio de hostigamiento hacia la representación diplomática, que incluye el corte del suministro de agua y electricidad en la embajada, así como otras tácticas de intimidación.

Represión y violencia

Este miércoles, en una conferencia de prensa con medios internacionales, Nicolás Maduro amenazó con radicalizar su posición y afirmó que tanto González como Machado «deberían estar tras las rejas».

Esta declaración se produjo después de que la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas sobre Venezuela expresara su «profunda preocupación» por la violencia y las alegaciones de violaciones de derechos humanos registradas en el país tras la elección presidencial del domingo.

Las movilizaciones post-electorales han resultado en al menos 16 muertos, 11 desapariciones forzadas y cientos de detenidos. Según la ONG Foro Penal, se han registrado 278 arrestos en las últimas 48 horas.

Tras seis años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, México eligió a su nueva presidenta, la ex gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien gobernará el país a partir del 1 de octubre de este año. Si bien el mandatario cambió para los mexicanos, los ciudadanos optaron por el status-quo, siendo que Sheinbaum pertenece al partido Morena, el mismo que gobernó a México los últimos seis años, bajo el mandato de AMLO.

Claudia Sheinbaum se asegura la presidencia sobrepasando a la candidata opositora Xóchilt Gálvez por más de 30 puntos porcentuales, convirtiéndose en la candidata más votada en la historia de su país, con 35.923.984 votos. Su aplastante victoria puede estar explicada en parte por ser vista como la sucesora de AMLO, quien acaba su mandato con un 60% de aprobación. La fuerte alianza política entre ambos se evidencia en el discurso de Sheinbaum, quien expresó:

“Dedicaremos por convicción el presupuesto público para garantizar todos los programas que desplegó AMLO durante su presidencia.” Sin embargo, la candidata electa toma algo de distancia de su predecesor, anunciando que pondrá en marcha un plan de energías renovables, y un potencial proyecto para establecer el derecho al aborto, cuestiones que López Obrador no atendía.

Otras cuestiones claves del discurso de Sheinbaum fueron el equilibrio fiscal, los desafíos de seguridad, la relación con Estados Unidos y las inversiones extranjeras.

En materia de seguridad, la presidenta mencionó cinco ejes para combatir el crimen. La atención de las causas de la violencia, la consolidación de la Guardia Nacional, el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, la coordinación con policías y fiscalías estatales y la fiscalía general de la República, y, por último, reforma al Poder Judicial. El electorado tendrá su atención en esta materia, siendo que se estima que el crimen organizado controla 1/3 del territorio nacional, y varias personas consideran que es inseguro vivir en sus ciudades. De hecho, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el tercer trimestre de 2023, el 61,4% de la población mayor de 18 años en México consideró que es inseguro vivir en su ciudad.

En cuanto a la relación con Estados Unidos, Sheinbaum sostuvo que afianzará la relación con Estados Unidos, y pretende revisar toda la agenda de seguridad, fijar políticas comunes sobre la migración ilegal y fortalecer la estrategia del “Nearshoring” para beneficiar a ambas partes. Además, la presidenta se expresó a través de su cuenta de X con el mandatario estadounidense, Joe Biden: “Estoy convencida que seguiremos colaborando en beneficio de nuestros pueblos y nuestras naciones, como vecinos, socios y amigos que somos, con el respeto que nos merecen nuestras soberanías”.

Luego, analizando su experiencia anterior como funcionaria pública, la gestión de Sheinbaum en la Ciudad de México tuvo sus altibajos, pero finalizó con una aprobación general por parte de la población. Tuvo que atravesar la pandemia del COVID-19, donde CDMX tuvo la mayor tasa de mortalidad cada 100.000 habitantes dentro de su país. En materia de seguridad, el mayor desafío para México, la gestión fue eficiente en bajar la cantidad de delitos, el INEGI indica que la tasa de incidencia delictiva en la Ciudad de México pasó de 62.000 por cada 100.000 habitantes, en 2019, a 46.032, en 2022.

No obstante, algunos expertos comentan que la baja en los delitos pudo haber sido afectada por el confinamiento durante la pandemia, haciendo que la circulación de menos ciudadanos se traduzca en una caída de la actividad criminal. A pesar de las cifras prometedoras, ha habido muchas críticas con respecto a la alta impunidad de los delitos. Un reporte de “México Evalúa” del año 2022, reportó que el 99,1% de los delitos denunciados e investigados en la ciudad quedó sin respuesta efectiva de las autoridades.

Otro punto a destacar es el desarrollo social, dado que su administración creó y amplio varios programas sociales para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, así como el plan “Mi beca para empezar” destinado a menores de edad inscritos en escuelas públicas, o el programa llamado «Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación, y Saberes», hecho para la enseñanza cultural y deportiva. También implementó mejoras en el transporte público, pero se vieron opacadas por un trágico accidente en una de las líneas de metro (construida durante otra gestión), que causó la muerte de 26 personas.

La presidenta podrá llevar a cabo las políticas que considere necesarias, dado que su partido, Morena, tiene mayoría en ambas cámaras. El partido por sí solo logró conseguir 251 asientos en la cámara de diputados, y 60 en el senado, las cuales son conformadas por un total de 500 y 128 legisladores. Si se suman los votos conseguidos por los aliados de Morena, se habrán conseguido 372 diputados y 83 senadores, alcanzando así la mayoría calificada en la Cámara Baja, pero no en el senado, siendo que son 85 los asientos necesarios para cumplir esta condición.

Sumado a esto, Morena y sus aliados gobernarán 24 de los 32 estados de México, donde vive alrededor de un 74% de la población. Lo interesante es que el nuevo Congreso será instaurado a comienzos de septiembre, un mes antes de la asunción de Claudia Sheinbaum, lo que implica que AMLO gobernará durante un mes con más poder del que ya tenía. Se espera que el mandatario lleve a cabo reformas a la constitución durante ese período, donde ya se ha presentado un paquete de 20 reformas, modificando cuestiones críticas como el Poder Judicial. Los mercados ya han reaccionado a estas intenciones, y el peso mexicano se depreció, alcanzando las 18 unidades por dólar.

Así quedó conformado el mapa político luego de las elecciones:

Esto presenta un contexto altamente favorable para la gobernabilidad de Sheinbaum y Morena, siendo que podrá implementar reformas y nuevas políticas a lo largo de casi todo el territorio nacional. Dicho esto, hay que considerar que, en un país marcado por la corrupción y la inseguridad, quizás no sea algo muy positivo que un partido cuente con esta cantidad de poder. Será interesante observar si Morena, con Claudia Sheinbaum al mando, utiliza su hegemonía en pos de mejorar la calidad de vida del pueblo, o la propia.

Colombia y Estados Unidos culminaron el martes 28 de mayo la primera jornada del XI Diálogo de Alto Nivel, desarrollado entre los equipos gubernamentales de ambas naciones, liderados por el canciller Luis Gilberto Murillo y el subsecretario de Estado de Administración y Recursos de EE. UU., Richard Verma. Ambos funcionarios se reunieron en la Casa de Nariño con el presidente Gustavo Petro.

Durante la inauguración del evento, Murillo presentó la nueva agenda de cooperación con la que ambas naciones aspiran a trabajar por «la vida, la paz y la democracia en un contexto de justicia social», denominada ‘Plan Vida Colombia’.

«Estamos lanzando una propuesta histórica, la estrategia ‘Vida Colombia’ (…) que representa un nuevo paradigma en la relación, una nueva agenda que refleja el espíritu de nuestros avances y enfrenta los retos del Siglo XXI, una agenda diversificada«, declaró Murillo.

Según Murillo, este nuevo enfoque diferencial beneficiará a los pueblos étnicos, campesinos y «toda la multiculturalidad del país».

El ministro subrayó que este plan representa un cambio en la manera en que se ha venido desarrollando la relación entre ambos países, marcada desde el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) por el enfoque en la lucha contra el narcotráfico, los grupos armados y la modernización de las fuerzas de seguridad colombianas, a través del Plan Colombia.

En 2016, los expresidentes Juan Manuel Santos y Barack Obama transformaron dicho plan en Paz Colombia, incluyendo cooperación en apoyo a las víctimas del conflicto armado y la justicia.

«Hemos pasado del Plan Colombia, del plan Paz Colombia al plan Vida Colombia», afirmó Murillo.

Por su parte, el subsecretario Richard Verma destacó el liderazgo de Colombia como país anfitrión de la COP16 y su trabajo frente a la crisis humanitaria en Venezuela. «Colombia está demostrando cómo la migración, cuando se maneja de manera humanitaria y regional, puede mejorar la estabilidad y ser una oportunidad en lugar de una carga para las comunidades», dijo.

Posteriormente, Murillo y Verma ofrecieron una declaración conjunta en la que proporcionaron algunos detalles de los diálogos en la Presidencia. «Hemos tenido un diálogo fructífero. Compartimos las prioridades del Gobierno colombiano, se tocaron algunos aspectos de nuestra posición en asuntos de política global. Sin embargo, nos concentramos en los temas que unen esta relación, especialmente en la posibilidad de adoptar la nueva estrategia Vida Colombia», comentó Murillo.

Asimismo, el canciller anunció que Colombia abrirá cuatro nuevos consulados en Estados Unidos, ubicados en Phoenix (Arizona), Denver (Colorado), Seattle (estado de Washington) y Charlotte (Carolina del Norte).

El ministro también confirmó que se discutió brevemente el caso de las elecciones en Venezuela y aseguró que Colombia reiteró su compromiso de brindar la colaboración necesaria para que se desarrollen comicios transparentes.

Sobre la migración, los funcionarios aseguraron que escucharán las propuestas del nuevo gobierno panameño para afrontar el tránsito en la selva del Darién. «En ese sentido, hay una colaboración importante, Colombia es un país de acogida, ya estamos acogiendo cerca de 3 millones de migrantes, la mayoría venezolanos y venezolanas», dijo Murillo, quien añadió que fue bien recibida la propuesta de regularizar entre 500.000 y 600.000 migrantes más.

En los últimos días, Uruguay ha aumentado significativamente sus exportaciones de energía eléctrica hacia Argentina, totalizando unos 93 GWh entre el jueves y el lunes de la pasada semana.

Esto se debe a la crisis energética producto de la escasez de gas en Argentina, en un contexto de ola de frío inusual para esta época del año. Por este motivo, el Gobierno argentino ha mandado a las empresas de energía a restringir los suministros de gas natural comprimido (GNC) con carácter interrumpible de industrias y estaciones de servicio para priorizar a los usuarios residenciales.

Puede resultar llamativa la escasez de gas en un país con tal cantidad de recursos naturales. Como casi toda problemática política y social, esto tiene una explicación multicausal. Además de las temperaturas excepcionalmente bajas para esta época del año, podemos mencionar como factores a considerar a los atrasos en las obras públicas de ampliación de red de gasoductos (por ejemplo, el Gasoducto Néstor Kirchner), los problemas técnicos de dos plantas compresoras de Transportadora Gas del Norte (TGN) en Córdoba y San Luis y la falta de previsión en la planificación del suministro energético.

Una gran cantidad de empresas en distintas provincias argentinas como Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, se han visto afectadas por el corte de gas dispuesto por el Gobierno. Los industriales han expresado su molestia, criticando la falta de previsibilidad de las autoridades, ya conocían la debilidad estructural del sistema en Argentina. Ante esto, la secretaría del Gobierno de Javier Milei, el cual reconoce la falta de eficiencia en el sistema energético argentino, indicó que estas medidas se implementan en el marco de «la vulnerabilidad del sistema gasífero derivado de su infraestructura insuficiente desde hace décadas por falta de inversión”.

Ante la solicitud de que se utilicen combustibles alternativos para sostener la demanda eléctrica, las empresas generadoras de energía están reemplazando el uso de gas por los combustibles líquidos, que son más caros, por lo tanto, habrá un impacto en los costos de electricidad, que, en principio, serán absorbidos por el Tesoro.

Uruguay, que se abastece casi por completo de fuentes renovables, se ha visto obligado a encender sus centrales térmicas para satisfacer la demanda de Argentina. Estas centrales estaban fuera de servicio gracias a los buenos niveles de producción de las represas hidroeléctricas del país, que permitían abastecer la demanda local y exportar excedentes de origen renovable. Los precios de estas transacciones se balancean entre 80 y 210 dólares por MWh, dependiendo del origen del bloque ofertado. Este mes, Uruguay ha exportado alrededor de 230 GWh a Argentina, consolidándose como su principal cliente en la región durante el presente año.

La actual crisis energética demuestra la necesidad de establecer infraestructuras eficientes y una planificación clara para evitar futuras situaciones similares. La colaboración entre Argentina y Uruguay, países hermanos desde su nacimiento, es fundamental para superar estos desafíos, pero la necesidad de soluciones a largo plazo es indiscutible.

Chile vuelve a expulsar personas de otras nacionalidades de su territorio, y la suma de deportados alcanza un total de 411 en lo que va de este año. El Servicio Nacional de Migraciones de Chile (Sermig) concretó las recientes expulsiones el viernes 3 de mayo, e informó que, del total, 55 han sido expulsiones judiciales y 10 de tipo administrativo. 

El gobierno de Gabriel Boric toma medidas contundentes para combatir la creciente inseguridad que azota al país. Es una buena noticia para los chilenos, teniendo en cuenta que la mayoría de expulsados por cuestiones judiciales contaban con antecedentes graves como: secuestro, amenazas, asociación ilícita, robo, tenencia de armas de fuego, entre otros. En cuanto a los expulsados por cuestiones administrativas, se ha dado a conocer que la causa fue el ingreso por paso no habilitado al país. 

En un comunicado emitido por el Gobierno chileno, se especifica que la expulsión judicial es una “pena sustitutiva” para aquellos extranjeros que hayan sido condenados a penas inferiores a cinco años y un día, y que permanecen en el país privados de su libertad. No obstante, la expulsión puede ejecutarse únicamente cuando el tribunal haya dictado la sustitución de la pena tanto como un plazo para ejecutarla. A través de esta política, se procura que los criminales no sigan insertos en la sociedad chilena, y a su vez, que el Gobierno nacional no tenga que hacerse cargo de ellos. 

Luis Eduardo Thayer, director del Sermig, declaró que: “Las personas que cometan delitos en nuestro país o que ingresen irregularmente serán expulsadas. Se trata de una minoría de extranjeros que residen en nuestro país, pero es una minoría que hace mucho daño.” A lo que agregó: “Trabajamos en hacer más eficaces los procesos de expulsión y mejorar la capacidad del Estado”. 

Se observa un esfuerzo por parte del Gobierno de Chile para combatir el problema de la inseguridad, en conjunto con el de los inmigrantes irregulares, que se ha acrecentado en el último tiempo. La Policía de Investigaciones de Chile (PDI), ha reportado el ingreso de 44.000 personas de forma irregular en el 2023. 

Patrick Boisvert, quien fuera ministro de finanzas bajo Henry, ha sido designado como primer ministro interino.

Desde comienzos de año, facciones criminales han asumido el control de extensas áreas de la nación, incluyendo cerca del 90% de la capital, Puerto Príncipe.

La raíz de la crisis se remonta al asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021, lo cual sumió a la nación en un vacío de poder y ha impedido la realización de elecciones desde entonces.

Henry, que ascendió al poder con respaldo de Estados Unidos y la comunidad internacional tras el fallecimiento de Moïse, presentó su renuncia mediante una carta escrita durante su exilio en Los Ángeles, California.

Las pandillas habían impedido su regreso al país desde marzo pasado, cuando viajó a Kenia en busca de apoyo de las fuerzas de seguridad de esa nación africana para enfrentar la crisis interna de su país.

«Me uno al dolor y sufrimiento de nuestros compatriotas durante este tiempo. En nombre del gobierno, expreso gratitud al pueblo haitiano por la oportunidad de servir a nuestra nación con integridad, sabiduría y honor», expresó Henry en una carta fechada el 24 de abril, pero publicada este jueves en redes sociales.

El gobierno saliente de Haití concretó el proceso de transición hace dos semanas, un mes después de que Henry anunciara su intención de renunciar, cuando las pandillas sitiaron el aeropuerto donde debía aterrizar tras su viaje oficial.

Con el anuncio de la toma de posesión, la Casa Blanca expresó su apoyo.

«Hoy se toma un paso esencial hacia elecciones libres y justas», declaró el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, agregando que el embajador de Estados Unidos asistió a la ceremonia y que su nación ha realizado una primera entrega de equipo no letal a la policía haitiana.

De acuerdo con información de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití, más de 2.500 personas han fallecido o resultado heridas debido al caos que azota la isla desde enero.

El domingo 21 de abril, los ecuatorianos acudieron a las urnas para pronunciarse sobre la consulta popular y el referéndum constitucional propuestos por el presidente Daniel Noboa. Según los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE), el Sí prevaleció en nueve de las once preguntas planteadas, mientras que el No se impuso en las dos restantes, las cuales versaban sobre asuntos económicos.

Ecuador está experimentando la peor crisis de seguridad de su historia y se encuentra actualmente en un estado de conflicto armado interno. Además, el breve mandato del joven presidente ha estado marcado por tensiones diplomáticas y crisis en sectores estratégicos. Noboa asumió la presidencia después de unas elecciones extraordinarias convocadas tras la declaratoria de muerte cruzada del expresidente Guillermo Lasso.

La victoria cuantitativa del SÍ

Los ecuatorianos expresaron su apoyo unánime a todas las preguntas de la consulta relacionadas con medidas de seguridad y el papel de las fuerzas armadas.

Medidas como la extradición de ecuatorianos, el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, la participación de los militares en apoyo a la Policía, el incremento de penas para delitos ligados al crimen organizado, el cumplimiento de la totalidad de las sentencias para los presos condenados por delitos relacionados a la delincuencia organizada, la tipificación del porte y tenencia de armas como delito fueron respaldadas por más del 60% de los votantes.

Además, la población estuvo de acuerdo en que las armas y municiones decomisadas sean utilizadas por policías y militares, así como en simplificar los procedimientos para que los bienes de origen ilícito pasen a ser propiedad del Estado.

La victoria significativa del NO

A pesar de que el gobierno obtuvo el apoyo del Sí en 9 de las 11 preguntas planteadas, la ciudadanía expresó su desacuerdo con las propuestas relacionadas con el trabajo por horas y la aceptación del arbitraje internacional. Estas medidas eran elementos clave del plan de atracción de inversión extranjera de la administración de Noboa, y la oposición lideró la campaña en su contra.

En la pregunta D, que planteaba: «¿Está usted de acuerdo en que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales?«, el porcentaje de votos por el Sí fue del 34.79%, mientras que el No obtuvo la victoria con el 65.21%.

En la pregunta E, que planteaba: «¿Está usted de acuerdo en enmendar la Constitución de la República y reformar el Código del Trabajo para permitir el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores, de acuerdo con el Anexo 4?», el porcentaje de votos por el Sí fue del 30.45%, mientras que el No prevaleció con el 69.55%.

La reacción de Daniel Noboa

En su primera aparición pública tras los resultados de la consulta, el presidente ecuatoriano interpretó los resultados como un triunfo.

“Luego de que el país le dijo sí al futuro, no cederemos ni un paso a la violencia, a la corrupción y a la impunidad”, afirmó. Destacó que los resultados proporcionan “más herramientas para juzgar estos crímenes y endurecer las penas para sus perpetradores”.

“A mí, desde muy pequeño me enseñaron a leer marcadores y, pues, 9 a 2 es una goleada. Y el que diga lo contrario, creo que nunca vio un partido”, añadió el mandatario, subrayando la contundencia de los resultados como una victoria.

El índice de riesgo país experimentó una disminución de 37 puntos después de que se divulgaran los resultados de la consulta popular. Este indicador, que evalúa la confianza del mercado internacional en el pago de la deuda externa, descendió de 1.175 puntos el 19 de abril, previo a la consulta, a 1.138 puntos el 22 de abril, tras conocerse los resultados.

La tendencia a la baja de este índice, medido por JP Morgan, se ha mantenido tras los anuncios del Gobierno sobre la posibilidad de firmar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Algunos analistas lo interpretan como un respaldo político o un fortalecimiento para la administración del presidente, ya que refleja la aceptación de la población hacia el plan de seguridad contra la delincuencia organizada.

El portaaviones de la Armada de los Estados Unidos USS George Washington (CVN 73) se desplegará al área de operaciones del Comando Sur de los Estados Unidos en los próximos meses como parte del despliegue de Southern Seas 2024 de las Fuerzas Navales del Comando Sur de los Estados Unidos / 4a. Flota.

El USS George Washington, el destructor de misiles guiados de la clase Arleigh Burke USS Porter (DDG 78) y el petrolero de reabastecimiento de la clase Henry J. Kaiser USNS John Lenthall (T-AO-189) están programados para realizar ejercicios de paso y operaciones en el mar con las fuerzas marítimas de las naciones asociadas a medida que los buques circunnavegan el continente de América del Sur.

Southern Seas 2024 contará con intercambios de expertos en la materia y brindará la oportunidad para que distinguidos visitantes de las naciones asociadas vean de cerca las operaciones de un portaaviones. Se planean compromisos con Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay, con visitas a puertos planificadas en Brasil, Chile y Perú.

«Southern Seas 2024 brindará la oportunidad de mejorar la interoperabilidad y aumentar la competencia con las fuerzas marítimas de las naciones asociadas», dijo el contralmirante Jim Aiken, comandante de las Fuerzas Navales del Comando Sur de los Estados Unidos / 4a. Flota. «Despliegues como Southern Seas fortalecen las asociaciones marítimas y generan confianza con nuestros socios en la región».

«Esperamos construir preparación y avanzar en el entrenamiento a medida que nos involucramos con nuestros amigos y socios en América del Sur», dijo el contralmirante Robert Westendorff, comandante del Grupo de Ataque de Portaaviones 10. «También esperamos visitar varios lugares espectaculares en América del Sur, ya que los marineros de la Armada de los Estados Unidos rara vez tienen la oportunidad de ver esta parte del mundo».

Para Southern Seas 2024, se ha anunciado que un equipo internacional de aproximadamente dos docenas de oficiales de 11 naciones aliadas servirá a bordo del USS George Washington. Este equipo recibirá formación de los instructores del Colegio de Guerra Naval de EE. UU. y colaborará con el personal de la Escuadrilla de Destructores 40 en la planificación operativa detallada para apoyar las operaciones marítimas.

Los países que se espera participen en este destacamento internacional incluyen Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Países Bajos, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago y Estados Unidos.

Southern Seas 2024 marca la misión número 10 a la región desde 2007 y la tercera vez que involucra al USS George Washington. El portaaviones también realizó Southern Seas 2008 y Southern Seas 2015. Al igual que los despliegues anteriores, Southern Seas 2024 fomentará la buena voluntad, fortalecerá las asociaciones marítimas, contrarrestará las amenazas y construirá nuestro equipo.

El portaaviones USS George Washington es un pilar fundamental de la armada de los Estados Unidos, representando uno de los aeródromos más versátiles y robustos del mundo. En cualquier día dado, los marineros a bordo del portaaviones y su grupo aéreo están entrenados y equipados para enfrentar una amplia gama de misiones. Están preparados para dominar los mares, ejecutar ataques y navegar a través del espectro electromagnético y el ciberespacio. Ninguna otra fuerza naval en el mundo cuenta con un espectro y una profundidad de capacidades de combate comparables.

Durante la noche de este viernes 5 de abril, fuerzas especiales ecuatorianas ingresaron a la Embajada de México en Quito. En este incumplimiento a la inviolabilidad del local, se detuvo al ex vicepresidente Jorge Glas, a quien el estado mexicano había otorgado asilo político ese mismo día. Luego, fue trasladado a la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía en la capital.

Andrés Manuel Lopez Obrador comunicó a través de sus redes sociales que ha solicitado la inmediata declaración de suspensión de relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador, denunciando este hecho como una violación flagrante del derecho internacional y la soberanía de México.

En el comunicado de la canciller mexicana Alicia Bárcena, también se mencionó que México recurrirá a la Corte Internacional de Justicia para denunciar la responsabilidad de Ecuador por violaciones al Derecho Internacional, y que el personal diplomático de México en Ecuador abandonará el país de inmediato.

Por su parte, el gobierno ecuatoriano defiende esta grave violación a la Convención de Viena como una medida de «cero impunidad» a los delincuentes considerados «perseguidos políticos». Argumentan que fue en defensa de la soberanía nacional para evitar la injerencia en asuntos internos del país, ya que México estaba rompiendo con la Convención de Caracas al otorgarle asilo político a Jorge Glas.

Las consecuencias tanto a corto como a largo plazo de esta acción aún son inciertas.

Esto dice el comunicado de prensa del Gobierno de México sobre la ruptura de las relaciones diplomáticas

«Ante la brutal irrupción perpetrada por la policía de Ecuador a la embajada mexicana la noche del viernes 5 de abril, y de acuerdo a la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, México anuncia el rompimiento de relaciones diplomáticas con ese país.

México condena enérgicamente los actos de violencia ejercidos contra el jefe de Cancillería de la misión, Roberto Canseco Martínez, así como la arbitraria aprehensión del exvicepresidente Jorge Glas Espinel, quien se encontraba en la embajada y en trámite de asilo político por la persecución que vive.

Nuestro país recurrirá a la Corte Internacional de Justicia para denunciar las violaciones al Derecho Internacional por parte de Ecuador, así como a las instancias regionales e internacionales pertinentes.»

Esto dice la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas

En cuanto a la ruptura de las relaciones diplomáticas entre dos Estados:

En cuanto a la inviolabilidad de los locales:

El Ministerio de Relaciones Exteriores de México anunció su decisión de otorgar asilo político al exvicepresidente correísta Jorge Glas Espinel.

El ecuatoriano ha permanecido como huésped en la Embajada mexicana ubicada en la ciudad de Quito desde el 17 de diciembre de 2023, lo que generó tensiones diplomáticas entre ambos países latinoamericanos. Glas se refugió en la Embajada para eludir una orden de localización y detención emitida por la Fiscalía de Ecuador en relación con el caso de la Reconstrucción de Manabí.

Impasse diplomático

El detonante de esta crisis diplomática ocurrió el pasado 3 de abril, cuando Andrés Manuel López Obrador, durante una de sus conferencias de prensa, insinuó que el magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio, un gran opositor al correísmo, se utilizó para desprestigiar a Luisa González, la candidata del partido de Correa.

El mandatario mexicano mencionó «las elecciones se llevaron a cabo de manera muy extraña» y que acciones como la presencia de candidatos con chalecos antibalas en el debate presidencial, como fue el caso del actual presidente Daniel Noboa, fueron «totalmente armadas» con la complicidad de los medios.

En respuesta a las declaraciones de AMLO, la Cancillería de Ecuador mostró su rechazo al declarar a la Embajadora de México en Quito, Raquel Serur Smeke, como «persona non grata», otorgándole un plazo de 72 horas para abandonar el territorio nacional.

En el comunicado, se destacó que el duelo por el magnicidio de Fernando sigue siendo palpable en el país y se reafirmó el compromiso firme de velar por la soberanía estatal y el principio de no intervención en los asuntos internos.

A pesar de que López Obrador no está de acuerdo con las acciones tomadas por el país sudamericano, y de que reiteró su crítica sobre lo que considera una manipulación del proceso electoral del año pasado, también mencionó que respeta la decisión y que no habrá ruptura de relaciones con Ecuador.

Las declaraciones del presidente mexicano fueron respaldadas por un comunicado de su cancillería, que lamentó la declaración de persona non grata a la embajadora y anunció que el Gobierno de México ha decidido otorgar asilo político al expresidente Jorge Glas.

Además exigió a Ecuador a «respetar la soberanía, a no lesionar el Derecho de Asilo y a cumplir con sus obligaciones internacionales, garantizar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y cesar la política de hostigamiento y amedrentamiento«.

Tras el anuncio del asilo político, se ha observado un aumento de la presencia de fuerzas policiales en los alrededores de la embajada mexicana en Quito, lo cual ha sido rechazado por las autoridades mexicanas, quienes demandan respeto a su soberanía. AMLO calificó al gobierno de Noboa como «facho» y consideró excesiva la presencia de la Policía fuera de la oficina diplomática.

«Es bastante publicitario el uso de fuerza rodeando la embajada con mucha prepotencia, pero así son los fachos«

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

La tensión diplomática entre los países continúa, ya que las autoridades mexicanas sostienen que, tras otorgar el asilo, Ecuador “está obligado a dar inmediatamente el salvoconducto” para que Glas pueda salir del país. Meses atrás, la Canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, mencionó que el gobierno de Daniel Noboa no autorizaría la salida del exvicepresidente.

Sommerfeld ha expresado que la situación es compleja, dado que México está interfiriendo en la justicia ecuatoriana. Según la información proporcionada por la Corte, la Fiscalía y otras instituciones, Glas tiene una sentencia ejecutoriada por delitos comunes, y la Convención sobre Asilo Diplomático es clara al respecto a lo que procede en este tema. «Si hay delincuencia común no se debe otorgar asilo y es una tesis que se discute con el Estado mexicano», mencionó la funcionaria.

Por su parte, López Obrador defiende que para el estado mexicano, el derecho al asilo es sagrado. Afirmó: «La política exterior de México se caracteriza por proteger a perseguidos políticos»

Aunque ambos países han reiterado que las relaciones diplomáticas permanecen intactas, los próximos acontecimientos serán cruciales para el desarrollo de la tensión entre estos importantes socios estratégicos, especialmente considerando que tienen negociaciones en curso.

¿Quién es Jorge Glas?

Jorge Glas ocupó el cargo de vicepresidente de Ecuador desde 2013 hasta 2018, principalmente durante la presidencia de Rafael Correa. En 2017, fue condenado a seis años de prisión por asociación ilícita en el caso Odebrecht y a ocho años por cohecho en el caso Sobornos, penas que fueron unificadas resultando en una sentencia de ocho años de cárcel.

A fines de 2022, Glas recuperó su libertad después de cumplir cinco años de condena debido a una medida cautelar provisional, en espera de su prelibertad. Sin embargo, en diciembre de 2023, la justicia denegó la prelibertad, lo que lo obliga a regresar a prisión para cumplir el resto de su condena.

En enero de 2024, Glas enfrentó un nuevo proceso por peculado en el caso Reconstrucción de Manabí tras el terremoto del 2016. Un juez ordenó su detención preventiva, que no pudo ejecutarse ya que el exvicepresidente se encontraba refugiado en la embajada de México en Quito.

Además, está pendiente el proceso legal por la demanda presentada por su ex asistente, Soledad Padilla, quien lo acusa de acoso verbal y psicológico. Padilla trabajó como asistente personal de Glas durante 17 años, incluso después de su condena y encarcelamiento.

Glas también ha sido vinculado con los implicados en los casos Metástasis y Purga, que involucran a funcionarios públicos y operadores de justicia acusados de favorecer al narcotráfico y la corrupción.

Ecuador continúa enfrentando una situación de seguridad compleja en su lucha contra el crimen organizado. El país se encuentra en estado de excepción desde el 8 de enero de este año y en situación de conflicto armado interno desde el 9 de ese mismo mes.

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa ha empleado varios recursos para abordar este problema, destacando la propuesta de una consulta popular y referéndum sobre seguridad, justicia y empleo. Noboa había anunciado esta posibilidad desde su campaña electoral.

Se espera que 13,654,291 ecuatorianos acudan a las urnas el próximo 21 de abril para decidir a favor o en contra de las 11 preguntas planteadas por el Presidente y aprobadas por la Corte Constitucional. La corta campaña electoral comenzará el 7 de marzo y concluirá el 18 de abril.

¿Cómo funciona la consulta popular en Ecuador?

La Constitución de la República del Ecuador de 2008 reconoce este mecanismo de participación en su artículo 104. La norma prescribe:

El organismo electoral correspondiente convocará a consulta popular por disposición de la Presidenta o Presidente de la República, de la máxima autoridad de los gobiernos autónomos descentralizados o de la iniciativa ciudadana.

En todos los casos, se requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas.

En Ecuador, el voto es obligatorio desde los 18 hasta los 64 años, y el resultado de la consulta es de obligatoria e inmediato cumplimiento.

Si bien la Constitución emplea el término consulta popular de manera genérica, la Corte Constitucional ha aclarado que esta puede adoptar la forma de un referéndum, donde se consulta sobre la aprobación de un texto normativo específico (usualmente relacionado con la Constitución), o de un plebiscito, donde se consulta sobre un tema de interés público sin necesidad de aprobar un texto normativo concreto. Esta última modalidad es conocida como «consulta popular» de forma coloquial.

En la consulta del próximo domingo 21 se incluirán, por una parte, cinco preguntas de referéndum, una de ellas referente a una reforma parcial y las otras cuatro relacionadas con enmiendas constitucionales. Y, por otra parte se plantearán seis preguntas de consulta popular.

Estas son las 11 preguntas sobre las cuales los ecuatorianos decidirán.

De referéndum:

• Frase introductoria: Actualmente, las Fuerzas Armadas no pueden apoyar a la Policía Nacional en la protección interna y mantenimiento del orden público, a menos que exista una declaratoria de estado de excepción:

1. ¿Está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, reformando parcialmente la constitución de conformidad con lo previsto en el anexo 1?
2. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos, con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la Ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes, conforme el Anexo 1?
3. ¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de acuerdo con el Anexo 2?
4. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales?
5. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código del Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores, de acuerdo con el Anexo 4?

De consulta popular:

1. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios, permanentemente, en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social?
2. ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de (I) terrorismo y su financiación, (II) producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, (III) delincuencia organizada, (IV) asesinato, (V) sicariato, (VI) trata de personas, (VII) secuestro extorsivo, (VIII) tráfico de armas, (IX) lavado de activos y (X) actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el Anexo de la pregunta?
3. ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del centro de rehabilitación social en los delitos detallados en el Anexo de la pregunta, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme consta en el referido Anexo?
4. ¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el Anexo de la pregunta?
5. ¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito, puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el Anexo de la pregunta?
6. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular (propietario) de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, conforme el Anexo de la pregunta?

El aumento del IVA

Entre las diversas medidas tomadas por el presidente, además de la consulta, se destaca el aumento temporal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12% al 15%. Este impuesto ha permanecido en el 12% durante 25 años, y el incremento se implementa temporalmente para asegurar recursos que permitan hacer frente a la situación actual del país. La medida entró en vigor el pasado 1 de abril y aún no se ha definido por cuánto tiempo se extenderá.

Esto ocurre debido a que la Asamblea Nacional aprobó una ley que, además de permitir que el Presidente pueda incrementar el IVA hasta el 15% de manera ocasional cuando sea necesario, aumenta el IVA de forma permanente del 12% al 13%.

El incremento se lleva a cabo para cubrir los gastos adicionales en materia de seguridad y de defensa, en el contexto del conflicto armado interno, según lo indicado por el Ministerio de Economía y Finanzas.

El contragolpe de la violencia

Aunque previamente se percibía una disminución generalizada de la violencia en el país, el reciente y violento feriado de Semana Santa ha reavivado la preocupación entre la ciudadanía. De acuerdo con información proporcionada por la Policía Nacional, la semana pasada se registraron 137 casos de asesinatos.

«La cifra de homicidios intencionales durante la semana del feriado 2024, es de 137 en comparación con los 167 del mismo período del 2023». 

Boletín Oficial de la Policía Nacional del Ecuador

El presidente Noboa definió los hechos sucedidos como “una muestra de que el narcoterrorismo y sus aliados están buscando espacios para atemorizarnos, pero no lo lograrán». «Mi solidaridad con las familias que han sido víctimas de la violencia de los terroristas que pretenden acabar con nuestro país» agregó el mandatario.

Influencia en la imagen del Presidente

Algunos expertos consideran que la medida económica de aumento del IVA podría estar vinculada a la caída en la imagen presidencial de Noboa. Este experimentó su primera disminución de popularidad desde que asumió la presidencia en noviembre de 2023, con un descenso de 11 puntos en su índice de aprobación. La imagen del presidente llegó a superar los 85 puntos de aprobación hasta el 22 de enero, según la encuestadora Perfiles de Opinión

Aunque se reconoce que aumentar impuestos es una medida impopular, también se puede considerar por estadística que este fenómeno puede ser resultado de un desgaste natural en la percepción pública del mandatario.

No es menos importante considerar esta tendencia a la baja justo antes de una elección, dado que una parte de la ciudadanía está comenzando a expresar su rechazo a las medidas y decisiones del gobierno. Si bien es una situación compleja, se está solicitando un esfuerzo económico que impacta directamente en las finanzas de los ecuatorianos, lo que genera expectativas de resultados rápidos que respalden la narrativa de mejorar la situación social, económica y, sobre todo, de seguridad en el país.

Además, se suma el debilitamiento del impacto generado por la declaración del conflicto armado interno, la cual inicialmente creó suposiciones desacertadas de que resolvería un problema estructural. Sin embargo, los eventos recientes han colocado al gobierno en una situación difícil, donde debe demostrar a la ciudadanía que tanto el aumento del IVA como las preguntas en la consulta popular están justificados como parte de la estrategia para ganar la lucha contra el crimen organizado.

A pesar de lo mencionado anteriormente, tanto el presidente como, especialmente, las fuerzas armadas mantienen un elevado nivel de aprobación debido en su desempeño en el conflicto.

El fin del estado de excepción

El próximo lunes 8 de abril finalizará el estado de excepción. La ciudadanía está a la expectativa de las medidas de seguridad que el gobierno tomará desde ese día hasta el 21 de abril, fecha de la consulta popular. En caso de que el «sí» triunfe en la consulta, los militares podrán continuar con las acciones que están llevando a cabo para combatir el crimen organizado sin necesidad de declaratorias de emergencia.

Las relaciones entre Argentina y Colombia se deterioraron notablemente en los últimos días después de que el presidente Javier Milei, durante una entrevista con CNN, calificara a su homólogo andino, Gustavo Petro, de «asesino, terrorista y comunista». En consecuencia, Petro ordenó la expulsión de los diplomáticos argentinos de Bogotá.

Durante una conversación con Andrés Oppenheimer, el Presidente dirigió sus críticas inicialmente hacia su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien previamente lo había etiquetado como «facho ultraconservador». «Que un individuo ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece», declaró Milei como respuesta.

Posteriormente, se refirió a Petro. «No se pueden tener grandes expectativas sobre alguien que tiene un historial como asesino terrorista», comentó en relación al pasado guerrillero del presidente colombiano.

Durante su juventud, Petro creció en el municipio costeño de Ciénaga de Oro, pero luego se trasladó junto a su familia a una ciudad al norte de Bogotá, en el departamento de Zipaquirá. Fue allí donde pasó su adolescencia y desarrolló un interés por los movimientos de izquierda, influenciado por los cambios revolucionarios que estaban teniendo lugar en América Latina en ese momento. Durante este período, se dedicó a la lectura de obras de Marx, Lenin, Mao y Gabriel García Márquez, quien había asistido al mismo colegio, La Salle de Zipaquirá, al que Petro también había asistido.

A la edad de 24 años, mientras estudiaba Economía en la Universidad Externado de Colombia, Petro se unió al Movimiento 19 de abril o M-19, una guerrilla nacionalista. Adoptó el nombre de Aureliano como guerrillero, en homenaje al personaje de Cien Años de Soledad, lo cual refleja su admiración por el escritor colombiano.

El grupo armado al que se unió Petro fue fuertemente influenciado por la revolución cubana. El Movimiento 19 de abril o M-19 estuvo activo en el conflicto armado interno de Colombia desde enero de 1974 hasta su desmovilización en marzo de 1990. Se especializó en tácticas de guerrilla urbana y en lo que se conoció como «golpes de opinión».

El M-19 llevó a cabo diversas acciones armadas destacadas, entre las que se incluyen el robo de la espada de Bolívar en 1974, la toma de la Embajada de la República Dominicana en 1980, el hundimiento del barco El Karina, el secuestro del avión de Aeropesca en 1981, la Batalla de Yarumales en 1984 y la toma del Palacio de Justicia en 1985, que resultó en casi un centenar de muertos. Durante este último evento, Petro estaba encarcelado por posesión de armas, lo que le valió 18 meses de prisión, durante los cuales afirma haber sido sometido a tortura por parte de militares.

Además, el grupo llevó a cabo numerosos secuestros de políticos, diplomáticos, empresarios y periodistas.

Tras su desmovilización, el M-19 se transformó en un movimiento político de izquierda democrática conocido como Alianza Democrática M-19. Sin embargo, oficialmente desapareció en la década de 2000 cuando su base social se disolvió, algunos de sus miembros se unieron a otros movimientos políticos, y otros fundaron nuevas agrupaciones políticas, como Colombia Humana, liderada por Petro.

A pesar de que su pasado como exmilitante de la guerrilla no le impidió alcanzar la presidencia, lo persiguió a lo largo de su carrera política. Hace unos meses, el entonces fiscal general de Colombia criticó a Petro por hablar «casi con admiración» de esa época.

En un enfrentamiento entre ambos, a pocas semanas de que el fiscal dejara su cargo, Francisco Barbosa reclamó: «Si el presidente Gustavo Petro quiere hablar sinceramente, debería empezar por contar todas sus actividades delictivas en el M-19, quiénes fueron sus víctimas, si participó en actos de secuestro, cuál fue su rol».

Barbosa también afirmó: «Es una historia que no estoy exagerando más allá de lo que ya se conoce… como él mismo ha admitido, formó parte de una estructura delincuencial en Colombia y finalmente obtuvo una amnistía sin cumplir con los requisitos establecidos por las leyes de amnistía en otros lugares del continente».

A principios de marzo, Bolivia realizó su primera importación de crudo argentino en un hito histórico para ambas naciones.

Este primer envío forma parte de un total de 8 cargamentos que ingresarán al país andino, siendo descargados en la terminal marítima de Sica Sica en Chile y posteriormente transportados por vía terrestre hasta Arica, Chile . Según Dorgathen Tapia, presidente de YPFB, esta adquisición marca un importante logro que conlleva un significativo ahorro para el Estado, estimado en unos US$240 millones en gastos de importación de combustibles.

Tapia también destacó que esta situación brindará la oportunidad de aumentar la producción de diésel, gasolina, GLP y otros derivados, asegurando así un suministro estable para toda la población boliviana.

La estrategia de la actual gestión de YPFB se enfoca en reducir los costos derivados de la importación de combustibles, en respuesta a la creciente demanda del mercado y a la disminución de la oferta de crudo nacional.

Sin embargo, algunas voces críticas plantean una perspectiva diferente. Álvaro Ríos Roca, ex ministro de Hidrocarburos boliviano y actual Director de Gas Energy Latín América, señaló que esta medida podría conducir a una dependencia energética total de Bolivia respecto a Argentina.

«Creo que Bolivia va a pasar a ser totalmente dependiente energéticamente de Argentina. Y no solamente va a importar como ahora petróleo, sino también diésel, gasolina, probablemente dependiendo de la capacidad de refinación de Argentina. El petróleo de Neuquén le hace muy bien a las refinerías de Bolivia. Y GLP, porque Bolivia va a comenzar a importarlo este año, les guste o no les guste, porque así lo dice la curva de producción boliviana», expresó Ríos Roca.

El consultor, al abordar el tema, destacó la necesidad de desarrollar una infraestructura logística eficiente para minimizar los costos de transporte, anticipando que para los años 2028 y 2029 Bolivia comenzará a importar gas natural de Argentina.

Ríos Roca enfatizó que esta situación llevará a Bolivia a depender completamente de las importaciones de gas argentino, además de prever que eventualmente también importará electricidad. Afirmó que Argentina no solo se convertirá en el principal proveedor de energía para Bolivia, sino para toda la región del Cono Sur. Esta perspectiva se basa en la pérdida de atracción de Bolivia en términos de producción de hidrocarburos y en la preeminencia de la producción no convencional de energía, especialmente en la región de Neuquén.

El consultor pronosticó que la producción energética de Argentina se concentrará principalmente en Neuquén y que los excedentes exportables tendrán como destinos naturales países como Paraguay, Chile y Bolivia, debido a la proximidad geográfica y los menores costos de transporte.

En cuanto a Brasil, Ríos Roca señaló que el país liderado por Lula Da Silva seguirá siendo deficitario en GLP, gas natural y derivados del petróleo, lo que consolidará a Argentina como el principal proveedor de energía en el Cono Sur.

En el caso específico de Bolivia, el consultor proyectó que la demanda de gas natural alcanzará aproximadamente los 3 millones de metros cúbicos por día para los años 2029 y 2030, con una tendencia al aumento debido a la rápida declinación en la producción nacional de gas.

En respuesta a esta coyuntura, la administración del presidente Luis Arce ha implementado una política destinada a facilitar las importaciones de crudo para satisfacer la demanda interna. Paralelamente, se ha anunciado la liberación de las exportaciones de hidrocarburos con el objetivo de aumentar las reservas en dólares y enviar una señal a las compañías petroleras extranjeras para que inviertan en actividades de exploración. A pesar de este enfoque, el presidente Arce ha reafirmado que no eliminará los subsidios a los combustibles, ya que estos representan el principal obstáculo para la atracción de inversión extranjera en el sector.

Andrés Armijos, encargado de LATAM en la firma consultora Welligence Energy Analytics con sede en Houston, ha corroborado que desde el año 2014, Bolivia no ha tenido éxito en sus esfuerzos de exploración para reponer sus reservas de hidrocarburos. En este sentido, expresó que «la realidad es que el país no está encaminado para mantener el superávit que solía tener, tanto en la producción de gas para el mercado interno como para las exportaciones».

«Actualmente, Argentina está avanzando con el desarrollo de su infraestructura y el crecimiento de su producción, lo que representa un cambio significativo en la dinámica del mercado del Cono Sur. Anteriormente, se hablaba de Bolivia como el proveedor principal de gas para Brasil y Argentina, pero ahora la situación está cambiando y el flujo de gas se dirige hacia el norte. En este contexto, Bolivia está quedando rezagada y no ha logrado atraer inversiones», añadió Armijos.

El analista también mencionó que el panorama empresarial cambió con el inicio del proceso político liderado por Morales en Bolivia. «Tras la nacionalización de empresas, la inversión extranjera se ha visto frenada a pesar del potencial que tiene el país. Sin embargo, los modelos actuales de inversión no resultan muy atractivos. En primer lugar, la perforación en esta región es costosa y compleja, ya que implica la exploración de pozos extremadamente profundos y complejos. Por ejemplo, Repsol ha invertido en pozos que alcanzan casi los 100 millones de dólares en algunos casos», explicó.

Por su parte, Alvaro Ríos Roca agregó que «actualmente solo hay un pozo exploratorio en proceso de perforación y otros dos que están en espera. Esto representa una cantidad insuficiente de proyectos exploratorios, y considerando la tasa de éxito actual, parece poco probable que Bolivia pueda reponer sus reservas. Incluso en el caso de que se hagan descubrimientos, habrá que evaluar si son comercialmente viables».

«Estamos transitando un camino similar al de Argentina: de ser un país neto exportador de energía con impuestos elevados, a convertirnos en un país netamente importador con subsidios elevados. Esta ecuación no es sostenible, ya que cuando se agotan los dólares, también se agota el populismo», concluyó el ex funcionario.

El martes 19 de marzo, el Atlantic Council organizó una exposición con la General Laura J. Richardson, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, sobre el futuro de la asociación de seguridad de Estados Unidos con América Latina y el Caribe.

El Atlantic Council es un think tank estadounidense en el campo de las relaciones internacionales, fundado en 1961. Gestiona dieciséis centros regionales y programas funcionales relacionados con la seguridad internacional y la prosperidad económica global.

El Atlantic Council fue fundado con la misión declarada de fomentar la continuación de la cooperación entre América del Norte y Europa que comenzó después de la Segunda Guerra Mundial. En sus primeros años, su trabajo consistía principalmente en publicar documentos de política y realizar encuestas a europeos y estadounidenses sobre sus actitudes hacia la cooperación transatlántica e internacional. En estos primeros años, su enfoque principal estaba en cuestiones económicas, principalmente fomentando el libre comercio entre los dos continentes, y en menor medida hacia el resto del mundo, pero también trabajó en temas políticos y ambientales.

Durante la entrevista, se le preguntó a Richardson sobre su relación con Argentina. Se hizo referencia a la plataforma de observación y vigilancia operada por las autoridades militares del gobierno de Beijing, ubicada en Bajada del Agrio, Neuquén.

Richardson destacó que, con el nuevo gobierno, la relación entre Argentina y Estados Unidos se ha visto muy fortalecida. Desde que asumió la actual administración, la colaboración y coordinación han sido muy intensas. Por lo tanto, la comandante espera seguir fortaleciendo la colaboración entre el equipo de Estados Unidos y el equipo de Argentina.

La presencia de la instalación china en la Patagonia es motivo de seria preocupación para Estados Unidos, que ha expresado previamente sus inquietudes sobre los riesgos asociados con una base que no está sujeta a la supervisión de funcionarios argentinos.

Este aspecto fue uno de los requisitos aceptados por el gobierno argentino al firmar el acuerdo de 50 años con China, el cual permite a China monitorear el espacio desde la mencionada plataforma espacial ubicada en el país sudamericano.

Richardson concluyó este tema reafirmando que serán las autoridades argentinas las responsables de determinar si la base espacial permanece en su territorio. «Argentina tomará la decisión sobre la permanencia de la base y los pasos a seguir. Por lo tanto, les dejaremos a ellos la responsabilidad de decidir, como se acordó inicialmente», afirmó.

Por otro lado, Richardson mencionó que Estados Unidos considera la posibilidad de enviar fuerzas militares a Haití como parte de una «solución internacional» para abordar la crisis en el país. La comandante afirmó que están preparados para actuar si el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa lo solicitan.

Aunque actualmente no hay planes para desplegar tropas en tierra, SOUTHCOM, el Comando Sur de los Estados Unidos, tiene diversos planes de contingencia, como la preparación de su estación naval en la Bahía de Guantánamo para gestionar una posible migración masiva desde Haití. El objetivo es actuar de manera humanitaria y adecuada para proteger a las poblaciones afectadas. Richardson destacó la importancia de mantener estos planes actualizados a medida que la situación en Haití evoluciona.

Además, mencionó la colaboración del Departamento de Estado de EE. UU. con la Comunidad del Caribe y líderes haitianos para establecer un consejo presidencial de transición, que facilitará la selección de un primer ministro interino y la posible implementación de una fuerza internacional liderada por Kenia para restaurar la seguridad en el país.

El mes pasado, imágenes satelitales mostraron que el ejército venezolano fortaleció su presencia cerca de la frontera con Guyana. Richardson reiteró el apoyo de Estados Unidos a Guyana, afirmando que el país continúa «todas nuestras actividades, operaciones, actividades e inversiones» con Guyana y que es importante que sus aliados se unan y «muestren un fuerte apoyo a Guyana en esta situación».

Con Ecuador ahora en estado de emergencia después de una escalada de violencia entre el gobierno y grupos criminales, Richardson dijo que Estados Unidos ha «redoblado» sus operaciones y actividades allí y ha entregado equipo de seguridad de emergencia, como recientemente donó un avión de transporte militar C-130 que está en camino. «Mientras enfrentan esos desafíos difíciles en seguridad e inestabilidad, tenemos que seguir con nuestra inversión económica», dijo.

Richardson mencionó la creciente influencia de China en el Canal de Panamá, y los informes del año pasado que señalaban que China está mejorando sus capacidades de espionaje en Cuba. «Lo que está sucediendo en América Latina y el Caribe no es nuevo», dijo Richardson. «No es nuevo para el mundo, y no es nuevo para [China]… su visión y estrategia».

Argumentó que China ha observado los vastos recursos disponibles en América Latina y el Caribe, así como la relativa vulnerabilidad de los países allí, que todavía están «saliendo» del impacto económico del COVID-19 y la «inseguridad e inestabilidad» creadas por el crimen organizado. «No hay un país que esté siendo excluido de todos los desafíos de las organizaciones criminales transnacionales».

Richardson señaló que cuando China hace acuerdos con países en América Latina y el Caribe, como dentro de la Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda, a menudo son «una mano lava la otra» y van acompañados de demandas como no reconocer a Taiwán. «Siempre hay un anzuelo», dijo.

En la segunda urbe más grande de Cuba, Santiago, se llevó a cabo una protesta pública inusual el domingo, como lo indican los informes oficiales. Esto motivó al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, a «convocar al diálogo».

Los manifestantes en Santiago salieron a las calles entonando consignas como «poder y comida», según se muestra en vídeos compartidos en redes sociales. Los cortes de energía eléctrica, que en algunos lugares alcanzaron las 18 horas o más al día, amenazan la conservación de alimentos congelados y aumentan las tensiones en la isla.

Cuba se enfrenta a una crisis económica casi sin precedentes desde el inicio de la pandemia de COVID-19, con una aguda escasez de alimentos, combustible y medicinas, lo que ha generado un éxodo sin precedentes con más de 400.000 personas emigrando hacia Estados Unidos.

Díaz-Canel confirmó la protesta en Santiago a través de la plataforma de redes sociales X, previamente conocida como Twitter, poco después de que la manifestación concluyera. Expresó que «varias personas han expresado su descontento con la situación del servicio eléctrico y la distribución de alimentos». Además, señaló que las autoridades del Partido, Estado y Gobierno están dispuestas a atender las quejas del pueblo, escuchar, dialogar y explicar los numerosos esfuerzos que se están realizando para mejorar la situación, siempre en un ambiente de calma y paz.

Asimismo, Díaz-Canel advirtió sobre los intentos de «terroristas» provenientes de Estados Unidos de fomentar nuevos levantamientos. Expresó que «este contexto será aprovechado por los enemigos de la Revolución, con fines desestabilizadores», durante una intervención en la plataforma X.

La policía había llegado a Santiago con el propósito de «controlar la situación» y «prevenir la violencia», según un relato publicado en las redes sociales por CubaDebate, medio estatal. No quedaba claro de inmediato si se habían realizado arrestos durante la protesta.

En cuanto a la capital cubana, La Habana, y los barrios periféricos, un sondeo realizado por Reuters indicaba una calma que se prolongaba hasta altas horas de la noche del domingo. No se pudo confirmar de inmediato la autenticidad de los vídeos en las redes sociales que mostraban supuestas protestas en otras ciudades cubanas.

La embajada de Estados Unidos en La Habana informó que estaba vigilando las protestas tanto en Santiago como en otros lugares. En una declaración emitida en la plataforma X, la embajada expresó: «Instamos al gobierno cubano a respetar los derechos humanos de los manifestantes y a abordar las necesidades legítimas del pueblo cubano».

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, criticó los comentarios de la embajada de Estados Unidos el domingo por la noche. Rodríguez atribuyó la «aguda situación económica» de Cuba al embargo comercial y a las sanciones de larga data impuestas por Estados Unidos. En X, Rodríguez declaró: «El Gobierno de Estados Unidos, especialmente su embajada en #Cuba, debe abstenerse de interferir en los asuntos internos del país e incitar al desorden social».

Las manifestaciones en la isla son extraordinariamente poco frecuentes, pero han ocurrido con mayor regularidad en los últimos años a medida que la crisis económica afecta al país. Aunque la Constitución cubana de 2019 reconoce el derecho de los ciudadanos a protestar, una ley que detalla específicamente ese derecho está estancada en la legislatura, dejando en un vacío legal a aquellos que deciden salir a las calles.

Grupos de derechos humanos, la Unión Europea y Estados Unidos han criticado la respuesta de Cuba a las protestas antigubernamentales, especialmente desde hace más de dos años, tras los eventos del 11 de julio de 2021, la mayor ola de protestas desde la revolución de Fidel Castro en 1959. Estas críticas han señalado la dureza y represión con la que el gobierno cubano ha actuado.

El gobierno de Cuba ha argumentado que aquellos encarcelados durante las protestas son culpables de agresión, vandalismo y sedición.

Durante la madrugada de este martes, Henry expresó en un discurso que Haití requiere «calma» y «paz». Según lo citado por la cadena CNN, afirmó: «Haití necesita paz. Haití necesita estabilidad».

Además, anunció que su gobierno dejará el cargo inmediatamente después de que se forme el consejo de transición, convirtiéndose en un gobierno provisional hasta que se designe un nuevo primer ministro y gabinete. Henry ha ostentado el puesto de primer ministro durante un período prolongado, lo cual es notable dada la inestabilidad política del país y la rotación constante de líderes desde la aprobación de la Constitución de Haití en 1987.

El anuncio se produjo poco después de que varios líderes caribeños y el Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se reunieran en Jamaica para discutir urgentemente una solución que detenga la espiral de crisis en Haití.

En este contexto, Henry no ha podido ingresar a Haití debido a la violencia que ha cerrado los principales aeropuertos internacionales. Llegó a Puerto Rico hace una semana después de que se le prohibiera aterrizar en la República Dominicana, donde las autoridades alegaron que carecía del plan de vuelo requerido. Además, las autoridades dominicanas han cerrado el espacio aéreo a los vuelos con origen y destino en Haití.

No estaba claro quién sería el encargado de resolver la crisis en Haití, caracterizada por la presencia de bandas altamente armadas que han incendiado estaciones de policía, atacado el principal aeropuerto y tomado el control de dos de las prisiones más grandes del país. Como resultado de las redadas, más de 4.000 reclusos fueron liberados.

Los violentos ataques han causado la muerte de decenas de personas, y más de 15.000 haitianos se han visto desplazados al huir de los vecindarios bajo fuego.

En este contexto, los canadienses en Haití están siendo aconsejados que se abastezcan de alimentos, agua y medicamentos, y se resguarden en su lugar de residencia mientras la violencia de pandillas en el país sigue aumentando. El consejo fue emitido el domingo por la noche cuando Asuntos Globales Canadá actualizó su advertencia de viaje para el país.

Además, Haití carece de un presidente y un Parlamento, y no ha celebrado elecciones desde 2016. A principios de mes, las pandillas que dominan gran parte del país, que está empobrecido, iniciaron una serie de ataques contra objetivos clave en Puerto Príncipe, incluida la sede presidencial, el aeropuerto y las prisiones, mientras exigían la dimisión de Henry.

El presidente temporal de la Comunidad del Caribe (Caricom), Irfaan Ali, quien es también el mandatario de Guyana, anunció: «Nos complace anunciar nuestro compromiso con un acuerdo de gobierno transitorio que allane el camino para una transición pacífica del poder».

Según un funcionario de Estados Unidos, el líder haitiano también confirmó su dimisión por teléfono al Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, quien participó en la reunión regional celebrada en Jamaica el lunes.

El cuestionado dirigente haitiano, que se encuentra varado en Puerto Rico mientras su país sufre la violencia de las pandillas, será recibido con los brazos abiertos si decide permanecer en ese territorio estadounidense del Caribe, añadió el funcionario.

Por otro lado, funcionarios en Kenia informaron el martes que el despliegue de 1,000 agentes de policía kenianos a Haití, para ayudar a frenar la anarquía alimentada por las pandillas, está en espera hasta que se forme un nuevo gobierno en la nación caribeña.

Kenia había acordado enviar una fuerza de seguridad a Haití, pero ese acuerdo se había alcanzado con el primer ministro Ariel Henry.

Un reporte publicado por Robert Evan Ellis, profesor de investigación en el Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos, muestra como desde Beijing utilizan el sector de la energía verde como un motor del crecimiento económico, así como también de manera estratégica en las relaciones diplomáticas con Latinoamérica.

Ellis destaca que los sectores críticos de este desarrollo son: hidroelectricidad, energía solar, eólica, vehículos eléctricos, almacenamiento y transmisión de electricidad, y minerales estratégicos críticos como el litio y los elementos de tierras raras.

Esto surge como una preocupación en Washington, ya que históricamente esta región ha sido su espacio natural de influencia, y ahora surge una competencia estratégica crítica en un sector en el cual China lidera por sobre Estados Unidos.

Como ejemplo, la empresa china BYD superó a Tesla en la venta de vehículos eléctricos a nivel mundial, en el último trimestre de 2023. Además, la cooperación en energía verde fue uno de los pilares de la cumbre entre el presidente Lula y Xi Jinping en abril de 2023. Por estos y otros motivos es que se generan tensiones entre las grandes potencias y sus respectivas políticas de acercamiento con América Latina.

El reporte de Robert Evan Ellis destaca todos los proyectos de China dentro de cada industria del sector energético verde, y en Radar Interancional identificamos entre ellos los más relevantes:

Sector hidroeléctrico

Las empresas estatales chinas desde hace ya más de 20 años que empezaron a desarrollar proyectos importantes en este sector, aunque particularmente con bastantes deficiencias, principalmente en la infraestructura mal planificada. Por ejemplo, en Ecuador, durante la presidencia de Rafael Correa, se instalaron seis plantas hidroeléctricas, y todas presentaron problemas. China Water and Electric fue multada y retirada de uno de los proyectos por mal rendimiento. La planta Coca Coda Sinclair, la mayor instalación hidroeléctrica del país, presentó fallas estructurales que generaron que la planta no produzca ni a la mitad de su capacidad, e incluso generó el desvío del río Coca que la alimentaba.

Igualmente, no todas las instalaciones en la región fueron tan malas como en Ecuador: en Argentina, en 2013, el Grupo Ghezouba, con financiación del Banco de Desarrollo de China realizó instalaciones hidroeléctricas en la provincia de Santa Cruz. Aun así, al asumir Macri en 2015 decidió cancelar el proyecto debido a preocupaciones medioambientales en cuanto a la ejecución de la planta. Se terminó continuando debido a las cláusulas en el contrato que existían entre la empresa y Argentina, que hubiesen hecho posible que se retire el financiamiento para nuestro país.

Energía solar y eólica

“En el sector de la energía solar, las empresas con sede en la RPC, aprovechando la financiación de socios bancarios chinos y los paneles fotovoltaicos de bajo coste de proveedores chinos, han desempeñado un papel como constructoras o proveedoras de aproximadamente el 90% de los nuevos parques eólicos y solares de la región”. Esto marca una tendencia casi irreversible. En este sector de la industria nadie puede competir con China por el liderazgo de realización de proyectos.

Dos de los más grandes parques de paneles solares han sido financiados y construidos por empresas chinas: Power China está desarrollando el proyecto Cachari en la provincia argentina de Jujuy. Tendría una capacidad de 300 MW y está financiado por el Banco de Exportación e Importación de China. Además, China Machinery Engineering Corporation va a construir una planta en Río de Janeiro, de 1,1 GW. “Entre los mayores parques solares de América Latina, el de Villanueva, de 828 MW, en Sonora (México), y el de Nova Olinda, de 292 MW, en Piaui (Brasil), obtuvieron sus paneles solares de Jinko Solar, con sede en la RPC”.

En cuanto al sector eólico, “las empresas con sede en la RPC que se apoyan en socios bancarios chinos y utilizan turbinas de bajo coste y otros equipos cuya tecnología ha sido apropiada en gran medida de socios europeos, desempeñan un papel fundamental en los nuevos parques eólicos”. Por ejemplo, China Goldwind participa en los parques eólicos de Loma Blanca y Mirimar, de 102,4 y 98,6 MW respectivamente, en Argentina. Sumado a esto, se prevé un parque eólico de 300 MW en Río Negro, llevado a cabo por Hydrochina.

Vehículos eléctricos

Uno de los pilares del liderazgo chino son los vehículos eléctricos. Como se menciona anteriormente, BYD superó a Tesla como el mayor vendedor de estos vehículos a nivel global. Y mucho de esto se ve en América Latina: en Chile y Uruguay, más del 95% de los autobuses eléctricos son de origen chino, y en Colombia este número llega al 100%. Además, las ventas en América Latina crecieron un 91% de 2022 a 2023, hasta 94.000 vehículos. Esto llevó a las empresas chinas a empezar a incluir a la región en la participación de la cadena de suministros. Por ejemplo, BYD se hará cargo de una instalaciones desocupadas de Ford en Brasil.

Almacenamiento y transmisión de electricidad

“Las empresas con sede en China son cada vez mayores proveedores clave de otros dispositivos de almacenamiento eléctrico a gran escala para operaciones comerciales, gubernamentales y privadas”, explica el reporte de Ellis. A modo de ejemplo, en la República Dominicana, uno de los proveedores clave de baterías e inversores industriales es la subdivisión eléctrica de la mega empresa china Huawei. Sumado a esto, han empezado a involucrarse en la parte de la transmisión de electricidad. En Brasil son 14 las empresas eléctricas chinas que operan en el país, con una inversión acumulada de al menos 36.500 millones de dólares. En Chile, las corporaciones chinas controlan al menos el 57% del sector.

Litio y minerales críticos

Por último, la participación china en la minería es clave ya que representa un sector estratégico importantísimo dentro del entramado geopolítico regional y mundial. “Estos son críticos para producir tecnologías de energía renovable, incluidas baterías y vehículos eléctricos, así como equipos militares avanzados, las empresas con sede en China no solo operan una parte importante de los sitios donde se extraen dichos minerales, sino que también controlan su procesamiento y transformación en productos intermedios como las baterías de iones de litio”.

Los representantes principales del Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) sostuvieron una videoconferencia con la intención de reanudar las conversaciones y poner en marcha la hoja de ruta propuesta por Argentina. Esta hoja de ruta busca agilizar los esfuerzos para un futuro Acuerdo de Libre Comercio entre ambos bloques y facilitar un entendimiento exitoso.

Ambas partes han acordado llevar a cabo una ronda de negociaciones en Buenos Aires durante el mes de abril. Esta reunión será la primera de su tipo desde 2019, y para asegurar su éxito, la EFTA y el Mercosur están llevando a cabo una preparación intensiva con el objetivo de acercar posturas en la negociación, según informaron desde Cancillería.

La EFTA cuenta con una extensa red de acuerdos de libre comercio en vigor y se sitúa entre los diez principales participantes en el comercio mundial de bienes y servicios.

Los países que componen esta zona de libre comercio, como Islandia, Noruega y la unión aduanera de Suiza y Liechtenstein, albergan a 14,5 millones de habitantes con un PIB per cápita excepcionalmente elevado.

En términos de comercio exterior, es relevante destacar que las exportaciones de Argentina a estos cuatro países alcanzaron los USD 1.223 millones en 2023, según datos del INDEC, mientras que las importaciones en el mismo período ascendieron a USD 603 millones.

Entre los integrantes de la EFTA, Suiza se destaca como un inversor significativo a nivel global en diversos sectores económicos. Por lo tanto, la concreción de un acuerdo comercial beneficiaría la atracción de inversiones provenientes de este origen. Las inversiones suizas en Argentina superan los USD 3.500 millones.

El Ejército de la República Dominicana (ERD) activó a la 7ª Brigada de Infantería, la cual tendrá su base en la Fortaleza Santa Bárbara, ubicada en la ciudad de Samaná, provincia de Samaná. La ceremonia de activación fue liderada por el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y el comandante general del Ejército, mayor general (ERD) Carlos Fernández Onofre, contando con la presencia de miembros de su Estado Mayor y otras autoridades civiles.

La creación de esta nueva brigada, llevada a cabo el pasado sábado 2 de marzo, forma parte del Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Defensa. Durante el evento, también se llevó a cabo la ceremonia de abanderamiento de la compañía de comando. En relación a sus unidades de maniobra, el Comandante del Ejército indicó que podría estar conformada por al menos 3 batallones de infantería, así como otras unidades de apoyo de fuego y logísticas. Sin embargo, no se especificó si estas unidades serán de nueva creación o si serán transferidas desde otras brigadas existentes.

Entre las responsabilidades asignadas a la 7ª Brigada de Infantería, se destaca su papel de apoyo a la Policía Nacional en labores de seguridad ciudadana para mantener el orden público en las zonas Norte y Noreste de la isla. Cabe mencionar que los trabajos de restauración de la Fortaleza Santa Bárbara fueron financiados y ejecutados por la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial.

El Estado Mayor General del Ministerio de Defensa de la República Dominicana llevó a cabo una inspección de los 43 Destacamentos del Ejército y del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT) ubicados a lo largo de los 391 kilómetros de frontera compartida con Haití. Se implementaron rigurosas medidas de seguridad debido a los eventos ocurridos desde el pasado sábado, cuando las bandas criminales haitianas consolidaron su influencia en la capital, Puerto Príncipe.

Este incidente condujo al Gobierno de Haití a decretar el estado de emergencia en toda la región occidental del país y establecer un toque de queda a partir del domingo 3 de marzo. Ante la situación de inestabilidad que podría intensificarse y generar incidentes en la frontera común, poniendo en riesgo la soberanía del territorio dominicano, el Ministerio de Defensa de la República Dominicana declaró el estado de alerta para todas las tropas desplegadas.

El martes 5 de marzo, la Junta de Aviación Civil (JAC) emitió la Resolución núm. 46-2024, suspendiendo de inmediato las operaciones aéreas de pasajeros y carga desde y hacia la República de Haití. Como consecuencia, las aerolíneas que realizan vuelos diarios entre ambas naciones, Sunrise Airways y Air Century, cancelaron todas sus operaciones.

En los meses recientes, las Fuerzas Armadas de la República Dominicana han permanecido en estado de alerta debido al incremento de incidentes en su frontera con Haití. Estos eventos han sido caracterizados por el Alto Mando dominicano como provocaciones y amenazas para la seguridad de su territorio. Sin embargo, la situación se intensificó con la fuga masiva de cientos de reclusos de la prisión principal de Haití, la cual ocurrió después de que un grupo armado irrumpiera en la penitenciaría la noche del sábado 2 de marzo.

Durante el más reciente encuentro de líderes del Foro de Países Exportadores de Gas en Argelia, los presidentes de Bolivia, Luis Arce, y de Irán, Ebrahim Raisi, decidieron intensificar su colaboración mutua. En la reunión, Raisi describió las relaciones entre Irán y Bolivia como «amistosas y en evolución», destacando que «los lazos entre ambos países van más allá de lo político y deben fortalecerse continuamente».

El gobierno iraní, con el objetivo de expandir su influencia en Latinoamérica, también anunció que el Ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Hosein Amir Abdolahian, supervisará la activación de la comisión conjunta de cooperación entre ambas naciones. Raisi advirtió que «los resultados de esta colaboración deben ser concretos y beneficiosos para ambas partes».

“Evaluamos el fortalecimiento del intercambio comercial en la reconstrucción post pandemia y un plan estratégico que incluye la salud, cultura, educación, agencia espacial, agro y telecomunicaciones”, compartió Arce en su cuenta de Twitter.

Hasta ahora, ni el gobierno de Teherán ni las autoridades bolivianas han proporcionado información detallada sobre los proyectos contemplados en el acuerdo acordado en Argelia. Sin embargo, la oposición boliviana ya ha expresado su preocupación.

El compromiso anunciado entre los presidentes se suma al controvertido memorándum de entendimiento firmado previamente para ampliar la cooperación en seguridad y defensa. Este acuerdo, rubricado en Teherán por los ministros de Defensa boliviano e iraní, implica colaboración en fronteras y control migratorio, generando preocupaciones sobre la seguridad regional.

El memorándum de entendimiento entre Bolivia e Irán ha generado controversia debido a su alcance y las implicaciones que ha suscitado. A pesar de que el contenido íntegro del pacto no ha sido publicado, se entiende que Teherán ayudará a La Paz en la lucha contra el narcotráfico y en otros sectores como el científico, de defensa y seguridad.

Las cláusulas secretas del memorandum de entendimiento entre Bolivia e Irán han generado preocupación y críticas, ya que el contenido íntegro del pacto no ha sido revelado públicamente. La oposición boliviana ha expresado inquietud y ha solicitado al gobierno que informe sobre los detalles y alcances de este convenio secreto. Incluso países vecinos como Argentina han manifestado su rechazo y preocupación por la falta de transparencia en este acuerdo bilateral.

Además de la asistencia en vigilancia fronteriza con aviones no tripulados, similar a la situación en Venezuela, el pacto también abarca entrenamiento militar. La presencia de instructores iraníes, cubanos y venezolanos en la «Escuela Antiimperialista» militar boliviana evidencia la larga relación entre el Movimiento al Socialismo y el régimen iraní, que se remonta al primer mandato de Evo Morales en 2006. Esta amistad ha incluido visitas de alto nivel y la apertura de un canal de televisión iraní que difunde propaganda musulmana en Bolivia.

Además, el Movimiento al Socialismo (MAS) facilitó la creación de centros de estudio del islam y la construcción de mezquitas para atraer conversos. Durante la presidencia interina de Jeanine Áñez, las relaciones se vieron interrumpidas, pero Arce restableció los lazos poco después de asumir su cargo en noviembre de 2020.

Según Joseph Humire, director ejecutivo del Center for a Secure Free Society (SFS), Bolivia como nación no recibe beneficios directos, pero el gobierno sí. Se destaca el apoyo significativo de Irán en áreas como estrategias para mantenerse en el poder, manejo de la oposición, militarización de fronteras, formación de milicias y proyección como actor regional frente a los países vecinos.

Aparte de Bolivia, el gobierno iraní mantiene estrechos vínculos con Venezuela, Nicaragua y Cuba, basados en su postura contraria a Estados Unidos. La relación entre Teherán y Caracas se ha fortalecido significativamente desde la era del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) y ha continuado consolidándose a lo largo de los años.

Irán ha emergido como uno de los principales aliados del gobierno de Nicolás Maduro en los últimos tiempos, especialmente a partir de 2020 cuando Venezuela enfrentó una crisis de escasez de gasolina y recurrió a Teherán para adquirir combustible.

Por su parte, el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, es uno de los principales aliados de Irán en Latinoamérica y ha respaldado el programa nuclear iraní. De hecho, ambos países firmaron en Managua un memorando sobre cooperación y consultas públicas, durante la visita del canciller iraní, Hossein Amir-Abdollahian, en el país centroamericano.

A la vez, Irán y Cuba son estrechos aliados políticos y comparten su respaldo a Venezuela y su animadversión a EEUU, que mantiene a todos estos países bajo sanciones.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, ha llevado a cabo una reestructuración del gabinete este martes, modificando a 5 de sus 16 ministros tras haber escuchado las sugerencias de las organizaciones sociales.

Los cambios ministeriales incluyen el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, que ahora estará a cargo de Santos Condori; el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, cuyo nuevo titular es Humbero Alan Lisperguer; el Ministerio de Minería y Metalurgia, cuya responsabilidad recae en Alejandro Santos; el Ministerio de Educación, liderado por Omar Veliz Ramos, y el Ministerio de Cultura, Descolonización y Despatriarcalización, ahora encabezado por Esperanza Guevara.

El mandatario ha destacado que los cambios revitalizan los ministerios, proporcionando nuevas energías para impulsar la gestión. Además, ha enfatizado el profundo compromiso del Ejecutivo con las organizaciones sociales y el proceso de cambio. Estas decisiones se tomaron tras varias reuniones con las organizaciones sociales, quienes presentaron sugerencias para mejorar y avanzar en la administración gubernamental.

Sin embargo, Luis Fernando Camacho ha expresado una crítica contundente hacia Luis Arce, presidente de Bolivia. Según Camacho, Arce está distribuyendo los ministerios a expensas del bolsillo y la propiedad privada de los bolivianos. La distribución de tierras en el país, que es un pilar fundamental de la economía nacional, ha sido utilizada por el partido MAS para fidelizar a sus grupos de choque y paramilitares.

El avasallamiento violento y criminal del predio “Las Londras” es un ejemplo claro de esta situación. Camacho insta a la institucionalidad cruceña a activarse en esta causa. Según él, el primer paso para generar unidad en el departamento es la defensa de Santa Cruz.

Previamente, el mandamás cruceño Luis Fernando Camacho había acusado al presidente Luis Arce de hacer oídos sordos a una orden judicial y de evitar su traslado a Santa Cruz, donde debe presentarse para una audiencia relacionada con el caso del decreto 373, programada para el 11 de marzo.

Camacho, lanzando chispas en sus redes sociales, manifestó: «Luis Arce decide ignorar la orden de un juez de llevarme a Santa Cruz; esto es una señal de que estamos en una dictadura, al estilo de Cuba y Venezuela».

Desde la dirección nacional de Régimen Penitenciario informaron que esperarían hasta el miércoles para recibir el informe de Inteligencia que determinará si hay o no garantías para el traslado, decisión que deberá ser confirmada por un juez.

“Hoy el preso político soy yo, mañana será cualquiera que NO se someta a su régimen. Arce le tiene miedo a la democracia. El MAS se está hundiendo y está hundiendo al país, ¡Bolivia necesita un cambio!” enfatizó Camacho, quien permanece en detención preventiva desde diciembre de 2022 en el penal de Chonchocoro.

El Tribunal de Sentencia N°8 del Tribunal Departamental de Justicia ha notificado a las autoridades del penal de máxima seguridad para que el gobernador sea trasladado a Santa Cruz y quede bajo la custodia de la dirección del penal de Palmasola para la audiencia de juicio oral por el caso del decreto 373, programada para el 11 de marzo.

En su reciente viaje a Europa, el mandatario paraguayo y actual presidente pro-tempore del Mercosur, Santiago Peña, afirmó estar «seguro de que no ocurrira este año» refiriendose al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

A su vez, se abstuvo de dar por «muerto» el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y los países del Mercosur. No obstante, reconoció la importancia de «manejar las expectativas», indicando que se debe asumir que la firma no ocurrirá a lo largo de 2024.

El acuerdo alcanzado en 2019 estableció los pilares comerciales principales para la celebración de un Tratado de Libre Comercio, aunque este documento no posee carácter legal. El acuerdo fue el resultado de 20 años de negociaciones y el puntapié inicial para la celebración del Tratado de Libre Comercio (TLC).

Este acuerdo, en caso de volcarse en un TLC, resultaría en la eliminación los aranceles del Mercosur sobre el 91% de las importaciones europeas, mientras que la Unión Europea lo haría en un 95%. En términos de distribución, del lado europeo, la cobertura es del 99% en el sector industrial y del 82% en el agrícola, estableciéndose cuotas para productos como carnes, pollo, cerdo, azúcar, etanol, arroz, miel, maíz, queso y leche, especialmente sensibles y resistentes al acuerdo.

En cambio, el Mercosur negoció cronogramas de desgravación más extendidos para sectores como vehículos de pasajeros y calzados. A diferencia de las cuotas europeas, estos sectores se integrarían completamente al libre comercio entre ambas regiones en un plazo de 15 años.

Este acuerdo experimentó diversas modificaciones desde su aprobación en 2019. Inicialmente, el panorama no era alentador, pero cobró impulso nuevamente tras intensas negociaciones lideradas por el anterior presidente pro tempore del Mercosur, Lula da Silva. Este dedicó sus esfuerzos a renegociar el acuerdo con el objetivo de lograr su aprobación en la Cumbre de Río de 2023. A pesar de los esfuerzos del presidente brasileño, no tuvo éxito.

El miércoles en España, Peña expresó: «Venimos a ofrecer más que a pedir», reconociendo al mismo tiempo la importancia histórica, política, cultural y económica de España como la «puerta de entrada» a Europa para los productos paraguayos.

En cuanto a las prolongadas negociaciones para el acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur, Peña destacó la necesidad de manejar las expectativas, evitando declarar el tema como cerrado. Afirmó: «Estoy seguro de que no ocurrirá este año. Creo que debemos ser muy honestos con nosotros mismos«. Además, añadió que las condiciones por parte de la Unión Europea no están dadas, aunque los países del Mercosur están más que preparados para avanzar.

Peña argumentó que, aunque el acuerdo ofrecía «oportunidades» para los países de la UE, existían «tensiones» y «sensibilidades» debido a que «competir con los productores agrícolas del Mercosur es imposible», dada la mayor magnitud de los países sudamericanos en comparación con los europeos.

«En verdad, soy un ferviente defensor de la integración de los mercados y creo que es de interés para los consumidores de la Unión Europea, pero también requerirá un esfuerzo político para compensar de alguna manera a los sectores afectados», explicó Peña, sugiriendo que los subsidios podrían ser una opción, aunque no de manera permanente.

Peña sostuvo que una de las grandes fortalezas de la globalización es abrirse a «regiones del mundo que pueden producir estos mismos productos a precios más competitivos».

Mientras Francia e Irlanda abogan por «cláusulas espejo» para asegurar que las importaciones del Mercosur cumplan con los mismos estándares impuestos a los agricultores europeos, Peña subrayó que ni el Mercosur ni Paraguay se quedarán de brazos cruzados esperando las decisiones europeas. Además, destacó la reciente firma de un acuerdo de libre comercio con Singapur y las negociaciones avanzadas con Emiratos Árabes Unidos.

«Como parte activa del Mercosur, Paraguay continuará promoviendo la integración en todos los mercados, y confiamos en que Europa pueda reconocer las oportunidades que también brinda», enfatizó Peña.

En su último día en España, Peña sostuvo encuentros separados con el rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En redes sociales, compartió: «Con Su Majestad el Rey, Don Felipe de Borbón y Grecia, compartimos la visión de una Iberoamérica más integrada, basada en proyectos comunes que podamos llevar a cabo juntos en beneficio de nuestro pueblo». También elogió a España como el quinto mayor inversor a nivel mundial.

La mina a cielo abierto, conocida como ‘Bulla Loca’, operaba de manera ilegal hace aproximadamente seis meses, al sureste de Venezuela, más precisamente en el estado de Bolívar. Es importante aclarar que se encuentra cubierta casi en su totalidad por la selva amazónica venezolana, por lo cual los trabajos de rescate acarrean una complicación mucho mayor.

“Se instaló un puesto de socorro. (…) De haber muertos, se van a realizar los trabajos para el traslado a la morgue”, declaró un funcionario de Seguridad Ciudadana del Estado de Bolívar, previo a conocerse las cifras oficiales de los afectados. Además, el alcalde de Angostura, Yorgi Arciniega añadió que “Hubo 17 muertos aquí en La Paragua y otros 13 fallecidos indígenas que se quedaron en las localidades de las comunidades indígenas”.

Estos números contradicen los que publicó el gobierno, que hablaba de 16 muertos en total. Mientras tanto, algunos de los supervivientes aseguran que el gobierno miente con los números, por ende reclaman que las autoridades realicen una investigación mejor para encontrar a los trabajadores que siguen atrapados, y piden que publiquen los números reales de la tragedia.

Mapa de Venezuela que muestra la ubicación de la mina

El presidente Nicolás Maduro asegura que envió a todo el equipo de Protección Civil, y que, a pesar de la dificultad a la hora del rescate, debido a la zona poco accesible y la falta de conexión, los equipos de rescate están en el sitio y realizando los trabajos pertinentes. Este es el tercer derrumbe de la mina en los últimos meses, ya que tanto en noviembre como en diciembre del pasado año hubo deslizamientos de tierra, dejando al menos 10 muertos.

En esta región y zonas aledañas ha proliferado el establecimiento de minas de oro, cobre y diamantes de manera ilegal. Aun así, los trabajadores cuentan con muy pocas herramientas y muy poca educación y entrenamiento en la profesión. Supuestamente, más de 15 mil mineros han llegado a la región en los últimos años, además de dejar un lugar para la entrada de grupos guerrilleros como FARC y el ELN, exacerbando la violencia de la zona.

El domingo pasado se inició una gran polémica y posterior crisis diplomática cuando Lula da Silva, presidente de Brasil, dio un discurso en Etiopía como invitado de la Unión Africana, en el cual declaró que Israel estaba cometiendo un genocidio en Gaza, y luego lo comparó con el Holocausto. “Lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza no es una guerra. No es una guerra de soldados contra soldados, es una guerra entre un ejército muy preparado y mujeres y niños. Lo que está ocurriendo con el pueblo palestino no ocurrió en ningún otro momento de la historia, es un castigo colectivo. En realidad, ocurrió cuando Hitler decidió matar a los judíos”.

Estas declaraciones no cayeron para nada bien en el gobierno de Benjamin Netanyahu, y el primer ministro israelí afirmó que Lula había “cruzado una línea roja”. El ministro de Relaciones Exteriores israelí, Israel Katz, declaró que “No perdonaremos ni olvidaremos: en mi nombre y en nombre de los ciudadanos de Israel, informé al presidente Lula de que es una persona no grata en Israel hasta que se disculpe y se retracte de sus palabras”. En un tire y afloje diplomático, Lula fue declarado persona non grata en Israel, y el embajador de Israel en Brasilia fue retirado, así como también sucedió con el embajador brasileño en Tel Aviv.

Esto, además, se da un contexto al menos particular: este miércoles y jueves se realiza la Cumbre de ministros de Relaciones Exteriores del G20 en Río de Janeiro, en la que es la primera reunión ministerial de la presidencia rotativa de Brasil, que comenzó en enero de este año. Entre los presentes se destacan Anthony Blinken y Serguéi Lavrov, de Estados Unidos y Rusia, respectivamente. Entre los temas a tratar en la Cumbre, destaca principalmente el conflicto de Israel y Palestina, y se puede llegar a abordar alguna discusión acerca de la guerra en Ucrania. Aun así, esto ultimo parece enfriarse, ya que desde Occidente acusan a Rusia de la muerte del opositor a Putin, Alekséi Navalni.

El secretario Blinken dialogó con el presidente Lula, y mencionó que los Estados Unidos están en desacuerdo con sus declaraciones, ya que consideran que no existe un genocidio por parte de Israel y que comparar las maniobras militares israelíes con el Holocausto ha sido excesivo. “El secretario abordó el asunto y dejó claro nuestro desacuerdo con esos comentarios”, comentó un alto funcionario del Departamento de Estado. La reunión se dio en Brasilia, duró menos de 45 minutos y concluyó sin ninguna declaración a la prensa. A pesar de todo, Blinken aseguró luego que Washington y Brasilia trabajan juntos, de manera global y bilateral, y además de haber demostrado gratitud por la amistad con Brasil.

A partir de esto se ha generado un enorme revuelo en la política interna brasileña. Una gran parte de la oposición se escandalizó con los dichos del presidente y han cuestionado sus decisiones. Esto les ha dado a los diputados bolsonaristas la oportunidad de llevar a cabo un intento de impeachment para destituir a Lula. La bancada del Partido Liberal promete presentar el pedido de juicio político con la firma de más de 100 diputados. El presidente de la Cámara, Arthur Lira, debe analizar la petición y ver si continua o no. Si le da continuidad, la denuncia debe pasar por comisión especial y luego tratarse en la Cámara: con 342 votos de los 513 diputados, se pasa al Senado y este comienza el juicio político.

Cámara de Diputados de Brasil

La carta de denuncia fue escrita por Carla Zambelli, bolsonarista del Partido Liberal. Describió el hecho como un  “acto de hostilidad contra una nación extranjera, exponiendo a la república al peligro de guerra o comprometiendo su neutralidad”. Además, en su cuenta de ‘X’, Eduardo Bolsonaro, legislador e hijo del ex presidente escribió que “Lula no sólo mostró su desconocimiento de la historia, sino que mostró a todo el mundo el odio en su corazón contra el Estado de Israel”. Además de los diputados de Bolsonaro, algunos partidos que ocupan ministerios apoyarían el impeachment, así como también la banca evangelista, que cuenta con 203 de los 513 diputados.

 “Verbalizaciones desequilibradas, además de no representar el pensamiento de la mayoría de los brasileños, comprometen la política internacional de forma innecesaria”, declaró uno de los diputados evangelistas en una nota el pasado lunes. Además, el grupo Judíos por la democracia, consideró que las declaraciones eran “indefendibles”.

El profesor de relaciones internacionales Mauricio Santoro manifestó que los dichos de Lula fueron “un gesto que solo trajo problemas, tanto en la diplomacia como en la política doméstica”. Santoro, que a su vez es coordinador del centro de estudios estratégicos de la Marina de Brasil, agregó que “No está ganando nada con su comportamiento, nadie va a votarlo por su posición sobre Palestina, pero está alejando a moderados y liberales de centro-izquierda que podrían apoyarlo si adoptase una posición más blanda”. Además, explicó que este hecho “juntó a movimientos conservadores, evangélicos, la comunidad judía y varios grupos que no son necesariamente de oposición, pero quedaron indignados con los dichos”.

Lula fue respaldado por la presidenta de su partido, el Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann. Calificó la acusación como una broma, y dijo: “Que los estafadores quieran destituir a Lula solo puede ser una broma. Basta ver quién lidera el grupo, la pistolera Carla Zambelli, propagadora de noticias falsas, acusada en el Supremo Tribunal Federal e investigada por ataques al Poder Judicial, que se convirtió en una persona tóxica incluso entre bolsonaristas. Mejor tengan cuidado porque aquí ya no se crían estafadores, tenemos leyes e instituciones atentas”.

Hace varios años, Ecuador atraviesa una profunda crisis de seguridad. Sin embargo, durante los primeros días de enero, se suscitaron una serie de eventos que llevaron al presidente Daniel Noboa a declarar la existencia de un conflicto armado interno.

Los detonantes (ya que para abordar los antecedentes, es necesario retroceder al menos una década atrás) que desencadenaron en la situación actual del país son los siguientes.

• 7 de enero del 2024: se confirma la fuga de Adolfo Macías Villamar, alias «Fito«, uno de los principales líderes criminales del país y cabecilla de la banda narcodelictiva «Los Choneros». Macías estaba recluido en la cárcel Regional de Guayaquil desde el 2011.
• 8 de enero del 2024: Daniel Noboa declara estado de excepción a nivel nacional por un periodo de 60 días. En respuesta a esta medida, se registraron múltiples ataques violentos en diversas zonas del país.
• 9 de enero del 2024: se confirma la fuga del líder criminal Fabricio Colón Pico. Se llevan a cabo varios actos terroristas sincronizados en todo el territorio, incluido el atentado contra el canal televisivo nacional TC Televisión. Además, se produjo la toma de universidades y hospitales, tiroteos, amenazas de bomba y la toma de personal penitenciario como rehén por parte de los reclusos. Daniel Noboa firma el decreto ejecutivo 111, en el cual aumenta una causal al estado de excepción del país: la existencia de un conflicto armado no internacional.

El decreto 111 en la práctica

El decreto 111, además de reconocer la existencia de un conflicto armado interno, dispone “la movilización e intervención de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en el territorio nacional”, con el objetivo de garantizar “la soberanía e integridad territorial contra el crimen organizado transnacional, organizaciones terroristas y los actores no estatales beligerantes”.

El decreto identifica a 22 grupos de crimen organizado como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes, convirtiéndolos en objetivos militares. Las Fuerzas Armadas asumen la responsabilidad de defender al país contra el enemigo interno, mientras que la Policía opera en calidad de apoyo a las FF.AA.

Adicionalmente, las FF.AA. tienen la posibilidad de realizar despliegues y operativos, llevar a cabo controles con revisión de pertenencias, efectuar allanamientos sin necesidad de orden judicial y emplear armamento letal de manera progresiva contra grupos identificados como terroristas. Las FF.AA. cuentan con el respaldo de la Ley Orgánica que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza, la cual “garantiza la presunción de inocencia y la garantía del debido proceso para aquellos servidores que en ejercicio de sus funciones se vean expuestos a procesos judiciales de carácter penal”.

El presidente Noboa ha manifestado en repetidas ocasiones su respaldo a las fuerzas del orden en su labor contra cualquier intento de desestabilización y caos que se pretenda realizar dentro del territorio nacional

“Aquí me tienen, y me tendrán defendiendo la integridad y el honor de las Fuerzas Armadas y de la Policía, y que ningún ‘antipatria’ nos venga a decir que estamos violando los derechos de nadie, cuando lo que estamos es protegiendo los derechos de la gran mayoría”

Daniel Noboa frente a las denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos emitidas por organizaciones en el marco de las intervenciones a las cárceles que controlan por las bandas criminales.

Desde el 9 de enero hasta el 15 de febrero el SNAI (Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores) presentó los siguientes resultados en materia de seguridad:

• 167,024 municiones incautadas
• 98,890 operativos
• 8,080 detenidos (241 por terrorismo)
• 153 operaciones contra grupos terroristas
• 8 terroristas abatidos
• 34 personas privadas de libertad recapturadas
• 2,405 armas de fuego incautadas
• 3,422 armas blancas incautadas
• $195,398 dinero incautado
• 28 embarcaciones aprehendidas
• 12,433 explosivos incautados
• 52,617.59 kg droga decomisada

El estado de excepción ha generado una relativa tranquilidad temporal en las calles de Ecuador, debido a la significativa reducción de homicidios tras la declaración del conflicto armado interno. El gobierno estima una disminución del 67,8% en muertes violentas, ya que, en los primeros nueve días del año, se registraron 27,8 asesinatos diarios en promedio; mientras que, en los siguientes quince días, la cifra descendió a 10,7 por día.

Es importante señalar que, al analizar la delincuencia, resulta crucial tener en cuenta las tendencias a largo plazo. Los resultados derivados de las medidas de declaratoria de estado de excepción no son suficientes para afirmar que se han hallado soluciones definitivas al problema y sus raíces. Este demanda un enfoque centrado en políticas estructurales, sostenibles, y transversales para un tratamiento efectivo.

El año 2023 se destacó como el más violento en la historia del país andino, registrando una tasa de 43,2 muertes por cada 100.000 habitantes. Esta cifra posicionó a la nación como la más violenta de América Latina y la sexta a nivel mundial.

El narcotráfico: un problema que «trasciende fronteras»

El presidente Noboa ha enfatizado en diversas ocasiones que lo que ocurre en Ecuador «afecta a todo el mundo», ya que «los narcoterroristas que operan en Ecuador también tiene operaciones en Europa y Estados Unidos». Dada la naturaleza global de este problema, el respaldo de la comunidad internacional se torna imprescindible.

En el medio internacional CNN, el primer mandatario afirmó:

“Aceptaría con mucho gusto la cooperación de Estados Unidos. Necesitamos equipos, necesitamos armas, necesitamos inteligencia y creo que este es un problema global. No es sólo en Ecuador, este es un problema que va más allá de las fronteras”

Declaración de Daniel Noboa a Christiane Amanpour de CNN

Bajo este enfoque, la última semana de enero, Noboa recibió a una delegación de altos mandos estadounidenses para discutir la cooperación entre Estados Unidos y Ecuador en la lucha contra el crimen organizado. Como resultado de esta reunión, el país norteamericano ha proporcionado equipos «críticos» de seguridad y respuesta ante emergencias, además de comprometerse con una cartera de inversiones a cinco años que abarca equipos militares, asistencia humanitaria, respuesta a desastres y capacitación.

Adicionalmente, Noboa expresó en una entrevista radiofónica, “estamos trabajando con más de 38 naciones que brindarán ayuda internacional. Hemos aceptado el apoyo de Argentina y Estados Unidos”. “No es el momento de decir no por ego o vanidad. Necesitamos apoyo militar en términos de mano de obra y soldados, así como asistencia en inteligencia, artillería y equipos”, agregó el mandatario.

El pasado miércoles 14 de febrero, se dio inicio a la visita del jefe de la Oficina Antinarcóticos de Estados Unidos, Rahul Gupta. Durante esta visita, está programado un encuentro con el presidente Daniel Noboa para analizar la cooperación en la lucha contra el narcotráfico entre ambos países y determinar en qué áreas Estados Unidos puede brindar asistencia adicional.

En última instancia, tras el fallo favorable de la Corte Constitucional de Ecuador, el presidente ratificó dos acuerdos de cooperación militar con Estados Unidos, los cuales fueron inicialmente firmados por el expresidente Guillermo Lasso.

El primer acuerdo autoriza la realización de operaciones conjuntas con Estados Unidos para abordar actividades marítimas transnacionales ilícitas, como el tráfico de drogas, armas de destrucción masiva, migrantes y pesca ilegal. En tanto, el segundo acuerdo establece beneficios, inmunidades y exenciones para el personal militar y civil del Departamento de Defensa de Estados Unidos que colabore con el país sudamericano.

Los recursos políticos de Noboa

Consulta popular y referéndum constitucional

El 21 de abril, los ecuatorianos se pronunciarán en las urnas para ejercer su derecho al voto en una consulta popular y referéndum propuesto por el presidente. Después del proceso constitucional correspondiente, se aprobaron 10 de las 20 preguntas inicialmente propuestas.

Además, se incorporará una pregunta que aborda una reforma al texto del artículo 158 de la Constitución de la República sobre el rol de las Fuerzas Armadas. Esta propuesta fue presentada por el expresidente Guillermo Lasso, aprobada tanto por la Asamblea Nacional como por la Corte, y para ser ratificada oficialmente, los ecuatorianos deben expresar su apoyo mediante un referéndum constitucional.

Algunos de los temas abordados por las 6 preguntas de la consulta popular y las 4 del referéndum constitucional incluyen el aumento de las penas en delitos como el terrorismo y la delincuencia organizada, la eliminación de la prohibición de extradición para personas de nacionalidad ecuatoriana, la implementación del contrato de trabajo por horas y a plazo fijo, modificaciones en el rol de las Fuerzas Armadas, permitir que el Estado pueda convertirse en titular de los bienes de origen ilícito, entre otros.

La historia del avión de Emtrasur Cargo, empresa venezolana adquirida por el chavismo de Maham Air, llegó a su fin el lunes cuando fue trasladado de Ezeiza a Estados Unidos.

La justicia argentina entregó la aeronave a las autoridades estadounidenses, quienes solicitaron su decomiso en 2022.

El avión se encuentra en óptimas condiciones, gracias al mantenimiento constante realizado por funcionarios estadounidenses para preservar su capacidad de vuelo. Han abastecido de combustible, lo han rodado en la pista e incluso repararon su tren delantero.

Agentes y funcionarios de Estados Unidos colaboraron con las nuevas autoridades argentinas de los ministerios de Seguridad, Justicia e Interior (a cargo de Migraciones) para llevar a cabo el despegue de manera discreta y sigilosa.

Este hecho tiene lugar en medio de un oscuro incidente ocurrido el 5 de febrero, cuando Jesús Jara Díaz, quien en ese momento ocupaba el cargo de primer secretario de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Argentina, fue detenido en Ezeiza mientras fotografiaba sin autorización ni credenciales permitidas a un funcionario de la Embajada de Estados Unidos y al secretario del juzgado federal de Federico Villena, quienes estaban inspeccionando la aeronave.

Jara Díaz, llegado al país en 2020, fue declarado «persona no grata» por la Cancillería argentina y se vio obligado a abandonar el país. Esto puso a la embajadora en Argentina de Nicolás Maduro, Stella Lugo, en una posición difícil de mantener, ya que no podía ignorar el ilícito cometido por su segundo en seguridad aeroportuaria.

El Boeing 747-300 adaptado como carguero fue retenido en Ezeiza en junio de 2022 cuando aterrizó para abastecerse de combustible, pero ninguna petrolera accedió a suministrarlo. La aeronave está sujeta al complejo sistema de sanciones de Estados Unidos debido a presuntos vínculos con actividades terroristas internacionales, ya que Boeing es de origen estadounidense.

Además, en el pasado, la enigmática tripulación compuesta por 14 venezolanos y cinco iraníes, cuyos propósitos de viaje en el país nunca fueron revelados, fue finalmente liberada, regresando todos a sus respectivos países. No obstante, continúan siendo objeto de investigación en un caso en el que la DAIA se presentó como parte querellante debido a posibles vínculos con actividades terroristas de las fuerzas Al Quds de Irán.

Mientras Teherán realizaba diversos reclamos diplomáticos a la Cancillería argentina en busca de la liberación de sus ciudadanos, Maduro y sus ministros emprendieron una campaña nacionalista en las calles venezolanas y en las redes, exigiendo a los argentinos que «devuelvan el avión».

A principios de enero, el juez federal Villena, con jurisdicción sobre el aeropuerto internacional de Ezeiza, aceptó la petición de los Estados Unidos. Tras un prolongado proceso judicial y político, en el cual La Cámpora estuvo involucrada hasta diciembre en el control de la Justicia y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, ordenó la entrega de la aeronave a Estados Unidos.

Este jueves, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tildó de «bandido» a su homólogo argentino, Javier Milei, tres días después de que Estados Unidos anunciara la finalización del decomiso del avión venezolano que estuvo retenido en Buenos Aires durante año y medio.

En una declaración televisada, Maduro expresó: «Nos robaron el avión (…). El bandido de Milei se robó el avión de Venezuela, Javier Milei, el héroe de la ultraderecha». También añadió: «Se las da de loco o es loco o las dos cosas a la vez», refiriéndose al mandatario argentino.

Las Fuerzas Armadas de México aseguraron el lunes haber desmantelado un «megalaboratorio» clandestino de metanfetamina en el estado de Sonora, particularmente en el municipio de Quiriego. Se trata del mayor laboratorio de drogas desmantelado bajo la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

«[E]n días pasados se localizó y desmanteló un mega laboratorio, el más grande asegurado durante la presente administración, el cual estaba compuesto por seis puntos de generación de drogas y representa más del 50% de la droga y precursores asegurados durante el presente año«, posteó la cuenta oficial de la Secretaría de Marina de México en un comunicado en X, junto a fotos que muestran grandes contenedores y sacos blancos en el campamento rural cerca de Rancho Viejo.

La Secretaría de Marina agregó que había incautado 41.310 kilogramos de metanfetamina y 12.705 kilogramos de precursores químicos utilizados para fabricar dicha droga sintética. Además, el sitio contaba con 72 reactores de laboratorio, cinco veces más que los 13 descubiertos en lo que antes se consideraba el laboratorio clandestino más grande del país, también descubierto en Sonora. Por último, se descubrieron más de 200 centrifugadoras, calderas y cámaras de condensación.

Con 72 reactores, la instalación era capaz de producir varias veces la cantidad de drogas que el segundo laboratorio de metanfetamina más grande descubierto durante la administración del presidente López Obrador.

El personal de la Marina, que destruyó todo el equipo encontrado, sugirió que la metanfetamina allí producida estaba destinada a ser exportada a Europa, Asia y Estados Unidos. Sin embargo, México también tiene problemas con el uso interno de metanfetamina.

Hace un año, las Fuerzas Armadas incautaron más de medio millón de pastillas de fentanilo (630.000 aproximadamente) en Culiacán, la capital del estado de Sinaloa, en lo que el Ejército describió en ese momento como el laboratorio de drogas sintéticas más grande encontrado hasta la fecha. También, informaron la incautación de 128 kilogramos de fentanilo en polvo y unos 100 kilogramos de lo que parecía ser metanfetamina.

Dos días después, el Ejército mexicano incautó casi 1.400 litros de metanfetaminas líquidas y casi media tonelada de metanfetamina de cristal sólido, lo que suponía en ese momento la mayor incautación de metanfetamina en el año. Los efectivos encontraron la droga en una casa a medio terminar en la localidad de Angostura, Sinaloa, casa del Cártel de Sinaloa.

Esto demuestra que, si bien en el pasado los grandes laboratorios de metanfetamina se encontraban en Sinaloa, el estado de Sonora se ha convertido en un centro de producción, y no solo en una ruta de contrabando. Esto hace que, hoy por hoy, sea uno de los estados más violentos del país.

Estados Unidos ha estado presionando a México para que refuerce las medidas contra el tráfico de drogas, en particular el fentanilo. Mientras tanto, México ha estado presionando para que Estados Unidos adopte una postura más firme sobre el tráfico ilícito de armas de fuego desde Estados Unidos a los cárteles de la droga a través de la frontera.

Esta convocatoria marca la primera vez que el Cosena se reúne desde fines de 2019, en medio del periodo conocido como el estallido social.

El Cosena, un órgano asesor del Presidente de la República en Chile, está compuesto por los presidentes de ambas cámaras del Congreso, el presidente de la Corte Suprema, el contralor general de la República, así como los comandantes en jefe de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y el director general de Carabineros.

En el marco de un evento destinado a anunciar mejoras en el plan Calle Segura, el Presidente convocó al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) para el próximo lunes. Durante la actividad, expresó haber comunicado la convocatoria a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, la subcontralora y los presidentes de las cámaras del Congreso. Además, detalló que en La Moneda, a primera hora, convocará a recibir aportes y comentarios para el proyecto de infraestructura crítica que permitirá desplegar fuerzas militares en lugares críticos.

Cabe destacar que la solicitud de convocar al Cosena había sido realizada por parlamentarios de oposición, alcaldes y gremios empresariales, quienes expresaron su preocupación por el aumento de la inseguridad en el país.

Asimismo, anunció la creación de un gabinete especial de seguridad, reconociendo los desafíos en materia de seguridad en Chile. En particular, hizo hincapié en la situación especial que vive la Región Metropolitana, caracterizada por un aumento en la ola de delitos. El Presidente manifestó su plena conciencia de la inquietud de la población y la necesidad de una acción más decidida por parte del Gobierno.

El mandatario afirmó que “derrotar la delincuencia, los narcos y la proliferación de las armas de fuego es una prioridad para nuestro Gobierno. Todo el Estado trabaja para quitarle espacio a quienes ponen en peligro a la sociedad y generan temor”.

En cuanto a la respuesta del sector empresarial, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), José Pakomio, destacó que es positivo poder dejar de lado los traumas e ideologías en torno al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) y al papel de las fuerzas militares. Aseguró que la protección del país, los ciudadanos y la infraestructura debe ser una prioridad compartida por todos.

El secretario general de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), Carlos Soublette, expresó su consideración positiva al afirmar que es «beneficioso recurrir a los instrumentos disponibles por parte del Estado para hacer frente a una situación que ha rebasado los límites en términos de seguridad».

Por su parte, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, manifestó su agradecimiento por la convocatoria al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena). Argumentó que «el nivel de inseguridad, la incidencia delictiva y la perturbación del orden público en Chile son alarmantes, y debemos abordarlo como Estado. Por esta razón, es de gran importancia convocar al Poder Judicial, Legislativo, Ejecutivo y a las Fuerzas Armadas».

“El combate contra la delincuencia requiere del compromiso de muchos actores y también de altos niveles de coordinación, lo que podría ser facilitado por esta instancia”, afirmó Juan Armando Vicuña, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).

Por otro lado, Rodrigo Mujica, director de Políticas Públicas de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), argumentó que proporcionar seguridad a las personas y a las actividades productivas es una tarea fundamental del Estado y “también una condición necesaria para lograr un crecimiento económico”.

Tras una victoria abrumadora en las elecciones de ayer domingo 4 de febrero, el reelecto presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ofreció su colaboración al gobierno de Javier Milei en general, y a Patricia Bullrich en particular, para combatir la inseguridad en la República Argentina.

“Le deseo lo mejor y si podemos colaborar en algo, estamos a la orden”, aseguró el líder salvadoreño, quien habría mantenido una conversación telefónica con Javier Milei, presidente argentino recientemente electo, antes de que este asuma formalmente la presidencia.

Resaltando que la situación de inseguridad en Argentina es distinta a la que tuvo que afrontar cuando asumió la presidencia de El Salvador, Bukele dijo que “como el problema es más pequeño, el medicamento podría ser más pequeño”; y añadió que “yo creería que el problema en Argentina es más pequeño. Preocupante, sobre todo en Rosario y en algunas zonas, pero es más pequeño que El Salvador”.

“Yo creo que todos los países tienen diferencias y está claro que El Salvador no es el Reino Unido, lo mismo se pudiera decir que El Salvador tampoco es la Argentina. Hay diferencias, incluso el problema de seguridad de la Argentina, que existe, no es tal vez tan apremiante como lo era en El Salvador y, por ende, las medidas que pueden ser compartidas de nuestra parte, de repente no necesitan ser tan drásticas porque no necesitan resolver un problema tan grande como el nuestro”, aclaró el mandatario salvadoreño.

Amén de ello, resaltó que existen algunos aspectos parecidos entre las dos naciones, sobre todo “en el hecho de que son latinoamericanas, pero también culturales y de cómo se forman los fenómenos delincuenciales, que son generalmente producto de la pobreza”.

“Nosotros hemos ofrecido oficialmente a la ministra Bullrich no asesoría, porque creo que esa no es la palabra, sino la colaboración que ellos necesitan en todos los temas en seguridad, que es lo que ellos necesitan”, sentenció Bukele.

Más tarde, refiriéndose a su conversación con Milei antes de la asunción al cargo de este, dijo que “yo solo he hablado una vez con él, fue una conversación bastante larga para lo que era, porque yo solamente lo llamé para felicitarlo por su triunfo y nos quedamos hablando un montón de tiempo y me dio un panorama del país muy difícil, sobre todo en lo económico, en el tema de las divisas y de la inflación”.

Luego de ello, si bien reconoció que la situación coyuntural argentina es difícil de enfrentar, destacó que “hay mucho talento y muchas personas inteligentes, como también lo es él, a su lado”. Recordemos que, a fines de diciembre del año pasado, Bukele había resaltado que uno de los mayores desafíos que debe enfrentar el gobierno de Javier Milei es el de la “falta de divisas, una especie de bomba de tiempo”.

Elecciones en El Salvador

Según expresó Bukele, que gobernará el país centroamericano por 5 años más, en su cuenta oficial de X, «hemos ganado la elección presidencial con más del 85% de los votos y un mínimo de 58 de 60 diputados de la Asamblea«.

“Gracias, El Salvador. Este día El Salvador ha roto todos los récords de todas las democracias en toda la historia del mundo”, dijo Bukele desde el balcón del Palacio Nacional en medio de los festejos de sus seguidores. Luego, destacó que El Salvador pasó de ser “el país más inseguro del mundo” en 2015, a ser el “más seguro del hemisferio occidental” en 2023, debido a las políticas que ha implementado para combatir a las pandillas.

Los medios de comunicación “dicen que los salvadoreños están oprimidos, que los salvadoreños no quieren las medidas de emergencia, que los salvadoreños le tienen miedo al gobierno. Que Dios les diga a los periodistas que nos acompañen en esta noche de total libertad y total seguridad, aquí en el país más seguro del hemisferio occidental. No me tengan miedo. Sólo soy un político, un funcionario. Crean en el pueblo salvadoreño”, remarcó el líder.

Luego, refiriéndose a la comunidad internacional en su conjunto, dijo que “queremos que vengan, que nos visiten, que nos conozcan […] Queremos ser sus amigos, sus socios. Lo que no queremos es ser sus lacayos”.

Así, Bukele se estaría transformando en el primer presidente reelecto en la historia de El Salvador. Luego de autoproclamarse reelecto, dijo que su país se convertirá en el primer país del mundo con “un partido único en un sistema plenamente democrático”, expresando que “toda la oposición, junta, quedó pulverizada”.

“En toda la historia del mundo, desde que existe la democracia, nunca un proyecto había ganado con la cantidad de votos que hemos ganado este día”, dijo el líder centroamericano; y agregó que “es literalmente el porcentaje más alto de toda la historia. Es la diferencia entre el primero y segundo lugar más alta de toda la historia”.

El candidato del partido gobernante Nuevas Ideas cuenta con un fuerte respaldo de más de 1.600.000 votos. Manuel Flores, aspirante del FLMN, está considerablemente lejos en segunda posición con apenas 139.000 votos.

Tras conocerse los primeros resultados el domingo por la noche, Bukele declaró: “Este día, El Salvador ha roto todos los récords de todas las democracias en toda la historia del mundo”.

En un discurso dirigido desde Palacio Nacional, ante una multitud que llenó el centro histórico de San Salvador, el presidente afirmó que, según sus cifras, habría ganado las elecciones con un apoyo superior al 85% de los votos. Expresó que no solo lograron la presidencia, sino que también aseguraron la mayoría en la Asamblea Legislativa con al menos 58 de los 60 diputados.

Entre los aclamados gritos de «Sí se pudo» por parte de sus seguidores, el presidente señaló que aún no se conocen los resultados oficiales de la votación para elegir a los miembros de la Asamblea. Además, destacó que esto marcaría la primera vez que un país tendría un partido único en un sistema plenamente democrático, haciendo hincapié en que la oposición quedó completamente derrotada. En su discurso, subrayó que El Salvador, en este día, ha vuelto a hacer historia.

Bukele está próximo a convertirse en el primer presidente en gobernar El Salvador por un segundo mandato consecutivo, algo que no ocurría desde la promulgación de la actual Constitución en 1983, la cual prohíbe la reelección inmediata en varios de sus artículos.

A pesar de esta prohibición constitucional, los jueces de la Sala de lo Constitucional, designados por la Asamblea Legislativa donde el partido de Bukele tenía mayoría, realizaron una interpretación polémica de la Constitución para permitir la candidatura del presidente. Cabe destacar que Bukele se tomó una licencia de seis meses en diciembre para poder postularse en estas elecciones.

La felicitación pública de gobiernos de otros países como México, China, Guatemala, Honduras, Panamá o Paraguay a Bukele fue realizada incluso antes de contar con datos oficiales del escrutinio.

A pesar del triunfo de Bukele, la jornada del domingo estuvo marcada por el retraso en la divulgación de cifras de escrutinio, las denuncias de fallas en el sistema de transmisión de resultados y el cierre del día con poco más del 31% de los votos contados.

El Tribunal Supremo Electoral justificó la demora en la publicación de los primeros resultados oficiales, argumentando que algunos ciudadanos no pudieron votar en centros ubicados en el extranjero, a pesar de haber llegado antes del cierre oficial, por lo que se les garantizó la oportunidad de ejercer su derecho.

De todas formas, Bukele partía como favorito indiscutible, contando con índices de aprobación de hasta el 90% entre la población desde que asumió la presidencia en 2019, según diversos estudios.

Durante su primer mandato, logró reducir los niveles de violencia en El Salvador a mínimos históricos. En 2015, el país ostentaba la triste posición de tener el mayor número de homicidios per cápita en el mundo, transformándose ahora en uno de los lugares más seguros de América.

No obstante, su estrategia conocida como «guerra contra las pandillas» y el régimen de excepción en vigor desde hace casi dos años le generaron numerosas acusaciones. Se le señaló por detenciones arbitrarias de personas inocentes, abusos contra los derechos humanos y la ocurrencia de torturas y muertes entre los reclusos.

Con la implementación del régimen de excepción, en el cual varios derechos constitucionales permanecen suspendidos, más de 75.000 personas fueron detenidas bajo la sospecha de tener vínculos con pandillas, llevando a El Salvador a tener la tasa de encarcelamiento más alta del mundo.

La interrupción de las elecciones judiciales en Bolivia en diciembre de 2023 exacerbó la ya tensa situación política en el país andino. En Bolivia, los magistrados deben pasar por un proceso de preselección en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, debido a acciones judiciales contra la selección de candidatos y desacuerdos dentro del Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido mayoritario en el Poder Legislativo, este proceso se vio interrumpido.

Como respuesta, el Tribunal Constitucional amplió los mandatos de los magistrados que debían ser reemplazados, argumentando la necesidad de evitar un vacío de poder hasta que se puedan realizar nuevas elecciones. Esta medida generó rechazo tanto en los sectores de la oposición como en el ala radical del MAS, que respalda a Evo Morales.

El presidente actual, Luis Arce, consideró este rechazo como un atentado contra los consensos necesarios para llevar a cabo las elecciones judiciales, acusando a la derecha tradicional y a la «nueva derecha«, representada por el ala radical del MAS. Al mismo tiempo, instó a sus legisladores a esforzarse al máximo para convocar a dichas elecciones.

La situación escaló cuando sectores afines a Evo Morales, demandando la realización de las elecciones judiciales, convocaron a un bloqueo nacional de caminos, afectando áreas clave como Cochabamba, el principal bastión político del exmandatario, Santa Cruz, Oruro y Sucre.

En días recientes, el gobierno de Luis Arce denunció más de 20 policías heridos en enfrentamientos con manifestantes agresivos en una zona entre Oruro y Potosí. Además, atribuye al bloqueo de carreteras la muerte de dos personas; a saber, un conductor que aparentemente sufrió un paro cardíaco y una mujer con problemas de salud que necesitaba trasladarse a un centro médico.

La situación es muy delicada. En este sentido, María Nela Prada, ministra de la Presidencia, acusó a los sectores afines al ex-presidente de intentar un golpe de Estado por el bloqueo de caminos. Por su parte, Evo Morales escribió en su cuenta de X que “El pueblo está movilizado e indignado porque los magistrados violan flagrantemente la Constitución Política del Estado que prohíbe la prórroga de su mandato”.

Cabe aclarar que el descontento de los sectores afines a Evo Morales no se debe exclusivamente a la situación de las elecciones del poder judicial. También tiene relevancia la Sentencia Constitucional dictada por los magistrados en la que se inhabilita a Evo como candidato, dado que no se contempla un tercer mandato.

Frente a toda esta situación, Luis Arce expresó en un discurso reciente que existe una “nueva derecha” que quiere desestabilizar al gobierno y acortar su mandato, mencionando que buscan “expresar su desprecio al Estado Plurinacional” con el bloqueo. La relación entre el presidente y el ex-presidente está más tensa que nunca. Esto se profundizó debido a las aspiraciones de Evo Morales a ser nuevamente candidato el próximo año.

La interrupción de las elecciones judiciales de finales de 2023 ha sumido al país en una grave crisis política. La escalada de tensiones entre el Gobierno actual y los sectores que respaldan al anterior Gobierno demuestra la complejidad interna, que, si no se normaliza pronto, puede llegar a representar una amenaza para la estabilidad institucional y las prácticas democráticas y civiles en Bolivia.

La persistente situación de violencia generada por el crimen organizado transnacional en Latinoamérica ha sido motivo de creciente preocupación durante años. Países como México y Colombia han experimentado la vulneración de su soberanía y la perturbación de su paz interna, producto de grupos narcotraficantes que en ocasiones desafían el poder estatal.

Lamentablemente, América Latina se ha convertido en un epicentro de los mercados ilícitos a nivel mundial, liderando el comercio global de cocaína, cuyo cultivo se concentra principalmente en Colombia, Perú y Bolivia. Además, se ha observado un notable incremento en el tráfico de drogas sintéticas y delitos ambientales. Los flujos financieros derivados del narcotráfico movilizan millones de dólares anualmente, y el tráfico de armas también es una realidad latente en la región.

Esta problemática se ha evidenciado claramente con los recientes eventos de violencia y desorden social en Ecuador, donde un grupo de delincuentes secuestró a periodistas y trabajadores penitenciarios, desencadenando una situación caótica en las calles. Hasta el momento, el presidente Daniel Noboa ha reconocido la existencia de un conflicto armado interno y ha declarado a 22 grupos de crimen organizado como organizaciones terroristas.

Cuatro de los países más afectados por esta problemática son Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, todos ellos integrantes de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Ya sea como países productores, consumidores o de tránsito, las graves consecuencias del crimen organizado son innegables en esta región.

Ante el creciente avance del narcotráfico, el pasado 21 de enero la CAN presentó un plan de acción para combatir las organizaciones criminales operando en sus países, conocido como el Plan de Acción Resolutiva (PAR). Este plan destaca por la creación de la primera Red Andina de Seguridad (RAS), que permitirá una comunicación inmediata las 24 horas entre los países miembros, con el propósito de reforzar la vigilancia fronteriza y aduanera.

Esta decisión se ha tomado durante la XXIV Reunión Extraordinaria del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores junto con los ministros responsables de seguridad de cada país, convocada tras los trágicos sucesos de Ecuador.

Además de la RAS, se han abordado diversos puntos, entre los que se incluyen acciones en las fronteras, la trata de personas, la minería ilegal y el tráfico de armas. Asimismo, se establecerá un observatorio regional encargado de analizar los datos existentes sobre el crimen organizado en la región, fortaleciendo así los esfuerzos conjuntos para abordar esta problemática de manera más efectiva.

A través de su cuenta de X, la cancillería de Ecuador agradeció por los esfuerzos realizados en el complejo contexto que vive.

Lo acontecido en Ecuador ha llamado la atención de Estados Unidos. Por esto, en los últimos días se han mantenido reuniones entre Christopher Dodd, asesor especial de Biden para las Américas, y Laura Richardson, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, con autoridades del gobierno ecuatoriano, entre los que se encuentran el presidente Daniel Noboa.

Esto ha tenido como consecuencia un plan de seguridad conjunto con una duración de cinco años con base en la cooperación marítima.

La situación en Latinoamérica en relación al narcotráfico es de las más delicadas en el mundo, y por esto mismo es que requiere medidas y acciones conjuntas y urgentes. El tiempo dirá si la RAS es efectiva. Esperamos que lo sea, por el bien de nuestra población.

En 2016, la tasa de fecundidad en América Latina descendió por debajo de los 2,1 nacimientos por mujer, cifra necesaria para mantener una población estable. Esta región experimenta una de las disminuciones más pronunciadas en las tasas de fertilidad a nivel mundial. Acompañado por el aumento en la esperanza de vida y los significativos niveles de emigración, principalmente de personas en edad laboral, surge un desafío importante para América Latina: el envejecimiento acelerado de la población.

Durante un período de 57 años, Estados Unidos presenció cómo su población de personas mayores de 65 años se duplicó, pasando del 10% al 20%. América Latina está a punto de atravesar una transición similar en tan solo 28 años. Este lapso de tiempo limitado deja poco margen para adaptarse a lo que Simone Cecchini, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU, denomina como un «cambio radical».

Enfrentar los desafíos asociados con las considerables facturas de pensiones y atención médica se vislumbra como una tarea considerable. Asimismo, abordar el impacto negativo en el crecimiento económico generado por la disminución de la fuerza laboral constituirá otro reto significativo.

Las naciones con sistemas de beneficios definidos, como Brasil y Argentina, se enfrentan a crecientes desafíos financieros a medida que aumenta la cantidad de solicitantes. En el caso de Brasil, el déficit de pensiones actualmente representa el 2,6% del Producto Interno Bruto (PIB), y se estima que este porcentaje se elevará al 5,9% en el año 2060. Por otro lado, en países que adoptan sistemas de contribución definida, como México y Chile, los pensionados a menudo se encuentran con pagos limitados. La considerable cantidad de trabajadores informales en la región suele carecer de ahorros destinados a la jubilación. En este sentido, el 82% de los salvadoreños no contribuye a un plan de pensiones ni realiza ahorros independientes para la vejez, según datos proporcionados por el banco central del país.

Frecuentemente, la solución a estos desafíos implica proporcionar asistencia financiera directa a la población de la tercera edad. Sin embargo, esta estrategia está experimentando dificultades económicas. En el año 2024, casi el 25% del presupuesto federal de México se destinará a la «pensión del bienestar». Se proyecta que para el año 2050, el número de personas mayores de 65 años elegibles para recibir este beneficio se duplicará.

La prestación de atención médica a la población anciana presenta desigualdades significativas. En varios países latinoamericanos, la falta de servicios específicamente diseñados para personas mayores es evidente, llegando al extremo de carecer por completo de ellos. La escasez de residencias públicas para ancianos en la región es notable, y las opciones privadas resultan costosas. Históricamente, las familias han asumido el cuidado mutuo. No obstante, esta dinámica se vuelve cada vez más complicada a medida que más mujeres, quienes solían culturalmente ser las cuidadoras principales, consiguen trabajos mejor remunerados o simplemente optan por no proporcionar atención.

El crecimiento de los gastos relacionados con el envejecimiento de la población llevará a que los compromisos financieros de los gobiernos de América Latina superen sus ingresos en un 3,8% para el año 2065, según una investigación realizada por Carola Pessino y sus colegas del Banco Interamericano de Desarrollo. En comparación, esta brecha es del 1,7% en la Unión Europea.

Para aquellos países con elevadas tasas de natalidad, como Bolivia, maximizar este potencial podría ser beneficioso. Sin embargo, lograrlo con éxito se presenta como un desafío en la región. En su mayoría, los países latinoamericanos no han capitalizado plenamente el aumento de la población en edad laboral, principalmente debido a la dificultad para proporcionar empleo decente a los jóvenes. Por ejemplo, en Costa Rica, la tasa de desempleo juvenil alcanza el 27%. El trabajo informal desempeña un papel significativo, ya que es común abandonar la escuela para aceptar empleos temporales e informales. Esta práctica conlleva la pérdida de habilidades necesarias para integrarse al mercado laboral formal cuando termina el trabajo temporal. Fomentar una mayor permanencia de los niños en la escuela podría generar beneficios para toda la región.

En situaciones en las que el número de dependientes está próximo a superar a la fuerza laboral, se requiere un enfoque distinto. Aumentar la edad de jubilación se presenta como una medida sensata. Brasil, a partir de 2019, inició un proceso gradual de aumento de la edad de jubilación desde mediados de los 50 años, estimando un ahorro de 200.000 millones de dólares para 2029. Sin embargo, se anticipa que será necesario ir más allá en el futuro. Uruguay también implementó cambios elevando la edad de jubilación de 60 años el año pasado, y reformas similares entraron en vigor en Costa Rica el 12 de enero.

Los países latinoamericanos podrían mejorar su situación impulsando la productividad y haciendo la región más atractiva para la población en edad de trabajar, tanto para posibles inmigrantes como para emigrantes. Existe un margen significativo para mejorar, dado que la productividad de América Latina se sitúa como la segunda más baja entre todas las regiones del mundo, solo superada por Oriente Medio. Resulta crucial reformar los sistemas educativos que no logran proporcionar a los jóvenes las habilidades necesarias. Atraer migrantes puede resultar más desafiante debido al lento crecimiento económico regional y las crecientes tasas de homicidios, factores poco atractivos.

La posibilidad de que las mujeres sean fértiles de manera diferente no es para descartar. Actualmente, la tasa de participación laboral femenina en la región se sitúa en un 51%, en contraste con el 59% en Asia Oriental y el Pacífico. No obstante, la capacidad de las mujeres para trabajar depende de la disponibilidad de empleos adecuados y de un mercado que ofrezca servicios de cuidado asequibles para ancianos y niños, quienes son responsabilidad de las mujeres en la actualidad.

Históricamente, las mujeres en América Latina han tenido la capacidad de decidir cuántos hijos tener, una libertad que ha sido una gran ventaja. Sin embargo, en la actualidad, también necesitan más y mejores opciones en cuanto al cuidado de sus familiares. Esta mejora en las opciones de cuidado podría contribuir significativamente a que América Latina aborde los desafíos asociados al rápido envejecimiento de la población.

La capital de Haití, Puerto Príncipe, quedó bloqueada durante la jornada del jueves debido a que columnas de barricadas en llamas levantadas en las calles de varios vecindarios obligaron a los residentes a refugiarse o regresar a sus hogares. Esto ocurre debido a los últimos episodios de violencia provocados por las pandillas, las cuales ya han tomado control de gran parte del país caribeño.

Las pandillas están tomando el control de distintos barrios de la capital haitiana, obligando a la gente a trasladarse de un lugar a otro sin ninguna ayuda económica o social. El último de los asedios se ha producido en el área de Solino, el cual comenzó hace unos pocos días. Algunos analistas afirman que si Solino finalmente cae, muchos otros vecindarios ahora pacíficos también podrían caer. 

Además de hacerse con el poder, las pandillas buscan presionar al primer ministro interino, Ariel Henry, antes de que expire un acuerdo político en el cual descansa su poder. La fecha límite del acuerdo es el próximo 7 de febrero.

«La policía está ausente. La fuerza física pública no está presente«, aseguró Pierre Esperance, de la red de derechos humanos RNDDH; y agregó que «la población de (otras) zonas ha bloqueado las calles en solidaridad con Solino«.

Henry se enfrenta a múltiples grupos y personajes políticos que buscan sacarlo del poder, incluido Guy Philippe, un ex rebelde y delincuente convicto en Estados Unidos. Además, Moïse Jean-Charles, líder del partido Pitit Dessalines, ha convocado a protestas en los próximos días y semanas.

Cabe aclarar que si bien el acuerdo expira el próximo 7 de febrero, actualmente no hay una fecha fijada para una nueva elección presidencial. Por ello, el pueblo haitiano pide elecciones libres y sin violencia, tras la destitución del presidente en 2021.

Fuerza multinacional en Haití liderada por Kenia

La nueva escalada de violencia se produce pocos días antes de la decisión judicial que se espera para el 26 de enero sobre una fuerza multinacional liderada por Kenia para enfrentar la violencia de las pandillas en el país, uno de los más pobres del hemisferio occidental y del mundo.

En octubre del 2023, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó una resolución que autoriza el despliegue de una fuerza multinacional en Haití, liderada por Kenia, para ayudar a combatir a las bandas violentas que han ganado poder y desbordan a la policía.

Haití solicitó la intervención por primera vez en octubre de 2022, pero ni Estados Unidos ni la ONU estaban dispuestos a dirigirla, y los esfuerzos de Washington para convencer a Canadá de que lo hiciese no tuvieron éxito.

En aquel entonces, una alianza de pandillas conocida como “G9 y Familia”, dirigida por un expolicía, había tomado el control de una terminal clave de combustible en la capital, Puerto Príncipe, paralizando el país y cortando el acceso al agua, al combustible y a productos básicos. La banda permitió finalmente el acceso de camiones a la zona, pero, desde entonces, las pandillas solo han aumentado su poder.

En julio, Kenia se ofreció a liderar una fuerza multinacional para combatir la violencia en Haití. Estados Unidos envió una resolución al Consejo de Seguridad para autorizar el despliegue, que fue aprobada con 13 votos a favor y dos abstenciones, de China y Rusia.

La resolución de siete páginas elaborada por el gobierno de Estados Unidos autoriza el despliegue de una fuerza armada multinacional durante un año para ayudar a Haití a combatir las pandillas. Asimismo, incluye el ofrecimiento de Kenia para liderar el operativo, que se financiará con contribuciones voluntarias.

También, la resolución pide que el desempeño de la fuerza se revise luego de nueve meses, y que los líderes de la misión informen al Consejo de los objetivos del operativo, de las reglas de enfrentamiento, de las necesidades financieras y de otras cuestiones antes de un despliegue completo.

El documento pide además que la fuerza colabore con la Policía Nacional haitiana para “luchar contra las bandas y mejorar las condiciones de seguridad”, además de proteger distintas infraestructuras clave. Por último, la fuerza también podrá “adoptar medidas temporales urgentes con carácter provisional” para evitar muertes y contribuir a la seguridad del país.

Este martes 9 de enero, tras una serie de incidentes ocurridos en territorio ecuatoriano, incluida la toma de un canal de televisión, el presidente Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo No. 111 reconociendo conflicto armado interno a nivel nacional y ordenando a las Fuerzas Armadas que se encarguen de neutralizar a los grupos beligerantes.

Cabe resaltarse que el decreto identificó a 22 grupos de crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes. Entre ellos, Águilas, ÁguilasKiller, AK47, Caballeros Oscuros, Choneros, Cuartel de las Feas, Lobos, Los p.27 y Los tiburones, entre otros. El Consejo de Seguridad Pública y del Estado con base en los informes técnicos actualizará el listado de grupos identificados.

En el Decreto Ejecutivo No. 111 se dispone “reconocer la existencia de un conflicto interno armado” y lo suma como una causal para el Decreto Ejecutivo No. 110, en el que declaró estado de excepción y toque de queda.

Recordemos que un día antes, el 8 de enero, mediante el Decreto Ejecutivo No. 110, Noboa hacía declarado el “estado de excepción en todo el territorio nacional por grave convocación interna, incluidos todos los centros de privación de la libertad que integran el Sistema Nacional de Rehabilitación Social sin excepción alguna” por un total de 60 días.

“Esta declaratoria se fundamenta en (…) la violencia y criminalidad en el territorio nacional”, reza el Decreto Ejecutivo en su Artículo 1, declaración que “requiere una intervención emergente y urgente de las instituciones del Estado para precautelar y garantizar la seguridad e integridad, así como los demás derechos de los ciudadanos, el orden público, la paz social y el orden constituido”.

Este decreto también implicó la suspensión de los derechos a la libertad de asociación, la inviolabilidad de domicilio, la inviolabilidad de correspondencia en las cárceles y la libertad de tránsito, entre las 23:00 y las 05:00 horas, durante los 60 días mencionados.

“Se acabó el tiempo en el que los condenados por narcotráfico, sicariato y crimen organizado le dictaban al Gobierno qué hacer. Lo que estamos viendo en las cárceles del país es el resultado de la decisión de enfrentarlos”, declaró el mandatario ecuatoriano buscando restablecer la paz.

El Decreto Ejecutivo No. 110 ya disponía la “movilización e intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional, así como al interior de todos los centros de privación de la libertad”.

En este sentido, el Decreto Ejecutivo No. 111 agrega al artículo citado en el acápite anterior el “Disponer la movilización e intervención de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en el territorio nacional para garantizar la soberanía e integridad territorial contra el crimen organizado transnacional, organizaciones terroristas y los actores no estatales beligerantes conforme lo expuesto en el presente Decreto Ejecutivo”.

En artículo 5 del decreto del 9 de enero también se pide ordenar a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares, bajo el derecho internacional humanitario y respetando los derechos humanos, para neutralizar a los grupos identificados como organizaciones terrorista y actores no estatales beligerantes.

Noboa dejó claro que no se va a “negociar con terroristas”. Por su parte, Mónica Palencia, ministra del Interior de Ecuador, aseguró que todo el gabinete trabaja contrarreloj “por la recuperación de un estado de paz”; y agregó que “las cárceles son el centro de atención específico”.

Cabe destacarse que Ecuador enfrenta una situación de seguridad delicada desde hace ya unos años. Los enfrentamientos entre distintas bandas criminales, y entre estas y las fuerzas de seguridad, no solo se libran en las calles, sino también en las cárceles a lo largo de todo el territorio ecuatoriano. A esta situación de violencia creciente debemos sumarle el recrudecimiento de la crisis de narcotráfico que el país andino viene padeciendo en el último tiempo. Todo ello se relaciona con la pérdida del monopolio de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad estatales en algunas zonas de Ecuador.

Fugas de cárceles en Ecuador

Como motivos inmediatos, ambos decretos surgen como consecuencia de la fuga de un par de líderes criminales del sistema penitenciario ecuatoriano. El pasado domingo 7 de enero, el comandante general de la Policía, César Zapata, confirmó que se desconocía el paradero de Adolfo Macías Villamar, más conocido como “Fito”, líder de Choneros, condenado a 34 años de cárcel. El mismo se encontraba en una prisión en Guayaquil, de donde se fugó sin dejar rastro.

 Este episodio, informa Infobae, generó una serie de incidentes en cuatro prisiones en todo el país, con oficiales secuestrados y amenazados por los reclusos y mensajes dirigidos al Ejecutivo en los que se le exige que “recapacite en sus decisiones y no se deje manejar por los impulsos o falsas expectativas”.

Asimismo, dos días después, Fabricio Colón Pico, uno de los líderes de Lobos, tras grabar un mensaje desde la cárcel, se fugó de un penal ubicado en el sur de Quito junto a otros 38 presos. Este había sido detenido el pasado 5 de enero tras intentar asesinar a la Fiscal General, Diana Salazar.

Toma del noticiero de TC Televisión

Previo a la emisión del Decreto Ejecutivo No. 111, un grupo de criminales tomó el canal cuando se transmitía el noticiero de TC Televisión. La toma ocurrió durante la transmisión en vivo del canal, el cual mostró a los periodistas y trabajadores del medio de comunicación nacional amenazados con armas y explosivos.

“Para que sepa que no se deben jugar con las mafias”, dijo uno de los delincuentes frente a las cámaras, en lo que pareciera ser una amenaza, entre otros, al presidente Noboa.

En medio de ello, decenas de periodistas y camarógrafos pidieron ayuda por medio de chats grupales de la Policía Nacional y ECU911. “Nos quieren matar a todos. Ayúdennos, por favor”, fue el pedido de varios periodistas en algunos chats.

La Policía de Ecuador informó que “ante el ingreso de delincuentes a las instalaciones de un medio de comunicación en Guayaquil, nuestras unidades especializadas se encuentran desplegadas en el lugar para atender esta emergencia”.

Casi dos horas después, la policía de Guayaquil recuperó el control del edificio y detuvo a gran parte de la banda armada, los cuales pertenecerían, aparentemente, a la banda Los Tiguerones. “Como resultado de la intervención en @tctelevision #GYE, nuestras unidades policiales hasta el momento logran la aprehensión de varios sujetos e indicios vinculados al ilícito”, informaron las fuerzas de seguridad ecuatorianas.

Otros incidentes ocurridos en Ecuador

Durante la madrugada de este martes, cuatro policías fueron secuestrados; se registraron detonaciones de coches bomba y vehículos incinerados en las localidades de Esmeraldas, Cuenca, Loja, Quito y Guayaquil; y hubo explosiones en un puente peatonal de Quito; entre otros incidentes.

Cabe resaltar, además, que hombres armados también ingresaron en la Universidad de Guayaquil, obligando a los estudiantes y docentes a buscar refugio en las aulas. Como si fuera poco, se han difundido videos en redes sociales que muestran a miembros de grupos de crimen organizado asesinando a efectivos de las Fuerzas Armadas de Ecuador.

Todos estos sucesos han hecho que miles de personas que estaban en centros comerciales, entidades públicas, universidades y hospitales han comenzado a evacuar y a refugiarse en sus casas.

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia anuló la reelección presidencial indefinida en el país y fijó un límite máximo de dos mandatos, ya sean estos consecutivos o no, para el presidente y el vicepresidente.

Esta medida tiene un impacto enorme en la realidad, puesto que inhabilita a Evo Morales para presentarse a las elecciones de 2025. El fallo estipula que la reelección presidencial indefinida no existe y «no es un derecho humano». Además, establece que el presidente y vicepresidente de Bolivia no pueden ejercer más de dos mandatos, sean consecutivos o no, al igual que senadores, diputados o autoridades judiciales.

Evo Morales, líder del partido Movimiento Al Socialismo (MAS), gobernó durante tres mandatos consecutivos entre 2006 y 2019. Ahora, la decisión del TCP se basa en una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2019 y revoca una decisión que el TCP mismo emitió en 2017.

Bolivia tiene elecciones programadas para octubre de 2025. Aunque la fecha es lejana, los partidos del país necesitan realizar primarias para decidir a sus candidatos. Previo a este fallo, el principal obstáculo político era que el MAS era también el partido del actual presidente, Luis Arce Catacora, que quiere postularse a la reelección. Por esto, en octubre fue expulsado del partido por Evo.

Morales, uno de los aliados más cercanos de Lula en la región, encabezó el congreso del MAS que resultó no solo en la salida de Arce del partido, sino también en su propio regreso al liderazgo del partido, además de convertirse en el único candidato para las elecciones presidenciales de 2025.

Como resultado, se cumple un acuerdo y entran en juego temas como la liberación de Luis Fernando Camacho de prisión y su rehabilitación para postularse a la presidencia, dejando al gobernador de la ciudad más grande del país como el único candidato posible. Además, Jeanine Añez también continúa presa política.

El 3 de diciembre de este año, el pueblo venezolano se manifestó a favor del argumento de Venezuela respecto de los derechos en la región de Esequibo, a través de una consulta popular en la que participaron más de 10 millones de venezolanos. Luego del referéndum, el presidente de Guyana, Irfaan Ali, y Nicolás Maduro se reunieron en Kingstown para aliviar el enfrentamiento por el territorio en reclamo. Sin embargo, todo indica que la reunión no cumplió su objetivo, en vistas de los acontecimientos recientes. 

Venezuela ha optado por enviar a más de 5.000 militares a su litoral caribeño oriental después de que Guyana coqueteara con recibir a un buque de guerra del Reino Unido enviado al Caribe, desencadenando así una controversia territorial en torno al Esequibo. 

«Venezuela tiene derecho a defenderse, a la tranquilidad, a la paz», dijo Maduro el jueves en la televisión estatal, al tiempo que acusó a Guyana de violar un acuerdo firmado hace dos semanas para continuar las conversaciones sobre el territorio sin el uso de armas. «No aceptamos provocaciones, amenazas de nada ni de nadie».

En 2018, Venezuela adoptó una medida similar para interceptar embarcaciones vinculadas a Exxon Mobil Corp en la misma zona. Las acciones actuales, que el presidente Maduro describe como la primera fase de un plan más extenso, podrían intensificar la disputa latente entre los países vecinos por el territorio del Esequibo. Esta región, aproximadamente del tamaño de Florida, está bajo control de Guyana pero ha sido reclamada por Venezuela desde el siglo XIX.

Según Neil Villamizar, comandante de la Armada venezolana, se desplegaron 5.682 militares de diversos componentes de las fuerzas armadas del país, acompañados por tres buques patrulleros oceánicos, tres buques multipropósito, siete lanchas lanzamisiles, ocho vehículos anfibios y más de 20 aviones de combate, incluyendo 12 Sukhoi.

Aunque las fuerzas desplegadas representan aproximadamente el 4% de la fuerza militar estimada de Venezuela, este número coincide con la cantidad estimada de combatientes en Guyana. Sin embargo, el equilibrio de poder podría cambiar si los aliados de Guyana intervienen.

A principios de este mes, el Reino Unido reafirmó su respaldo a Guyana luego de la renovación de la reclamación fronteriza de Venezuela sobre la región del Esequibo. Después de la visita de David Rutley, ministro británico para las Américas, el Caribe y los Territorios de Ultramar, Gran Bretaña desplegó un buque de guerra de la Royal Navy llamado HMS Trent en Guyana para participar en ejercicios conjuntos.

Ecuador persiste en una profunda crisis de inseguridad. En esta ocasión, el pasado sábado 16 de diciembre, el ex cónsul honorario del Reino Unido y empresario, Colin Armstrong, fue víctima de un secuestro en su hacienda, ubicada en la provincia de Los Ríos. La Policía del Ecuador logró liberar a Armstrong en la madrugada de este miércoles 20 de diciembre.

El destacado empresario, de 78 años de edad y residente en Ecuador desde hace décadas, es el fundador de Agripac, una de las empresas más grandes de suministro de productos agrícolas del país. El caso estuvo rodeado de versiones extraoficiales debido a la magnitud de los hechos; sin embargo las investigaciones llevadas a cabo por equipos especiales, incluyendo la Unidad Nacional de Investigación Antisecuestro y Extorsión (UNASE), se mantuvieron bajo reserva durante estos días.

La primera declaración oficial de la Policía Nacional, después de cuatro días, la ofreció el general César Zapata, quien informó que Armstrong había sido localizado en la vía a Manabí, provincia de la costa ecuatoriana. El comandante también anunció que el empresario se encuentra sano y salvo, que existen nueve aprehendidos y que las investigaciones del caso continúan.

Por su parte, Mónica Palencia, Ministra de Gobierno y encargada del Interior, agradeció a la Policía y sus unidades especiales por el rescate. «No permitiremos la impunidad. Las acciones policiales continúan», anunció a través de su cuenta de X (antes Twitter).

La embajada británica había mantenido un silencio hasta esta mañana. En esta ocasión, el embajador Chris Campbell se expresó reconociendo los esfuerzos de la Policía Nacional en la esperada liberación del ex cónsul y solicitando respeto hacia la privacidad del recién liberado y su familia.

La noticia del secuestro de Armstrong se ha difundido a nivel internacional, colocando a Ecuador en una situación compleja y retratándolo como uno de los países más peligrosos de América Latina. Esto fue evidenciado por el diario británico The Guardian, que informó: “Los secuestros para pedir rescate se han vuelto cada vez más comunes en Ecuador a medida que el aumento de los delitos violentos, impulsados en gran medida por bandas de narcotraficantes, ha transformado al país de uno de los más seguros de América Latina a uno de los más peligrosos en solo cinco años”.

Desde el año 2017, Brasil es el principal productor de petróleo de la región latinoamericana, situándose por delante de México y Venezuela, los dos productores históricos de la región. A continuación, revisaremos cómo se dio este proceso que cataloga a Brasil como la potencia petrolera indiscutida de la región, situando su producción al nivel de los países de medio oriente.

¿Cómo Brasil llegó a ser potencia petrolera?

En el año 1952, el entonces presidente Getúlio Vargas envió al congreso un proyecto de ley por el cual se crearía una empresa mixta con control mayoritario estatal que se ocupara de la cuestión petrolera. Pero en un contexto de nacionalismos en auge y la guerra fría, los espacios de izquierda lograron, tras fuertes debates y manifestaciones públicas, la modificación de la ley, para que creara una empresa estatal, con un rígido monopolio estatal que excluyera cualquier participación privada en la misma.

De esta manera, en 1953 se sanciona la Ley Nº 2004, que establece la creación de la empresa Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), abriendo una etapa en donde la búsqueda y explotación de hidrocarburos se volvió estratégica para el país. Sin embargo, los primeros años no fueron buenos, la empresa era deficitaria y la explotación de los pozos terrestres no eran lo suficientemente rentables para el funcionamiento de la empresa.

Esta etapa cambió con los primeros descubrimientos de yacimientos petrolíferos en la plataforma continental brasileña, así, se descubrieron, en 1969, el yacimiento del Campo de Guaricema, y en 1974, la cuenca de campos con el yacimiento de Garoupa. La apuesta por el sector, comenzaba a dar resultado.

Una modificación fundamental, fue la enmienda constitucional que se realizó en 1995, en donde se flexibilizaba el monopolio del petróleo, abriéndose al mercado, permitiendo que el Estado contrate empresas estatales o privadas para la explotación o producción de petróleo y gas.

La ley mencionada (Nº 2.004) se encontraba en oposición a la actualización del texto constitucional, haciendo necesaria la actualización de la legislación -Ley 9.478 de 1997-, promulgada por el entonces presidente Fernando Henrique Cardoso. Esto dio por finalizado el monopolio de Petrobras, permitiendo la presencia de otras empresas en el país para competir con Petrobras en todas las ramas de la actividad petrolífera. Además, se privatiza el 49 por ciento de la empresa, vendiendo ese porcentaje de acciones para una composición mixta, conservando el Estado, el otro 51 por ciento de las acciones.

Con la llegada de Lula da Silva a la presidencia, Petrobras amplió la exploración de yacimientos. En el año de 2004, perforó algunos pozos petrolíferos en la Cuenca de Santos, y en el año 2006, cuando la perforación ya había alcanzado los 7.600 metros de profundidad bajo el nivel del mar, se encontró una acumulación gigante de gas natural, además de depósitos de condensado, parte ligera del petróleo. Al mismo tiempo, otra perforación hecha en la Cuenca de Santos cambiaría definitivamente el rumbo de la exploración en Brasil. A unos cinco mil metros de profundidad, bajo el nivel del mar, se constató que el pozo, bautizado como tupí, mostraba indicios de la existencia de crudo bajo la capa de sal. Este hecho provocó la perforación de siete pozos más y en todos ellos se encontró petróleo.

La región donde se encontraron estas fuentes hidrocarburíferas, conocida como Presal, está localizada a aproximadamente trescientos kilómetros de la costa brasileña, en el océano atlántico, y se extiende desde el Estado de Espírito Santo, en la Región Sudeste, hasta el Estado de Santa Catarina, en la Región Sur. Se decidió que se denominaría presal porque forma un intervalo de rocas que se extiende por debajo de una extensa capa de sal, que en ciertas áreas de costa alcanza espesores de hasta dos mil metros. Mientras que la sílaba pre es utilizada porque esas rocas se fueron depositando antes de la mencionada capa de sal. 

El 21 de abril de 2006, Brasil se declara un país autosuficiente en producción petrolera, por medio de la inauguración y puesta en marcha de la plataforma P-50. A partir de estos descubrimientos, la producción de petróleo no hizo otra cosa que aumentar, y no solo eso, sino que nos encontramos en el conocido boom de commodities, lo que dio lugar a un aumento exorbitante del precio del crudo, llegando a más de 130 dólares por barril.

Para comprender la magnitud de lo que implica la región del Presal “su producción representa el 93% de la producción de petróleo de Brasil y un 71% de la producción hidrocarburífera total”, según datos de Energía Online.

Potencia petrolera regional, ¿y global?

Como planteamos al comienzo, desde 2017 Brasil es el principal productor de petróleo de la región, y también el noveno a nivel mundial. Con Bolsonaro, la explotación continuó a buen ritmo, ya que el presidente al igual que su par Donald Trump, no apoyaba la agenda de la transición energética.

Ahora bien, con la vuelta de Lula al poder, se planteó como interrogante si éste revisaría su política petrolera en este contexto, en donde la lucha contra el cambio climático es más activa que nunca. Un caso latinoamericano que da cuenta de esto, es el caso del Presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien en su programa de gobierno incluía la propuesta de no otorgar nuevas licencias para la explotación de hidrocarburos, además de sus declaraciones en el Foro de la ONU: “la crisis climática se resuelve dejando de extraer petróleo, carbón y gas”.

En este caso, a pesar de las afinidades ideológicas, podemos ver un mayor pragmatismo en el caso de Lula, quien calificó a la idea de Petro de “irreal”, ya que según él, el mundo necesita petróleo “por un tiempo”. Y a pesar de que parezca contradictorio por la época de transición energética en la cual nos encontramos, los pronósticos le dan la razón al mandatario brasileño, ya que, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE) tanto la producción global de petróleo como la demanda aumentarán esta década.

La aspiración de Brasil es seguir este camino para convertirse en el cuarto productor mundial de petróleo. Durante el año 2022, ocupó el noveno puesto, por delante de Kuwait y por detrás de Irán, produciendo una media de 3 millones de barriles por día (bpd). Para poder convertirse en el cuarto productor mundial de petróleo, necesitaría bombear más de 4,5 millones de barriles de crudo al día, de esta manera superaría a Canadá, que actualmente ocupa ese puesto. Con este objetivo en mente, el Ministerio de Energía de Brasil anunció un plan estratégico para Petrobras con inversiones de hasta 78 mil millones de dólares para el periodo 2023-2027 y prevé una producción de 5,4 millones de barriles de petróleo diarios para 2029.

Con respecto al resto de la región, el dato más relevante es que tanto Venezuela como México han disminuido su producción. Por un lado, Venezuela se encuentra en una crisis económico-política muy profunda, por lo que ha disminuido fuertemente su producción. Así, la producción de petróleo venezolano, se desplomó desde 3,4 millones de barriles diarios en 1998 a 700.000 en la actualidad. Por otro lado, en México la producción alcanzó su pico en 2004 y desde entonces se ha reducido a casi la mitad. Para levantarla, el gobierno de AMLO ha intentado impulsar el desarrollo de Pemex, la petrolera estatal, generando un paulatino repunte en la producción, pero aún sin conseguir los resultados que se esperaban. 

Al mismo tiempo, existe una caída en la producción Colombiana y un aumento de la producción de petróleo por parte de Argentina, impulsada fuertemente por la explotación del yacimiento de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta. Finalmente, debemos mencionar el caso de Guyana, país en el cual el gigante petrolero estadounidense Exxon Mobil descubrió en 2015 una reserva de hidrocarburos en su plataforma continental, y desde la que se prevé que se produzca aproximadamente un millón de barriles diarios para el 2028.

Conclusión

El éxito de la estrategia petrolera de Brasil no es repentino, es un proceso que comenzó hace mucho tiempo y que ha sido mantenido como política de estado más allá de los distintos perfiles ideológicos que han tenido las administraciones. Su coronación como potencia energética trae aparejado muchos beneficios para el país, principalmente, le garantiza un ingreso de divisas más que importante para mantener los superávit comerciales, le permite diversificar su matriz productiva, además de ser autosuficiente y disponer de energía barata para impulsar su industria. Por último y no menos importante, le da mayor capacidad de influencia en la política internacional, sobre todo en las cuestiones vinculadas a la energía.

El pasado jueves 7 de diciembre, el Mercado Común del Sur (Mercosur) firmó, en la LXIII cumbre presidencial, un tratado de libre comercio (TLC) con la República de Singapur, el primero de su historia con un país de Asia-Pacífico.

La firma tuvo lugar en el Museu do Amanhã de Río, adonde acudieron los cuatro presidentes de los países del Mercosur: Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil, Alberto Fernández de Argentina, Luis Lacalle Pou de Uruguay y Santiago Peña de Paraguay, además del mandatario boliviano, Luis Arce, cuyo país se incorporó en esta cumbre como miembro pleno.

Las tratativas para el TLC con la República de Singapur comenzaron en 2018 y tras 5 años de negociaciones, concluyeron exitosamente, marcando un gran contraste con el aún negociado acuerdo del bloque con la Unión Europea. Un dato no menor, es que este acuerdo también es importante simbólicamente, dado que hace más de 14 años que no se celebraba un acuerdo extraterritorial de este tipo. El último fue el suscrito en 2011 con Palestina.

Singapur, un mercado prometedor

A pesar de que la población de Singapur no es inmensa (5,6 millones de habitantes), el país asiático es un centro comercial, logístico y financiero clave de Asia. De acuerdo con Aduana News, posee una economía profundamente orientada a los servicios con una amplia red de acuerdos comerciales. En este sentido, tiene Tratados de Libre Comercio (TLC) con China, EEUU, Unión Europea, Corea del Sur, Japón, India, entre otros. Además, es miembro del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y de la Asociación Económica Integral (RCEP).

El interés de Singapur para suscribir el acuerdo radica en su carencia de tierras agrícolas, lo que lo obliga a satisfacer sus necesidades alimenticias con importaciones. Según datos del Mercosur, entre los principales productos de exportación se encuentran productos avícolas, carne porcina, carne bovina, ferroaleaciones y minerales de hierro. 

Por otro lado, el Mercosur importa desde Singapur bienes como insecticidas, circuitos integrados, medicamentos y embarcaciones. Sin embargo, el dato más importante, es que el país asiático es uno de los principales proveedores de capital en el mundo con un gran potencial inversor, cuyos fondos soberanos se encuentran entre los 10 primeros a nivel mundial.

En este sentido, Singapur es uno de los principales destinos de exportación y un importante inversor en la región, con un comercio bilateral en 2022 de aproximadamente 10.000 millones de dólares, según datos oficiales.

Los puntos más importantes del acuerdo

De acuerdo con la información oficial, el acuerdo tiene por objetivo el fortalecimiento y diversificación de las relaciones comerciales y de la inversión, mejorando la competitividad, promoviendo el desarrollo económico y social, creando oportunidades de empleo, calidad de vida y altos niveles de protección de salud, seguridad y medio ambiente. 

Siguiendo la información de Aduana News y las fuentes oficiales, el acuerdo regula en particular, los siguientes temas:

• Comercio de bienes: Una vez entrado en vigor, se prevé la eliminación inmediata de todos los aranceles a los productos importados por Singapur procedentes del Mercosur. Mientras que el Mercosur otorga liberalización al 95,8% de los bienes importados provenientes de Singapur, pero de forma paulatina, en un máximo de 15 años. De manera que una vez entrado en vigor el acuerdo, sólo el 25% se beneficiaría con la eliminación inmediata de aranceles. Finalmente, los productos considerados sensibles por el Mercosur quedaron excluidos de la cobertura del acuerdo.
• Reglas de origen: Se acordaron métodos modernos de verificación y control. Las denominaciones de origen de determinados productos podrán protegerse a partir de la ratificación del tratado. Esto significa que Brasil podrá proteger sus variantes de café y Argentina las suyas de vino. De acuerdo con Infobae, el reconocimiento “es extremadamente importante para el posicionamiento de la marca-país de los cuatro socios del Mercosur en toda Asia, pues Singapur actúa como una suerte de plataforma comercial regional”.
• Servicios e Inversiones: Se establecen compromisos avanzados, para mejorar la transparencia y previsibilidad de las condiciones de acceso a los mercados y el trato ofrecido a proveedores extranjeros de servicios. 
• Comercio Electrónico (Ecommerce): En el acuerdo se adopta por primera vez un capítulo sobre comercio electrónico en un acuerdo con un socio extrarregional. Se establecen principios básicos para apoyar el desarrollo del comercio electrónico y promover el intercambio en el ámbito digital. Los compromisos incluyeron temas como la autenticación electrónica, la protección al consumidor en línea, las comunicaciones comerciales no solicitadas (spam), el comercio sin papel y la facturación electrónica, entre otros.

Además de estos temas, el acuerdo también abarca temas como compras gubernamentales, trámites aduaneros y facilitación del comercio, defensa comercial, medidas sanitarias y fitosanitarias, propiedad intelectual, e incluso un capítulo dedicado a las MIPYMES, esto es, las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

Reflexiones finales

En síntesis, este acuerdo es una nueva oportunidad comercial para el Mercosur, que genera nuevos mercados atractivos para el bloque, sin que ello consista en una apertura indiscriminada que desproteja los sectores que el Mercosur considera sensibles. Por otra parte, Singapur podría significar la puerta de entrada del bloque sudamericano al continente asiático, continente que acumula unas enormes tasas de crecimiento de los últimos años y que es fundamental para la geopolítica mundial.

Tras el plebiscito de ayer domingo, se mantendrá impoluta la Constitución chilena de 1980, redactada durante el gobierno de Augusto Pinochet, la cual solo fue reformada durante el proceso de transición hacia la democracia. Se trata del segundo proyecto de reforma de la Carta Magna que el pueblo chileno rechaza en los últimos dos años.

Con un 99% de las mesas escrutadas, el “En contra” de la reforma de la Constitución se impuso con un 55,7% de los votos, informó el Servicio Electoral (Servel) en su sitio web. Este resultado supone el fin de un proceso de cuatro años que surgió en Chile producto de los estallidos sociales comenzados en octubre de 2019. También, se agotan de esta manera las posibilidades de Gabriel Boric, actual presidente de Chile, de cumplir con una de sus promesas de campaña.

“Durante nuestro mandato se cierra nuestro proceso constitucional”, resaltó Boric tras la publicación de los resultados oficiales desde el Palacio de La Moneda. “El país se polarizó y dividió. La política ha quedado en deuda con Chile”, sentenció el mandatario chileno, haciendo referencia al incumplimiento de su promesa de campaña.

Además, el líder chileno invitó a «abandonar las trincheras y la imposición de visiones parciales» para atender los problemas prioritarios que apremian a los chilenos y, recurriendo a una metáfora futbolística, pidió «pelota al piso, humildad y trabajo«.

Al momento de votar, Boric valoró la importancia democrática del plebiscito, diciendo que el mismo “fortalece la democracia más allá del resultado”; y resaltó que “nuestro gobierno seguirá trabajando con las prioridades de la gente, independientemente de lo que suceda hoy«.

La participación del pueblo chileno en este plebiscito constitucional fue menor a la del plebiscito que también intentó modificar la constitución el año pasado. Si bien más de 15 millones de personas estaban habilitadas para participar del sufragio, tanto en Chile como en el exterior, según informó La Nación, los carabineros de Chile indicaron que más de 340.000 personas manifestaron razones para no participar de las elecciones, triplicando las presentadas en el proceso anterior.

Tras el fracaso del sector de la izquierda chilena en su intento de modificar la Constitución en el plebiscito de 2022, el cual fue rechazado por el 61% de los votos, ahora es el sector de la derecha chilena conservadora, que tenía mayoría en el Consejo Constitucional, la que fracasa en modificar la Carta Magna.

“Los republicanos somos distintos. Cuando ganamos, ganamos y cuando perdemos, perdemos. Y esta noche, una gran mayoría de chilenos ha rechazado la propuesta constitucional que nosotros impulsamos desde el Consejo Constitucional. Y reconocemos esa derrota con mucha claridad y también con mucha humildad”, señaló José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, quien también reconoció que su partido, junto con sus aliados, fracasó en el esfuerzo “por convencer a los chilenos que esta era una mejor Constitución que la vigente”.

Asimismo, Javier Macaya, presidente de la Unión Demócrata Independiente, uno de los partidos de derecha que apoyó la nueva propuesta del Partido Republicano, reconoció la derrota, y resaltó que, “cuando partió este largo y tortuoso proceso que ha durado ya cuatro años, los chilenos dijeron al comienzo de esta historia que querían una nueva constitución. Hoy día por segunda vez ya que ha quedado ratificada la Constitución vigente en Chile, y es importante en eso ser coherentes con esta respuesta democrática que ha planteado nuestro país”.

“Nosotros reconocemos este resultado, que es evidente, una muestra del cansancio constitucional que tiene nuestro país y, por cierto, la responsabilidad que nosotros tenemos como partido tiene que ver también con contribuir y ser consecuente con lo que ha manifestado la democracia”, añadió Macaya.

Bolivia anunció un acuerdo por unos 450 millones de dólares con la empresa estatal rusa Uranium One Group para la explotación de litio, un mineral clave para la transición energética, del cual Bolivia ostenta unas de las mayores reservas del mundo.

De acuerdo con información oficial, el convenio prevé la instalación de una planta piloto para extraer el litio en los salares del sur boliviano. Uranium One Group es una empresa que forma parte de la Corporación Estatal Rusa de Energía Atómica (Rosatom), y es quien ha firmado el convenio con el Gobierno Boliviano, ya que para poder explotar el litio en este país, se necesita la asociación con Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB).

En este sentido, la Estrategia Nacional Boliviana con respecto al mineral es de perfil nacionalista y estatista, razón por la cual, para poder invertir en la industria del litio, se necesita una asociación con Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB).

«Este convenio ratifica el modelo de producción y comercialización que planteamos a todas las empresas que quieren trabajar con nuestro litio. Nosotros participamos en todos los puntos de la cadena productiva«, señaló el presidente Luis Arce. “Estamos yendo lento, pero tenemos que ir con paso firme y seguro porque no podemos equivocarnos”, añadió el presidente durante la firma del convenio.

Bolivia se ubica en el “Triángulo del Litio«, una región muy importante para la geopolítica mundial, ya que allí se ubican alrededor del 65% de las reservas mundiales del mineral clave para la transición energética. Esta región la comparte con Chile y Argentina, países que han seguido estrategias diferentes para la explotación del mineral.

De acuerdo con la presidenta de YLB, Karla Calderón, a partir del acuerdo suscrito, se comenzará a «procesar carbonato de litio a grado batería y la planta piloto producirá mil toneladas» el primer año. En una segunda fase «la producción escalará a 8.000 toneladas y en una tercera fase se sumarán 5.000 toneladas más», declaró. 

 El pasado jueves 14 de diciembre, durante dos horas, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su homólogo de Guyana, Irfaan Ali, se reunieron en Kingstown, capital de las islas San Vicente y Las Granadinas. La reunión fue acordada con el objetivo de desescalar la tensión y evitar acciones individuales en el Esequibo, un territorio de 160 mil kilómetros en disputa y rico en recursos naturales. La cumbre finalizó con un acuerdo de 11 puntos.   

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) y el presidente de Brasil, Lula da Silva, con el apoyo de la Comunidad del Caribe (CARICOM) y la ONU, impulsaron a las partes en conflicto a emprender con la reunión. La respuesta fue positiva, ya que 5 días después de la propuesta la misma fue llevada a cabo.   

De esta manera, participaron también de la cumbre el presidente de CARICOM, y primer ministro de República Dominicana, Roosvelt Skerrit, el primer ministro de la nación anfitriona, Ralph Gonsalves, cuyo país también desempeña la presidencia pro tempore de la CELAC, así como Celso Amorim, asesor presidencial para Asuntos Internacionales de Lula da Silva.   

Más allá, un apretón de manos entre ambos mandatarios desescaló un eventual conflicto armado en la región, y estableció un compromiso de mantener la vía diplomática como único camino para la resolución de la disputa.   

A pesar de ello, el líder venezolano arribó a la cita con un mapa venezolano en el cual se incluye al Esequibo como propio, por su parte, Ali, acudió con una pulsera con el mapa de la zona reclamada.   

Asimismo, Maduro tildó la reunión de «fructífera, intensa, por momentos tensa, pero donde pudimos hablar con la verdad». En esa misma línea, el mandatario guyanés reiteró su posición “clara” de que «Guyana tiene todo el derecho de ejercer su derecho soberano entre de su espacio territorial y de aprobar y facilitar cualquier inversión (…) el otorgamiento de cualquier licencia o permiso y el otorgamiento de cualquier concesión dentro de nuestro espacio territorial y dentro de nuestro espacio soberano». Además, presionó también con que el litigio debe ser resuelto por la Corte internacional de Justicia.   

“Guyana no es el agresor, Guyana no busca la guerra, pero Guyana se reserva el derecho de trabajar con todos nuestros socios para garantizar la defensa de nuestro país”. «No hay propaganda que pueda cambiar esto», remarcó Ali.  

Cabe recordar que la controversia escaló y las tensiones se dispararon luego de que Venezuela aprobara el pasado 3 de diciembre un referéndum consultivo unilateral para anexionarse el Esequibo . Ante ello, de manera inmediata, Maduro ordenó iniciar las licitaciones petroleras en la zona en disputa, además de tomar la decisión de crear una provincia y brindar la nacionalidad a los 125.000 habitantes del Esequibo, a pesar de que Guyana la administra.  

De igual modo, como se mencionó, la cumbre sirvió para acordar la no agresión. Esto fue dejado en claro en el primer punto del acuerdo firmado entre las partes. Allí se estableció que “no se amenazarán ni utilizarán la fuerza mutuamente, en ninguna circunstancia, incluidas las derivadas de cualquier controversia existente entre ambos estados”. Más allá, en el punto número seis se estableció que ambos estados se abstendrán “de palabra o de hecho” de intensificar el conflicto.   

Además, ambos países acordaron la conformación de comisiones mixtas encabezadas por sus respectivos cancilleres e integradas por miembros de sus equipos técnicos para avanzar con las negociaciones. En esta línea, fijaron también un próximo encuentro, dentro de un plazo de 3 meses u otra fecha a convenir, en Brasil, hecho que fue celebrado por el secretario general de las Naciones Unidas, según comunicó su portavoz, Stéphane Dujarric.  

Las partes también consensuaron en mantener como mediadores a quienes estuvieron presentes en la primera cumbre, es decir, a los primeros ministros de San Vicente y las Granadinas y de República Dominicana.   

Al mismo tiempo, los involucrados plasmaron en el papel sus diferencias. De tal forma, en el punto cuarto se estableció el compromiso de Guyana por resolver la disputa mediante la Corte Internacional de Justicia, pero también se dejó clara la postura venezolana de no reconocer la jurisdicción de la misma. Venezuela hizo lo mismo en el punto segundo donde se redactó que cualquier controversia entre los estados se resolverá de conformidad con el derecho internacional, incluido el acuerdo de Ginebra de 1966 (mecanismo que defienden como el único capaz de brindar una solución aceptable al conflicto).   

Por último, hubo dos preocupaciones de Venezuela que no fueron incluidas en el documento. La primera se refiere a las licencias de concesiones de exploración y explotación petroleras otorgadas a transnacionales en aguas aún no delimitadas. La otra inquietud implica la incomodidad de Caracas por los ejercicios militares emprendidos por el Comando Sur de Estados Unidos con fuerzas militares de Guyana.   

Alberto Fujimori dejó el penal de Barbadillo el miércoles 06 de diciembre, luego de que el Tribunal Constitucional de Perú ordenara su libertad inmediata un día antes. El máximo intérprete de la Constitución ordenó que se restablezcan los efectos del indulto humanitario otorgado al ex mandatario en diciembre de 2017.

Pedro Pablo Kuczynski indulta a Fujimori (2017)

Recordemos que Fujimori fue sentenciado por varios delitos cometidos bajo su mandato. Los más conocidos fueron los casos de Barrios Altos y La Cantuta. Estos acontecimientos lo llevaron a cumplir una condena de 25 años. No obstante, de manera posterior, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski indultó al presidente justificando este acto como un “gesto humanitario”.

La Corte Suprema anula el indulto (2018)

Como se mencionó, Kuczynski otorgó un indulto humanitario a Fujimori en octubre de 2018. Esta decisión produjo que los familiares de las víctimas de los casos La Cantuta y Barrios Altos solicitaran el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ante ello, el Tribunal supranacional ordenó a los tribunales peruanos a pronunciarse respecto a esa situación.

La Corte Suprema además declaró mediante el magistrado Hugo Nuñez Julca. El juez encargado indicó que la solicitud de no aplicar el indulto humanitario que fue realizada por la organización internacional se declararía fundada.

El Tribunal Constitucional abre nuevamente el indulto (noviembre de 2023)

Los magistrados del Tribunal Constitucional firmaron un documento para abrir nuevamente el indulto en 28 de noviembre. Después de ello, el Juzgado de Ica tomó la batuta para esta decisión. Al respecto, el abogado de Fujimori se pronunció indicando que esta decisión le corresponde al juzgado de origen.

De manera posterior, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, declaró respecto a la resolución emitida por la Corte Interamericana, la cual se mantendría vigente.

“A nombre del Gobierno del Perú, expresamos lo siguiente: Conforme a todo Estado constitucional de derecho y, acorde al artículo 118 de la Constitución Política del Perú, es obligación del Poder Ejecutivo cumplir y hacer cumplir las sentencias y las órdenes de los órganos jurisdiccionales. El Gobierno ha procedido a acatar la sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 17 de marzo del 2022 que resuelve el proceso constitucional de habeas corpus a favor del ciudadano Alberto Fujimori Fujimori”, declaró Arana.

Diversas protestas se han brindado ante el pronunciamiento del Tribunal. El abogado de las víctimas del terrorismo se pronunció al respecto indicando que esto no es una sentencia sino un auto aclaratorio ante dos pedidos de aclaración previamente presentados ante el máximo intérprete de la Constitución.

Por su parte, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica declaró improcedente la liberación de Alberto Fujimori. El juez encargado, Fernández Tapia, indicó que la responsabilidad del caso Fujimori le corresponde al Tribunal Constitucional. Por su parte, diversos legisladores miembros de Fuerza Popular exigieron que se respeten el indulto.

El Tribunal Constitucional declaró fundado el recurso

El Tribunal Constitucional declaró fundado el recurso fallando a favor de Fujimori. Por ello, ordenó que se disponga la inmediata excarcelación “bajo responsabilidad”. Por su parte, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) señaló que el pronunciamiento de la Corte Interamericana es contraria a la ejecución de la sentencia constitucional.

Finalmente, el 6 de diciembre de 2023, Alberto Fujimori dejó el penal de Barbadillo. El expresidente posteriormente fue trasladado al domicilio de su hija Keiko, lidera de Fuerza Popular.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), está conformada por 13 de las naciones exportadoras de petróleo más grandes del mundo: Venezuela, Emiratos Árabes Unidos, Nigeria, Libia, Kuwait, Irak, Irán, Gabón, Guinea Ecuatorial, República del Congo, Angola y Argelia. En la OPEP+, nacida en el 2016, hay 10 países más:  Rusia, Kazajistán, Azerbaiyán, Malasia, México, Baréin, Brunéi, Omán, Sudán y Sudán del Sur.

La organización invitó a Brasil a entrar a partir del año entrante, mientras el presidente Lula estaba de visita en Arabia Saudita. Específicamente el 30 de noviembre, se llevó a cabo la 36 reunión Ministerial de países miembros y no miembros de la OPEP. En un comunicado de prensa ese mismo día, se publicó que “la reunión dio la bienvenida a Alexandre Silveira de Oliveria, ministro de Minas y Energía de la República Federativa de Brasil, que integrará la Carta de Cooperación de la OPEP+ a partir de enero de 2024″. 

Así, el ministro Silveira de Oliveira confirmó que el presidente Lula aprobó el ingreso a la organización y dijo que el gobierno brasilero está “ansioso” de ingresar a la organización formalmente, pero primero se debería llevar a cabo un análisis técnico y exhaustivo de la carta de cooperación, que se debe aceptar para poder ser miembro pleno de la OPEP+. 

A pesar de realizar el anuncio, no quedó claro cómo participaría Brasil dentro de la organización, especialmente si, por ejemplo, ya desde 2024 debería cumplir con ciertas cuotas de producción.

De todas formas, este mismo 3 de diciembre se resolvió esta duda por el propio presidente Lula da Silva. Durante su participación en la cumbre climática COP28 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Dubái, Lula declaró a periodistas que Brasil nunca se unirá al grupo de países productores de petróleo OPEP+ como miembro de pleno derecho y, en su lugar, sólo pretende participar como observador. 

«Brasil nunca será miembro de pleno derecho de la OPEP, porque no queremos serlo. Lo que queremos es influir», dijo el presidente el domingo 3 de diciembre. 

Estas noticias llegan en un contexto donde el mandatario brasilero está siendo criticado por una dualidad en su discurso. Por un lado, lleva a cabo un discurso que apoya a las medidas de erradicar la deforestación en su país; pide cumplir con los acuerdos internacionales de combate al cambio climático mediante la cooperación plena; y hasta llama a los países del sur global a que entiendan que se necesita combatir la pobreza y el cambio climático a la vez. Por otro lado, el gobierno brasilero sigue con sus planes de perforar yacimientos petrolíferos en alta mar; llega la noticia de una posible filial de Petrobras en Oriente Medio; y ahora esta última semana, la “hipotética” entrada de Brasil en la OPEP+. 

Para Lula, “no hay ninguna contradicción”, al final del día. Lula afirmó que influir en la OPEP+ es importante y se podría decir que hasta estratégico. Para el mandatario, sí influyen en la organización, pueden defender que los Estados más ricos en petróleo inviertan parte de sus ganancias en ayudar a Estados del sur global a invertir en energías renovables y en nuevas alternativas sustentables. 

«Creo que, participando de esta forma, convenceremos a la gente de que una parte del dinero obtenido del crudo se invierta para que anulemos el petróleo, creando alternativas» sustentables, dijo Lula.

El acuerdo Unión Europea – Mercosur (Mercado Común del Sur) se posicionó en la agenda internacional en este último tiempo por la posibilidad de que el bloque latinoamericano apruebe el acuerdo en la 63° Cumbre de Presidentes del Mercosur de Río de Janeiro, que comenzó el jueves 7 de diciembre de este año. Sin embargo, esto no pudo concretarse debido a la actual oposición de dos actores claves en ambos bloques. Estos son, la Argentina, por el lado del Mercosur, y Francia, por el lado Europeo.

Ahora bien, ¿Cuándo comenzaron las tratativas para este acuerdo? ¿Qué costos y qué beneficios representan para ambos bloques regionales? ¿Por qué hay tanta oposición al mismo?

Evolución de las negociaciones

En la década de los 90’, con el fin de la Guerra Fría y la aceleración en la expansión de la globalización, se concretaron múltiples Acuerdos de Libre Comercio (ALC) entre diferentes estados y bloques regionales. El capitalismo era el modelo a seguir para el desarrollo y el libre mercado era el método para subirse al tren de los países desarrollados. Era el “Fin de la Historia”, parafraseando al autor Fukuyama. Sin embargo, con el diario del lunes, podemos decir que esto no fue así, pero es este el contexto en donde comienza el acercamiento entre los dos bloques regionales en cuestión, la Unión Europea y el Mercosur.

En diciembre de 1995 se firma un Acuerdo Marco de Cooperación Mercosur – UE, que entró en vigor el 1° de julio de 1999. Este último permitió una vinculación auténtica de “bloque a bloque”, siendo el primer acuerdo entre dos uniones aduaneras dotadas de subjetividad jurídica internacional. En abril del año 2000, comienzan las tratativas para concretar un “Acuerdo de Asociación Estratégica”, que comprende tres áreas, un diálogo político, temas económicos y comerciales, y cooperación. En la parte económico-comercial, se busca un “Acuerdo de Libre Comercio de tipo OMC plus”. 

Siguiendo a Alvarez y Zelicovich (2020), este acuerdo trataba de ser un instrumento para la liberalización del comercio de bienes y servicios, la mejora del acceso a compras gubernamentales, la generación de un ambiente no discriminatorio de inversiones, la protección de los derechos de propiedad intelectual y efectivas disciplinas en el cambio de instrumentos de defensa comercial. Además de la inclusión de un mecanismo de solución de controversias, y del seguimiento de tres principios generales a lo largo del proceso negociador: “negociaciones abarcativas y resultados equilibrados; la no exclusión de ningún sector, teniendo en cuenta las sensibilidades de ciertos productos y servicios de conformidad con las reglas de la OMC; y la noción de compromiso único”.

Sin embargo, pronto se verían las limitaciones de esta gran iniciativa. Las condiciones estructurales de ambos bloques eran un obstáculo para concretar el acuerdo, ya que son economías con asimetrías muy marcadas. 

En primer lugar, siguiendo a las autoras previamente mencionadas, los intercambios entre los bloques se han caracterizado por la diferencia entre los volúmenes de flujos y por el contenido de las canastas exportadoras. En números, la UE es el segundo socio comercial del Mercosur (contabilizando el 16% del comercio del bloque en 2021) luego de China, mientras que el Mercosur es el onceavo socio comercial de la UE (representando el 2% del comercio total de este bloque). Además, la canasta se compone de productos primarios de bajo valor agregado por parte del Mercosur, tales como porotos y pellets de soja, minerales de hierro, aceite de petróleo y carne bovina enfriada, entre otros. Mientras que los principales productos exportados por la UE a Mercosur son, medicamentos, aeronaves, autopartes, productos farmacéuticos, embarcaciones, entre otros.

Estos contrastes en el intercambio, que no son del todo negativos, ya que pone de manifiesto una cierta complementariedad económica, dan lugar a lo que podríamos llamar “intereses asimétricos”. Es decir, el Mercosur es un bloque proteccionista en lo que refiere a su industria, mientras que la UE es proteccionista en lo que refiere a su sector agrícola. Para ponerlo en números, si bien el promedio arancelario es más bajo en Europa (5,7%) que en Mercosur (11,9%), Europa tiene los mayores picos arancelarios (de hasta 242,5% para productos lácteos por ejemplo) mientras que el arancel máximo en Mercosur es de 32,5%, siendo el sector automotriz el más protegido.

En este marco, las negociaciones por establecer un acuerdo de libre comercio encuentran múltiples resistencias en ambos bloques. Por otro lado, a partir del siglo XXI, tenemos en América Latina una serie de gobiernos heterodoxos en lo económico y por ende, proclives al proteccionismo y al mercadointernismo. Este fenómeno generó un estancamiento en las negociaciones, que se paralizaron desde el 2004 hasta el 2010. Las tratativas se reanudaron con poco éxito en 2010 en la Cumbre euro-latinoamericana de Madrid, y nuevamente fueron relanzadas en 2016.

2019: El año clave

En junio de 2019 el MERCOSUR y la UE concluyeron las negociaciones para la firma de un Acuerdo de Asociación Estratégica en Bruselas, Bélgica. Ahora bien, ¿cuáles fueron los factores que permitieron que se concrete el acuerdo luego de tantos años de estancamiento?

En primer lugar, debemos mencionar el cambio de perfil de los gobiernos nacionales en el Mercosur. La llegada de gobiernos liberales al poder y su visión positiva de los acuerdos de libre comercio, fue fundamental para la aprobación del acuerdo.

En segundo lugar, adhiero a la interpretación de las autoras Alvarez y Zelicovich, quienes plantean que el contexto fue fundamental para la firma del acuerdo. En junio del 2019, al mismo tiempo que se estaban cerrando las negociaciones ministeriales para la elaboración del documento de acuerdo entre UE – MCS, se daba comienzo al G20 en Japón, Osaka. Una cumbre que tuvo como telón de fondo a la “guerra comercial” entre Trump y Xi Jinping y un “nuevo round” en la disputa por la gobernanza global. Es en ese contexto, donde Donald Tusk, el entonces presidente del Consejo Europeo, buscó posicionar a Europa como líder del multilateralismo y de un orden de comercio basado en normas, en contraposición a las posturas de Estados Unidos y China, potencias que impulsaban metas más egoístas. “De allí que el acuerdo MERCOSUR-UE fue visto como una pieza clave, y su uso estratégico no hubiera resultado igual de alcanzarse diez días después”.

Si bien el acuerdo se aprobó y fue un hecho histórico porque después de veinte años de negociaciones había un escrito, por normativa, restaban las ratificaciones de los parlamentos. La hipótesis presentada del valor estratégico toma fuerza cuando vemos que, luego del efecto del anuncio, las tensiones volvieron a emerger, generando rumores de una no ratificación del acuerdo, tanto por sensibilidades agrícolas como ambientales, del lado europeo, y en menor medida, de trabajadores e industriales, en el Mercosur.

El Acuerdo de Asociación Estratégica de 2019

El acuerdo firmado en 2019, establecía que el Mercosur eliminaría sus aranceles sobre el 91% de las importaciones europeas, mientras que la UE lo haría sobre un 95%. En cuanto a la distribución de los porcentajes,del lado europeo, mientras que en el sector industrial la cobertura es del 99%, en el agrícola ésta llega al 82%, pautándose cuotas en carnes, pollo, cerdo, azúcar, etanol, arroz, miel, maíz, queso, y leche (los sectores más sensibles y que se resistían al acuerdo). El Mercosur, por su parte, ha negociado cronogramas de desgravación más prolongados para sectores como vehículos de pasajeros y calzados, pero a diferencia de las cuotas europeas, en un plazo de 15 años se integrarían completamente al libre comercio entre ambas regiones.

Los vinos y el sector automotor tendrían un tratamiento especial, al igual que los textiles, para los que se aplicarán normas de origen especiales. Europa logró preservar medidas cuantitativas sobre el comercio agrícola, donde se resalta la cuota de carne como una de las más lejanas a las ambiciones del Mercosur. 

El tratado se configura como un instrumento de apertura de mercados y de integración comercial entre ambas partes. Los discursos europeos enfatizaron las oportunidades generadas por este acuerdo para trabajadores y empresarios, gracias a un acceso más seguro a los mercados como también por el ahorro de cuatro mil millones de euros en pago de aranceles. Mientras que en el Mercosur, se sostuvo que: “La Asociación Estratégica entre Mercosur y la Unión Europea implica la integración de un mercado de 800 millones de habitantes, casi una cuarta parte del PBI mundial y con más de US$ 100.000 millones de comercio bilateral de bienes y servicios”, según datos del 2019 de la Cancillería Argentina.

Este acuerdo, sin embargo, sufrió numerosas modificaciones desde su aprobación en 2019. El escenario no era muy positivo, hasta que volvió a tomar fuerza tras arduas negociaciones encabezadas por el presidente pro tempore del Mercosur, Lula da Silva, quien concentró todas sus fuerzas en renegociar el acuerdo para poder aprobarlo en la Cumbre de Río del 2023. Sin embargo, el presidente brasilero no tuvo éxito. Además, en la apertura de Jefes de Estado de la Cumbre de Río, luego del fracaso en las negociaciones,  declaró que habían heredado una versión del acuerdo que era “inaceptable”, ya que los “trataban como si todavía fueran países colonizados”. Y que debían seguir trabajando en el acuerdo, aunque reconociendo que esta nueva versión era mucho mejor.

El acuerdo en este caso no se concretó por las posturas de Argentina y Francia. Una cuestión no menor, es el cambio de gobierno en Argentina, ya que la llegada de Javier Milei, favorecería la concreción del mismo. Cuestión que no es segura, ya que el presidente electo argentino se manifestó en contra del bloque del Mercosur en repetidas oportunidades y niega la existencia del cambio climático, lo que podría impedir la aprobación de un acuerdo que tiene cláusulas vinculadas al mismo.

Reflexiones finales

No es el objetivo de este artículo hacer un juicio de valor sobre si el acuerdo es bueno o es malo para el Mercosur, pero sí podemos decir que en ambos casos (ratificación – no ratificación) hay sectores favorecidos y perjudicados. Para aquellos que respaldan el acuerdo, este podría significar una diversificación de mercados para el Mercosur y al mismo tiempo una puerta de entrada para la modernización económica y las inversiones de capitales europeos. Mientras que para sus detractores, el acuerdo significaría una desprotección de la industria local sin la obtención de una liberalización agrícola, ya que continuarán los cupos y los aranceles para exportar, aunque con mayor flexibilidad que la actual.

Los próximos meses y la próxima cumbre presidencial del bloque, serán claves para ver si el acuerdo fracasa, o si por el contrario, se logran consensos para la firma del mismo. El proceso de negociación será fundamental para ver de qué manera se puede llegar a un acuerdo entre los bloques. 

En el marco de su última actividad en el exterior como jefe de Estado, Alberto Fernández viajó a Río de Janeiro, Brasil, para participar de la 63° Cumbre de Presidentes del Mercosur. Allí, lo recibió el presidente de Brasil, Lula Da Silva, con un abrazo. “Encontrarme con mi querido Lula es siempre un motivo de alegría”, escribió el Presidente.

Minutos más tarde, el presidente de Brasil destacó vía la red social X, una parte de su discurso, donde le agradeció al presidente Argentino por su visita cuando estaba preso en 2019 y consideró que Fernández merecía “mejor suerte”, ya que tuvo que afrontar una pandemia y una sequía.

Por otro lado, agregó: «Querido Alberto, sabes el aprecio que te tengo, por haber tenido siempre la razón y el orgullo de afrontar los momentos de turbulencia regional e internacional que te afectaron durante tu presidencia». 

Finalmente, Lula insistió en que la salida del Gobierno de Alberto Fernández es «especialmente triste» para él, ya que lo considera como un “amigo personal”. Además, planteó que el presidente argentino «fue uno de los grandes amigos de Brasil.”  Y le agradeció por “el legado que deja en la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) y en la UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas)”. «Estuvimos ante un hombre honesto y digno, comprometido con la defensa de los intereses de los argentinos«, expresó Lula.

Agenda de la Cumbre

La agenda está dada por tres grandes cuestiones. En primer lugar, la firma y aprobación del acuerdo Unión Europea – Mercosur, tema que ha dado de qué hablar en los medios. En segundo lugar, la concreción del Tratado de Libre Comercio con Singapur, un nuevo acuerdo que amplía los horizontes para el comercio del bloque. Y finalmente, la incorporación de Bolivia como miembro pleno al bloque, un proceso de adhesión que ya pasó por las etapas preestablecidas y se espera su concreción en esta cumbre.

Acuerdo Unión Europea – Mercosur

El acuerdo entre los bloques regionales es un punto clave de esta cumbre, ya que desde hace meses se esperaba que llegue su concreción en esta cumbre del Mercosur. Tras más de dos décadas de negociaciones y el acuerdo de 2019, se esperaba que esta cumbre sea definitiva para la aprobación del mismo. Sin embargo, la realidad es distinta a la esperada. 

El portavoz principal de las críticas al acuerdo por parte del Mercosur es la Argentina, país que anticipó en la semana que no firmaría el acuerdo con la Unión Europea por no estar dadas las condiciones. Por el lado de Europa, el principal detractor del acuerdo fue Emmanuel Macron, quien sostuvo que el acuerdo “era antiguo”, ya que era únicamente una rebaja arancelaria sin tener en cuenta parámetros medioambientales. Mientras tanto, Lula lo criticó y señaló que la culpa del no-acuerdo no era de Brasil ni del Sur.

Tratado de Libre Comercio Mercosur – Singapur

Las negociaciones de un acuerdo de libre comercio con la República de Singapur comenzaron en 2018 y en apenas cinco años han culminado en esta cumbre, siendo el primer acuerdo de libre comercio del bloque con un país de Asia-Pacífico. Entre los principales temas están, el comercio digital, la movilidad de personas, los derechos de propiedad intelectual y la transparencia. Sin embargo, el tratado aún debe superar todos los procedimientos legales internos para su entrada en vigor.

Se logró la modificación de algunos apartados sensibles al Mercosur, como las compras gubernamentales o la denominación de origen, tema sensible para los productos latinoamericanos, como el café brasilero o el vino argentino. Esto último fue calificado como un elemento clave para el posicionamiento de la marca-país de los cuatro socios del Mercosur en todo el continente asiático, pues Singapur actuaría como una suerte de plataforma comercial regional.

Incorporación de Bolivia como miembro pleno

En la cumbre se confirmó la incorporación del Estado Plurinacional de Bolivia como miembro pleno al bloque sudamericano, convirtiéndose en el quinto miembro del Mercosur, que presenta como socios fundadores a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y tiene como Estado suspendido a Venezuela.

El presidente boliviano, Luis Arce, a través de su cuenta de X, agradeció las «intensas gestiones» de su par brasileño Lula Da Silva para que se concretara la adhesión de su país al bloque . Luego de que fuera promulgado el Protocolo de Adhesión, en una ceremonia a puerta cerrada, el presidente Arce volvió a agradecer al brasileño y calificó el hecho como «un hito histórico importante en la integración regional«. 

Además, por la misma red social ratificó “la voluntad de Bolivia de convertirse en ese país que una todos los procesos de integración de la región (…) porque nosotros creemos en la Patria Grande”.

Otros temas de agenda

Entre otros temas que se abordaron en el encuentro podemos mencionar la disputa del Esequibo, tema mencionado por el presidente de Brasil, quién afirmó este jueves que acompaña con «creciente preocupación» las elevadas tensiones entre Venezuela y Guyana por la región del Esequibo e invocó a la CELAC para mediar entre los dos países.

«No queremos guerras ni conflictos, necesitamos construir paz, porque solo con paz podemos desarrollar nuestros países«, dijo Lula en la apertura del encuentro presidencial del Mercosur.

Por otro lado, destacó la importancia de establecer un “grupo especial” para discutir el fenómeno de la Inteligencia Artificial, tarea que podría ser de la nueva presidencia pro témpore correspondiente a Paraguay. Planteó que es un tema de “tamaña envergadura e importancia” para el futuro de los países del bloque.

Este martes 5 de diciembre, el dictador venezolano Nicolás Maduro anunció polémicas medidas sobre el territorio auto-adjudicado en la Asamblea General del Consejo Federal de Gobierno con la participación del Consejo de Estado y el Consejo de Defensa de la Nación.

El régimen venezolano celebró el último domingo un referéndum interno para legitimar la anexión del Esequibo, un territorio de Guyana que históricamente fue disputado y luego olvidado por Venezuela. Este referéndum, sin validez en derecho internacional, generó mucha polémica y amenaza con desestabilizar la paz interestatal que vive la región.

Con un resultado esperable de alta aprobación -aunque baja participación-, Maduro anunció una serie de medidas sobre esta nueva «región» que se ha auto-adjudicado Venezuela:

1. La creación de una nueva Alta Comisión para la Defensa de Guayana Esequiba.
2. Asimismo, instruyó activar de inmediato el debate y aprobación de la Ley Orgánica para la creación del estado Guayana Esequiba, en el marco de las cinco decisiones (Sí) que se tomaron en el referéndum consultivo del pasado 3 de diciembre.
3. En ese sentido, decretó la creación de la Zona de Defensa Integral Guayana Esequiba, con sede administrativa y militar en Tumeremo.
4. Designó, provisionalmente, al M/G Alexis Rodríguez Cabello como Autoridad Única de Guayana Esequiba, con sede administrativa y militar en Tumeremo.
5. Anunció la creación de la División Esequibo de PDVSA, la empresa petrolera estatal venezolana, y CVG, una corporación estatal que se encarga de asuntos mineros. A estas les dió todas las facultades administrativas y operativas para la explotación de los recursos de la Guayana Esequiba.
6. De inmediato se debe entregar y difundir el nuevo mapa completo (con Guayana Esequiba) en escuelas, liceos y universidades del país.
7. Anunció un plan social integral para los habitantes de Guayana Esequiba, que incluye cédulas de identificación.
8. Asimismo, estableció un plazo de tres meses para el retiro de empresas/concesiones unilaterales en Guayana Esequiba.
9. Además, propuso la creación de una Ley Especial para la protección del Esequibo.

El gobierno chileno anunció que expulsará a los inmigrantes que no hayan proporcionado sus datos en un registro biométrico voluntario. El presidente Gabriel Boric fue contundente con sus declaraciones y aseguró: “A quienes estén irregulares en Chile, los vamos a echar”. Así lo dijo durante una ceremonia donde presentó un plan de fortalecimiento para el control territorial.

Este año, el gobierno de Chile promovió un plan de registro biométrico donde logró almacenar datos de hasta 127.000 personas. La iniciativa se fundó en corregir la falta de información acerca de la identidad de los extranjeros que han ingresado de forma irregular a Chile durante los últimos cinco años, en su mayoría provenientes de Venezuela.

Estas medidas actúan como respuesta a los índices de inseguridad crecientes y los datos récord de percepción de inseguridad pública entre los chilenos. El presidente ordenó a las autoridades policiales detener y expulsar dentro de un período de cinco días a los inmigrantes irregulares con órdenes de detención pendientes.

El mandatario también sostuvo que: “Respecto a los extranjeros que estén en situación irregular y que no hayan completado en registro voluntario, aunque no tengan una orden de detención en su contra, se emitirá una orden de expulsión”

Luego de una serie de casos policiales que han tenido a extranjeros como protagonistas, el tema ha pasado al centro de la discusión en la política del país. Incluso la oposición amenazó con iniciar un juicio político contra la ministra de Seguridad, Carolina Tohá, si no se concreta la expulsión de 12.000 inmigrantes ilegales antes de fin de año.

Es desde el año 2017 que Chile experimenta aumentos exponenciales en la llegada de migrantes, pero el caso de los venezolanos destaca más. Según estimaciones oficiales, de los 1,7 millones de extranjeros que han llegado a Chile en los últimos años, casi el 50% son venezolanos, lo que es entendible debido al éxodo masivo de personas de Venezuela intentando escapar del régimen autoritario de Nicolás Maduro.

La República Argentina ha manifestado oposición a la firma del acuerdo Unión Europea – Mercosur, que se llevaría a cabo el próximo jueves en la cumbre del Mercosur en Río de Janeiro. La postura de la saliente gestión no coincide con la postura del nuevo gobierno liderado por Javier Milei.

De acuerdo a las declaraciones del Canciller Santiago Cafiero para La Nación, “El acuerdo MERCOSUR – UE que fue iniciado en 2019 tiene un impacto negativo en la industria del MERCOSUR, sin reportar a cambio beneficios para sus exportaciones agropecuarias, que están limitadas por cuotas muy restrictivas y sujetas a regulaciones ambientales unilaterales que las exponen a una vulnerabilidad a futuro”. De esta manera, el argumento principal para oponerse es que el acuerdo no reportaría grandes beneficios para el MERCOSUR.

La visión del Presidente Alberto Fernández es que el acuerdo no se firmó porque «encontró resistencia dentro de Europa«. Además, solicitó «determinadas condiciones que permitan sostener y hacer crecer nuestras industrias«. El Presidente aclaró que su intención es «firmarlo», porque sostiene que «geopolíticamente es correcto un acuerdo» entre ambos bloques, pero advirtió “quiero discutir algo que les sirva a los argentinos, es un acuerdo entre dos regiones, hay intereses que tener en cuenta«, señaló el Presidente en diálogo con Radio Futurock. 

La perspectiva de la nueva gestión es distinta. Diana Mondino, la futura canciller del nuevo gobierno, declaró en la semana que, “No es solo con la UE sino también con el EFTA, Singapur y ASEAN, son puertas que se abren que son monumentales. Ojalá se firme ahora, Alberto lo concrete y se lleve ese logro. Mucho mejor tener el acuerdo que no tenerlo”.

Por otro lado, el Canciller saliente, Santiago Cafiero, comentó en diálogo con Página12 que «el impacto del acuerdo será desfavorable para el bloque del Mercosur, anclando las brechas de desarrollo existentes y desalentando la inversión en la industria y el desarrollo de nuevas cadenas de valor”. Incluso, “la producción de commodities, en particular alimentos, tendrán que enfrentar una normativa ambiental creciente y costosa acompañada de cuotas permanentes sobre productos en los que los países del Mercosur son competitivos«.

Finalmente, el Presidente Lula da Silva busca darle impulso al acuerdo con vistas a concretarlo. Tal es así que afirmó en la red social X desde la COP28 de Dubái, que el Mercosur y la Unión Europea estaban «cerca de cerrar» el acuerdo, tras reunirse con la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el Presidente de España, el recientemente reelecto Pedro Sanchez. Mientras que el Presidente Emanuel Macron, planteó en diálogo con periodistas que no estaba a favor del acuerdo porque «no era bueno para nadie«.

El primero de diciembre, Ecuador asumió la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la cual presidirá durante el último mes del año. El país inició su membresía en carácter de miembro no permanente del Consejo en enero 2023 para el bienio 2023-2024, marcando así su regreso a este rol después de 31 años.

El Representante Permanente del Ecuador ante las Naciones Unidas en Nueva York, José De la Gasca López-Domínguez, fue el encargado de presentar el programa mensual de trabajo. De la Gasca fue designado por Daniel Noboa el pasado 26 de noviembre. Durante la presentación, el Embajador, transmitió el saludo del primer mandatario ecuatoriano, «quien ha conformado un gabinete de juventud y de experiencia de mujeres y hombres” y aseguró que, en ese contexto, el país buscará fortalecer las agendas sobre juventud, paz y seguridad.

Durante el mes de diciembre, el país latinoamericano asumirá la responsabilidad de coordinar y facilitar los debates y actividades del Consejo. En este contexto, De la Gasca reafirmó el compromiso del Ecuador con los principios que ha mantenido desde que fue miembro fundador de la organización.

“Reafirmamos nuestro respeto por el Derecho Internacional, los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y la Carta de las Naciones Unidas”

José De la Gasca

El programa de diciembre ha sido aprobado por los 15 miembros del Consejo de Seguridad. Además de las reuniones establecidas por mandato, el programa incluye dos debates abiertos. El primero de ellos, programado para el 7 de diciembre, tendrá lugar como Evento Insignia de la Presidencia, un diálogo sobre «Amenazas a la paz y la seguridad internacionales, delincuencia organizada transnacional, desafíos crecientes y nuevas amenazas». De la Gasca destacó especialmente que Ecuador ha sido víctima creciente del flagelo del crimen organizado. Este diálogo será presidido por la Canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld y se espera la participación del Secretario General de la ONU, Antonio Guterres.

Posteriormente, el 15 de diciembre, se llevará a cabo la reunión del Consejo para discutir el informe bienal del Secretario General sobre armas pequeñas y ligeras. La reunión se realizará en formato de debate abierto bajo el tema «Haciendo frente a la amenaza que representa para la paz y la seguridad el desvío, el tráfico ilícito y el uso indebido de armas pequeñas ligeras y sus municiones». Se ha propuesto un enfoque particular en el impacto negativo de estas armas en las mujeres, especialmente aquellas que se encuentran en situaciones de conflicto.

De acuerdo con la información que trascendió, en noviembre, el mastodonte “Prosperity” de ExxonMobil comenzó con sus operaciones en el mar de Guyana. El país latinoamericano se encuentra en un extraordinario boom petrolero, desde que se descubrieron yacimientos en las costas del país. 

Según elEconomista, la petrolera Exxon está usando unos mastodontes flotantes, es decir, una suerte de buque, depósito y plataforma petrolera, “todo a la vez”, que están siendo de una gran utilidad para extraer hasta la última gota de crudo bajo el mar.

Desde Infobae comentan que Prosperity, el mastodonte construido en Singapur, tendría “una capacidad de producción inicial de unos 220.000 barriles de petróleo al día, un volumen total de almacenamiento de dos millones de barriles y se estima que aumente hasta unos 600.000 barriles diarios el año que viene”.

Según elEconomista, “Guyana ha pasado de producir prácticamente ningún barril de petróleo en 2019 a alcanzar los 300.000 barriles diarios este año”. El crecimiento de la producción ha sido exponencial, tal como lo muestra la imagen de Bloomberg.

De acuerdo con el vicepresidente de la Asociación de Geólogos y Geofísicos Españoles del Petróleo, Jorge Navarro, en declaraciones para elEconomista, «un FPSO (Floating, Production, Storage and Offloading) es una instalación flotante, normalmente un buque de gran tonelaje anclado en el fondo del mar, donde se recoge, procesa y almacena temporalmente la producción de petróleo proveniente de pozos perforados en aguas profundas«.

El mastodonte Prosperity, que tiene 333 metros de largo y 60 metros de ancho, podría producir unos 620.000 barriles diarios cuando alcance su máximo potencial. De todos modos, a corto plazo, tiene como objetivo la producción de 220.000 barriles por día durante la primera mitad del próximo año. Esta cantidad de extracción se conseguirá a medida que los nuevos pozos entren en funcionamiento. 

Impactos en Guyana

La economía de Guyana está viviendo un crecimiento extraordinario gracias al boom petrolero. Tal es así, que desde el comienzo de la extracción de crudo de forma masiva en el país allá por 2019, el PIB se ha triplicado. 

De acuerdo con Bloomberg, el Banco Mundial espera que Guyana tenga un alto nivel de crecimiento económico, alrededor de 27,5% para 2023-2025. Desde el descubrimiento de petróleo, el mercado del país latinoamericano atrajo inversiones de corporaciones importantes en la industria petrolera, como el mencionado ExxonMobil o Chevron. 

En este contexto, el Gobierno está construyendo un fondo soberano para invertir parte de los ingresos derivados del petróleo, a la vez que se construyen carreteras, hospitales, escuelas, entre otras cosas. Sin embargo, aún es demasiado pronto para sacar conclusiones con respecto a la gestión de estos ingresos extraordinarios. 

El pasado viernes 1 de diciembre, la Corte Internacional de Justicia se expidió sobre el conflicto que enfrenta a Venezuela y Guyana por la soberanía del Esequibo. En esta línea, de forma unánime, ordenaron a Venezuela a que se abstenga de emprender cualquier acción que pueda alterar el statu quo en el territorio en disputa. 

Asimismo, la Corte no prohibió expresamente a Venezuela a realizar el referéndum que tenían programado para este domingo 3 de diciembre, algo que había solicitado Guyana cuando llevó el tema al organismo internacional de justicia. Mediante el mismo, el régimen chavista propuso someter a consulta popular sus derechos en la región del Esequibo. El referéndum dió, como era esperado, una amplia victoria del «Sí» a las preguntas que respaldan el argumento venezolano.

Los reclamos por el Esequibo, una región rica en petróleo y recursos naturales, resurgieron en el último tiempo por las licitaciones dadas por parte del Gobierno de Guyana a la estadounidense ExxonMobil. En dicha oportunidad, Maduro acusó a su homólogo de Guyana de convertir a su país en una «sucursal» de la petrolera estadounidense. La frontera marítima entre los dos países también está en disputa. 

El referéndum en cuestión fue consultivo y precisaba de una mayoría simple para ser aprobado, el mismo preguntó a los venezolanos, entre otras cosas, si están de acuerdo con la incorporación de la región y la consecuente creación de un estado llamado Guayana Esequiba. 

Con la sentencia del pasado viernes, la jueza presidenta de la Corte, Joan Donoghue, había manifestado que «la corte observa que la situación que prevalece actualmente en el territorio en disputa es que Guyana administra y ejerce control sobre esa área«. «Venezuela debe abstenerse de tomar cualquier acción que modifique esa situación«, añadió. 

Tras estas declaraciones, el presidente de Guyana, Irfaan Alí, celebró la postura de la misma. «Como la corte ha dejado claro, a Venezuela se le prohíbe anexar o invadir territorio guyanés o tomar cualquier otra acción, independientemente del resultado de su referéndum el 3 de diciembre, que alteraría el statu quo en el que Guyana administra y controla la región de Esequibo«, notificó. 

Mientras tanto, Venezuela decidió rechazar el fallo. En un comunicado presentado por la República Bolivariana, sostuvieron no reconocer la jurisdicción de la Corte “para dimitir la controversia territorial en torno a la Guayana Esequiba”. Igualmente, agregaron que “nada en el derecho internacional permitiría a la Corte inmiscuirse en asuntos internos de Venezuela, ni pretender prohibir o modificar un acto soberano organizado en el marco de su sistema político participativo y en base a su Constitución”.  

Cabe mencionar que el sucesor de Chávez, en vísperas de las elecciones presidenciales del año próximo y en un contexto de baja popularidad, está aprovechando la situación para, utilizando el factor nacionalista, repuntar su imagen. Así, ha alentado a los votantes a decidirse por el ‘sí’ en las cinco cuestiones propuestas en el referéndum. Los comicios también le sirven para medir cómo se encuentra el apoyo al régimen.  

“Hemos sido testigos de la campaña más admirable, más hermosa que jamás se haya visto en Venezuela. La responsabilidad que nos toca hoy es levantar la bandera del Esequibo e iniciar una nueva etapa para la recuperación histórica de la tierra que nos legaron los libertadores”, expresó el viernes Nicolás Maduro en el cierre de la campaña para los comicios del domingo. 

De este modo, el mismo viernes, Maduro había garantizado que “llueva, truene o relampagueé”, el domingo “amanece bendita la patria y el pueblo en las calles votando y decidiendo”. Así, el régimen chavista cumplió con su palabra, y buscando hacer partícipes a los ciudadanos en el reclamo que mantiene el país con Guyana, emprendieron con el referéndum.  

Más de 20,7 millones de venezolanos estaban habilitados para votar en el referendo consultivo, en 15.857 centros asignados en los 335 municipios de las 24 entidades federales del país. Los comicios estaban programados para cerrar a las 18 horas, pero se terminó extendiendo hasta las 20. Fueron más de 300 mil los efectivos militares que custodiaron las locaciones de la consulta no vinculante.

La participación fue de alrededor del 50% del padrón, 10 millones 500 mil electores se acercaron a las urnas según los datos oficiales. Los resultados fueron anunciados por el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, quien dio a conocer que el ‘sí’ ganó con más del 95% en las cinco preguntas.  

En general, la participación del electorado en las urnas venezolanas es irregular. Hasta la victoria presidencial de Maduro en 2013 y las parlamentarias de 2015, entre el 65 y el 80% del electorado acudía a las urnas a votar a sus gobernantes nacionales y las consultas populares. Desde entonces, la participación electoral no ha superado el 50%. La participación más baja se registró en las elecciones parlamentarias celebradas en diciembre de 2020, en las que la participación apenas superó el 30%.

A la par de los sucesos en Venezuela, durante la jornada del domingo, en Guyana, se han realizado diferentes manifestaciones para demostrar su inconformidad con la medida de Maduro, los mismos se agruparon bajo lemas como #OneGuyana (Una Guyana).  

Por otro lado, conocidos los resultados, se difundió un video donde se ve a un grupo de venezolanos bajando una bandera de Guyana de un mástil para intercambiarla por una venezolana. Esto sucedió en Sierra de Paracaima, porción del territorio en reclamación y lugar donde el mismo Alí había izado la bandera guyanesa hace unos días. 

Estos resultados no fueron una sorpresa, los analistas políticos ya anticipaban que el resultado sería favorable para el Gobierno, esto debido a la falta de una campaña del ‘no’ y la posibilidad de que quienes se opusieron no se acercarían a votar, y así sucedió, ya que mitad del padrón no concurrió a las urnas. Sin embargo, los expertos también consideran que las implicaciones de la votación serán mínimas, y ‘la probabilidad de una anexión es remota‘.  

Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, ratificó previó a que se conocieran los resultados que se crearía el estado 24 de Venezuela una vez aprobado el referéndum, tal como lo proponía una de las preguntas del referéndum. 

Empero, el Gobierno venezolano no aclaró oficialmente las medidas que tomará para aplicar el resultado, aunque aun así, la campaña ya había motivado a los implicados a movilizar sus tropas. Igualmente, a pesar de que Venezuela tiene mayor poder militar que Guyana, no podría competir contra los aliados de dicho país, entre los cuales se encuentra Estados Unidos.  

Según la embajada estadounidense en Guyana, los líderes de la 1a Brigada de Asistencia de Fuerzas de Seguridad (SFAB) del Ejército de los EEUU y de las Fuerzas de Defensa de Guyana (GDF) se reunieron los días 27 y 28 de noviembre como parte de la “sólida asociación militar entre Estados Unidos y Guyana”. En dicha oportunidad, discutieron próximos compromisos, que incluyen sesiones de planificación estratégica y procesos para mejorar la preparación y capacidades militares de ambos países, con el objetivo de responder a amenazas de seguridad. 

Guyana también planteó la opción de establecer “bases militares” con apoyo de Estados Unidos en el Esequibo. «Nunca hemos estado interesados en bases militares, pero tenemos que proteger nuestro interés nacional«, declaró el vicepresidente de Guyana, Bharrat Jagdeo. 

Otros miembros de la comunidad internacional que han expresado su apoyo a Guyana son los países caribeños, el Commonwealth y la OEA. Todos estos apuestan a que el conflicto sea resuelto, el año próximo, por medio de la Corte Internacional de Justicia.  

Por otro lado, Brasil, Estado que comparte límites con los países en conflicto, ha decidido movilizar tropas a la frontera de la zona en conflicto como una “medida defensiva”. Así, las Fuerzas Armadas de Brasil han sido colocadas en un estado de alerta elevado debido al significativo desplazamiento de equipamiento militar y personal en el Este de Venezuela, en la frontera con Guyana.  

Empero, Brasil decidió no pronunciarse sobre el referéndum del domingo, ya que «desde el punto de vista de Brasil el referendo es un asunto interno de Venezuela«. 

Qué es el Esequibo  

El Esequibo, que se identifica en el mapa como ‘zona en reclamación’, es una región de 160 mil kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo. Esta porción territorial, rica en minerales y biodiversidad, es administrada por Guyana y representa cerca del 70% de su territorio.  

Históricamente, Guyana es uno de los países más pobres de América del Sur y hoy atraviesa un milagro económico que lo puede transformar en el Dubái de la región. Con la producción actual, y con las reservas estimadas en 11.000 millones de barriles de oro negro, el país puede pasar a Venezuela en los años venideros y superar el millón de barriles diarios. Actualmente la producción está en 700.000 y 800.000 diarios. 

De esta manera, los hallazgos de esta inmensa riqueza petrolera provocaron que un país de 800.000 habitantes se convierta en una de las economías de mayor crecimiento en el mundo. Se estima un crecimiento en un 25% de su PBI este año, luego de haber crecido 57,8% en 2022. Además, la región también cuenta con importantes recursos hídricos. 

Cabe aclarar que la discusión sobre la soberanía del Esequibo no es nueva, sino que comenzó en el siglo XIX y revivió en los últimos años por las licitaciones petroleras hechas en áreas marítimas pendientes de delimitación. 

Venezuela argumenta que la región forma parte de su territorio, ya que, durante el periodo colonial, la misma integró parte de la capitanía de Venezuela. Sin embargo, luego del dominio español, a partir de 1648, y antes de que Venezuela reclame su independencia de España en 1811, la región fue administrada por los holandeses; y por Reino Unido a partir de 1814, en este contexto, en 1899 una sentencia arbitral en un tribunal de París confirmó la soberanía de la región al imperio británico.  

Años más tarde, en 1962, Venezuela inició un proceso en las Naciones Unidas para contestar a la decisión de 1899. Pero, en 1966, Guyana obtiene su independencia de Reino Unido, y mediante la firma del Acuerdo de Ginebra, se determina el control de área a los guyaneses, pero admitiendo la contestación de Venezuela y estableciendo que en 4 años debería resolverse la cuestión. Esto último nunca sucedió.  

En las décadas siguientes las negociaciones tampoco avanzaron y la cuestión llegó a ser olvidada durante el gobierno de Hugo Chávez. Empero, Venezuela retomó la demanda en 2015 luego de que la empresa estadounidense ExxonMobil descubriera grandes reservas de petróleo en el mar territorial guyanés.  

Así, en abril, el Tribunal Internacional de Justicia de la Haya declaró que cuenta con jurisdicción para decidir sobre la disputa. De esta manera, el Tribunal rechazó, por 14 votos a favor y 1 en contra, los argumentos venezolanos.  

Sin embargo, Venezuela mantiene su posición de no reconocer a la Corte Internacional de Justicia como medio de resolución de la disputa territorial. 

En este contexto, Caracas repudió hace un par de meses un anuncio de Guyana en el que anunciaba licitaciones de petróleo a ExxonMobil en la región en disputa. Maduro ha declarado que las mismas son ilegales y llegó a decir que Guyana se estaba convirtiendo en una ‘sucursal’ de la empresa norteamericana.  

Por su parte, el mandatario guyanés, Irfaan Ali, pronunció en su intervención pasada en la Asamblea General de las Naciones Unidas que Venezuela no está excusada a cumplir con su obligación bajo la carta de la ONU, y de esta forma respetar el Estado de derecho. 

Las cinco preguntas contenidas en el referéndum fueron:  

• ¿Está usted de acuerdo en rechazar, por todos los medios, conforme a derecho, la línea impuesta fraudulentamente por el Laudo Arbitral de París de 1899, que pretende despojarnos de nuestra Guayana Esequiba? 
• ¿Apoya usted el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana, en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba? 
• ¿Está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba? 
• ¿Está usted de acuerdo en oponerse, por todos los medios, conforme a derecho, a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar, de manera ilegal y en violación del derecho internacional? 
• ¿Está usted de acuerdo con la creación del estado Guayana Esequiba y que se desarrolle un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de ese territorio, que incluya entre otros el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana, conforme al Acuerdo de Ginebra y el Derecho Internacional, incorporando en consecuencia dicho estado en el mapa del territorio venezolano? 

En los últimos años, México se ha beneficiado de la llegada de múltiples inversiones extranjeras directas (IED) a su economía. La geopolítica mundial, su cercanía a los Estados Unidos y sus condiciones socio-económicas, lo han transformado en un país atractivo para la relocalización de empresas e industrias, que buscan lugares más seguros para su producción.

En este contexto, al fenómeno que vive México, se lo conoce como “nearshoring”, el cual siguiendo a London Política, podría ser definido como “una estrategia corporativa que implica trasladar la producción cerca de los mercados de destino, con el objetivo de reducir los riesgos de interrupción en la cadena de suministro”.

Pero, ¿por qué las corporaciones ahora se preocupan por sus cadenas de suministros?

Tendencias del comercio global

El comercio mundial ha cambiado su tendencia en los últimos años. En la década de los 90’ con el fin de la Guerra Fría y el auge de la globalización, el comercio comenzó a manifestar una tendencia que conocemos como “offshoring”, esto es, una estrategia empresarial que implica trasladar ciertas operaciones, procesos o funciones al extranjero con el objetivo de aprovechar costos laborales más bajos, obtener ventajas fiscales, acceder a habilidades especializadas o simplemente expandir su presencia global, entre otras ventajas.

La globalización y la revolución digital son los motores que promovieron este tipo de comercio, generando que los productos pasen por distintos países antes de transformarse en bienes finales, un fenómeno que desarrolló las “cadenas globales de valor”. Sin embargo, esta tendencia está comenzando a cambiar, dando lugar al “reshoring” (relocalización de la producción en el país de origen) o el “nearshoring” (relocalización geográficamente cercana al país de origen). 

En este sentido, son múltiples las razones que llevaron a las empresas a reconsiderar sus estrategias de producción. En primer lugar, la disputa entre Estados Unidos y China, agravada en el periodo de Donald Trump con la subida de aranceles a los productos chinos, produjeron problemas en las cadenas de suministros de ambas potencias. En segundo lugar, la pandemia del Covid-19 generó cuellos de botella en la producción, interrumpiendo cadenas de suministro por las restricciones, resaltando los riesgos de depender de la fabricación en el extrangero. En tercer lugar, podemos encontrar al aumento de la mano de obra en Asia como otro factor, que disminuye los beneficios del offshoring en ese continente. Finalmente, la invasión de Rusia a Ucrania, las posteriores sanciones y el agravamiento de las tensiones geopolíticas, profundizan el costo de tener cadenas globales de valor en oriente.

Por estas razones, el “nearshoring” (o relocalización de la producción) se ha planteado como una alternativa para las empresas con el objetivo de buscar cadenas de suministro más cortas y seguras.

Oportunidades y Desafíos para México

En este contexto, México aparece como un mercado atractivo para abastecer la producción destinada al mercado estadounidense. No solo por su proximidad y por ende, su capacidad para transportar los productos, sino también por su apertura al comercio y el T-MEC, un tratado de libre comercio que lo beneficia como un buen lugar para exportar hacia los Estados Unidos o Canadá. Además, el país latinoamericano posee mano de obra calificada para abastecer a las empresas y presenta incentivos fiscales para las IED. 

Muchas son las inversiones que llegaron a México, entre las más populares, tenemos el anuncio del CEO de Tesla, Elon Musk, quien anunció que su empresa construirá una “gigafactory” en el estado de Nuevo León, México. De acuerdo a London Política, “se espera que sea una inversión multimillonaria y que impulse la economía de México al llevar la fabricación altamente avanzada al país”. Además, otras empresas importantes como General Motors y BMW han anunciado planes para producir vehículos eléctricos (EVs) dentro del país.

En este proceso México se ha transformado en el principal socio de los Estados Unidos, como lo muestra el gráfico de Financial Times. Esto se debe, en gran parte, a que México ocupó el terreno perdido por China desde el agravamiento de las tensiones geopolíticas.

Según información publicada en Financial Times, la “inversión extranjera directa, que aumentó a un récord de $32.9 mil millones en los primeros nueve meses de este año”. Pero el gobierno de Nuevo León en Monterrey dice que miles de millones en inversiones anunciadas allí aún no se reflejan en las cifras de IED y exportaciones. 

Por otro lado, los críticos señalan que no se está aprovechando del todo esta oportunidad, en particular por la falta de planificación y déficit estructurales que México presenta. Estos se reflejan, principalmente, en problemas de infraestructura e inseguridad. 

Reflexiones finales

El nearshoring es una gran oportunidad para México, que puede convertirse en el principal destino para las empresas que buscan relocalizar su producción siguiendo las nuevas tendencias de comercio global. De acuerdo a London Política, el país cuenta con una geografía estratégica, una profunda relación política y económica con sus vecinos del norte y acceso a más del 60% del PIB mundial a través de acuerdos comerciales y tratados de inversión. Además, el país también resulta atractivo por su sector manufacturero bien establecido, con mano de obra a bajo costo, considerablemente educada y joven. Sin embargo, las limitaciones en infraestructura e inseguridad, podrían obstaculizar la capacidad de México para aprovechar su potencial.

El martes por la tarde, la Cámara Alta de Brasil, en una votación simbólica y con apenas dos votos en contra, aprobó la entrada de Bolivia al Mercosur. La Cámara Baja ya había hecho lo mismo el 18 de octubre y, de esta manera, la aprobación del Congreso brasileño ya es oficial.  

El protocolo de entrada de Bolivia fue firmado en Brasilia, el 17 de julio de 2015, durante el Gobierno de Dilma Rousseff, pero la entrada en vigor del mismo dependía de la ratificación de los Órganos Legislativos de todos los países miembros del bloque. Los congresos de Argentina, Paraguay y Uruguay ya lo habían aprobado, por lo que únicamente restaba el de Brasil. Por ende, tras la votación realizada ayer en el Senado de dicho país, la adhesión fue confirmada.  

“Agradecemos las gestiones del hermano presidente Lula y al pueblo brasilero por este hito histórico en la integración latinoamericana. Los pueblos del sur apostamos por la integración para hacer frente a los desafíos que representa la crisis multidimensional que amenaza a la humanidad”, expresó en sus redes sociales Luis Arce, actual presidente de Bolivia.  

Ahora, el trámite pendiente es la promulgación del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien además se encuentra ejerciendo la presidencia del Mercosur. En esta línea, cabe mencionar que la próxima cumbre del bloque de integración se celebrará en Río de Janeiro el próximo 7 de diciembre. En dicho encuentro, más allá de pasar la presidencia pro tempore a Paraguay, Lula también espera la participación de Luis Arce.  

De esta manera, tras la aprobación de Brasil, Bolivia pasará de miembro asociado a miembro pleno del Mercosur. Para ello, el protocolo indica que, en un plazo máximo de cuatro años a partir del ingreso al bloque, Bolivia deberá concluir el proceso de ingreso por medio de la aprobación gradual de todas las normas del Mercosur, esto incluye la Nomenclatura Común del Mercosur, el Arancel Externo Común y las normas de origen del bloque. 

Se trata así de la primera adhesión al bloque luego de la suspensión de Venezuela en 2016. Dicho país había ingresado en el 2012 como miembro permanente, pero, 4 años después, fue suspendido por incumplir el estatuto asumido cuando ingresó.  

Más allá de oficializar la entrada de Bolivia, el Senado brasileño también sancionó una moción que contempla el envío de una delegación de legisladores a La Paz, la cual se concentrará, en un plazo de 180 días, en verificar que el país ingresante cumpla con la cláusula democrática del Mercosur. 

En este contexto, y a días de finalizar el mandato de Alberto Fernández como presidente de la Argentina, con la incorporación de Luis Arce, Lula se asegura que encontrará en él un aliado frente a las posturas en contra que pueden presentarle Santiago Peña, Luis Lacalle Pou, o el recientemente electo Javier Milei.  

Frente a las diferencias ideológicas en el bloque, otro tema a resolver es el del acuerdo con la Unión Europea. El mismo será tratado en la cumbre de diciembre. Santiago Peña, quien asumirá la presidencia del bloque luego de la cumbre, ha dejado claro que abandonará las negociaciones si Lula no presenta un avance significativo el 7 de diciembre. En esta línea, tanto el mandatario brasileño como la Comisión Europea han asegurado que las negociaciones a nivel técnico están “muy avanzadas” y solo falta el “impulso político” para alcanzar un acuerdo. 

El pasado 24 de noviembre, un día después de su posesión presidencial, Daniel Noboa, asignó mediante la suscripción del Decreto Ejecutivo N° 27, como única función a su vicepresidenta, Verónica Abad, la tarea de ser «colaboradora para la paz y precautelar el incremento de la conflictividad entre Israel y Palestina».

Esto implica que la Vicepresidenta deberá trasladarse a la oficina de la Embajada de Ecuador en Tel Aviv para cumplir con la única función asignada por el Presidente. El mandatario justificó su decisión haciendo referencia al artículo 149 de la Constitución Nacional, el cual establece que la Vicepresidenta ejercerá las funciones éste le asigne.

Adicionalmente, mediante el Decreto N° 30, Noboa ordenó «la reestructuración institucional de la Vicepresidencia de la República, al amparo de las normas de austeridad de gasto público». Las acciones administrativas y legales realizadas por el Ministerio de Trabajo y la Secretaría Nacional de Planificación (SENPLADES), en virtud de dicho decreto, podrían implicar desvinculaciones o traslados de personal a otras dependencias estatales.

La decisión de Noboa fue celebrada por las Embajadas de Israel, Estados Unidos, Rusia y China en Ecuador.

La respuesta de Abad

Abad aprovechó el 25 de noviembre, Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para publicar un video en sus redes sociales en el que menciona que la violencia también se manifiesta «cuando obedecemos con miedo, cuando, abusando del poder, te minimizan y te envían a morir a la guerra«. El video fue interpretado como una respuesta indirecta a su inconformidad con la decisión del Presidente.

La Vicepresidenta emitió un pronunciamiento oficial este martes 28 de noviembre a través de una rueda de prensa, aceptando el Decreto 27 y asegurando que cumplirá con la misión de ser colaboradora por la paz y evitar el escalamiento de la conflictividad entre Israel y Palestina. Además afirmó que será vicepresidenta y embajadora en Israel, ya que entiende que su designación implica contar con el beneplácito.

Adicionalmente, afirmó que aunque el presidente la prefería lejos del país, haría sus mejores esfuerzos para contribuir a la paz en la región, incluso considerando que países con gran poder político y económico como Estados Unidos no han tenido éxito. «Mi presencia será notable aún estando a kilómetros del Ecuador… No abandono el barco; me envían lejos«, aclaró.

Distanciamiento entre Noboa y Abad

Desde la campaña de la segunda vuelta electoral, se notó un evidente distanciamiento en el binomio, confirmado por Abad en sus declaraciones. Los actos de campaña que llevaron a cabo juntos fueron escasos, estuvieron en diferentes ciudades durante las elecciones, y Abad no participó en la celebración tras la victoria electoral. Además, no estuvo presente en el almuerzo oficial en el Palacio de Carondelet después del cambio de mando, ni en la foto oficial con el gabinete. En la rueda de prensa, aclaró que la razón fue que no recibió invitación para ninguno de estos eventos.

Abad responsabiliza como parte de esta situación al «ataque continuo contra su persona» que se dio desde la campaña. «Presentaron videos antiguos, presentándolos como nuevos, como propuestas de campaña y lo siguen haciendo (…) Me acusan de contradecir las propuestas de Daniel Noboa. Esta campaña sucia también se ha dado a la interna de ADN (partido político). Yo luchaba contra dos campañas sucias», afirmó.

La Vicepresidenta hace alusión a declaraciones que se volvieron virales durante la campaña, resaltando diversas opiniones controvertidas que ha expresado en el pasado. En estas, se autodefine como una derechista liberal y provida, oponiéndose al concepto de igualdad de género, y manifestando afinidad con los valores del partido ultraderechista Vox. Analistas sostienen que el equipo de Noboa optó por distanciarse de su historial ideológico, relegándola al margen de la campaña.

Abad no posee experiencia en el ámbito diplomático, lo que hace que la decisión de Noboa llame aún más la atención al enviar a la vicepresidenta al complejo conflicto.

Luego de idas y vueltas con el gobierno, el jueves pasado Petrobras lanzó su Plan Estratégico para los próximos cinco años. Mediante el mismo se programa invertir US$ 102 mil millones entre el 2024 y 2028. De esta manera, se trata de un impulso significativo de las inversiones previstas por la compañía estatal de petróleo, proyectan un aumento del 31% en relación con el plan anterior.  

El nuevo proyecto es el primero presentado desde que Jean Paul Prates accedió al cargo de CEO, y también el primero desde que Lula da Silva inició su nuevo mandato como presidente de Brasil. El directivo y el mandatario se reunieron varías veces antes de la aprobación del documento, esto porque Lula reclamaba ajustes para impulsar la creación de nuevos empleos y la reducción en los precios de los combustibles. Por otro lado, los inversores privados de Petrobras reclaman que Prates se enfoque en los beneficios y que evite endeudarse más.  

Sin embargo, a pesar de estos cambios y reclamos, los aportes del nuevo plan, que incluye inversiones en diferentes sectores, siguen concentrados en la exploración y producción de petróleo, sector que recibirá el 73% del presupuesto.  

Las modificaciones en relación a la administración y planes anteriores están en la ampliación de estudios en iniciativas para bajar las emisiones de carbono, en ello pretenden invertir $11.5 mil millones, más del doble del monto asignado en el plan anterior. Asimismo, también habrá un retorno a las inversiones en el sector petroquímico, principalmente en fertilizantes, para lo cual reanudarán las operaciones de una vieja fábrica y finalizarán la construcción de una segunda.  

«Petrobras abordará la transición energética de manera gradual, responsable y progresiva, invirtiendo en nuevas energías sin renunciar abruptamente a la producción de petróleo, aún necesaria para satisfacer la demanda mundial y financiar la transición energética«, afirmó Jean Paul Prates 

Cabe aclarar que, del total estimado, $91 mil millones serán destinados a los proyectos ya aprobados y en ejecución, mientras que los otros $11 mil millones están reservados a proyectos que aún no fueron aprobados, por ende, están sujetos a viabilidad. Como se mencionó, la nueva cifra representa un aumento del 31% con respecto a los $78 mil millones que Petrobras había anunciado, durante la presidencia de Jair Bolsonaro, para el período 2023-2027.  

La compañía de petróleo atribuyó el aumento en las inversiones principalmente a nuevos emprendimientos, los cuales abarcan posibles adquisiciones y la incorporación de activos que el Gobierno anterior había puesto a la venta. También responsabilizan al costo de la inflación, que, según Petrobras, afectó la cadena de suministros. 

«Incrementamos las inversiones totales de Petrobras con responsabilidad, centrándonos en la disciplina de capital y comprometiéndonos a mantener la deuda bajo control. También intensificamos las inversiones en baja emisión de carbono con proyectos rentables para generar valor a largo plazo«, señaló Prates en un comunicado.  

Ocupando el 73% del presupuesto la exploración y producción del hidrocarburo, se prevé aumentar de 2.8 millones de barriles de petróleo diarios en 2024 a 3.2 millones diarios para 2028. En esta línea, se destinarán alrededor de $7.5 mil millones para la exploración y $17 mil millones en refinación, transporte y comercialización. 

Así, Petrobras busca desarrollar un nuevo grupo de yacimientos marinos en la región presalina, como también la exploración de yacimientos en el noreste del país. De esta forma, la compañía está a la espera de permisos de perforación en la región de Margen Ecuatorial, dónde pretende realizar descubrimientos similares a los de Exxon Mobil en la costa de Guyana.  

Por otro lado, de acuerdo con la reciente estrategia, alrededor del 60% de los ingresos generados por Petrobras se destinarán a la sociedad a través de impuestos y pagos al gobierno federal, así como a los estados y municipios. Además, la firma tiene como objetivo mantener su deuda bruta en un límite de US$ 65.000 millones. 

En los últimos años, China ha consolidado su posición como líder económico mundial, un logro atribuido principalmente a las reformas económicas impulsadas por Deng Xiaoping en favor del libre mercado. Sin embargo, no podemos olvidar que China es un régimen de partido único, con el Partido Comunista de China (PCCh) desempeñando un papel central en las relaciones del país asiático con el resto del mundo.

Para expandir su poder global, China no solo recurre a herramientas geopolíticas tradicionales, como el establecimiento de bases militares, sino que también utiliza el comercio como un método de extensión de influencia, una estrategia evidente en su actuación en la región de Medio Oriente. Es crucial tener en cuenta que las empresas chinas que operan a nivel mundial en su mayoría responden a las demandas del PCCh, y su participación no está libre de controversias.

Un caso destacado es el de China Harbour Engineering Company (CHEC), una contratista de ingeniería subsidiaria de China Communications Construction Company (CCCC), especializada en la construcción de infraestructura, especialmente en países periféricos. CHEC ha enfrentado múltiples críticas y controversias relacionadas con el soborno, la corrupción o la ineficiencia.

Un ejemplo es el caso de Bangladesh, donde en 2018 la compañía asiática fue incluida en la lista negra del país del sur de Asia debido a ofrecer sobornos a funcionarios gubernamentales. Por este motivo el Gobierno llevó a cabo una investigación sobre los proyectos en curso en los que la empresa china está involucrada, incluyendo la expansión de la autopista Dhaka-Sylhet.

En Costa Rica, en 2018, CHEC fue contratada para la ampliación de la Ruta Nacional 32, una obra que conecta San José con el puerto caribeño de Limón, con fecha de finalización original en 2020. Sin embargo, el proyecto ha experimentado retrasos significativos, y el ministro de Obras Públicas y Transporte de Costa Rica, Luis Amador, expresó su preocupación por el diseño deficiente y los posibles impactos ambientales, llegando a decir que “es un proyecto pobremente diseñado donde se toma una carretera existente y se amplía como autopista”.

Otro episodio controvertido ocurrió en Sri Lanka en 2018, cuando el Ministro de Estado de Finanzas y Medios de Comunicación, Eran Wickramaratne, solicitó una investigación sobre CHEC por informes que sugerían financiamiento a la campaña de Mahinda Rajapaksa durante las elecciones presidenciales de 2015. CHEC negó estas acusaciones.

Este año, CHEC ha firmado contratos importantes, como la continuación de la construcción de un puente sobre el canal de Panamá y la responsabilidad de construir el metro de Bogotá. Aunque la empresa asiática ha asegurado que estos proyectos se llevarán a cabo sin interrupciones ni retrasos, solo el tiempo revelará la veracidad de estas afirmaciones ya que la experiencia de otros países ha sido negativa.

La expansión global de CHEC deja en evidencia la complejidad de las relaciones internacionales en el siglo XXI. A medida que China busca consolidar su posición como potencia global, las prácticas de empresas como China Harbour Engineering Company plantean preguntas importantes sobre la transparencia, la ética empresarial y la responsabilidad en el escenario internacional. Este contexto abre la puerta a un debate sobre cómo abordar las relaciones comerciales globales en un mundo cada vez más interconectado. Fenómenos como estos no se nos pueden pasar desapercibidos si queremos tener una comprensión real de cómo funciona el mundo.

Diana Mondino, diputada electa por La Libertad Avanza y designada como Canciller a partir del 10 de diciembre cuando tome posesión el gobierno de Javier Milei, realizó una visita este domingo 26 de noviembre a Brasilia para reunirse con su homólogo Mauro Vieira. Fue recibida también por Daniel Scioli, actual embajador argentino en Brasil, y por Julio Bitelli, embajador brasilero en Argentina.

Durante la visita, la cuenta oficial del gobierno brasilero anunció que la futura Canciller argentina «entregó una invitación del presidente electo Javier Milei para que el presidente Lula participe en su toma de posesión , el 10 de diciembre«.

Este anuncio muestra una faceta superadora a la especulación de los análisis locales sobre la mal denominada «arrogancia» del presidente electo para con sus pares regionales. Teniendo en cuenta esta invitación, se consolida una visión más prudente de la política exterior que va a encausar el próximo gobierno de la República Argentina.

En la carta firmada por Javier Milei a Lula da Silva, se invita al mandatario brasilero al acto de Asunción del Mando Presidencial. Además, se remarca que se desea «seguir compartiendo áreas de complementariedad, a nivel de integración física, comercio y presencia internacional» en búsqueda de «crecimiento y prosperidad para argentinos y brasileros».

Además, durante la visita se discutieron aspectos claves de la relación bilateral entre Argentina y su principal socio comercial, como así también se habló sobre la etapa actual de las negociaciones para cerrar el tratado de libre comercio entre Mercosur-Unión Europea.

Este 23 de noviembre, en el pleno de la Asamblea Nacional, tuvo lugar la ceremonia de cambio de mando presidencial en Ecuador. En dicho evento, Daniel Noboa Azín y Verónica Abad Rojas asumieron los cargos de presidente y vicepresidenta, respectivamente, para completar el mandato del ahora expresidente Guillermo Lasso. Este último disolvió la Asamblea Nacional en mayo pasado mediante la figura de la muerte cruzada, lo que abrió paso a elecciones anticipadas.

En sus primeras palabras como primer mandatario, Noboa hizo referencia en el pacto que se llevó a cabo con otras fuerzas políticas en la Asamblea, al expresar: «Aquellos que perciben la política como una realidad de extremos y revanchas no contarán con el respaldo popular».

Además, aclaró que su proyecto político es difícil de encasillar en viejos paradigmas, ya que desde la campaña su propuesta ha destacado por ser diferente y «joven». En sus propias palabras, su proyecto se define como «proEcuador» y «antinada», ya que los «anti» tienen techo, mientras que los «pro» son infinitos. Esto hace referencia a los clivajes inherentes a la política ecuatoriana, especialmente en relación al correísmo y anti correísmo.

Noboa asume el cargo en un contexto complejo, enfrentándose a una grave crisis de inseguridad, un crítico déficit fiscal, apagones de energía y un riesgo país de 1.925 puntos, entre muchos otros desafíos. En el transcurso de un año y medio, el nuevo presidente debe abordar las principales necesidades de los ecuatorianos, sentando las bases para restaurar la confianza en un sistema político deteriorado y enfrentando las amenazas que han sumido al país latinoamericano en una profunda crisis multidimensional.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, firmará un «acuerdo de asociación y cooperación estratégica» con Venezuela, según consta en una disposición gubernamental publicada el miércoles en el portal de información legal del Gobierno ruso.

Este anuncio poco publicitado se da tras la visita del ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Yván Gil, a Moscú la semana pasada. En ese entonces, aseguró que las relaciones de Venezuela con Rusia «atraviesan su mejor momento».

El documento estipula «aprobar la propuesta del Ministerio de Exteriores de Rusia, acordado con las entidades federales del poder ejecutivo interesadas, sobre la firma del Acuerdo de Asociación y Cooperación estratégica entre Rusia y Venezuela«.

Todavía no queda muy claro en que se materializará este acuerdo, pero demuestra la voluntad irrefutable de colaboración de los dos regímenes excluidos por Estados Unidos. Tanto Venezuela como Rusia se encuentran dentro del esquema de sanciones norteamericano, aunque a distinto nivel, y son históricos aliados por sus tensiones con Estados Unidos.

El presidente uruguayo Lacalle Pou inició el pasado sábado su viaje oficial a China, donde fue recibido por Xi en búsqueda de «promover las relaciones amistosas entre los dos países». El mandatario uruguayo se quedará en el país asiático hasta el sábado 25 de noviembre.

«China está lista para trabajar con Uruguay para tomar el establecimiento de una asociación estratégica integral como un nuevo punto de partida… y enriquecer la cooperación», le expresó el presidente Xi Jinping a su homólogo uruguayo Luis Lacalle Pou en una reunión en el Gran Salón del Pueblo de Beijing, informaron medios estatales chinos el miércoles.

Lacalle Pou propuso por primera vez un acuerdo de libre comercio (TLC) con China en 2021, en búsqueda de oportunidades similares para sus exportadores a las que disfrutan Chile, Costa Rica, Ecuador y Perú, y para impulsar las exportaciones de materias primas, bienes industriales y tecnología.

En este caso y bajo el esquema del Mercosur, donde todos los países del bloque deben aprobar la celebración de acuerdos comerciales en conjunto, Uruguay enfrenta la priorización del resto de los países que quieren primero llegar a un acuerdo de libre comercio con Europa.

Esta no es la primera vez que Uruguay busca negociar un TLC por su cuenta, ya que estuvo a punto de firmar un TLC con Estados Unidos en 2006. En ese entonces, su gobierno finalmente rechazó el acuerdo por temor a ser expulsado del Mercosur si lo hacía.

Actualmente, Beijing no tiene preferencia arancelaria para la carne vacuna uruguaya, que representó el 67% de las exportaciones del país sudamericano a China en 2022. En dicho mercado existe un arancel del 12% sobre la carne, según datos de COMTRADE de Naciones Unidas.

Según un estudio realizado por el Instituto Nacional de Carnes de Uruguay en 2021 y compilado por Reuters, si China firma un TLC con Uruguay, la industria cárnica podría implementar un arancel preferencial del 0%, lo que reduciría los aranceles en $150 millones.

Durante este viaje, Xi y Lacalle Pou fueron testigos de la firma de documentos de cooperación en una variedad de sectores, incluidos la agricultura, la educación y la ciencia y la tecnología, así como de inspecciones aduaneras, lo que podría ser una gran ayuda para las exportaciones de Uruguay.

No es novedad que desde hace años se investiga el ecosistema de propaganda y desinformación de Rusia. En agosto de 2020, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos lanzó un informe especial al respecto. Una de las cuestiones centrales de este reporte menciona que el ecosistema de propaganda y desinformación se conforma de cinco pilares: comunicaciones oficiales del gobierno, mensajes globales financiados por el gobierno, el uso “armamentístico” de las redes sociales, desinformación por vías cibernéticas y, en lo que profundizaremos en esta nota, el uso de fuentes proxy. 

Estas fuentes o sitios proxy son definidos, por el gobierno de los Estados Unidos, como aquellos que sitios controlados, dirigidos o influenciados por el servicio de inteligencia ruso, las Fuerzas Armadas rusas, u otros entes gubernamentales; pero sin que se publicite y atribuya dicho control al gobierno ruso. 

Uno de los principales ejemplos de ello es la Red de Desinformación Sincrética, que consistía de Fort Russ News (FRN), el Centro de Estudios Sincréticos (CSS por sus siglas en inglés) y el movimiento internacional New Resistance. Esta última siendo la única entidad que sigue activa hasta el día de hoy, y en la que profundizaremos en esta oportunidad. 

New Resistance es un movimiento neofascista, “nacional revolucionario”, antisemita, racista y con características paramilitares. El grupo se basa en la desinformación pro-autoritaria y apoya a Rusia en su guerra contra Ucrania. La organización fue creada a partir de la disolución de un grupo neonazi, supremacista blanco, en el 2011, y desde entonces empezó a expandirse por Europa y el resto del mundo. 

Principalmente, la organización propone llevar a la práctica su filosofía política ¿pero cuál es? Siguen la filosofía de Aleksandr Dugin. Este filósofo ruso es el creador de la Cuarta Teoría Política: una teoría sincrética – la combinación de diversos sistemas de creencias que permite una mayor inclusión dentro del campo religioso, político y filosófico –, que busca unir a la extrema derecha y extrema izquierda global para derrotar al “liberalismo”. Es decir, que esta teoría busca la destrucción del sistema y orden liberal internacional a favor de un nuevo mundo autoritario, tradicionalista y eurasianista. 

[Si quieren saber más sobre la Cuarta Teoría Política, a continuación el link para indagar sobre su programa, principios y estrategia: https://archive.ph/ADo3X]

¿Qué es el eurasianismo? Según Anton Shekhovtsov, es “una forma de ideología fascista centrada en la idea revolucionar la sociedad rusa y construir un imperio Euroasiático, totalitario y dominado por Rusia. Este nuevo imperio desafiaría, y eventualmente derrotaría, a su eterno adversario, representado por los Estados Unidos y sus aliados Atlánticos”. 

Para Dugin, lo central de esta ideología es la reconquista de territorios que alguna vez fueron controlados por el Imperio ruso y/o la Unión Soviética; utilizando el poder militar, la desestabilización, la subversión y la desinformación. 

Ahora bien, para llevar su filosofía política a la práctica, New Resistance se instaló en varias regiones del mundo, incluyendo Latinoamérica. Es así que llega a Brasil en el 2015 y se conforma una rama muy fuerte de la organización, que en este caso traducen su nombre al portugués y se llaman Nova Resistência. 

Nova Resistência

Según el reporte especializado sobre el sistema de desinformación pro-Kremlin del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, Nova Resistência es por lejos la rama más organizada y desarrollada de este movimiento internacional. A pesar de funcionar desde Brasil, esta rama tiene gran relevancia por la relación directa con entidades gubernamentales rusas, con el propio Aleksandr Dugin, y otros grupos sincréticos de América Latina; además, promociona grandes cantidades de desinformación pro-Kremlin. 

Según la página oficial de Nova Resistência, esta rama se creó en el 2015 bajo el liderazgo del brasilero Raphael Machado. De todas formas, en algún momento del año 2020, Nova Resistência se separa de la organización, así llegando a declarar que “nuestra organización es enteramente independiente y soberana, al punto de tener claras posiciones antagonistas en varios temas con otros supuestos grupos que usan nuestro mismo nombre en el extranjero”. 

Una cuestión interesante es que la página de Nova Resistência tiene su dirección IP en Moscú, Rusia, y es administrado por Advanced Solutions LLC, una compañía que también administra la página web de la “ciberbanda” rusa, DarkSide. 

Hoy en día, Nova Resistência publica contenido que se alinea con la ideología de la original New Resistance, pero también publica contenido propio altamente variado, especialmente pro-Kremlin. Han publicado artículos con teorías conspirativas y desinformando sobre Bill Gates, Greta Thunberg, las vacunas del COVID-19 y también publicado contenido anti LGBTIQ+. 

A su vez, por esta página, se organizan y promocionan grandes eventos y seminarios, algunos de los cuáles Dugin ha participado y sido anfitrión. En su canal de YouTube, tiene hasta cursos con profesores, historiadores y filósofos locales e internacionales. Con ello, mantienen en pie su misión de insertar en la política brasilera la filosofía de Dugin; además de diseminar desinformación alineada con los ideales del Kremlin. Es más, Machado ha dado charlas sobre la filosofía de Dugin, y otros temas relacionados, en la Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ), una de las universidades públicas más reconocidas del país. 

Además de organizar eventos, también publican diversas noticias de “información y análisis” actuales sobre los Estados Unidos; política actual brasilera; Israel y el conflicto con Palestina; sobre el sionismo; la guerra en Ucrania; entre otros temas. Generalmente, estas noticias vienen acompañas de fotos y hasta de pósteres creados por la propia organización:

Por otro lado, desde la página incentivan a que seguir su canal en Telegram – una aplicación de mensajería. Esta app ha sido, y es actualmente, muy utilizada para la propagación de desinformación y fake news en Brasil. Un ejemplo de contenido que se comparte en su canal de difusión en Telegram es este mensaje compartido el 20 de septiembre de 2022:

“En este perfil apoyamos al Grupo Wagner sin reticencias o “peros”, y ansiamos por un análogo brasilero para proteger nuestra influencia en la “resolución no pacífica de conflictos” en Iberoamérica, África y otras regiones del planeta que nos pidan ayuda” (Texto extraído el 7/11/2023: https://archive.ph/d3MlH#selection-147.0-147.253).  

Este es un claro ejemplo de cómo la filosofía desestabilizadora, revolucionaria, subversiva y armada de Dugin se traduce en términos locales brasileros y de la región. La voluntad de conseguir su meta a través de grupos armados se puede entender, en este caso, como la voluntad de que exista una versión brasilera del Grupo Wagner. 

En este año 2023, la relación de Nova Resistência con Dugin y el gobierno ruso llegó a otro nivel. El 29 de abril la organización sirvió de co-anfitrión en la primera Conferencia Global en Multipolaridad, donde también participó Dugin, el canciller ruso Sergey Lavrov y la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Maria Zakharova. La participación en dicho evento le dio a la organización mayor notoriedad a nivel internacional y llamó la atención de varios fanáticos. 

Se debe entender que la existencia de organizaciones internacionales como ésta es una clara señal de la debilidad de las instituciones democráticas. Nova Resistência, como otros grupos con ideales similares, tiene una agenda que busca desestabilizar democracias, romper con las reglas del orden internacional y promover acciones violentas en favor de las metas estratégicas del Kremlin. Esto implica que Nova Resistência se percibe como una amenaza y riesgo, especialmente en Latinoamérica. 

La ideología que promueve es sumamente peligrosa, y cada vez posee más adeptos alrededor del mundo, pero especialmente en nuestra región. 

En este caso, El Departamento de Defensa de los Estados Unidos fue el responsable en realizar un reporte al respecto de esta organización en Brasil; pero es de vital importancia que todos los gobiernos, independientemente del partido político, estén atentos a la aparición y funcionamiento de este tipo de movimientos.

Pueden encontrar información más detallada en el documento original del reporte especial del Departamento de Defensa de los Estados Unidos:

El pasado sábado 18 de noviembre, Gustavo Petro emprendió su cuarto viaje a Caracas. Luego de una visita por la Feria del Libro de Venezuela, en la que Colombia fue país invitado de honor, y donde dio un discurso sobre la revolución, la democracia y el medio ambiente, el mandatario se dirigió al Palacio de Miraflores para reunirse con Nicolás Maduro. El encuentro finalizó con una conferencia de prensa conjunta.  

De esta manera, tras una bilateral en privado, los mandatarios dieron a conocer su compromiso por avivar la integración entre sus países, haciendo énfasis en el medio ambiente, la paz, y en el tema energético y migratorio.  

Cabe recordar que los países vecinos rompieron sus relaciones en 2019, durante el Gobierno de Iván Duque, pero las mismas fueron retomadas ni bien Petro llegó al poder. En los últimos 15 meses fueron cinco los encuentros que mantuvieron, todos en Venezuela, de los cuales cuatro fueron en la capital de dicho país. En esta línea, el colombiano afirmó que lo hecho por su predecesor fue “una profunda estupidez”, algo que solo es posible “cuando la ideología y el sectarismo anegan el alma y el corazón”.  

Asimismo, Gustavo Petro también celebró el “aumento” del intercambio comercial entre ambas naciones, aunque no especificó sobre los montos alcanzados. Por otro lado, adelantó que existe la posibilidad de un acuerdo para la explotación conjunta de hidrocarburos venezolanos.  

Habló así de una “probable” unión entre la estatal colombiana Ecopetrol y la venezolana PDVSA para la extracción de gas y petróleo en el país con las mayores reservas probadas del mundo. Sobre esto no hubo detalles, aunque a su lado, Maduro, asintió ante lo dicho.  

“Traeremos de Venezuela energías que aún subsisten y materias primas para hacer más barata la gasolina colombiana y para sustentar la transición de las energías limpias a través del gas”, sostuvo Petro. «El año entrante de 2024, quizá, por pura paradoja, Venezuela va a ser uno de los motores de la reactivación de la economía colombiana«, agregó.  

Por su parte, el líder chavista calificó como un “éxito total” a las cuatro horas de conversaciones que mantuvieron en Miraflores. Uno de sus ministros anunció también la apertura de nuevos vuelos entre distintas ciudades entre los dos países, no solo para fomentar el turismo, sino también para acelerar la migración binacional.  

Con respecto a la crisis migratoria, los líderes también se expidieron. El gobernante colombiano, recién llegado de San Francisco de la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asía Pacífico, expresó la necesidad de llegar a un acuerdo de migración con Estados Unidos.  

En este sentido, informó del plan que propuso a los norteamericanos, el mismo consiste en la creación de un “programa de humanización del éxodo” venezolano, mediante el cual se entreguen «bonos de estabilización económica a cada familia para que vuelvan a su lugar y puedan construir a su país de una mejor manera«. Reclamó también por que se levanten las sanciones a Venezuela, lo cual también cree que provocaría que los migrantes retornen voluntariamente a sus hogares.  

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, más de 7.3 millones de venezolanos abandonaron el país en los últimos años. 

En relación con la cuestión ambiental, el líder de visita se mostró preocupado con los efectos que puede traer, en términos de sequía para la región, el fenómeno de El Niño. Se prevé que en el próximo mes comiencen a notarse los efectos del mismo, los cuales Petro dijo que podrán llegar a ser “los peores de la historia”.  

Por último, los mandatarios trataron el tema de la paz con las guerrillas colombianas. El mismo afecta a Venezuela ya que allí viven gran parte de los dirigentes del ELN. Buscarán apaciguar la situación con la creación de destinos turísticos en la cuenca del Amazonas, lugar en el que ahora se asientan y operan grupos criminales. Por su parte, Maduro contestó que brindará su apoyo a la política de Paz Total, ya que “la paz de Colombia es la tranquilidad y la paz de Venezuela”.  

Así, los temas tratados y las declaraciones dadas demuestran que los líderes de los países vecinos siguen avanzando en la profundización de sus relaciones. Asimismo, la realidad es que, a pesar de que los opositores de Petro lo acusan de respaldar el régimen de Maduro, el dignatario siempre ha sostenido que en Venezuela debe concretarse una transición democrática y pactada que ofrezca la participación, en unas elecciones limpias, tanto del chavismo como de la oposición.  

Durante la visita, el mandatario colombiano estuvo acompañado por el canciller, Álvaro Leyva; la primera dama, Verónica Alcocer; el ministro de Energía y Minas, Andrés Camacho; la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhamad; y la directora de Prosperidad Social, Laura Sarabia. 

Los gobiernos de Paraguay y Venezuela acordaron restablecer sus relaciones diplomáticas y consulares, rotas en enero de 2019. En un comunicado, la Cancillería de Paraguay indicó que la decisión se adoptó después de conversaciones entre los presidentes de Paraguay, Santiago Peña, y Venezuela, Nicolás Maduro.

El documento precisa que «ambas partes se han comprometido a reiniciar las relaciones bilaterales con total respeto a los principios fundamentales de igualdad de derechos, autodeterminación de los pueblos, la no injerencia en los asuntos internos de otros Estados y la solidaridad; basados ​​en los principios de unidad e integración latinoamericana».

El restablecimiento de las relaciones incluiría la acreditación de sus respectivos embajadores «en los próximos días», según anunció este miércoles en Asunción el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay.

Desde que se presentó como candidato, Peña anunció que se desmarcaría de la política de aislamiento diplomático hacia Venezuela implementada por su antecesor, Mario Abdo Benítez (2018-2023), y otros políticos de la región.

El expresidente Mario Abdo Benítez rompió relaciones diplomáticas con Venezuela en enero de 2019 y anunció el cierre de su embajada en Caracas, después de que Maduro asumiera su segundo periodo de Gobierno tras un proceso electoral que Asunción tachó de «ilegítimo«.

El senador brasilero Sergio Moro pospuso este martes una votación calve sobre la adhesión de Bolivia al Mercosur, la organización formada por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela (suspendida en 2017). Durante la sesión del Comité de Asuntos Exteriores, el legislador Moro pidió «más tiempo para discutir el tema».

A mediados de octubre, la Cámara de Diputados de Brasil aprobó el protocolo de adhesión de Bolivia al MERCOSUR, un avance histórico en su proceso de ingreso al mercado común, con 323 votos a favor y 98 en contra. El Poder Legislativo brasileño es el único que no ha aprobado el pleno ingreso de Bolivia al Mercado Común del Sur, y ahora solo falta esa aprobación del Senado brasilero para que Bolivia ingrese como miembro pleno.

«La expansión del bloque es una idea que tiene sentido» afirmó Moro, aunque profundizó en que también podría «paralizar» las conversaciones del Mercosur con otros bloques comerciales, en referencia a las negociaciones en curso con la Unión Europea. Los funcionarios brasileros esperan que se alcance un acuerdo con el bloque europeo el próximo mes.

Además, Moro se declaró «preocupado» por los informes sobre presos políticos en Bolivia, entre quienes se incluye a la expresidente boliviana Jeanine Añez, sentenciada a 10 años de prisión por un alegado «golpe de Estado» en 2019 tras suceder en el poder al entonces presidente Evo Morales.

En 2022, el continente americano en su conjunto experimentó un “aumento significativo en los niveles de criminalidad”. Si bien durante la pandemia de COVID-19 las medidas de confinamiento y las restricciones interrumpieron algunas actividades ilícitas tradicionales y redujeron los ingresos procedentes del narcotráfico, los grupos de crimen organizado se adaptaron rápidamente y cambiaron su enfoque a otras actividades delictivas, como la extorsión, la ciberdelincuencia y el comercio de bienes esenciales en el mercado negro.

A medida que comenzaron a abandonarse las restricciones por la pandemia y se reabrieron las cadenas de suministro, los actores criminales en América “reanudaron su expansión de actividades más tradicionales vinculadas al tráfico de drogas, mientras mantenían los nuevos mercados que habían capturado durante la pandemia”.

En términos de criminalidad, América es el tercer continente más afectado, después de Asia y África, respectivamente, conun puntaje promedio de 5,20. A nivel regional, Centroamérica fue identificada como la región que tiene el puntaje promedio de criminalidad más alto (6,28), seguido de América del Sur (5,94).

Al considerar los puntajes promedio de todos los mercados criminales, queda claro que América se ha convertido en un centro para los mercados ilícitos globales, con sus regiones figurando constantemente entre las tres primeras a nivel mundial para 11 de los 15 mercados analizados por el Índice 2023.

Los puntajes del Índice 2023 muestran que América continúa dominando el comercio mundial de cocaína como el principal mercado de origen de la droga. Si bien el cultivo de coca se concentra principalmente en Colombia, Perú y Bolivia, en América del Sur, otras regiones americanas sirven como importantes zonas de tránsito. El puntaje promedio para el mercado de cocaína en América es de 7,44, lo cual supone un crecimiento del 0,30 respecto del Índice 2021.

Dentro del continente, el mercado de cocaína es más prevalente en América del Sur, que tiene un puntaje regional de 8,29 (+0,46 respecto del Índice 2021); seguido por Centroamérica, con una puntuación de 7,81 (+0,37), y el Caribe, con una puntuación de6,77 (+0,15).

También, el Índice 2023 muestra que el mercado de la cocaína tiene una influencia significativa en 33 de los 35 países del continente. De estos, Colombia tiene el mercado de cocaína más penetrante del mundo, con una puntuación de 9,50, seguido por Brasil, México, Venezuela y Perú, todos con una puntuación de 9,0.

Junto con la expansión del mercado de la cocaína en América, ha habido un crecimiento significativo en el comercio de drogas sintéticas. Con una puntuación media de 7,0(+0,75), América del Norte es la tercera región más afectada a nivel mundial en este rubro. Dentro del continente, México parece ser el país más afectado por este mercado, logrando una puntuación de 9,0.

Los delitos ambientales también son frecuentes en América, dado que América del Sur ocupa el segundo lugar a nivel mundial en delitos relacionados con los recursos no renovables, con una puntuación media de 6,58 (+0,20). Asimismo, la minería ilegal de oro es una de las principales preocupaciones en el continente, cuyos grupos delictivos también están involucrados en otros mercados ilícitos de la región, como trata de personas y crimen financiero.

Centroamérica ocupó el tercer lugar a nivel mundial en delitos contra la flora y la fauna, con puntajes promedio de 5,88 (+0,13) y 6,13 (+0,25), respectivamente. Brasil ocupa el primer lugar en el continente en la explotación de estos dos mercados, con un puntaje de 8,50 en cada uno de ellos. Las altas puntuaciones en Brasil se explican, en parte, por la prevalencia de la tala ilegal y el tráfico de vida silvestre.

Con respecto al tráfico de armas, Paraguay y Jamaica lideran el rubro en América, ambos con un puntaje de 9,0 para este mercado. A nivel regional, Centroamérica ocupó el tercer lugar en el mundo en tráfico de armas, con un puntaje de 6,50 (+0,25).

Cabe resaltarse que las armas ilegales que se registran en Centroamérica provienen, fundamentalmente, de Estados Unidos. Las estadísticas revelan que entre el 70% y el 90% de las armas recuperadas en las escenas del crimen en México se remontan a Estados Unidos, y los cárteles de la droga adquieren armas en Texas y Arizona y las contrabandean a través de la frontera.

México ocupa la primera posición en la América tanto en trata como en tráfico de personas, con puntajes respectivos de 8.0 y 9.0. Además, Colombia sigue de cerca a México, ocupando el segundo lugar en América en trata de personas (8,0) y tráfico de personas (7,50).

De los cinco mercados criminales que se agregaron en el Índice 2023, los cuales no figuraban en el Índice 2021, podemos establecer que:

1. En cuanto a ciberdelincuencia, América del Norte ocupó el primer lugar en el mundo, con una puntuación de 7,25.
2. Centroamérica ocupa la primera posición a nivel mundial en extorsión y protección del crimen organizado, con una puntuación de 6,38. En muchos casos, las víctimas que no pueden cumplir con las demandas de extorsión se ven obligadas a desplazarse, lo que aumenta su vulnerabilidad a otros mercados criminales, específicamente a la trata y el tráfico de personas.
3. El comercio de productos falsificados es otro mercado delictivo que está muy extendido en América. El puntaje promedio de América del Sur de 6,25coloca a la región en segundo lugar a nivel mundial. Por su parte, Perú y Paraguay tienen los puntajes individuales más altos de la región (ambos con 9,0).
4. El mercado de crímenes financieros (5,98) es reconocido como el más prevalente a nivel mundial. En América, el mercado obtuvo un promedio de 5,39, con México (8.50) y Guyana (8.50) ubicándose entre los 10 principales países a nivel mundial.
5. El comercio ilícito de productos sujetos a impuestos especiales es el más pequeño de los cinco nuevos mercados en América, con un puntaje continental relativamente bajo de 4,29. Paraguay es un importante centro para el comercio ilícito de tabaco, tanto a nivel nacional como regional (7,50).

Variaciones desde el Índice 2021

Las comparaciones con el Índice 2021 muestran que la criminalidad en América ha empeorado, al tiempo que la resiliencia se ha visto afectada. La puntuación media de criminalidad en el continente aumentó en 0,13 puntos a 5,20 en dos años, lo que sitúa los niveles de criminalidad en América más en línea con los observados en África (5,25).

En cuanto a las puntuaciones individuales de los países, varios países americanos experimentaron aumentos notables en los niveles de criminalidad, fundamentalmente Ecuador, Paraguay y Haití.

En 2021, América obtuvo una puntuación de 4,83 en ‘Resiliencia general’, ocupando el tercer lugar en el mundo. En 2023, esta puntuación disminuyó a 4,80(-0,03). A pesar de que el cambio promedio pareciera mínimo, al examinar los puntajes individuales, se hace evidente que algunos países experimentaron una disminución significativa en los niveles de resiliencia, entre ellos Ecuador y El Salvador.

Argentina, Nicaragua y Guatemala también experimentaron disminuciones significativas en sus respectivos puntajes de resiliencia. En Argentina, el gobierno ha sido acusado de falta de transparencia, además de que ha aumentado la preocupación por la influencia del dinero del narcotráfico en la política local. Asimismo, el sistema judicial se ha corrompido y ha caído en la ineficiencia, mientras que las malas condiciones carcelarias y las denuncias de connivencia policial con delincuentes han exacerbado la disminución de la resiliencia.

Haití y Venezuela, por su parte, han mantenido puntuaciones bajas de resiliencia, sin signos de mejora en 2023. La puntuación global de Haití disminuyó de 2,67 a 2,46 (-0,21), mientras que la de Venezuela bajó de 1,92 a 1,88 (-0,04). Este declive resulta significativo no solo porque afecta a ambos países individualmente, sino porque también acarrea potencial de tener consecuencias para todo el continente.

Al comparar la resiliencia en América, ha habido disminuciones en varias áreas clave. De los 12 indicadores, ocho han evidenciado descensos en sus puntuaciones. Una de las diferencias más significativas es para el indicador de ‘Actores no estatales’, lo cual pone de relieve la disminución de la capacidad de los actores no estatales para abordar los desafíos de la criminalidad en el continente.

El indicador de ‘Aplicación de la ley’ también experimentó un cambio negativo notable en 2023, particularmente en América del Sur. Una disminución continua en este indiciador significa una pérdida de confianza de la sociedad en las autoridades estatales. Esta erosión de la confianza conduce, a su vez, a una reducción de la cooperación, una disminución de las denuncias de delitos y una ruptura de las relaciones entre la comunidad y la política.

Por último, la libertad de la sociedad civil y los medios de comunicación se ha visto significativamente restringida en América en los últimos dos años. Ha habido un notable aumento de la violencia contra periodistas y activistas en el continente.

Bolivia anunció este martes la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel a raíz de lo que el gobierno del país latinoamericano considera una “agresiva y desproporcionada ofensiva militar” contra la población civil de la Franja de Gaza, la cual considera una “amenaza de la paz y la seguridad internacionales”.

En un comunicado oficial, el vicecanciller boliviano, Freddy Mamani Machaca, indicó que su Gobierno “ha tomado la determinación de romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel en repudio y condena a la agresiva y desproporcionada ofensiva militar israelí que se realiza en la Franja de Gaza”.

“Bolivia decidió romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, tomando en cuenta estos antecedentes. Vamos a comunicar de manera oficial por los canales diplomáticos establecidos entre ambos países precisamente esta comunicación consecuente con los principios y propósitos de la carta de Naciones Unidas”, anunció el vicecanciller en conferencia de prensa.

En este sentido, Bolivia ha exigido “el cese de los ataques contra el pueblo palestino” y rechaza el “hostil” trato de Israel hacia las organizaciones internacionales encargadas de distribuir ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, señaló el vicecanciller.

Por su parte, María Nela Prada, ministra de la Presidencia y canciller interina, parada junto a Mamani Machaca, hizo un llamado “al diálogo y a las soluciones estructurales” para evitar “una mayor escalada del conflicto a nivel mundial”.

También, la canciller interina convocó a los “países hermanos” y de los procesos de integración en los que participa Bolivia a “producir una acción colectiva” para lograr la pacificación en la región y “evitar un genocidio”. Asimismo, mencionó que Bolivia enviará ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y que la Embajada boliviana en los Países Bajos asumirá la función concurrente con Palestina.

Un día antes de este anuncio, Luis Arce, presidente de Bolivia, se reunió con Mahmoud Elalwani, embajador de Palestina en Bolivia, y le expresó su rechazo a los “crímenes de guerra en la Franja de Gaza”, informó la agencia de noticias EFE. “No podemos callar y seguir permitiendo el sufrimiento de los palestinos, sobre todo niños y niñas que tienen derecho a vivir en paz”, expresó el mandatario boliviano este lunes.

Asimismo, Arce pidió al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que evite un “genocidio del pueblo palestino y allane una solución definitiva para que Palestina ejerza su derecho a la autodeterminación, a su territorio sin ocupaciones ilegales y consolide su propio Estado libre e independiente”.

Inmediatamente después del ataque de Hamas del pasado 7 de octubre y de las primeras medidas israelíes en represalia, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia se limitó a publicar un comunicado en el que expresaba su “profunda preocupación ante los eventos violentos ocurridos en la Franja de Gaza” e hizo un “llamado urgente a la paz, a desescalar la violencia, preservar la vida y los derechos humanos”.

Cabe recordar que, como señaló EFE, en 2009, el Gobierno del entonces presidente Evo Morales también rompió relaciones diplomáticas con Israel en respuesta a los ataques contra la Franja de Gaza. Tras la salida de Morales del poder, en febrero de 2020, el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez acordó el restablecimiento y el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

En el marco del conflicto, Evo Morales ha afirmado que “desde Bolivia condenamos las acciones imperialistas y coloniales del Gobierno sionista israelí”; agregando que “la solidaridad entre los pueblos es la base de una sociedad más justa y digna”.

El Gobierno de Venezuela instó a las «empresas transnacionales energéticas» que han recibido autorización de Guyana para explorar y explotar petróleo en la zona en disputa a «evitar cualquier incursión» en el espacio marítimo, «ya que constituye una violación a sus derechos soberanos, su orden constitucional y al Derecho Internacional Público«.

El comunicado también menciona una posible alianza estratégica entre el Gobierno de Guyana y el Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM).

A su vez, el ministro de Defensa Vladímir Padrino López, un militar con el rango de general en jefe del Ejército Bolivariano y uno de los funcionarios activos militares de mayor confianza del gobierno de Nicolás Maduro, sentenció el comunicado aclarando que «el gobierno de la República Cooperativa de Guyana debe saber que estas acciones tendrán una respuesta contundente y proporcional por parte de Venezuela.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, anunció el viernes pasado que el 3 de diciembre se someterá en su país a plebiscito la anexión de la región del Esequibo. El anuncio lo hizo luego de una reunión con Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral, y en concordancia con lo que había adelantado el mismo Maduro el mes pasado. 

«La Asamblea Nacional activó la iniciativa constitucional (…) para que las venezolanas y los venezolanos por la vía del voto directo, secreto y automatizado definan los derroteros a seguir por la República, los caminos que emprenderemos, los esfuerzos que haremos» para defender la zona en disputa, dijo Jorge Rodríguez.

En la reunión con su par del Consejo Nacional Electoral, Rodríguez presentó formalmente la propuesta. Cabe resaltar que ambos órganos son controlados por el régimen chavista. Ahora resta la confirmación del Tribunal Supremo de Justicia, quienes deben pronunciarse sobre la constitucionalidad de la iniciativa. 

Por su parte, el lunes, Amoroso dio a conocer el contenido del referéndum aprobado por unanimidad en la Asamblea Nacional. El plebiscito en cuestión contará de 5 preguntas, entre ellas, la creación de un estado en el enclave. En el mismo se preguntará también a la población venezolana si está de acuerdo con la “defensa del territorio en disputa con Guyana”. 

De esta manera, el régimen de Maduro busca hacer partícipes a los ciudadanos en el reclamo que mantiene el país con Guyana por el territorio en disputa.

El Esequibo, que se identifica en el mapa como “zona en reclamación”, es una región de 160 mil kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo. Esta porción territorial, rica en minerales y biodiversidad, es administrada por Guyana y representa cerca del 70% de su territorio. La discusión sobre la soberanía del Esequibo comenzó en el siglo XIX y revivió en los últimos años por las licitaciones petroleras hechas en áreas marítimas pendientes de delimitación. 

Venezuela argumenta que la región forma parte de su territorio, ya que, durante el periodo colonial, la misma integró parte de la capitanía de Venezuela. Sin embargo, luego del dominio español, a partir de 1648, y antes de que Venezuela reclame su independencia de España en 1811, la región fue administrada por los holandeses; y por Reino Unido a partir de 1814, en este contexto, en 1899 una sentencia arbitral en un tribunal de París confirmó la soberanía de la región al imperio británico. 

Años más tarde, en 1962, Venezuela inició un proceso en las Naciones Unidas para contestar a la decisión de 1899. Pero, en 1966, Guyana obtiene su independencia de Reino Unido, y mediante la firma del Acuerdo de Ginebra, se determina el control de área a los guyaneses, pero admitiendo la contestación de Venezuela y estableciendo que en 4 años debería resolverse la cuestión. Esto último nunca sucedió. 

En las décadas siguientes las negociaciones tampoco avanzaron y la cuestión llegó a ser olvidada durante el gobierno de Hugo Chávez. Empero, Venezuela retomó la demanda en 2015 luego de que la empresa estadounidense ExxonMobil descubriera grandes reservas de petróleo en el mar territorial guyanés. 

Así, en abril, el Tribunal Internacional de Justicia de la Haya declaró que cuenta con jurisdicción para decidir sobre la disputa. De esta manera, el Tribunal rechazó, por 14 votos a favor y 1 en contra, los argumentos venezolanos. 

Sin embargo, Venezuela mantiene su posición de no reconocer a la Corte Internacional de Justicia como medio de resolución de la disputa territorial.

En este contexto, Caracas repudió el mes pasado un anuncio de Guyana en el que anunciaba licitaciones de petróleo a ExxonMobil en la región en disputa. Maduro ha declarado que las mismas son ilegales y llegó a decir que Guyana se estaba convirtiendo en una “sucursal” de la empresa norteamericana. 

Por su parte, el mandatario guyanés, Irfaan Ali, pronunció en su intervención pasada en la Asamblea General de las Naciones Unidas que Venezuela está obligada a cumplir con su obligación bajo la carta de la ONU, y de esta forma respetar el Estado de derecho. 

La presencia de empresas chinas en el sector energético de la capital peruana ha generado alerta en Estados Unidos, según informó The Financial Times. El gigante asiático manejará el 100 % del suministro eléctrico en Lima si se concreta la venta de activos de Enel a China Southern Power Grid. Con ello, la potencia asiática se hará de la energía de la capital peruana.

En los últimos años, compañías chinas han comprado activos energéticos, mineros y portuarios en América Latina. Sin embargo, la magnitud de la inversión en Perú y su posición estratégica han causado especial preocupación por el control que tienen en recursos básicos como la energía eléctrica.

Acuerdos previos

En abril de 2023, la empresa italiana Enel anunció la venta de su negocio eléctrico en Perú a la china China Southern Power Grid (CSGI) por cerca de US$ 3 mil millones. Este acuerdo fue observado negativamente por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) de Perú, al considerar que tenía «potenciales efectos restrictivos a la competencia».

Y es que Luz del Sur, que abastece el sur de la capital peruana, ya es propiedad de la multinacional china Three Gorges Corporation, adquirida en 2020. De concretarse la venta de Enel a CSGI, se generaría una concentración del 100 % del mercado eléctrico de la capital peruana en manos chinas. Así lo advirtió en su momento la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) de Perú.

Un funcionario estadounidense citado por Financial Times señaló que el capital chino «ha adquirido electricidad, minería y otras compañías» en Perú.

Participación china

Además del sector energético, Estados Unidos también ha mostrado preocupación por la participación china en el megapuerto de Chancay, ubicado al norte de Lima. La empresa estatal china Cosco posee el 60 % de este proyecto mientras que la minera peruana Volcan tiene el 40 % restante.

El megapuerto, que se inaugurará el próximo año, ha sido promocionado por el gobierno peruano como un proyecto que convertirá al país en el hub portuario de Sudamérica. Pero Estados Unidos teme que la participación china pueda tener también fines militares.

Así se proyecta la construcción del megapuerto de Chancay una vez finalizada.

De hecho, el embajador chino en Lima, Song Yang, ha manifestado que «China está apostando a que Chancay se convierta en el Shanghái de Perú», lo que evidencia el interés del gigante asiático en esta estratégica obra de infraestructura peruana.

También cabe recordar que anteriormente Estados Unidos ha recomendado a países latinoamericanos establecer comités intergubernamentales para revisar inversiones extranjeras, en aras de proteger su soberanía y seguridad.

Posibles efectos

En síntesis, se evidencia un intento de China por ejercer control e influencia geopolítica en la región. Queda por verse si el gobierno peruano finalmente aprueba la venta de activos de Enel y se concreta el dominio chino sobre la electricidad en Lima. Esto significaría que el suministro de energía de Lima dependería totalmente de la voluntad del régimen chino, aunque pueda sonar extremo pensarlo así.

Por ejemplo, si el gobierno peruano quisiera defender sus intereses nacionales frente a las inversiones chinas en otros sectores, como el minero o el portuario, podría enfrentarse a presiones o represalias por parte de China.

Por otro lado, China podría enfrentar sus propios problemas técnicos para abastecer en algunos casos y seríamos perjudicados por contar con un solo proveedor.

Estas inversiones chinas en la infraestructura crítica de Perú han generado preocupaciones entre expertos, analistas y funcionarios estadounidenses, que ven una amenaza para la seguridad y la soberanía nacional peruana.

Por ahora, el escenario evidencia la pugna entre las dos grandes potencias mundiales por ampliar su presencia e influencia en América Latina, una región con abundantes recursos naturales y ubicación estratégica. El gobierno peruano aún puede gestionar hábilmente esta situación para no quedar atrapado en la tensión geopolítica entre China y Estados Unidos.

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó el protocolo de adhesión de Bolivia al MERCOSUR, un avance histórico en su proceso de ingreso al mercado común, con 323 votos a favor y 98 en contra. El Poder Legislativo brasileño es el único que no ha aprobado el pleno ingreso de Bolivia al Mercado Común del Sur, y ahora solo falta esa aprobación para que Bolivia ingrese como miembro pleno.

Para ser aceptada como miembro del bloque, Bolivia necesita el acuerdo de todos los países miembros -Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay-, junto con la aprobación de sus respectivos parlamentos.

Una vez concluida la aprobación parlamentaria, Bolivia tendrá un plazo de cuatro años para concluir el proceso de adhesión formal mediante la adopción gradual de todas las normas del Mercosur, incluyendo la Nomenclatura Común del Mercosur, el Arancel Externo Común y las normas de origen del bloque.

En abril, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmó que trabajaría personalmente para que el Congreso aprobara la adhesión de Bolivia al Mercosur, pues cree que esta integración puede ser muy rentable para ambos países.

El pasado 15 de octubre se celebró la segunda vuelta de las elecciones anticipadas en Ecuador, resultando en la elección de Daniel Noboa Azín como presidente electo, quien completará el mandato de Guillermo Lasso como consecuencia del mecanismo conocido como muerte cruzada. A pesar de la crisis de inseguridad que atraviesa el país, el proceso electoral se desarrolló sin contratiempos.

El diciembre próximo, Noboa, con 35 años de edad, se convertirá en el presidente ecuatoriano más joven de la historia del país. Asumirá la responsabilidad de abordar los principales desafíos que afectan a la nación en un período de tan solo 1 año y 8 meses, es decir, hasta mayo de 2025.

(Fuente: CNE)

La candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, alcanzó el 48,17% de los votos. En su discurso, reconoció la derrota inobjetable aplaudiendo la democracia, e hizo un llamado a la unidad, expresando que «Ecuador necesita trabajar en la bandera amarillo, azul y rojo«.

Asimismo, aseguró que su equipo de trabajo estaría disponible para contribuir a la recuperación del país. González también indicó que podrían contar con los votos de la bancada de la Revolución Ciudadana en la Asamblea para «reformas legales, seguridad, salud y educación… siempre y cuando no sea privatizar nuestros recursos y precarizar la salud, el empleo, la educación, para eso no.

Por su parte, Noboa celebró la victoria en compañía de su familia y equipo, expresando:

“Gracias a todas esas personas que han sido parte de un proyecto político nuevo, de un proyecto político joven, de un proyecto político improbable. El cual, su fin era devolverle una sonrisa al país, la paz al país, volverle a dar educación a la juventud, empleo a la cantidad de personas que hoy en día lo están buscando, tranquilidad a las familias que hoy en día no pueden salir a la calle y progreso a un país que tiene todo para hacerlo, un país que tiene todos los elementos para ser un ejemplo mundial. Nosotros hoy cerramos un capítulo de campaña, mañana empezamos a trabajar por ese nuevo Ecuador,para reconstruir un país que ha sido gravemente golpeado por la violencia, por la corrupción y por el odio”

El Presidente electo ganó en las 10 provincias que componen la Sierra ecuatoriana, mientras que en la Costa, la candidata correísta se impuso en todas las provincias excepto en El Oro. Por otro lado, en la Amazonía, dos provincias fueron ganadas por la Revolución Ciudadana y las otras 4 por ADN. La región Insular (Galápagos) también fue victoria para Noboa.

Guillermo Lasso no tardó en extender sus felicitaciones a Daniel Noboa, además de notificar vía X (antes Twitter) que se reunirán este martes 17 en Carondelet para dar inicio al proceso de transición.

¿Quién es Daniel Noboa Azín?

Noboa inició su carrera política como asambleísta por la provincia de Santa Elena en 2021. Sin embargo, sus vínculos con la política se remontan a mucho tiempo atrás, ya que es el hijo de Álvaro Noboa Pontón, un empresario que compitió en cinco ocasiones como candidato presidencial (en contiendas en las que se enfrentó a expresidentes como Jamil Mahuad, Lucio Gutiérrez y Rafael Correa). Por otro lado, su madre, la Dra. Anabella Azín, ha tenido trayectoria como congresista, asambleísta constituyente y candidata a la vicepresidencia en compañía de su esposo. Desde temprana edad, Noboa acompañó a su padre en campaña y eventos públicos.

Antes de su paso por la asamblea, donde presidió la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, Noboa se destacó como empresario en una de las corporaciones más grandes del país, concretamente, en su empresa familiar, el Grupo Noboa. En dicha empresa, desempeñó roles como director naviero y director comercial. El presidente electo pertenece a la tercera generación de una familia de empresarios ecuatorianos de gran fortuna.

En cuanto a su formación académica, ha completado sus estudios en universidades estadounidenses, obteniendo un grado en Ciencias de la Administración y Conducta Organizacional de la New York University, un máster en Administración Pública en Harvard Kennedy School, y también una maestría en Administración de Empresas de la Northwest University.

¿A qué desafíos se enfrenta?

El principal desafío innegable que enfrentará el presidente electo es abordar la profunda crisis que afecta al Ecuador, en la cual la inseguridad desempeña un papel protagónico. El crimen organizado y el narcotráfico se han infiltrado en la vida cotidiana de los ecuatorianos, por lo que la restauración de la paz se presenta como una prioridad absoluta.

La situación actual de violencia es, además, un componente de la crisis económica de Ecuador. El temor aleja tanto la inversión económica nacional como la extranjera, agravando los otros problemas económicos subyacentes. Esto, a su vez, conduce al desempleo y a un aumento de la pobreza. Además de lo anterior, tendrá que  abordar con urgencia cuestiones relacionadas con la salud, la seguridad social y la prevención de las consecuencias del fenómeno de El Niño.

Adicionalmente, hacerlo en un corto plazo de tiempo representa el desafío más considerable. No se esperan milagros, pero sí se requiere enfoque y acciones rápidas, recursivas, precisas y contundentes, centrándose en los problemas apremiantes del país.

Desde el punto de vista político, el ejecutivo se enfrentará nuevamente al desafío de una Asamblea fragmentada en la cual no cuenta con mayoría propia. Deberá llevar a cabo negociaciones para que la oposición coopere con las propuestas del presidente, sin caer en la corrupción ni perder el rumbo del proyecto y convicción política con el que llegará al poder.

¿Cómo propone combatir la inseguridad?

En el aspecto de seguridad, Noboa propuso impulsar reformas significativas en el sistema carcelario, que incluirían un programa de segmentación adecuado, con el objetivo de aislar por completo al 17% más violento de los reclusos. Como medida transitoria, ciertos delincuentes serán recluidos en cárceles flotantes instaladas en barcazas, con el propósito de alejarlos de la costa y evitar que continúen operando desde prisión.

“Serían una medida transitoria mientras reestructuramos todo el sistema carcelario, pero no los podemos tener como en un hotel cinco estrellas. Tienen enchufes, aires acondicionados, pantallas, hay suites en las cárceles”, explicó Noboa

El presidente electo también abordó la idea de la militarización de la frontera mediante tecnología avanzada, el despliegue militar en puertos y la implementación de un sistema de rastreo satelital para supervisar las exportaciones en las principales vías estratégicas de Ecuador. Asimismo, se refirió a la creación de una Agencia Nacional de Inteligencia, la penalización del consumo de drogas en cantidades mínimas y la instauración de un sistema de jurados para casos de delitos graves.

Adicionalmente, Noboa propuso la realización de una consulta popular en sus primeros 100 días de gestión con el fin de fortalecer las sanciones en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y abordar otros temas relacionados con la seguridad ciudadana. Entre estas medidas se incluyen la segmentación de las cárceles, la introducción de jurados independientes para combatir la corrupción y la impunidad, y el papel de las fuerzas armadas. Daniel Noboa destacó este mecanismo de participación como «un diálogo directo con el pueblo, sin que la Asamblea ponga trabas».

El empresario Daniel Noboa Azín, de 35 años de edad, ganó las elecciones celebradas este domingo 15 de octubre y es el nuevo presidente de Ecuador. Con un bloque de centroderecha, el empresario Daniel Noboa tomó la delantera en la segunda vuelta frente a su rival socialista Luisa González.

Las elecciones se llevaron a cabo luego de que el mandatario Guillermo Lasso activara la muerte cruzada y llamara a elecciones anticipadas, en un contexto de preocupante violencia ligada al narcotráfico, sumado al asesinato de uno de los candidatos a presidente durante la campaña.

El registro de votación electrónica anticipada ya indicaba que Noboa tenía una ventaja del 52,2% frente al 47,8% de Luisa González, con el 82% de los votos emitidos escrutados.

Los movimientos de derecha del país celebran la victoria de Noboa, diciendo que “la amenaza comunista ha cesado”, y exigen que el nuevo jefe del Ejecutivo federal se mantenga alineado con el espectro político.

Propuestas de Noboa

Noboa mencionó varias propuestas en diferentes áreas. En el ámbito económico, destacó la generación de Inversión Extranjera Directa, la eliminación del Impuesto a la Salida de Divisas y la atracción de bancos internacionales para obtener tasas de interés más bajas.

En cuanto a cuestiones tributarias, propuso otorgar deducciones adicionales a las empresas en función de la cantidad de empleo que generen, así como incentivos para el empleo juvenil de egresados de universidades públicas. También, planteó la producción de diésel a bajo costo a través de la refinación de petróleo ecuatoriano en refinerías como la de La Libertad y Esmeraldas.

En el ámbito de la seguridad, el candidato habló del «Plan Fénix«, que incluye la militarización de la frontera con tecnología avanzada, presencia militar en los puertos y un sistema de rastreo satelital para el seguimiento de las exportaciones en las principales vías estratégicas del Ecuador. Además, propuso implementar un sistema de escaneo en los peajes antes de llegar a los puertos. También, se refirió a la vigilancia en barrios urbano-marginales con tecnología proporcionada por el Gobierno de Israel y la creación de una Agencia Nacional de Inteligencia que reportaría directamente al presidente de la República y dictaría medidas de acción para las fuerzas de reacción, que incluyen la Policía y los militares. Por último, propuso la segmentación de las cárceles a través de un sistema transitorio y la idea de cárceles barcazas, con el objetivo de aislar completamente al 17% de internos violentos.

En el ámbito social, Noboa propuso la implementación de un sistema nacional de guarderías para que las madres puedan trabajar, la provisión de desayuno y almuerzo escolar con un índice nutricional adecuado, además de alimentos provenientes de productores locales. Asimismo, sugirió la entrega de un bono adicional de 60 dólares a las madres para ayudarles con los gastos de alimentación. Por último, propuso abordar la situación de los niños que han sido afectados por la problemática del microtráfico de drogas.

En cuanto al ámbito político, propuso resolver las deudas del Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) mediante un plan de pagos que permita recuperar la liquidez de la institución. Prometió enviar mensualmente a la Asamblea Nacional proyectos de ley económicos urgentes en caso de ser elegido. También, mencionó su intención de convocar a una consulta popular en los primeros 100 días de su mandato, la cual le permitiría impulsar cambios institucionales, incluyendo el papel de las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen organizado.

Dado que ninguno de los ocho candidatos obtuvo la mayoría de votos requerida según Constitución Nacional del Ecuador en las elecciones generales del 20 de agosto; es decir, más de la mitad de los votos válidos o más del 40% de los votos con una diferencia de al menos el 10% sobre el segundo candidato; la elección del binomio presidencial se definirá en una segunda vuelta electoral, en la que competirán los dos candidatos con mayor cantidad de votos en la primera vuelta. 

La contienda por la presidencia del Ecuador se desarrolla entre Luisa González, la candidata de la Revolución Ciudadana, quien obtuvo el 33,49% de los votos válidos en los comicios pasados, y Daniel Noboa, candidato de la alianza ADN, quien alcanzó el 23,47% de los votos válidos.

El domingo 1 de octubre se realizó el debate presidencial organizado por el Consejo Nacional Electoral entre los dos candidatos presidenciales finalistas. El mismo estuvo centrado en cuatro ejes temáticos: economía, seguridad, social y político.

Algunos analistas políticos coinciden en que el evento se desarrolló en un tono cauteloso, en el que los candidatos se cuidaron de no exponerse ante la opinión pública con afirmaciones confrontativas o declaraciones polémicas. Este es el caso de la politóloga ecuatoriana Arianna Tanca, quien sostiene que «ningún candidato se arriesgó. Sus intervenciones fueron calculadas para evitar errores. Saben que existe un 30% de indecisión y un 10% nulos. Votos que pueden decantarse para cualquier y en cualquier momento. Ninguno se salió del guión para no perder el partido«.

En cuanto a las propuestas, González destacó, desde lo económico, la generación de créditos productivos a baja tasa de interés utilizando las reservas nacionales que se encuentran en Suiza. En relación a la seguridad, mencionó el plan «Resurgir de la Paz y la Seguridad«, que involucra una inversión de 500 millones de dólares en el equipamiento de vehículos, motos, armamento y la rehabilitación de instituciones como el ECU 911, UPC y UVC. Además, se refirió a la militarización de cárceles, espacios públicos, puertos y aeropuertos, así como la creación de un sistema de recompensas para los delincuentes más buscados.

En el ámbito social, la candidata propuso declarar las zonas escolares como zonas seguras y reintroducir el desayuno escolar y uniformes como medidas para fomentar la economía popular y solidaria en el campo educativo. Respecto a la educación superior, planteó la creación de un ciclo inicial universitario, el aumento del presupuesto y el número de cupos en las universidades públicas, así como la promoción de estudios telemáticos. En el campo de la salud, se comprometió al funcionamiento de los quirófanos las 24 horas del día en hospitales públicos para atender cirugías represadas, cuyo costo sería de aproximadamente 60 millones de dólares.

En el ámbito político, mencionó la intención de volver a crear el Ministerio de Energía y Minas para regular la extracción de recursos naturales y llevar a cabo un censo minero. Además, anticipándose al fenómeno de El Niño, se comprometió a declarar en estado de emergencia el sector de vialidad con el fin de rehabilitar las vías, puertos y puentes que puedan verse afectados.

Por su parte, Noboa mencionó varias propuestas en diferentes áreas. En el ámbito económico, destacó la generación de Inversión Extranjera Directa, la eliminación del Impuesto a la Salida de Divisas y la atracción de bancos internacionales para obtener tasas de interés más bajas. En cuanto a cuestiones tributarias, propuso otorgar deducciones adicionales a las empresas en función de la cantidad de empleo que generen, así como incentivos para el empleo juvenil de egresados de universidades públicas. También, planteó la producción de diésel a bajo costo a través de la refinación de petróleo ecuatoriano en refinerías como la de La Libertad y Esmeraldas.

En el ámbito de la seguridad, el candidato habló del «Plan Fénix«, que incluye la militarización de la frontera con tecnología avanzada, presencia militar en los puertos y un sistema de rastreo satelital para el seguimiento de las exportaciones en las principales vías estratégicas del Ecuador. Además, propuso implementar un sistema de escaneo en los peajes antes de llegar a los puertos. También, se refirió a la vigilancia en barrios urbano-marginales con tecnología proporcionada por el Gobierno de Israel y la creación de una Agencia Nacional de Inteligencia que reportaría directamente al presidente de la República y dictaría medidas de acción para las fuerzas de reacción, que incluyen la Policía y los militares. Por último, propuso la segmentación de las cárceles a través de un sistema transitorio y la idea de cárceles barcazas, con el objetivo de aislar completamente al 17% de internos violentos.

En el ámbito social, Noboa propuso la implementación de un sistema nacional de guarderías para que las madres puedan trabajar, la provisión de desayuno y almuerzo escolar con un índice nutricional adecuado, además de alimentos provenientes de productores locales. Asimismo, sugirió la entrega de un bono adicional de 60 dólares a las madres para ayudarles con los gastos de alimentación. Por último, propuso abordar la situación de los niños que han sido afectados por la problemática del microtráfico de drogas.

En cuanto al ámbito político, propuso resolver las deudas del Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) mediante un plan de pagos que permita recuperar la liquidez de la institución. Prometió enviar mensualmente a la Asamblea Nacional proyectos de ley económicos urgentes en caso de ser elegido. También, mencionó su intención de convocar a una consulta popular en los primeros 100 días de su mandato, la cual le permitiría impulsar cambios institucionales, incluyendo el papel de las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen organizado.